Educación y comercio septiembre de 2016 Organización Mundial del Comercio (omc)



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EDUCACIÓN Y COMERCIO
Septiembre de 2016



  1. Organización Mundial del Comercio (OMC)

Los miembros de la OMC no han logrado alcanzar un acuerdo para concluir la Ronda de negociaciones, iniciadas en 2001, del Programa de Doha para el Desarrollo​. Ello ha puesto en tela de juicio la relevancia y existencia futuras de la OMC. Roberto Azevêdo, Director General de la OMC, ha advertido, en repetidas ocasiones, sobre la “parálisis” y la “crisis existencial” a la que está sometida la organización, ahora que muchos de sus principales miembros están negociando la liberalización comercial fuera de la OMC. Los acuerdos de libre comercio que describimos a continuación son consecuencia de la parálisis de la OMC la cual, a su vez, provoca su pérdida de relevancia. Hay, no obstante, algunas excepciones menores a este estancamiento, como el Paquete de Bali, acordado durante la Novena Conferencia Ministerial, en diciembre de 2013. Durante la Décima Conferencia Ministerial, de diciembre de 2015, se alcanzó un acuerdo sobre la abolición de los subsidios a la exportación de los productos agrícolas. Sin embargo, no se logró el objetivo de concluir la ronda de Doha; al contrario, en la Declaración de Nairobi, los miembros de la OMC reconocieron su división con respecto al futuro de dicha ronda de negociaciones. Recientemente, la OMC está haciendo especial hincapié en el comercio electrónico, y se prevé que la próxima conferencia ministerial (diciembre de 2017) se dedicará especialmente al comercio electrónico, para responder a la necesidad de una actualización, dadas las transformaciones que se están produciendo. Además, se trata de un tema comparativamente novedoso para los negociadores de la OMC y que no ha encontrado, hasta ahora, obstáculos ​—como ha sucedido con otros ámbitos debatidos desde hace mucho tiempo​—. En palabras de Azevedo: “A pesar de que no está claro aún lo que puede hacerse, creo que, si manejamos las expectativas e intentamos hacer las cosas desde el equilibrio, incluyendo tanto los intereses de las economías avanzadas como los de los países en desarrollo, podrán ver resultados interesantes”. Será crucial hacer un seguimiento de los temas relacionados con el comercio electrónico en la OMC, sobre todo en lo que respecta a la educación y el comercio electrónico, dado el desarrollo del aprendizaje virtual y los materiales pedagógicos electrónicos.




  1. El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG)

Las negociaciones entre Canadá y la Unión Europea sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA, por sus siglas en inglés) comenzaron en mayo de 2009 y concluyeron oficialmente en octubre de 2014. La firma del AECG está prevista el 27 de octubre de 2016, coincidiendo con la Cumbre UE-Canadá que tendrá lugar en Bruselas. Durante la reunión informal sobre comercio mantenida por la Unión Europea el 23 de septiembre se acordó una declaración conjunta sobre la prestación de servicios públicos, derechos laborales y protección del medio ambiente, en relación con el AECG, que se presentará a los Estados miembros de la UE, el 12 de octubre, antes de la reunión del Consejo de Comercio del 18 de octubre, en la que los ministros de Comercio tienen previsto aprobar el AECG. La Comisión Europea remitió el AECG al Consejo, para su aprobación, en julio de este año. La Comisión Europea propuso el AECG como un acuerdo mixto, aplicable provisionalmente después de recibir la aprobación del Consejo y del consentimiento del Parlamento Europeo. El texto del AECG, consolidado legalmente y revisado, está publicado en el sitio web de la UE, en todos los idiomas oficiales. El gobierno canadiense está promoviendo el AECG y se muestra mucho más abierto a reunirse y consultar con los sindicatos que el anterior gobierno. Se espera que el proceso de ratificación sea rápido en Canadá, ya que su Constitución confiere al Gobierno Federal la competencia exclusiva para regular el comercio y los intercambios.


El acuerdo AECG sirve de guía a negociaciones más controvertidas, como el Acuerdo de Asociación Transatlántico (TTIP). El AECG se ve, por lo tanto, como un campo de pruebas para otros acuerdos de comercio similares que se están negociando en estos momentos, como el TTIP. En consecuencia, si se ratifica el AECG, será difícil tener argumentos en contra del TTIP y otros acuerdos de la misma índole. El AECG incluye varias cuestiones muy preocupantes con carácter general y, en particular, con respecto a la prestación de servicios públicos, como la educación. El AECG incluye, entre otras cosas, el controvertido, aunque reformado, mecanismo de Solución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS), que ahora se presenta con el nombre de Sistema de Tribunales de Inversión; la cláusula de mantenimiento del statu quo y de trinquete, que blinda el nivel de liberalización existente; nuevas limitaciones a las medidas legislativas y nuevas normas en materia de contratación pública. Los servicios constituyen uno de los principales componentes del AECG y una de las partes que más tiempo llevó negociar. La UE ha contraído importantes compromisos en cuanto a los servicios de educación prestados por el sector privado, aunque los compromisos varían ligeramente entre los distintos Estados miembros, debido a las exenciones específicas adoptadas. En otras palabras, la UE y sus Estados miembros están, de hecho, abriendo la puerta a proveedores extranjeros de servicios de enseñanza con ánimo de lucro y ampliando los derechos a inversores privados más allá de cualquier compromiso comercial vigente. Un problema relacionado con la inclusión de los servicios de enseñanza privados en los acuerdos comerciales se deriva de la mezcla del carácter público y privado que caracteriza a la mayoría de los sistemas educativos. Es más, no hay ni una sola mención en el acuerdo a la excepción de los servicios públicos o servicios de interés general, solo se menciona la autoridad del gobierno que no es adecuada para proteger servicios públicos como la educación. En consecuencia, AECG amenaza con afianzar e intensificar las presiones que la privatización y la comercialización ejercen sobre la educación.
El Parlamento Europeo aprobó en 2011 unas recomendaciones sobre el AECG que abogan por un mecanismo de solución de conflictos Estado-Estado y por la utilización de remedios judiciales locales, para abordar los conflictos de inversión, teniendo en cuenta lo desarrollado de los sistemas jurídicos de Canadá y la UE. Un estudio que compara el acuerdo AECG con las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el TTIP demuestra que el AECG se desvía significativamente de las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el TTIP. El Parlamento Europeo está a la espera de que el Consejo apruebe el AECG para comenzar su propio procedimiento. Probablemente, el debate sobre el AECG en el Parlamento Europeo comenzará este otoño y, posiblemente, se votará a principios de 2017.



  1. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)

Las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) fueron propuestas por los Estados Unidos y Australia a principios de 2012 y comenzaron en 2013, como respuesta al estancamiento de las negociaciones en la OMC, en concreto de las conversaciones para la ampliación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Los participantes se denominan a sí mismos "Really Good Friends of Services" (los mejores amigos de los servicios) y defienden, con ahínco, la liberalización de los servicios. Hasta ahora se llevaron a cabo 20 rondas de negociaciones. La última de ellas tuvo lugar en la semana del 19 de septiembre. La próxima estaba prevista para la semana del 7 de noviembre pero las partes, en un intento por concluir las negociaciones antes de que acabe la Administración del Presidente Obama, se han propuesto finalizar el acuerdo del 5 al 6 de diciembre y celebrar una ronda de negociaciones a mediados de octubre. Las negociaciones se eternizaron inicialmente, aunque según el informe de la Comisión Europea sobre la 19ª ronda de negociaciones, los negociadores del TISA se comprometieron a hacer balance y a actualizar su programa de trabajo, con objeto de concluir las negociaciones antes de finales de año. Las ofertas revisadas que se pusieron sobre la mesa en mayo de este año, se discutieron durante la 19ª ronda y, en octubre, se presentará una segunda revisión de las ofertas. Algunas partes presentaron análisis complementarios sobre la educación privada, los servicios jurídicos y los nuevos servicios y el Modo 4.


El TISA está siendo negociado por la UE, Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Corea del Sur, Suiza, Turquía y los Estados Unidos. Uruguay y Paraguay abandonaron las negociaciones en 2015. En el caso de Uruguay, debido a la oposición de la opinión pública a las posibles graves consecuencias que podría tener el TISA.
Dado que las negociaciones se mantienen en secreto, apenas se conocen los detalles del TISA propuesto. Después de varias filtraciones, la Comisión Europea creó una página dedicada al TISA, en un intento de mostrarse más transparente. Sin embargo, el TISA continúa siendo una de las negociaciones comerciales más secretas. En la UE, el mandato del TiSA se publicó casi dos años después de su adopción. La Comisión Europea publicó la oferta de servicios inicial de la UE (2013) y la oferta de servicios revisada (2016) en una página dedicada al TISA. Ambas ofertas de servicios incluyen compromisos significativos respecto a servicios de enseñanza financiados con fondos privados, aunque dichos compromisos varían ligeramente entre los distintos Estados miembros de la UE debido a las exenciones específicas adoptadas. Es decir, la UE y sus Estados miembros están, de hecho, abriendo la puerta a proveedores extranjeros de servicios de enseñanza con ánimo de lucro. Preocupa especialmente que la Comisión Europea haya solicitado los Estados miembros que reconsideren y limiten sus reservas adoptadas en el AECG para las negociaciones del TISA (y del TTIP). En el texto principal del acuerdo propuesto por la UE no hay ni una sola referencia a exenciones para los servicios públicos o los servicios de interés general. En la oferta de servicios revisada de la UE se modificó la definición de educación pública que ahora es más acorde a la definición más general1 incluida en el AECG. En la primera oferta de servicios del TISA sólo se hacía referencia a la “educación pública”.
Otra cuestión problemática es la reserva de servicios públicos de la UE, que no está claramente definida2. Esta falta de claridad coloca al sector de la enseñanza en una posición vulnerable porque no lo incluye en ninguno de los ejemplos enumerados en la reserva de servicios públicos. Es más, desde la UE-Singapur la UE no parece considerar la educación como un servicio público, ya que no incluye una nota al pie de página a la cláusula de servicio público en los servicios de educación financiados de manera privada, como sucede con otros servicios públicos, como la sanidad y los servicios sociales. También preocupa la relación entre los servicios de enseñanza y el comercio electrónico, que cada vez es mayor, dado el desarrollo de la educación virtual y los materiales pedagógicos digitales.
El Parlamento Europeo aprobó sus recomendaciones sobre el TISA el 3 de febrero de 2016. Las recomendaciones subrayaban la necesidad de que “excluya los servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y futuros del ámbito de aplicación del acuerdo (en particular, pero no exclusivamente, el agua, la sanidad, los servicios sociales, los sistemas de

seguridad social y la educación, la gestión de los residuos y el transporte público)”. El Parlamento reiteró que las autoridades de la UE, nacionales y locales debían mantener el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos. El Parlamento Europeo dispuso, además, que dicha exclusión debía aplicarse independientemente de cómo se prestan y se financian los servicios públicos, e instó a la Comisión Europea a reconocer el gran apego que la ciudadanía europea confiere a los servicios públicos de calidad, vectores de la cohesión social y territorial. El Parlamento Europeo reclama, asimismo, busque introducir una cláusula clara de referencia

(tipo «regla de oro»), que podría incluirse en todos los acuerdos comerciales y que garantizaría que la cláusula relativa a los servicios públicos se aplicase a todos los modos de suministro y a todos los servicios considerados servicios públicos por las autoridades europeas, nacionales o regionales en todos los sectores y con independencia de la situación de monopolio del servicio.
Esto incluiría la educación, que no estaba incluida anteriormente. Sólo con unas pocas notas, las recomendaciones rechazaron la inclusión de las cláusulas de mantenimiento del status quo y de trinquete que imposibilitarían dar marcha atrás a las liberalizaciones ya vigentes y propiciarían niveles cada vez mayores de liberalización. El Parlamento Europeo aboga por tener la suficiente flexibilidad para devolver a manos públicas los servicios de interés económico general, y mantener el derecho de la UE y de los Estados miembros a modificar su nivel de liberalización.



  1. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es un acuerdo general sobre comercio e inversiones que están negociando la Unión Europea y los Estados Unidos. Las conversaciones tienen como objetivo reducir o eliminar las barreras al comercio de los bienes y servicios, garantizar los derechos de los inversores y promover la cooperación legislativa. Las negociaciones del TTIP comenzaron en julio de 2013 y ya han tenido lugar 14 rondas de negociaciones. La última de ellas se celebró en Bruselas, del 11 al 15 de julio y, la próxima, está prevista del 3 al 7 de octubre. Las negociaciones se han eternizado y, recientemente, varios ministros de Estados miembros de la UE han expresado su frustración con las negociaciones del TTIP y sugerido que se suspendan o se relancen con otro nombre. Sin embargo, es demasiado pronto para declarar fracasadas las negociaciones y la Comisión Europea ha indicado su interés en mantener otras rondas en los próximos meses, aunque ha reconocido que hay escasas probabilidades de que las negociaciones finalicen durante la administración de Obama. Debido a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el próximo noviembre, las negociaciones quedarán probablemente paralizadas hasta que tome posesión la próxima Administración. El trabajo de base de los negociadores comenzó en 2011, cuando la UE y los Estados Unidos establecieron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, con el mandato de explorar la viabilidad y los beneficios potenciales de un acuerdo general sobre comercio que abarque todos los sectores. El grupo de trabajo concluyó recomendando el lanzamiento oficial de las conversaciones.


La cuestión más controvertida del TTIP es su mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS). Sus críticos subrayan que las sociedades modernas y democráticas han desarrollado mecanismos de separación de poderes ​—entre el poder legislativo, ejecutivo y el judicial​— y que, en cambio, el ISDS concentra estos poderes y otorga al órgano de arbitraje el facultad de revisar todas las decisiones adoptadas por legisladores, gobiernos y tribunales, no respeta la separación de poderes y carece de las salvaguardias institucionales más básicas de la independencia judicial. En definitiva, socava el proceso de decisión democrático. La Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre el ISDS del TTIP, en marzo de 2014, cuyos resultados publicó el 13 de enero de 2015 mediante un informe que analiza las casi 150 000 entradas recibidas en la consulta pública. El 97 % de las respuestas se oponen a la inclusión del ISDS en el TTIP o se declaran, en general, contra el TTIP. Como alternativa, la Comisión Europea ha propuesto un sistema de tribunales de inversiones para el TTIP. Dicho sistema crearía un sistema público de tribunales de inversiones formado por un Tribunal de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación. Aunque esta propuesta mejora el mecanismo de arbitraje del ISDS, no cambia sus fundamentos, ya que el sistema de tribunales de inversiones estaría disponible sólo a inversores extranjeros, a los que se confieren derechos especiales de los que no disponen la ciudadanía o inversores de la UE. Además, los Estados Unidos expresaron sus reservas con la propuesta de establecer un sistema de tribunales de inversión.
La Declaración de la ETUCE sobre la protección de las inversiones en los acuerdo comerciales de la UE subraya que el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados es imperfecto y contradictorio en la medida en que limita el derecho de reglamentación. Plantea específicamente su preocupación por sus consecuencias para el sector de la educación. A través del ISDS, los proveedores privados podrían, en el futuro, poner en tela de juicio cualquier norma de calidad y acreditación que consideran “barreras encubiertas al comercio” o una obligación comercial “más onerosa de lo necesario”. Como destaca la declaración: “esas normas de calidad y acreditación son esenciales para garantizar la calidad de la enseñanza y, por esta razón, el ISDS plantea riesgos significativos para el sector de la educación y los procesos decisorios democráticos, en general”. En el estudio “Modalities for investment protection and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in TTIP from a trade union perspective”. (Modalidades de protección de las inversiones y solución de conflictos inversor-Estado (ISDS) en el TTIP, desde la perspectiva sindical) encontrarán información más detallada sobre los problemas que plantea dicho mecanismo.
En julio de 2015 se intercambiaron las ofertas sobre servicios revisadas, que en la actualidad están siendo negociadas. De acuerdo con el Informe de la Comisión sobre la 14ª ronda de negociaciones, las partes intercambiaron datos objetivos sobre el alcance de sus ofertas. También se analizaron la normativa nacional y los acuerdos de reconocimiento mutuo y la UE ha puesto en marcha un procedimiento de consulta con los Estados miembros. No se sabe a ciencia cierta si se han resuelto los desacuerdos sobre cómo enfocar las listas. Los Estados Unidos utiliza tradicionalmente una lista negativa mientras que la UE suele utilizar una lista en positivo, pero la oferta sobre servicios de la UE aplica un enfoque híbrido que consiste en una lista negativa en lo que respecta al tratamiento nacional y una lista positiva en lo referente al acceso a los mercados. La Comisión Europea publicó, el 31 de julio de 2015, su primera oferta revisada sobre servicios; no obstante, ha declarado que espera que la mayoría de los cambios que introduzcan más adelante en las negociaciones. El acuerdo marco de la oferta de la UE abarca un abanico muy amplio de servicios y no hace ni una sola referencia a las excepciones para los servicios públicos o servicios de interés general en el ámbito del acuerdo, sólo a la autoridad gubernamental, que no es adecuada para proteger servicios públicos como la educación. Por contra, el acuerdo marco menciona en repetidas ocasiones que las medidas “no deberían ser más onerosas de lo necesario”. Además, la oferta sobre servicios incluye tres anexos. Los Anexos 1 y 2 aplican listas negativas y el Anexo 3 aplica una lista positiva.

La reserva respecto a la educación pública (véase nota al pie 1 en la página 3) mejora la definición incluida en el GATS, sin embargo, continúa siendo una protección limitada debido a que está incluida en los anexos y no en el texto del acuerdo marco. De haber excluido adecuadamente dentro del acuerdo marco se aplicaría a los anexos y las ulteriores revisiones y, por lo tanto, ofrecería una mejor protección a los servicios públicos, entre ellos la educación.


El TTIP pretende incluir disposiciones sobre cooperación en materia de regulación de nuevas normas y estándares y procedimientos de diversa índole, no cubiertos por otros acuerdos comerciales. Además, hay una propuesta para establecer un Organismo de Cooperación Reguladora que congregaría a representantes de organismos reguladores de la UE y los Estados Unidos para monitorizar la aplicación de los compromisos adquiridos y considerar nuevas prioridades de cooperación reguladora, incluyendo el desarrollo conjunto de regulaciones futuras. La Comisión Europea afirma que los negociadores establecerán el marco de dicha cooperación reguladora y que los reguladores se encargarán del “trabajo técnico”. No obstante, la propuesta implicaría que el Consejo de Cooperación consideraría tanto la nueva legislación como los actos no legislativos. La cooperación reguladora podría tener implicaciones graves para el sector de la educación, ya que pretende abarcar los requisitos de autorización, licencia y cualificación.
El Parlamento Europeo aprobó, con una clara mayoría, sus recomendaciones sobre el TTIP, el 8 de julio de 2015. La Comisión de Comercio Internacional (INTA) redactó las recomendaciones, pero otras 14 comisiones, entre ellas la Comisión de Cultura y Educación, participaron también en el proceso.


  1. El Acuerdo de Asociación Económica Transpacífico (TPP)

El Acuerdo de Asociación Económica Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) es un acuerdo general de comercio e inversiones que abarca al 40 % de la economía mundial. El TPP se concluyó el 5 de octubre de 2015, después de más de cinco años de negociaciones en secreto. El 5 de noviembre de 2015 se público el texto completo del TPP y, el 26 de enero de 2016, se publicó el texto verificado legalmente. Las partes contratantes de este acuerdo son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam.


El TPP podría tener repercusiones graves para el sector educativo. En primer lugar, el texto no incluye ninguna excepción para la educación, por lo que el sector queda expuesto a una mayor privatización y comercialización y peligra la educación gratuita, pública y de calidad. El TPP impone, además, nuevas normas restrictivas a la propiedad intelectual e incluye el controvertido mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS), que otorga a los inversores extranjeros derechos exclusivos de llevar ante órganos de arbitraje privados las leyes y reglamentos promulgados nacionalmente que consideren desfavorables para sus negocios. Para más información, véase Nota informativa de la IE sobre el Acuerdo de Asociación Económica Transpacífico (TPP).
No está claro que el TPP vaya a ser aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo no antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. El resto de los países firmantes del TPP también se inclinan a esperar el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.


1 Se lee “La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la prestación de todos los servicios de enseñanza que reciban financiación pública o cualquier forma de apoyo estatal y por lo tanto no se consideren de financiación privada.

La UE, con excepción de CZ, NL, SE, SK, se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la prestación de otros servicios de enseñanza de financiación privada (CPC 929), lo que significa que no se clasifican como servicios de enseñanza primaria, secundaria, superior y de educación de adultos.

Cuando se permita la prestación de servicios de educación de financiación privada por un proveedor extranjero, la participación de los empresarios privados en el sistema educativo puede ser objeto de una concesión asignada sobre una base no discriminatoria.

2“En todos los Estados miembros: los servicios considerados servicios públicos a nivel nacional o local pueden estar sujetos a monopolio público o a derechos exclusivos otorgados a empresarios privados.

Existen servicios públicos en sectores como los de servicios conexos de asesoría en ciencia y tecnología, servicios de investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades, servicios de ensayos y análisis técnicos, servicios relacionados con el medio ambiente, servicios de salud, servicios de transporte y servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte. Se otorgan a menudo derechos exclusivos respecto de esos servicios a empresas privadas, por ejemplo mediante concesiones otorgadas por las autoridades públicas con sujeción a determinadas obligaciones. Como también existen a menudo servicios públicos a nivel descentralizado, no resulta práctica la formulación de listas detalladas y exhaustivas por sectores.

Esta limitación no se aplica a los servicios de telecomunicaciones ni a los servicios de informática y servicios conexos.”



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