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HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
SERIE MAYOR

Directores: JOSEP FONTANA y GONZALO PONTÓN


Por
LESLIE BETHELL, catedrático emérito de historia de América Latina, Universidad de Londres; director, Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Oxford, y fellow, St. Antony's College, Oxford

ROBERT W. ANDERSON, Hato Rey, Puerto Rico

JORGE DOMÍNGUEZ, catedrático de estudios gubernamentales, Universidad de

Harvard ALAN KNIGHT, catedrático de historia de América Latina, Universidad

de Oxford FRANK MOYA PONS, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales,

Santo Domingo DAVID NICHOLLS LOUIS A. PÉREZ, JR., catedrático de historia, Universidad de Carolina del Norte,

Chapel Hill PETER H. SMITH, catedrático de ciencias políticas, Universidad de California,

San Diego


LESLIE BETHELL, ed.

HISTORIA

DE

AMÉRICA LATINA



13. MÉXICO Y EL CARIBE DESDE 1930

CRITICA


GRIJALBO MONDADORI BARCELONA
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Título original:

THE CAMBRIDGE HISTORY OF LATÍN AMERICA

VIL LATÍN AMERICA SINCE 1930:

MÉXICO, CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN

Traducción castellana de

JORDI BELTRAN

Colaboración editorial de

MAGDALENA CHOCANO

Diseño de la colección y cubierta: Enric Satué

© 1990: Cambridge University Press, Cambridge

© 1998 de la traducción castellana para España y América:

CRÍTICA (Grijalbo Mondadori, S.A.), Aragó, 385, 08013 Barcelona

ISBN: 84-7423-435-2 obra completa

ISBN: 84-7423-869-2 tomo 13

Depósito legal: B. 35.892-1998

Impreso en España

1998. — HUROPE, S.L., Lima, 3 bis, 08030 Barcelona


Primera parte MÉXICO

Capítulo 1

MÉXICO, c. 1930-1946


Tras el estallido de la Revolución en 1910, México vivió un decenio de conflictos violentos al que siguió otro de reconstrucción política y económica. La campaña revolucionaria destruyó el antiguo régimen de Porfirio Díaz, liquidó su ejército e instaló en el poder a una coalición que era heterogénea y, al mismo tiempo, muy influida por las fuerzas del norte y comprometida en líneas generales con un proyecto de construcción del Estado y de desarrollo capitalista. Aunque, en lo que se refiere a estos objetivos generales, los líderes revolucionarios siguieron precedentes porfirianos, los medios que emplearon eran muy distintos, como lo era también el entorno sociopolítico en el cual actuaron. Es cierto que la Revolución no había revolucionado la economía mexicana. El antiguo patrón de crecimiento capitalista inducido por las exportaciones —el llamado «desarrollo hacia afuera»— no había sufrido ningún cambio fundamental. Las inclinaciones nacionalistas del régimen en el terreno económico, expresadas en la Constitución de 1917, provocaron disputas con Estados Unidos, pero no se produjo una ruptura total y en 1929 las inversiones directas de los estadounidenses en México fueron superiores a las de 1910. Además, pese al descenso de la producción de petróleo después de 1921, la economía se recuperó y creció, al menos hasta 1927. En cambio, la Revolución cambió fundamentalmente la vida social y política de México, aunque a menudo fue de un modo no planificado e imprevisto. La movilización armada de 1910-1920 cedió ante formas nuevas de movilización institucional: ligas campesinas, sindicatos y gran número de partidos políticos, de izquierdas y de derechas, grandes y pequeños. El resultado no fue una decorosa política liberal, como la que Francisco Madero había propugnado en 1910; pero tampoco fue un sistema autocrático cerrado, personalista, como el que Díaz había mantenido hasta el fin. La nación política se había ensanchado y ahora era quizá la mayor de América Latina; se estaba gestando una forma de política de masas, agitada, a veces radical, a menudo violenta y corrupta. No es posible generalizar cuando se habla de esta clase de política. Formaban parte de ella los caciques locales y caudillos regionales (muchos de ellos, pero no todos, de origen nuevo y revolucionario); el agrarismo radical, como en el caso de Morelos, y los propietarios conservadores, como en el de Chiapas; el anticlericalismo revolucionario y la acción social católica (por no hablar del clerica-
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lismo conservador católico); un pretorianismo agresivo y ambicioso, y una incipiente tecnocracia civil.

Una de las grandes preocupaciones del gobierno central, especialmente durante la presidencia de Plutarco Elias Calles (1924-1928) fue el control y la cooptación de estas facciones rivales fisiparas. Para ello Calles hizo la guerra contra la Iglesia, en el campo de batalla y en el aula; redujo y profesionalizó el inflado ejército; favoreció al movimiento obrero, en especial a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), oficialista y encabezada por Luis N. Morones; y toleró —a veces estimuló tácticamente— la movilización de los campesinos. Si bien el control estatal de la sociedad civil aumentó así (dada la cuasi anarquía del período 1910-1920, difícilmente podía disminuir), el Estado que -construyeron los líderes de Sonora (1920-1934) no era un leviatán autoritario. La tumultuosa sociedad civil de los años veinte desafió dicho control. Los cris-, teros combatieron a Calles hasta alcanzar un sangriento punto muerto; los caciques y caudillos locales se opusieron a la expansión del poder estatal; y el ejército se rebeló dos veces. Las élites regionales, tales como la poderosa plan-tocracia yucateca, se resistieron a las reformas de los que se proclamaban callistas. Los obreros y los campesinos organizados optaban frecuentemente por aliarse con el Estado, pero solía tratarse de una alianza condicional y táctica y había muchos ejemplos de disidencia popular.



El panorama político era muy diferente del que existía durante el porfiriato, con su control personalista y centralizado, su estrecha política de camarillas y su rotunda negativa a que las masas participasen en la política. En tiempos de Díaz se daban casos de disidencia y protesta populares, pero normalmente eran sofocados con rapidez; no adquirieron una forma institucional y, por supuesto, no se establecieron en el Estado porfiriano mismo. Es más, en el decenio de 1920 las exigencias y la retórica de los movimientos populares —y de los políticos que procuraban sacar provecho de los mismos— ya mostraban un radicalismo nuevo, , una confianza inédita en sí mismos. La Revolución había socavado las antiguas certidumbres sociales y la deferencia que las acompañaba. La CROM, la confederación obrera oficial dominante, no era un simple cascarón del Estado callista: obligaba a los patronos a contar con los obreros como nunca antes. Los sindicatos independientes, tales como el de los ferroviarios y el de los petroleros (trabajadores del petróleo), se hallaban situados más a la izquierda, se resistían al .abrazo de la CROM y se apoyaban en su propia fuerza industrial. De igual manera, el campesinado, que seguía constituyendo el grueso de la población, mostraba un talante diferente en comparación con la época prerrevolucionaria. Después de todo, los campesinos habían sido las fuerzas de choque de la Revolución. Es cierto que la reforma agraria oficial tardó en llegar y fue gradual: en 1930 sólo el 9 por 100 del valor de la tierra de México se había traspasado a propiedades ejidales (comunales). Pero estas cifras son engañosas y probablemente subestiman la escala del reparto de tierra; ciertamente no reflejan los cambios que la Revolución introdujo en las relaciones sociales y en la mentalidad. Los terratenientes conservaban en su poder el grueso de su tierra, pero en condiciones diferentes, más difíciles y onerosas. Puede que —en general— sus peones residentes siguieran siendo dóciles; pero los habitantes de los poblados vecinos, que tenían derecho a pedir tierra, presentaban una amenaza constante y enerva-dora. Por tanto, los terratenientes tenían que lidiar con un campesinado cada vez
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más organizado y un Estado que, en sus manifestaciones regionales y nacionales, en modo alguno les era tan favorable y tan fiable como su predecesor porfiriano. Algunos terratenientes ya se habían arruinado durante la Revolución de 1910-1920; muchos tenían que soportar ahora impuestos más gravosos, mercados inestables y costes salariales más elevados. La clase terrateniente anhelaba la belle époque del porfiriato y lamentaba el surgimiento de agraristas problemáticos y de políticos advenedizos y demagógicos que les daban aliento. Algunos terratenientes actuaron con prudencia y desviaron su capital hacia la industria y el comercio urbanos, con lo cual aceleraron la muerte de la hacienda tradicional, acaparadora de tierras con su mano de obra barata. La clase terrateniente (que, huelga decirlo, variaba de una región a otra) no fue eliminada por la Revolución, pero resultó severamente desgastada, y en algunos estados, como Morelos profundamente debilitada. Así, mucho antes de la cirugía radical del decenio de 1930 el sistema de la hacienda mostraba los síntomas de una progresiva anemia debilitante, y sus futuros legatarios ya se estaban reuniendo alrededor del lecho del enfermo.

Mientras tanto, aunque la extrema violencia a escala nacional del período 1910-1920 había disminuido, la violencia local y la regional continuaban siendo endémicas. La masiva movilización campesina generada por la guerra de los cris-teros en 1926-1929 asoló el México centrooccidental. En las localidades, el terrateniente luchaba contra el campesino, el agrarista contra el cristero. Los caciques combatían por el poder; las comunidades, por la tierra o por su independencia corporativa. La nave del Estado sonorense subía y bajaba empujada por las olas de una sociedad agitada. A veces —la perspectiva del tiempo transcurrido nos permite sugerirlo— México amenazaba con seguir el mismo camino que Colombia después de 1949: esto es, hacia un conflicto faccionalista, autónomo y endémico, por el estilo de la Violencia. Que no llegara a ocurrir se debió en cierta medida al arte de gobernar de que dio muestra la facción victoriosa: de Venustiano Carranza, Alvaro Obregón y, sobre todo, Calles, que nunca perdieron de vista la necesidad de integrar y reconstruir la nación. Más importante fue el hecho de que la violencia endémica de México era el resultado de una auténtica revolución social, no un sucedáneo de la misma. No era simplemente la violencia sin objeto, embrutecedora, de facciones recalcitrantes, tampoco la violencia que repetidamente perpetraba el antiguo régimen porfiriano. Y la acompañaba una serie de fenómenos importantes derivados de la Revolución: una movilidad social y espacial más marcada, la migración, así nacional como internacional; la ascensión de nuevos grupos y familias empresariales; la expansión de los programas de enseñanza; el indigenismo y el arte «revolucionario».

Por consiguiente, a finales del decenio de 1920 la Revolución ya había producido cambios importantes en la sociedad y la política mexicanas. A pesar de ello, el resultado de la Revolución seguía sin estar claro. Su curso seguía avanzando y había opiniones muy diferentes sobre adonde se dirigía. Clases, facciones y regiones disputaban unas con otras; creció el control que ejercía el Estado sobre la sociedad civil, pero incluso con el patrocinio por parte de Calles del nuevo partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, dicho control continuaba siendo desigual y a veces tenue. Se iba avanzando hacia la consecución de los amplios objetivos revolucionarios de construcción del Estado y desarrollo capitalista, pero el avance era lento y tropezaba con frecuentes obstáculos.
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Y había serias discrepancias —incluso entre la élite gobernante— sobre los mejores métodos que debían adoptarse.

Por algún tiempo, durante la favorable coyuntura fiscal y económica de 1924-1926, pareció que el nuevo gobierno de Calles estaba imbuido de cierta confianza. La reforma de la banca y las obras públicas daban testimonio de los crecientes poderes del Estado. Con la intención de poner en práctica los controles constitucionales impuestos a la Iglesia y a la industria del petróleo, Calles desafió audazmente tanto a los católicos como a los gringos. Sin embargo, pronto tuvo que hacer frente a la revuelta cristera, al conflicto con Estados Unidos y al deterioro de la situación económica. El proyecto callista empezó a tambalearse y el presidente se desplazó hacia la derecha. En julio de 1928 el asesinato de Alvaro Obregón, ex presidente (1920-1924) y presidente electo en el momento de su muerte, sumó la crisis política a la recesión económica, que en México fue anterior a la crisis económica mundial de 1929. Calles respondió con habilidad, desplegando sus dotes de estadista. Rehusó prolongar su presidencia y prefirió ejercer el poder entre bastidores. Así, tres presidentes sucesivos (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez) gobernaron durante el sexenio siguiente mientras Calles, el «jefe máximo», ejercía el poder detrás del trono; de aquí viene el título convencional que se da a este período de transición: el maximato.

El maximato fue transicional en dos sentidos. En primer lugar, durante el mismo hubo un claro desplazamiento del gobierno personalista al institucional. Tras proclamar el fin de la política caudillesca, Calles convocó una asamblea del nuevo partido revolucionario oficial, el PNR, a principios de 1929. En el curso de aquel año agitado se aplastó una revuelta militar obregonista; se llegó a una conclusión negociada de la guerra cristera; y Ortiz Rubio, el insulso candidato del PNR, arrolló a la oposición liberal y antirreeleccionista de José Vasconcelos en las elecciones presidenciales de noviembre. Así pues, podemos situar en 1929 el comienzo de la hegemonía ininterrumpida del partido oficial.

No obstante, la institucionalización política del maximato fue acompañada del crecimiento de los conflictos sociales y la polarización ideológica. Aquí se encuentra la génesis del cardenismo, el movimiento político ligado al presidente Lázaro Cárdenas fue fruto de su tiempo; dio su nombre a un período que —a pesar de la supremacía presidencial mexicana— le moldeó a él antes que lo contrario. No obstante, es válido ver la historia de México en el decenio de 1930 como la crónica de la ascensión y la dominación del cardenismo: proyecto nacionalista y radical que afectó fundamentalmente a la sociedad mexicana y que representó la última gran fase reformadora de la Revolución. No es menos cierto que el decenio de 1940 presenció el ocaso del cardenismo: el debilitamiento de su política, la eliminación de sus cuadros políticos, la ascensión de nuevos líderes entregados a otro proyecto.

Ningún historiador pone en duda la importancia del cardenismo, pero muchos discrepan en lo que concierne a su carácter. Tradicionalmente tanto los seguidores como los adversarios de la ortodoxia revolucionaria han considerado que en el cardenismo culminó la Revolución social. Otros lo han presentado como un intermedio dramático y radical dentro del proceso revolucionario, una desviación
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casi bolchevique a ojos de algunos. En estudios recientes se ha vuelto a hacer hincapié en las continuidades, aunque de un tipo diferente: las de la construcción del Estado, el corporativismo y el desarrollo capitalista. Aquí el cardenismo encaja perfectamente en la Revolución, pero no se trata de la Revolución como vehículo de la redención nacional y del radicalismo popular, sino del estatismo y de la acumulación de capital.

Toda evaluación del cardenismo debe trascender los límites de la presidencia de Cárdenas. Su historia no es la de un único hombre, ni siquiera la de un solo sexenio. Tuvo sus orígenes en dos amplias tendencias socioeconómicas que se cruzaron con dos crisis políticas más específicas. En lo que se refiere a las alineaciones ideológicas, personales y de clase, es verdad que el cardenismo recuerda la Revolución de 1910. Pero también fue fruto de la depresión y de los conflictos sociales y replanteamientos ideológicos que ésta provocó. Si la primera fue una influencia autóctona, la segunda puede compararse con lo ocurrido en el conjunto de América Latina. El cardenismo también nació de sucesivas crisis políticas: la asociada con el asesinato de Obregón en 1928, que condujo a la formación del PNR; y otra más importante, a saber, la batalla por el control del partido y el gobierno que culminó con la lucha entre Calles, el jefe máximo, y Cárdenas, el presidente, en 1935-1936.

Esta lucha debe verse teniendo presente su trasfondo político inmediato: la creación del partido oficial, PNR, en 1929; la derrota de los militares obrego-nistas que se rebelaron aquel mismo año; y la manipulación, la humillación y, finalmente, la caída del maleable presidente Ortiz Rubio en 1932. Esta secuencia de acontecimientos demostró tanto la consolidación paulatina del régimen nacional como el omnipresente poder personal de Calles, que controló al nuevo presidente, Abelardo Rodríguez (1932-1934), de modo menos descarado pero no menos real. El logro de Calles —el mantenimiento del poder personal detrás y a pesar de la institucionalización formal de la política que él mismo había iniciado— fue más precario de lo que parecía a muchos. Le había granjeado numerosos y cordiales enemigos políticos; e hizo que cualquier presidente entrante (en especial el orgulloso y obstinado Cárdenas, que había presenciado desde muy cerca la destrucción de Ortiz Rubio) fuera muy consciente del dilema que se le planteaba en sus relaciones con el jefe máximo: ¿mostrarle deferencia o desafiarle?

C Los enemigos y los críticos de Calles y el callismo crecieron en número a ^ consecuencia de los efectos de la depresión. Su impacto en México fue más acumulativo que instantáneo, y menos serio y prolongado que en economías basadas en el monocultivo como la chilena o la cubana. El país ya había sufrido por causa de la caída de los precios de las exportaciones, la deflación y la contracción de Via economía desde 1926. Entre 1929 y 1932 el comercio exterior descendió en unos dos tercios; la capacidad de importar quedó reducida a la mitad; el desempleo creció, inflado por la repatriación de unos trescientos mil mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos. Sin embargo, dentro de la gran «lotería de los productos» de la depresión, México fue relativamente afortunado. El oro, la plata y el petróleo, que representaban conjuntamente tres cuartas partes de las exportaciones mexicanas, no sufrieron una caída tan extrema de la demanda y los precios como la que afectó a otras materias primas; asimismo, el empleo en
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el sector de exportación era pequeño (sólo un 3 por 100 de los trabajadores no rurales generaba dos tercios de los ingresos de exportación de México), por lo que las repercusiones en los salarios, el empleo y los niveles de vida fueron menos acentuadas que en economías como la brasileña, por ejemplo, que vivían de la exportación agraria basada en una fuerza de trabajo masiva. Mientras tanto, el importante sector de la agricultura de subsistencia de México se recuperó de las malas cosechas de 1929-1930 (el clima resultó benignamente contracíclico), a la vez que la industria manufacturera —que satisfacía la demanda nacional— se veía afectada de forma menos severa que la industria extractiva y pudo beneficiarse de la imposibilidad de importar. La depresión estimuló de esta manera un proceso de industrialización de sustitución de importaciones.

Entre 1929 y 1932, por tanto, es posible que el producto interior bruto (PIB) de México disminuyera en alrededor del 16 por 100. Es difícil evaluar el efecto que esta recesión surtió en las masas. No hay duda de que los salarios reales descendieron (también en este caso la tendencia ya se observa en 1927) y algunos historiadores identifican una fase de «movilización frecuente pero fragmentaria» —caracterizada por huelgas, ocupaciones de tierras, y marchas del hambre— que coincidió con la depresión económica.

Es más claro que la militancia popular, que siguió los patrones habituales, se , hizo más acentuada a medida que la economía fue reactivándose lo cual se produjo con cierta rapidez, gracias en parte a la política reflacionaria keynesiana que adoptó Alberto Pañi en su condición de secretario de Hacienda (1932-1933). Pañi aumentó la oferta monetaria (31 por 100 en 1932, 15 por 100 en 1933), y sacrificó el peso en aras del crecimiento. Las exportaciones, el empleo y los salarios reales se recuperaron. En 1934 el PIB volvía a encontrarse ya en los niveles de 1929, el peso se estabilizó y la perspectiva económica era alentadora. Así pues, Cárdenas subió al poder en el momento en que los efectos de ,1a depresión retrocedían, aun cuando sus repercusiones políticas seguían notándose. Para muchos el maximato (1928-1934) había sido un período difícil, y la sucesión presidencial ofrecía ahora una apertura política a través de la cual podían encauzarse los agravios populares acumulados.

La élite política respondió a la depresión de distintas maneras y ello produjo una polarización en el seno del naciente PNR. Para Calles y sus partidarios —los «veteranos»— los acontecimientos recientes en modo alguno invalidaban el modelo existente de desarrollo capitalista, el basado en la empresa privada, las exportaciones, las inversiones extranjeras, el control riguroso de los obreros y un Estado generalmente «pasivo». Al contrario, había que mejorar el modelo, y restringir anomalías como la agricultura ejidal no era la medida menos importante que podía tomarse para ello. En 1930 Calles declaró que la reforma agraria había sido un fracaso: el ejido fomentaba la pereza; el futuro estaba en la agricultura capitalista, de propiedad privada. Se hicieron esfuerzos por concluir rápidamente la reforma y la concesión de ejidos pasó a ser menos frecuente después del punto máximo de 1929. Otro factor que alarmó a Calles fue la agitación obrera: el capital necesitaba seguridad para sacar al país de la recesión, y era necesario tomar medidas severas para limitar las huelgas. Calles continuó machacando el viejo tema anticlerical, motivo principal de la política en el decenio de 1920, y el papel de la enseñanza como medio de transformación revo-
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lucionaria. Los objetos adecuados para la ingeniería social sonorense no fueron los medios de producción, sino las mentes. Se reavivó el anticlericalismo y el nuevo secretario de Educación, Narciso Bassols, dio nuevo estímulo a la política de laicización (1931). Tres años después, en su célebre Grito de Guadalajara, Calles pidió una revolución «psicológica», una «nueva conquista espiritual» para ganar el corazón y el cerebro de los jóvenes para la Revolución. Calles y sus «veteranos» se aferraron a las normas y las panaceas del decenio de 1920 y, en medio del movimiento político y social de principios del de 1930, parecían de forma creciente una fuerza favorable al conservadurismo, admirada por la derecha. En verdad que los ejemplos fascistas influyeron en el pensamiento de Calles, que citaba a Italia y a Alemania (así como a la Unión Soviética) como casos de educación política coronada por el éxito.

Calles se daba cuenta de que una nueva generación estaba alcanzando la madurez política, una generación para la cual las heroicidades de 1910 eran mitos o historia y que cada vez se mostraba más desilusionada con la Revolución de tipo sonorense. Rechazaba la ideología del decenio de 1920 —anticlerical, liberal en lo económico, conservadora en lo social— y abogaba por cambios socioeconómicos radicales. Participaba en el desplazamiento mundial desde el laisser-faire cosmopolita hacia el dirigismo nacionalista. Si, al igual que Calles, se inspiraba en modelos extranjeros, era el New Deal o la planificación económica de la Unión Soviética (mal interpretada, sin duda) lo que tenía importancia. Era imposible hacer caso omiso de los hombres y las nuevas ideas, ni siquiera mientras Calles y los callistas todavía gobernaban. A partir de 1930 se introdujeron de forma provisional normas reformistas e intervencionistas. Una Ley Federal del Trabajo (1931) ofreció concesiones en lo referente a los horarios, las vacaciones y los convenios colectivos, a cambio de que el Estado reglamentara más rigurosamente las relaciones industriales. La derecha consideró que la nueva ley era peligrosamente radical, la izquierda la criticó y la tachó de fascista, mientras que los más perspicaces se dieron cuenta de que los salarios mínimos podían reforzar la demanda interna y beneficiar con ello a la industria. En 1934 se creó un Departamento Agrario autónomo y un nuevo Código Agrario permitió por primera vez que los peones de las haciendas solicitaran concesiones de tierra. El Código también ofrecía garantías a las propiedades particulares; tal ambivalencia reflejaba divisiones profundas dentro del PNR. Del congreso que el partido celebró en 1933 salió un Plan Sexenal que, pese a su falta de detalles políticos, contenía elementos del nuevo planteamiento que exigía la nueva generación de tecnócratas, políticos e intelectuales. El plan, que criticaba implícitamente el modelo sonorense, recalcaba el papel del Estado intervencionista y la necesidad de que fueran mexicanos quienes explotaran los recursos de México; prometía a los trabajadores salarios mínimos y el derecho a convenios colectivos; y subrayaba la importancia primordial de la cuestión agraria, que requería soluciones radicales, incluyendo la división de las grandes propiedades.

Por consiguiente, en vísperas de la presidencia de Cárdenas el clima ideológico estaba cambiando con rapidez. Pero las ideas nuevas coexistían con los viejos cuadros políticos, que impedían poner en práctica medidas radicales al mismo tiempo que toleraban el radicalismo retórico que dejaba intacta la sustancia de su poder. Tampoco la candidatura de Cárdenas pareció amenazar su posición. Al escoger a Lázaro Cárdenas como candidato oficial para las elecciones de 1934,

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