Ecuador está en una ruta contraria a la democracia



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ECUADOR ESTÁ EN UNA RUTA CONTRARIA A LA DEMOCRACIA

Un plan iniciado en noviembre para capturar las instituciones concentra el poder en el coronel Gutiérrez… en


beneficio de Abdalá Bucaram.
Luis Pásara

Perú.21 13/03/2005

La primera movida de pieza ocurrió el 25 de noviembre: siete de los nueve miembros del Tribunal Constitucional fueron reemplazados por el Congreso. Esta medida tenía como objetivo que las siguientes de un plan antidemocrático no encontraran reparo en el Tribunal Constitucional, recompuesto según las necesidades de la alianza política constituida entre el coronel Lucio Gutiérrez, el Partido Roldosista Ecuatoriano –que encabeza el ex presidente prófugo Abdalá Bucaram– y el PRIAN, del empresario bananero Álvaro Noboa, aspirante a suceder a Gutiérrez en la presidencia.


El coronel Gutiérrez llegó a la presidencia con un discurso radical y con el apoyo de las organizaciones indígenas. Como Alberto Fujimori, respecto al ‘shock’económico, cambió de posición apenas llegó al poder y se libró de los aliados que le habían hecho posible llegar a la presidencia. Se sometió entonces al Fondo Monetario Internacional y se convirtió en aliado de Washington, que hasta antes de su elección le había mostrado sus recelos.
El 8 de diciembre, el Congreso movió la siguiente ficha: destituyó a los 27 miembros de la Corte Suprema, echando mano a una disposición constitucional que, en verdad, no otorgaba a los parlamentarios ninguna facultad para dar este paso. Pero con 52 votos sobre cien, en el Congreso, la nueva mayoría política había inaugurado una política sin barreras.
Renovada la Corte, ha emprendido varias tareas: purgar a los jueces de las demás instancias, nombrar el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, designar a todas las autoridades electorales y revisar los nombramientos de notarios. Mientras tanto, el Congreso se ocupa de designar al fiscal general, al contralor y al defensor del pueblo. El poder institucional resulta así redefinido por una total concentración.
El argumento político que da el coronel Gutiérrez consiste en que el ex presidente León Febres Cordero controlaba todas las instituciones. Razones no le faltan para sostenerlo. La Corte Suprema se hallaba en manos de partidarios de este otro viejo personaje de la política ecuatoriana.
La corrupción resultante fue muy alta. Varios de los miembros de la Corte habían sido señalados por una cuidadosa investigación del diario El Comercio de Quito como enriquecidos súbitamente en la función. El diario El Universo difundió que publicaciones internacionales advertían "a los inversionistas extranjeros que venían al Ecuador que harían bien en contratar los servicios legales de ciertos políticos y diputados", dado que "un determinado grupo político tenía un ejército de jueces" a su disposición.
Ahora, el Gobierno asegura que todos los recién nombrados se hallan temporalmente en los cargos –aunque los interesados no concuerdan con esa interpretación–, hasta que se diseñe una reforma política que sea sometida a consulta popular. Mientras tanto, los analistas de los diversos medios de comunicación coinciden: Ecuador se halla bajo un régimen de facto.
Contra la purga de la Corte Suprema se han pronunciado federaciones de cámaras de comercio y asociaciones de bancos, los alcaldes de las ciudades más importantes –incluidos los de Quito y de Guayaquil– la Iglesia Católica y la asociación de radiodifusión y televisión. El 16 de febrero, una gigantesca marcha cruzó Quito en protesta contra el golpe de Estado técnico dado por Lucio Gutiérrez, pese a que el Gobierno organizó una contramarcha a la misma hora y a poca distancia de la primera, con el objeto de disuadir la participación de opositores.
Desde Panamá, Bucaram no ha contenido su regocijo. Al día siguiente de la destitución de la Corte, declaró a los periodistas: "Éste es un regalo de Navidad". Razón no le falta para la alegría. Declarada vacante la presidencia durante su mandato, Bucaram se halla, desde 1997, en Panamá porque tiene dos procesos abiertos en Ecuador, que deben ser resueltos, precisamente, por la Corte Suprema. Ambos procesos se refieren a disposición irregular de fondos públicos; uno de ellos corresponde al cobro de varios cheques en el Banco Central del Ecuador, de los fondos reservados, en el último día de su gobierno. Un testigo de la operación de traslado de billetes, en fardos de yute, ha aparecido muerto.
Bucaram busca que la Corte lo absuelva y no esperar en Panamá que sus delitos prescriban en 20 años. Su aliado político circunstancial, Álvaro Noboa, intenta abrirse paso hacia la presidencia. Y el coronel Gutiérrez persigue, con una Corte adicta, quedar al abrigo de cualquier proceso que pudiera abrírsele debido a sus excesos en el poder.
Además de las protestas internas, el ataque a la Corte ha sido censurado por Transparencia Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional

de Juristas. Una solicitud cursada al relator sobre independencia de los jueces, de Naciones Unidas, ha hecho que éste solicite un informe al gobierno de Gutiérrez, dado que Ecuador ha ratificado convenios internacionales que establecen la independencia de la justicia.


Los magistrados cesados de la Corte Suprema han denunciado el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, a la dictadura de Fujimori, la reposición de los miembros del Tribunal Constitucional que éste cesara. La embajada estadounidense ha manifestado levemente preocupación por la situación.
El nuevo presidente de la Corte Suprema ‘de facto’ –que es como se le conoce ahora en Ecuador– integra el partido de Bucaram, fue Fiscal General durante su gobierno y es amigo personal suyo. Guillermo Castro es un personaje pintoresco de la política que ha declarado en una entrevista que su mejor amigo es "un hombre que chupa cuatro días y no le pasa nada", y ha anunciado que no se excusará de resolver los procesos contra su amigo Bucaram.
Los dirigentes de la cruzada contra el Gobierno, que atraviesa ahora Ecuador, han sido golpeados, han recibido amenazas de muerte o han visto baleadas sus casas. Estos signos anuncian que el gobierno de Lucio Gutiérrez está dispuesto a valerse de cualquier medio para llevar al país por una ruta totalitaria, en beneficio de él y de sus socios.


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