Dominican Republic jit policy Notes 2013



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OPCIONES DE POLÍTICA


Si la preparación y la respuesta ante desastres, así como el estudio de los factores de amenaza han mostrando importantes avances, el aumento de la vulnerabilidad y la exposición ante las amenazas indica que otros aspectos de la gestión no han avanzado al mismo paso. Más específicamente, es fundamental para el país fortalecer la gestión prospectiva, orientada a evitar la creación del riesgo futuro a partir del fortalecimiento de los procesos de planificación e inversión, y la gestión correctiva, orientada a actuar sobre el riesgo ya construido. Para eso, se podrían priorizar las siguientes medidas:

La incorporación de la prevención en políticas e instrumentos sectoriales y territoriales.

La prevención y la reducción del riesgo son más eficientes si son integrados desde el inicio en los procesos institucionales y la inversión pública, tanto en los sectores del desarrollo nacional, como en los territorios. Será fundamental consolidar el desarrollo de normativa con obligatoriedad de incluir la gestión de riesgo en los procesos de inversión pública (formulación, seguimiento y auditoría) y el desarrollo de los instrumentos técnicos y los mecanismos que faciliten su adopción en los sectores y en el territorio.

Existen ejemplos exitosos de cómo este proceso se puede desarrollar en países como Perú, el cual tiene ya una experiencia de casi una década en el desarrollo de normas de planificación y las guías metodológicas para su implementación. La experiencia peruana es ampliamente conocida en América Latina y representa un ejemplo de la viabilidad de desarrollar este proceso. En Centroamérica también se han desarrollado experiencias exitosas con proyectos de escala regional y también nacional. Existe ya un intercambio establecido entre República Dominicana y Costa Rica mediante el cual se han logrado importantes avances.

Sugerencia de política: Consolidar los instrumentos y procesos para que el Sistema Nacional de Inversión Pública asegure que todos los proyectos de inversión identifican el riesgo potencial y actúan sobre él de forma prospectiva. Esto incluye la formación extendida a las personas responsables de la planificación y la inversión en todos los sectores y en el territorio.

Asegurar que los sectores evalúan la exposición de sus actividades e infraestructuras y establecen los mecanismos presupuestarios y técnicos que permitan reducirla de forma prospectiva y correctiva.


El desarrollo integrado de temas ligados a la gestión del territorio dentro de un instrumento jurídico articulado.

La gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático, la gestión integral del agua y la planificación y ordenamiento territorial son procesos e instrumentos que tienen como escenario común de implementación el territorio. La adopción aislada de estos instrumentos generalmente lleva a la duplicación de esfuerzos y a la falta de cobertura de vacíos prioritarios. Si bien el documento de Política Nacional de Cambio Climático adoptado por el Gobierno en enero 2013 plantea una mejor integración entre esas áreas, sigue siendo transcendental el fortalecimiento de la agenda de coordinación entre los procesos de Adaptación al Cambio Climático y la Gestión Integral del Riesgo, de manera que se eviten duplicaciones y vacíos y se generen sinergias.

Por ejemplo, Centroamérica avanzó en la constitución de una estrategia riesgo-agua-ambiente que permitió articular estas políticas que tienen como eje común la gestión del territorio. De igual forma, la ley peruana sobre gestión integral del riesgo de desastres, aprobada en el año 2010, incluye mandatos y decisiones políticas para la integración de las diferentes modalidades de gestión ambiental y territorial.

Sugerencia de política: Establecer un mecanismo normativo que permita la articulación sistémica de todos los instrumentos de gestión ligados con el territorio, en particular la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión del Riesgo de Desastres.

El desarrollo de estrategias de gestión financiera del riesgo

Esta es una nueva tendencia, que requiere ser consolidada en el país. Existe una importante experiencia a nivel regional en el tema y el país ha dado los primeros pasos con el apoyo de entidades financieras multilaterales. A petición del Gobierno Dominicano se realizó en 2010 un diagnóstico que describe los instrumentos y montos a dedicar para una estrategia financiera del riesgo de desastres naturales (Collich et al., 2010).

Adicionalmente, existe una asignación de un 1% de los ingresos corrientes del Gobierno para “imprevistos”, que en la práctica queda a discreción del Presidente. Sin embargo, será fundamental que los diferentes instrumentos de incentivos y protección financiera, retención y transferencia del riesgo sean articulados en un mismo marco estratégico.

Sugerencia de política: establecer una estrategia de gestión financiera del riesgo que permita cubrir de forma articulada todas las necesidades en este materia, en particular: la retención y transferencia del riesgo, los incentivos fiscales, los fondos para la prevención y la respuesta y los mecanismos de reconstrucción. La experiencia desarrollada por la Banca Multilateral y Regional, en términos de seguros, préstamos contingentes entre otros, puede ser de gran ayuda en este propósito.
La actualización del marco normativo de la Gestión Integral del Riesgo

El análisis de la situación que ha sido presentado al inicio de este documento lleva a una reflexión necesaria: la legislación actual, creada según las tendencias de los años 1990, requiere ser actualizada de forma que refleje los avances en la temática y que habilite nuevos procesos que no fueron contemplados originalmente. Una gran cantidad de actores nacionales e internacionales coinciden en este planteamiento y será fundamental abordar el tema en un plazo perentorio.



Sugerencia de política: establecer un equipo de trabajo de alto nivel que conduzca el proceso de diagnóstico, consulta y elaboración de un marco normativo moderno, que no se quede únicamente en la formulación de una nueva ley o actualización de la ley actual, sino que desarrolle todos los instrumentos de la política, de forma que esta sea viable.
Cuestiones de fondo

Aún con los elementos antes señalados, es fundamental que el país ponga atención a algunos temas fundamentales que requieren respuesta:

Sobre el marco institucional: ¿Mediante qué mecanismo se garantizará los recursos financieros necesarios para la gestión integral del riesgo?

En la Estrategia de Gobierno: ¿Existe el compromiso político necesario para integrar acciones de reducción de riesgo en los procesos de inversión y desarrollo estratégico, superando la sola mención de la gestión del riesgo como un objetivo?

En el marco de las estrategias empresariales: ¿De qué manera se puede incentivar la adopción de medidas de gestión del riesgo y de continuidad de los negocios por parte del sector privado?

CONCLUSIONES

La sostenibilidad del proceso de desarrollo y el incremento de la competitividad requieren que el país dedique atención y recursos a la consolidación de un enfoque integral de la gestión de riesgo de desastres y su adopción en todos los ámbitos de la sociedad.

El país ha logrado grandes avances en el marco normativo e institucional para la gestión del riesgo de desastres, pero es necesario que este marco se aplique consistentemente en los procesos de toma de decisiones públicas y privadas a todo nivel.

Por esta razón es necesario dedicar atención prioritaria a la mejora de los mecanismos de comunicación, coordinación interinstitucional y coordinación de la cooperación internacional, al desarrollo de instrumentos para introducir la GRD en la planificación del accionar y las inversiones públicas y privadas; asegurar el financiamiento de la GRD en ambos sectores y fortalecer el enfoque de GIRD en los planes para la adaptación al Cambio Climático.

Estos temas no agotan la agenda, pero sientan las bases para un trabajo permanente de identificación y gestión adecuada de los riesgos que contribuirá al mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la sociedad dominicana.
BIBLIOGRAFÍA

Banco Interamericano de Desarrollo, 2008. Indicadores de riesgo de desastres y de gestión de riesgos. Programa para América Latina y el Caribe. República Dominicana. Nota técnica IDB-TN-169.

Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. Indicadores de riesgo de desastres y de gestión de riesgos. Programa para América Latina y el Caribe. Informe resumido (regional). Nota técnica IDB-TN-169

Banco Mundial, 2013. Nota sobre política sobre Seguros Agropecuarios en la República Dominicana.

DGODT, 2013. Indicadores de la Gestión de Riesgos de Desastres en la Republica Dominicana 2012: Desafíos Pendientes y Acciones para el Avance, 2013.

Collich, Durante, Martínez, Vergara, 2010, Gestión financiera de riesgos de desastres naturales para República Dominicana, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC

Harmeling S., 2012. Germanwatch, Global Climate Risk Index – Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2010 and 1991 to 2010. , Briefing Paper 2011.http://germanwatch.org/en/5696.

República Dominicana, 2009. Ley 157-09 sobre el Seguro Agropecuario en la República Dominicana, No. 10517, 7 de Abril de 2009, pp. 12.



República Dominicana, 2002. Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, 22 de septiembre 2002, pp. 58



1 Esta nota fue preparada por Javier Báez, Luis Felipe López-Calva, Mary Alexander Sharman y Raúl Andrés Castañeda, del Grupo de Pobreza del Banco Mundial, bajo la dirección de Louise Cord. Miguel E. Sánchez también realizó aportes importantes.

2Indicadores del Desarrollo Mundial.

3 Esta nota fue escrita por Carolina Rendón y Davide Zucchini, del grupo de Sector Público del Banco Mundial.

4 Ver Comisión Europea, 2012. “Elaboración de un informe de gasto público y de rendición de cuentas en medición desempeño PEFA¨. Informe final.

5El Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO) de la Comisión Treadway es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado, que se estableció en los Estados Unidos y se dedica a ofrecer liderazgo de opinión a las administraciones ejecutivas y las entidades dedicadas al buen gobierno respecto de los aspectos cruciales del buen gobierno de la organización, la ética empresarial, el control interno, la gestión del riesgo empresarial, el fraude y los informes financieros. El COSO estableció un modelo común de control interno a partir del cual las empresas y organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control.

6Un sistema de adquisiciones electrónicas permite a las pequeñas y medianas empresas ofrecer sus productos y servicios a una mayor cantidad de instituciones gubernamentales, lo que aumenta la competitividad. Para el mediano plazo, los acuerdos marco han resultado herramientas eficaces para aumentar el ahorro. Por ejemplo, Panamá pudo ahorrar alrededor del 50% del presupuesto para combustibles.

7 Banco Mundial (2012), Mejoramiento de la calidad del gasto público en la República Dominicana, pág. 33

8 Esta nota ha sido elaborada por Andrea Gallina, del grupo de Desarrollo Social del Banco Mundial.

9 Tsikata y Senderowitsch, 2010.

10 PNUD, 2008.

11 Cardoso y Young, 2002; Artana y otros, 2006; Marsteintredet, 2010.

12 Keefer, 2002.

13 Kaufmann y otros, 2012, Kitschelt, 2011.

14 Keefer, Philip & Vlaicu, Razvan, 2005. "Democracy, credibility and clientelism," Policy Research Working Paper Series 3472, The World Bank.



15 Rosario Espinal y otros, 2012.

16 Los indicadores mundiales de buen gobierno son un conjunto de datos de investigación que resumen las opiniones sobre la calidad de la gestión de gobierno proporcionadas por un grupo de encuestados conformado por empresas, ciudadanos y expertos de países industriales y en desarrollo. Estos datos se obtienen de instituciones dedicadas a la realización de encuestas, centros de estudio, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas privadas. Los indicadores mundiales de buen gobierno no reflejan las opiniones oficiales del Banco Mundial, sus directores ejecutivos ni los países que representan. El Grupo del Banco Mundial no utiliza los indicadores mundiales de buen gobierno para asignar recursos. Los seis indicadores mundiales de buen gobierno son los siguientes: 1) Representación y rendición de cuentas, que abarca las percepciones relativas a la medida en que los ciudadanos de un país pueden participar en la selección de su Gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. 2) Estabilidad política y ausencia de violencia, que mide las percepciones relativas a la probabilidad de que el Gobierno sea desestabilizado o derrocado a través de medios inconstitucionales o violentos, incluidos el terrorismo y la violencia de origen político. 3) Eficacia del Gobierno, que abarca las percepciones relativas a la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y su grado de independencia respecto de las presiones políticas, la calidad de la elaboración y ejecución de políticas y la credibilidad del compromiso del Gobierno con tales políticas. 4) Calidad normativa, que abarca las percepciones relativas a la capacidad del Gobierno de elaborar y ejecutar políticas y reglamentaciones racionales que permitan y fomenten el desarrollo del sector privado. 5) Estado de derecho, que capta percepciones relativas al grado de confianza de los agentes en las reglas de la sociedad y su nivel de acatamiento, incluidos la calidad del cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de que se cometan delitos y actos de violencia. 6) Control de la corrupción, que abarca las percepciones relativas a la medida en que se ejerce el poder público para el beneficio privado, incluidas las formas de corrupción en pequeña y gran escala, y el control del Estado por minorías selectas e intereses privados.

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 En el índice, las instituciones públicas hacen referencia a los derechos de propiedad, la ética y la corrupción, la influencia indebida, la ineficiencia gubernamental y la seguridad.


18 Global Partnership for Social Accountability

19 La función del Auditor General (AG) fue crucial para recuperar los fondos: el AG descubrió que más de 550 funcionarios del Ministerio estaban en la lista de receptores y les pidió que devolvieran alrededor de US$400 000 que habían recibido en 2009, y también que 18 023 productores estaban en la lista de receptores con más de un número de identificación, y que 323 026 beneficiarios eran mayores de 75 años, que es una cifra muy dudosa para ese rango de edad en las zonas rurales. Lamentablemente, si bien el Gobierno ha iniciado algunos cambios en el diseño de las políticas luego de la demanda popular de mayor transparencia y rendición de cuentas, no ha completado la reforma del programa; por ejemplo, aún no se han divulgado los nombres de los receptores individuales, lo cual limita la supervisión cívica efectiva; y ha tenido una menor eficacia en la resolución de los problemas estructurales en el funcionamiento de las instituciones de rendición de cuentas en México.

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 Según la opinión de expertos internacionales, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública podría mejorarse para alcanzar los estándares internacionales (Guerrero y Sepúlveda, 2012). En particular, la actual Ley General de Libre Acceso a la Información Pública requiere que los solicitantes definan su condición y justifiquen por qué solicitan la información (Artículo 7). Aunque la reglamentación de la Ley procure atenuar esto aclarando que la justificación simplemente puede indicar que “el solicitante tiene interés en la información solicitada" (artículo 15), en realidad, la autoridad tiene la facultad para denegar las solicitudes de acceso sobre la base de que la condición y justificación del solicitante son insuficientes. Finalmente, si bien la Ley establece que la información es gratuita, también reconoce que se aplican costos para su recuperación y para la gestión de la solicitud cuando se indican motivos relacionados con los fines de lucro (un concepto sumamente subjetivo). Para evitar que los costos sean excesivos, la Ley prevé apelaciones y considera “grave” la falta de respuesta de forma oportuna. Sin embargo, no establece un procedimiento efectivo para el seguimiento o las sanciones ni tampoco establece un garante u organismo gubernamental para garantizar el derecho del acceso a la información. La Ley estipula que si se rechaza una solicitud, se puede realizar una apelación a la máxima autoridad de cada institución, que tomará una decisión acerca de la información. Luego de esto, se puede apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa.

21Esta nota fue elaborada por Sarah Keener, del grupo de Desarrollo Social del Banco Mundial.


22“Desafíos y oportunidades para la mejora en la transparencia y rendición de cuentas del Estado”.

23.Datos sobre 5507 municipios brasileños en los que se establece una comparación entre los municipios que adoptaron la presupuestación participativa y los que no lo hicieron, además de un control de las condiciones, el sesgo de selección y la heterogeneidad (Aslop y otros, 2002).

24 Además de las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil incluye las organizaciones religiosas, los grupos comunitarios, los sindicatos, las universidades, los centros de investigación y las organizaciones representativas del sector privado, entre otros.

25 La ley requiere que la Cámara de Cuentas ponga a disposición del público toda la información solicitada para garantizar el conocimiento público de las acciones del Gobierno.

26 Barómetro de la Américas, 2012.

27 Tejada, Milton. 2011. Impacto socioeconómico de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana. Alianza ONG.

28Esta nota ha sido elaborada por Doyle Gallegos, Arturo Muente-Kunigami, Junko Narimatsu, Pau PuigGabarro y Eva Clemente Miranda, del grupo de Tecnologías de la Información del Banco Mundial.

29 El Plan Bienal de Proyectos de Desarrollo para el período 2012-13 incluye las actividades y los fondos que no se ejecutaron en su totalidad durante el período 2009-11.

30 Fuente: INDOTEL y base de datos Indicadores del desarrollo mundial.

31 Si bien depende de cada país, se propone el 5% del ingreso per cápita como un monto promedio asequible para el servicio de Internet fijo de banda ancha.

32 Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2010.

33 El Foro Económico Mundial, en su informe mundial sobre tecnología de la información de 2012, ubica a la República Dominicana en el puesto 74 y 73 de 142 países en cuanto al "carácter prioritario que para el Gobierno tienen las TIC" y la "importancia de las TIC en la visión del Gobierno", respectivamente. Con respecto al índice de desarrollo del sistema de gobierno electrónico de las Naciones Unidas, el país cayó del puesto 64 en 2008 al puesto 89 en 2010, lo que posiciona a la República Dominicana por debajo de otros países del Foro del Caribe, como Barbados (40), Antigua y Barbuda (55) y Trinidad y Tabago (67).

34 El instrumento de evaluación se encuentra disponible en http://personal.crocodoc.com/7yQvCzX

35Nota sobre política elaborada por Juan Buchenau, Liliana Pozzo y Karina Baba, del Grupo de Acceso a Financiamiento del Banco Mundial.

36 “Scaling-Up SME Access to Financial Services in the Developing World” (IFC, 2010).

37“SMEFinanceForum.org: Overview presentation” (IFC and Global Partnership for Financial Inclusion, 2013).

38 “República Dominicana: de la Crisis Financiera Internacional al Crecimiento para Todos” (World Bank, 2010).

39“Enterprise Surveys: Dominican Republic Country Profile 2010” (World Bank Group, 2010).

40“Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World” (World Bank Group, 2011).

41Referencia: China.

42Referencia: Chile.

43 Ejemplos: Brasil, Perú

44 Esta nota sobre políticas se basa en los principios generales de la misión de evaluación de los servicios de remesas de abril de 2012. El equipo de la misión estuvo formado por: Isaku Endo, Jane Hwang (ambos del Banco Mundial), Natasha Bajuk (Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo) y Paloma Monroy (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos).

45 Bendixen y asociados, “Encuesta sobre remesas en Haití”, encomendada por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, marzo de 2007.

46http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/0,,contentMDK:23285048~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:478060,00.html

47www.enviacentroamerica.org es un sitio web público que respalda la transparencia del mercado al proporcionar información sobre los precios de las remesas enviadas desde los Estados Unidos a los países centroamericanos y la República Dominicana.

48Esta nota ha sido elaborada por Diego Arias y Pablo Valdivia del grupo de Desarrollo Agrícola del Banco Mundial.

49 OFDA/CRED Base de Datos Internacional de Desastres.

50 AGRODOSA ofrece pólizas multi-riesgos las cuales se basan en la medición en campo de las pérdidas en el rendimiento de los cultivos asegurados.

51Mahul, O. y Stutley, C. (2010).Apoyo del Gobierno para el seguro agrícola: desafíos y opciones para países en vías de desarrollo (Traducción propia del Inglés), Washington, DC.

52 En el 2006, se llevó a cabo un estudio de factibilidad en donde se vincula un seguro de índice ENSO con el riesgo del portafolio financiero de microfinancieras en el Norte de Perú. El impacto económico de El Niño ha sido uno de los factores que ha limitado el acceso al crédito agropecuario; en este sentido, el estudio apuntaba a desarrollar un seguro que permitiera reducir la exposición al riesgo por parte de las entidades microfinancieras con la finalidad que éstas pudieran mantener o aumentar los créditos agropecuarios (Skees, Hartell, y Murphy, 2007).

53Esta nota ha sido elaborado por Michel Matera y Rolando Duran, con el apoyo de Marjaana Hypponen y Luis Aviles, del grupo de Gestión de Riesgo de Desastres del Banco Mundial.

54El Índice de Déficit por Desastres (IDD), muestra la capacidad económica del país frente a desastres extremos.
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