Discapacidad y pobreza en España (2006-2011): evolución de la pobreza y gasto de los hogares en discapacidad



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Discapacidad y pobreza en España (2006-2011): evolución de la pobreza y gasto de los hogares en discapacidad
Ángel Belzunegui Eraso; Xavier Puig Andreu; Francesc Valls Fonayet
Universitat Rovira y Virgili. Cátedra de Inclusión Social

cinclusiosocial@urv.cat


Resumen
El texto aborda los efectos que la discapacidad ejerce sobre el riesgo de pobreza de las personas discapacitadas y del resto de miembros de sus hogares. En concreto, consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera parte se centra en la relación entre pobreza y discapacidad, mediante el análisis de sucesivas ediciones de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006 y 2011, con la finalidad de observar las diferencias que aparecen en este periodo de 5 años de cambios socioeconómicos convulsos. En esta parte se documenta la reducción substancial del riesgo de pobreza en este colectivo, detectando como principal causa el aumento del potencial protector de las transferencias públicas vinculadas al desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias, conocida como Ley de dependencia. En la segunda parte se estudia el gasto que los hogares con personas discapacitadas realizan para atender la discapacidad, a partir de la información de la Encuesta de Discapacidades, Autonomía y Dependencia del año 2008, que es la última edición disponible. En esta parte se evidencia la importancia de la dimensión social de la discapacidad para conocer las diferencias que hay en la estructura del gasto entre los hogares que presentan posiciones desiguales en la estructura social.
Palabras clave: Discapacidad, Pobreza, Dependencia, Gasto Social


  1. Introducción

En España los estudios sobre discapacidad y pobreza son relativamente recientes en términos temporales, concretamente comienzan a desarrollarse con una mayor frecuencia a partir de la década de los noventa pero siguen sin tener una operación estadística de envergadura que permita obtener datos de las personas con discapacidad y de sus entornos familiares en un sentido longitudinal. Las Encuestas sobre discapacidad (publicadas por el INE) aunque valiosas por la información que brindan resultan del todo insuficientes para ir siguiendo la evolución de una población con mayores niveles de dependencia que cada vez es más numerosa como consecuencia del envejecimiento de la población.


Los estudios que relacionan discapacidad y pobreza, pobreza y dependencia y discapacidad y dependencia, han ido desarrollándose más como iniciativas individuales que como parte, como decíamos, de un programa de investigación consolidado. Como resultado, encontramos distintos enfoques y diversos objetos de estudio que, aunque aisladamente, arrojan algo de luz sobre las relaciones existentes entre pobreza, discapacidad, vulnerabilidad, dependencia y exclusión social. Braña y Antón (2011) realizan un análisis econométrico para estimar el coste de la discapacidad en los hogares españoles y su impacto en la pobreza de los hogares; Cantanero y Moreno (2011) analizan la inestabilidad laboral y la temporalidad de la población con discapacidad y como esta forma de inserción laboral condiciona la autonomía personal de dichas personas; para el caso concreto e las mujeres discapacitadas, Bayot, Mondéjar y Vargas (2009) han recogido datos de la situación sociolaboral de las mujeres discapacitadas en Castilla-La Mancha. La relación entre discapacidad y actividad ha sido estudiada por Malo (2004) que ha medido las probabilidades de ser activo en España para las personas con problemas crónicos de salud y con discapacidades. El Observatorio Estatal de la Discapacidad realizó en 2011 el Informe estadístico sobre la contratación a personas con discapacidad que muestra los datos de actividad, ocupación, paro para las personas discapacitadas, un informe imprescindible para observar la evolución de dichos indicadores. Desde un punto de vista más macroeconómico, Albarrán y Alonso (2009) han estudiado el coste global asociado a la población con dependencias en España, realizando estimaciones de la cuantía de dicho coste y del impacto en el gasto nacional. También destacan los estudios desde un enfoque más de salud en relación con la discapacidad, como los realizados por Regidor (2008) en su estudio sobre las desigualdades socioeconómicas y la exposición al riesgo de perder la salud y a la inhabilitación funcional como consecuencia; Regidor et al. (2006) en el que realizan un estudio que relaciona las desigualdades socioeconómicas y las desigualdades en salud; García-Gómez, Hernández-Quevedo y López-Nicolás (2008), ponen de manifiesto el papel que juegan la renta absoluta y la renta relativa en la determinación de las desigualdades en salud.
Otros trabajos han abordado el estudio de las políticas públicas, las transferencias públicas y los niveles de protección de la discapacidad y de la dependencia en España, como por ejemplo Casado (2008) que realiza un ejercicio de simulación de políticas públicas alternativas dirigidas a la dependencia; a un nivel comparativo y en el contexto de los distintos sistemas de bienestar, Rodríguez Cabrero y Marbán (2013) analizan la atención a la dependencia en perspectiva europea presentando los distintos modelos que van desde la asistencialización a la cuasi-universalización. Malo y Dávila (2006) abordan el complejo entramado de ayudas técnicas y personales destinadas a la población con discapacidad en el ámbito de la protección social y su impacto sobre la pobreza; Verdugo et al. (2010) han analizado la influencia del sistema de protección social y en especial el impacto de las pensiones en la actividad y el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad.
Este texto comprende XXX apartados que siguen a esta introducción. En primero lugar y tras la introducción, presentamos la evolución del riesgo de pobreza en la población con algún tipo de discapacidad que la inhabilita moderada o severamente, en el período entre el 2006 y el 2011. Se compara también aquí la evolución del riesgo de pobreza para toda la población en general y se abordan algunas de las variables sociodemográficas asociadas a la discapacidad y a la pobreza. A continuación se evalúa el impacto de las transferencias sociales en el riesgo de pobreza en las personas con discapacidad. Posteriormente se analiza también el efecto de la estructura social sobre los niveles del gasto en atención a la discapacidad a partir de los datos de la Encuesta de discapacidad 2008. Seguidamente, y para concluir el análisis, abordamos el estudio del peso de la dimensión social en el gasto en discapacidad en frente a la dimensión físico-médica, estudio que se realiza por nivel de rentas de los hogares con miembros con discapacidad. Finalmente, resumimos los principales hallazgos en las conclusiones.

2. La reducción de la pobreza en la población con discapacidades
Este primer apartado lo dedicamos al estudio cuantitativo de la renta y las condiciones de vida en los hogares con personas discapacitadas. Para cumplir con este propósito recurrimos a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV, en adelante) por la abundante información, fiabilidad y facilidad de comparación entre diferentes periodos. Pero la profundidad de análisis que ganamos en el estudio de la renta y de las condiciones de vida de los hogares con la ECV se convierte en indefinición a la hora de hablar de discapacidad1. La ECV no contiene variables específicas sobre la discapacidad de la población encuestada y, por este motivo, tenemos que recurrir a unas variables proxy relativas al estado de salud de la población. Aquí nos basamos en el modelo propuesto por Braña y Antón (2011), consistente en escoger las siguientes dos variables como definidoras de la discapacidad de la población: a) si la persona padece o no problemas de salud de carácter crónico, y b) el grado en que un problema de salud ha afectado el desarrollo de actividades cotidianas en los últimos 6 meses. Concretamente, se ha definido como población discapacitada aquella que respondió afirmativamente a la primera pregunta y que en los últimos 6 meses había estado gravemente limitada para el desarrollo de actividades cotidianas a causa de mal estado de salud. Por tanto, se han desestimado aquellas personas que no sufrían ningún problema de salud crónico o que, aún padeciéndolo, no estaban limitadas, o lo estaban moderadamente, para desarrollar actividades que la gente realiza normalmente.
En el Estado español, en 2011, 1.715.064 personas de 16 años o más presentaban estas características conjuntas, representando el 4,5% del total del total de la población (véase el gráfico 1). El año 2006, tanto el valor absoluto como el porcentaje sobre el total de la población eran superiores: más de 2,5 millones de personas, es decir, un 7,1% de la población. Por tanto, la primera constatación es que en 5 años se ha reducido sustancialmente el volumen de personas con problemas de salud crónicos que dificultaban gravemente el desarrollo de actividades cotidianas. Teniendo en cuenta que el porcentaje de población con problemas de salud crónicos prácticamente no ha variado en este periodo quinquenal (de un 24% a un 23,4%), entendemos que esta reducción se da por un trasvase de población con limitación grave a población con limitación moderada. O sea, persistiendo los problemas de salud crónicos en unos porcentajes estables, en 5 años se ha conseguido reducir el impacto de la discapacidad médica sobre la discapacidad social, permitiendo una mayor participación de este colectivo en las actividades cotidianas y, en definitiva, reduciendo su dependencia social.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ECV 2006 y 2011


Hay que decir que estos resultados contrastan con los datos obtenidos por la Encuesta de Discapacidades (EDAD 2008), según la cual 3,4 millones de personas sufrían discapacidad en España, de forma que este método de cálculo se presenta más restrictivo a la hora de definir la población con discapacidad. Esto quiere decir que, posiblemente, estemos definiendo como población discapacitada aquella que sufre con mayor gravedad las consecuencias de su estado de salud, lo cual hay que tener presente a la hora de interpretar los datos que se presentan.
Entre 2006 y 2011, el porcentaje de personas discapacitadas que sufren pobreza2 se ha reducido de forma notable. Un 23,4% de la población con problemas crónicos de salud y con limitaciones graves se encontraba bajo el umbral de pobreza el 2011, más de 7 puntos por debajo de los valores del 2006, cuando el riesgo de pobreza del colectivo era del 30,8%. Esto supone un comportamiento opuesto al del conjunto de la población sin discapacidad, que ha aumentado en 2 puntos el riesgo de pobreza, pasando del 19,9% al 21,8%. Así, la brecha entre el riesgo de pobreza de la población discapacitada y de la población sin discapacidad se ha reducido sustancialmente, de 10,9 puntos en 2006 a 1,6 puntos en 2011.
Font: elaboración propia a partir de los datos de la ECV 2006 y 2011
¿Dónde se localiza la reducción de la pobreza en la población discapacitada? Un primer análisis lo focalizamos en la estructura de edades de la población. Los datos evidencian que la reducción se ha concentrado en la población discapacitada de edad avanzada: el riesgo de pobreza se ha reducido pasando de un 32,9% a un 22%. Este colectivo se ha podido beneficiar, por un lado, de la reducción sustancial de la pobreza entre el conjunto de población de edad avanzada (entre la población no discapacitada de más de 64 años, la pobreza también se ha reducido, aunque en menor medida: del 27,8% al 20,5%), fruto de la estabilidad de las prestaciones públicas recibidas y del “efecto aislamiento” respecto a la dinámica excluyente del mercado de trabajo. Siguiendo con el análisis, este colectivo de población discapacitada de edad avanzada se habría beneficiado también del aumento de las transferencias dedicadas a la discapacidad durante el periodo analizado gracias al desarrollo de las ayudas vinculadas a la ley de dependencia3. Por todo esto, la población de edad avanzada ha dejado de ser el grupo de edad con un mayor riesgo de pobreza para ser el grupo de edad más protegido dentro de la población discapacitada, y de hacerlo en un periodo extraordinariamente corto de tiempo. En los otros grupos de edad el riesgo de pobreza no ha conseguido unos resultados tan espectaculares. La población discapacitada de entre 30 y 64 años mantiene una afectación de la pobreza a niveles similares a los del año 2006. El motivo es que la reducción general de la pobreza entre la población discapacitada se ha visto frenada, en estos casos, por un empeoramiento de su posición social, especialmente dentro del mercado de trabajo, con una reducción sustancial de la población ocupada, que representa menos del 15% de la población discapacitada adulta (Kidd et al., 2000). Entre la población de 16 a 29 años este empeoramiento no ha sido tan notable puesto que han conseguido mantener las cuotas de ocupación cerca del 20%, sólo moderadamente más bajas que las de 2006 (que se situaban alrededor de un 25%) pero que siguen siendo superiores a las del resto de población discapacitada. Además, se consolida como un grupo con un mayor nivel de instrucción: aproximadamente un 10% están estudiando y otro 10% tienen estudios universitarios finalizados.
Font: elaboració pròpia a partir de las dades de l’ECV 2006 y 2011

Profundizando en el nivel de instrucción, detectamos que cada nivel de estudios ha visto reducir de manera sustancial el riesgo de pobreza en la población discapacitada, sólo a excepción de aquellos/as que no han recibido nunca formación, que representan prácticamente una cuarta parte del colectivo, con una tasa de pobreza del 34,5%, permaneciendo estable entre 2006 y 2011. Aproximadamente la mitad de este colectivo extremadamente vulnerable está formado por mujeres de edad avanzada que, cuando tenían que formarse, se encontraron con dificultados para acceder a los estudios y continuar en el sistema educativo (una característica que comparten con buena parte de las otras mujeres de edad avanzada que no sufren discapacidad). Entre la otra mitad encontraríamos, por un lado, hombres de edad avanzada que cumplen con el mismo perfil citado y, por otro lado, personas jóvenes o adultas entre las cuales la falta de formación se explicaría, o bien por ser discapacitados desde el nacimiento (o a muy temprana edad), lo cual les impidió desarrollar su etapa formativa, o bien por pertenecer a extractos sociales muy vulnerables con un marcado índice de fracaso escolar, en que la discapacidad no habría sido un obstáculo sino una consecuencia de la condición social, puesto que esta sobrevino a edades más tardías.


La reducción de la pobreza entre la población discapacitada con algún tipo de estudios ha sido sustancial. De manera transversal, para cada nivel de estudios, aproximadamente una cuarta parte de la población que era pobre el 2006 ya no lo es el 2011. Teniendo en cuenta que prácticamente la mitad de la población discapacitada pertenece al primer grupo de instrucción, con estudios primarios, se constata que este es el colectivo que más ha participado en la reducción de la pobreza entre la población discapacitada. Además, esta circunstancia no puede ser aislada del análisis demográfico, puesto que 7 de cada 10 personas discapacitadas con estudios primarios tiene 65 años o más, hecho que invita a pensar que esta reducción se debe principalmente a la protección que se ha centrado en la población de edad avanzada más que a un ascenso dentro de la estructura social. Para el resto de niveles de estudios, aunque aporten menos capacidad explicativa por su menor peso demográfico dentro de la población discapacitada, la reducción de la pobreza también se ha visto reflejada aunque dicha población presente un alto grado de inactividad: alrededor del 70-75%. Tenemos que hacer notar, igualmente, que entre la población discapacitada se reproduce la jerarquización vertical según la cual a un mayor nivel de estudios le corresponde un menor nivel de pobreza. El gráfico 4 es elocuente en este sentido: la proporcionalidad en la reducción de pobreza mantiene este reparto de fuerzas, tanto el 2006 como el 2011 de manera casi perfecta.

Queremos remarcar tres posibles factores explicativos de la relación existente entre el nivel de estudios y la pobreza:




  1. El primero es la mayor vinculación con el mercado de trabajo de la población con más estudios. Más del 90% de población discapacitada que trabaja tiene, como mínimo, estudios secundarios. Además, a pesar de la escasa cualificación laboral característica del colectivo, se tiene que reconocer que la población con mayor nivel de estudios consigue lograr, en mayor medida, ocupaciones de cierta calificación y, por consiguiente, mejor remuneradas.

  2. El segundo, para nosotros más explicativo, es la posición social y económica del hogar. Teniendo en cuenta que la discapacidad sobrevino a la mayoría de la población a edades superiores a los 16 años, una parte de este bajo nivel formativo se debe a la extracción social y no a la discapacidad en sí misma. De hecho, si nos centramos en la población perteneciente a capas sociales acomodadas (con unas rentas por unidad de consumo superiores a 50.000 euros anuales), encontramos que el nivel formativo entre las personas discapacitadas es incluso superior al de las personas sin discapacidad: el 75,9 % de las primeras tienen estudios universitarios, por un 68,9% de las segundas. Una lectura detallada de los datos confirma que la presencia de personas discapacitadas con estudios universitarios en un hogar está relacionada con un mayor nivel educativo de los padres y con una mejor posición en el mercado de trabajo también de los padres. Contrariamente, en los casos de discapacidad adquirida o sobrevenida a edades muy tempranas, la discapacidad puede convertirse en un factor limitante de cara a la formación, sobre todo en los casos en que hay un proceso degenerativo.

  3. Otro factor importante (aunque no es objeto de estudio aquí) es la carencia de adecuación del sistema educativo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, que puede ser un factor claramente limitante a la hora de conseguir niveles formativos medios o superiores.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ECV 2006 y 2011


Otro indicador analizado es la actividad. El gráfico 5 muestra como la población discapacitada que trabaja presenta un riesgo de pobreza inferior al resto. Esto se explica, por un lado, por la aportación de rentas que estas personas realizan al hogar donde conviven. Pero, sobre todo, por el hecho de que estar trabajando indica que la persona discapacitada dispone de cierta autonomía, lo cual repercute en la mayor actividad laboral del resto de miembros del hogar, que a su vez ayuda a aumentar la renta global del hogar. Si la persona discapacitada trabaja, el porcentaje de madres que también trabaja es 13 puntos superior a la media (34,8% respecto a 21,5%), y las madres que se dedican exclusivamente al trabajo reproductivo se reduce en casi 8 puntos (62,4% respecto a 70%).

Otro dato indicativo de la excepcionalidad del colectivo es que en el periodo 2006-2011 las tasas de pobreza se han reducido sustancialmente entre la población discapacitada inactiva o parada (a excepción de los/las estudiantes, que son una parte reducida del colectivo), mientras que paradójicamente han aumentado entre la población discapacitada que trabaja. Esto se explica por el menor impacto que tienen en estos últimos las transferencias públicas, que se han convertido en el motor de la reducción de la pobreza entre la población con discapacidad, como se apunta en el apartado 2.3. De hecho, la ocupación ha perdido el liderazgo como factor de protección ante la pobreza en la población discapacitada, con una tasa del 17,9%, a favor de la jubilación, que ya es, en 2011, la que aporta mayor protección para las personas discapacitadas (tasa de pobreza del 17,3%).

Finalmente, tenemos que remarcar el vínculo que se establece entre nivel formativo y la actividad. Del mismo modo que pasa con el conjunto de la población, disponer de un elevado nivel formativo facilita la inserción laboral a las personas con discapacidad. Especialmente efectivos en este sentido son los niveles de educación post-obligatorios: entre un 15% y un 17% de la población discapacitada con estudios secundarios estaba trabajando el 2011, mientras que este porcentaje se reduce ligeramente, hasta el 12,9%, para la población discapacitada con estudios universitarios. Contrariamente, la exclusión laboral es más evidente entre las personas discapacitadas con menos formación: el 2011 estaba trabajando menos del 2% de la población discapacitada con estudios primarios y menos del 0,5% de la población sin estudios. Además, la mayor formación influye también en la inactividad, no solamente por la disminución de personas inactivas a medida que aumenta el nivel formativo, sino por su distribución interna: el acceso al mercado de trabajo para la población con formación media o superior facilita la obtención de prestaciones de jubilación o de incapacitación, mientras que la población discapacitada con formación básica o sin formación se concentra en mayor medida en la inactividad o con dedicación a las tareas del hogar, sin acceso a prestaciones públicas reconocidas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ECV 2006 y 2011



3 El efecto clave de las transferencias públicas
El cálculo del riesgo de pobreza se obtiene a partir de la suma de todas las rentas que entran en un hogar. La desagregación de estas rentas permite determinar hasta qué punto las transferencias públicas se convierten en un elemento protector de la población, permitiendo incluso volver a calcular el volumen de población que sería pobre en una sociedad si se eliminaran estas transferencias, es decir, contabilizando sólo los salarios laborales u otros rendimientos económicos no salariales.

Esto permite analizar el grado de protección que ejercen las transferencias públicas sobre la población discapacitada. La información de este análisis, para 2006 y 2011, se resume en la tabla 1. No obstante, antes es preciso hacer algunas anotaciones de tipo técnico. En primer lugar, hemos desestimado las transferencias de supervivencia y jubilación, principalmente para neutralizar el importante efecto que las pensiones de jubilación tienen en la reducción global de la pobreza entre la población de edad avanzada (sea o no discapacitada). En segundo lugar, se muestran las tasas de pobreza moderada (es decir, la población de hogares que se sitúan por debajo del umbral del 60% de la renta mediana), las tasas de pobreza severa (por debajo del umbral del 40%) y de pobreza extrema (por debajo del umbral del 25%). Finalmente, se muestra también el efecto reductor de las transferencias, contabilizado como porcentaje de reducción de la tasa de pobreza respecto a la misma tasa antes de las transferencias.


Los resultados lanzan a la luz la evidencia que gran parte de la reducción de la pobreza en la población discapacitada se explica por el efecto de las transferencias públicas. Concretamente, en 2011 las transferencias públicas consiguen que un 42,9% de población discapacitada deje de ser pobre, que un 66,7% deje de sufrir pobreza severa y que un 71,2% deje de vivir en la pobreza extrema. El 2006, para este mismo colectivo de población discapacitada, la reducción fue sustancialmente menor y las transferencias sólo conseguían sacar un 23% de personas de la pobreza, un 49% de personas de la pobreza severa y un 65% de personas de la pobreza extrema. Las diferencias entre el efecto reductor de 2006 y 2011 son mayores en los casos de pobreza moderada: es decir, las transferencias han resultado más efectivas en los casos en que las personas discapacitadas están cerca del umbral de pobreza. El análisis comparado entre los dos años muestra que, sin contabilizar las transferencias públicas, el riesgo de pobreza entre la población discapacitada habría aumentado para los tres tipos de pobreza analizados en el periodo 2006-2011. Este comportamiento es coherente con el del conjunto de la población española, debido a los efectos de la recesión económica y a las dificultados de inserción y permanencia en el mercado de trabajo, tanto de las personas discapacitadas cómo de aquellas que conviven al hogar.

El análisis de este mismo efecto para la población sin discapacidad confirma lo que hemos visto. Destacamos dos ideas. La primera es que el potencial reductor de las transferencias públicas es claramente inferior para este grupo de población: el 2011 consiguen sacar un 25,9% de personas de la pobreza moderada, un 39,6% de personas de la pobreza severa y un 48,6% de personas de la pobreza extrema. Todos estos valores son sustancialmente inferiores a los logrados para la población discapacitada. En segundo lugar, las diferencias de potencial reductor prácticamente no han variado entre 2006 y 2011 para la población sin discapacidad, especialmente en el caso de la pobreza moderada, lo cual explica que el riesgo de pobreza para este colectivo haya aumentado a partir del momento en que la situación económica del país se ve gravemente perjudicada.




Tabla 1. Tasas de pobreza moderada, severa y extrema antes y después de transferencias sociales (sin contabilizar las de jubilación y supervivencia), y efecto reductor de la pobreza de estas transferencias. Población con discapacidad y sin discapacidad. España, años 2006 y 2011







2006

2011







Antes

Después

Efecto reductor

Antes

Después

Efecto reductor

Población discapacitada

Pobreza moderada

40

30,8

23

41

23,4

42,9

Pobreza severa

19,6

10

49

21,3

7,1

66,7

Pobreza extrema

9,5

3,3

65,3

11,8

3,4

71,2

Población sin discapacidad

Pobreza moderada

24,8

18,4

25,8

29,3

21,7

25,9

Pobreza severa

11,2

7,5

33

16,9

10,2

39,6

Pobreza extrema

5,4

3

44,4

10,9

5,6

48,6
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