El acuerdo humanitario y el rescate militar de los secuestrados politicos a la luz del dih



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EL ACUERDO HUMANITARIO Y EL RESCATE MILITAR DE LOS SECUESTRADOS POLITICOS A LA LUZ DEL DIH

Por ANA CATERINA HEYCK PUYANA1

INTRODUCCION

Colombia ha padecido más de cuarenta años de conflicto armado interno, en donde la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario es el pan de cada día. Diferentes grupos armados ilegales han azotado a la población civil con asesinatos, masacres, torturas, desapariciones, desplazamiento forzado, etc. La práctica del secuestro, cometida tanto por la guerrilla, llámese Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, Ejército de Liberación Nacional ELN o Autodefensas Unidas de Colombia, con sus diferentes grupos, es, sin duda, una de las peores violaciones a los Derechos Humanos y al DIH. En la actualidad tenemos más de tres mil personas secuestradas, dentro de las cuales existe un grupo que es el de los llamados secuestrados políticos por el cual, la guerrilla de las FARC, en concreto, no exige el pago de una suma de dinero para su liberación, sino la realización de un acuerdo humanitario.


El grupo de secuestrados políticos está conformado por 57 personas: 33 miembros de la Fuerza Pública, algunos con más de nueve años de inhumano cautiverio; seis ex congresistas, un ex gobernador, una ex candidata presidencial y su fórmula a la Vicepresidencia, doce ex diputados del Departamento del Valle del Cauca y tres estadounidenses.
Los familiares de los secuestrados políticos llevan años luchando por la realización de un acuerdo humanitario, como única alternativa viable de libertad de sus seres queridos. Han denunciado públicamente a las FARC, responsable directa de la ilegal e inhumana retención de los secuestrados, pero también le han exigido al Gobierno dar pasos concretos para negociar el acuerdo humanitario.
A la luz del Derecho Internacional Humanitario, el secuestro de civiles constituye un crimen de guerra prohibido por el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de 1949, así como también una violación al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A nivel interno, el secuestro también constituye una infracción al Código Penal Colombiano. En relación con la situación de los miembros de la Fuerza Pública, la prolongada retención, las condiciones que padecen y la incomunicación de los cautivos también implican una violación de la normatividad internacional en materia de derechos humanos y de conflictos internos.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de la realización de un acuerdo humanitario, en los términos que se explicarán más adelante. Los Gobiernos de Suiza, España y Francia públicamente se han comprometido con ésta alternativa. La Unión Europea y la Iglesia Católica apoyan también la realización del acuerdo humanitario; sin embargo, el Gobierno del Presidente Álvaro parece ofrecer como única salida el rescate militar de los secuestrados políticos.
Como bien lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año de 1997, con el caso “Tablada”, en los países con conflicto armado la legislación de los derechos humanos es insuficiente y por ende es necesario acudir al Derecho Internacional Humanitario que la complementa.
Para la Comunidad Internacional, la vía armada no es la solución al conflicto armado colombiano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de mayo de 2006, concluyó que la compleja, prolongada y dolorosa situación de Colombia requiere desactivar a los actores armados mediante mecanismos de negociación. La negociación política, tarde que temprano, será la única forma de avanzar en la pacificación del país. Pero en el entre tanto, mientras se dan las condiciones de esa salida negociada es indispensable lograr, por lo menos, el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Por lo anterior, en este documento se explica qué es el acuerdo humanitario, cuáles son los antecedentes fácticos y normativos de dicha figura y, de manera especial, toda la problemática del rescate militar ordenado por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe.


1. ACUERDO HUMANITARIO – DEFINICION, CONCEPTO, ANTECEDENTES.
1.1 Definición, antecedentes fácticos.
¿Qué se entiende por acuerdo humanitario? Unos hablan de intercambio humanitario, otros de canje de guerrilleros presos por personas secuestradas, los abogados internacionalistas se refieren al Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra y a los Convenios Especiales de Derecho Internacional Humanitario. En efecto, todo esto tiene que ver, el propósito es el mismo: la búsqueda de una fórmula de libertad para los secuestrados, la humanización o regularización del conflicto armado, la disminución o cese del flagelo del secuestro en Colombia2.
A pesar de que hay quienes dicen que un intercambio de guerrilleros presos por secuestrados legalmente no es posible, porque sería tanto como equiparar personas de bien con delincuentes y ponerlos todos en la misma balanza, que además el Gobierno no puede ceder ante el chantaje de la guerrilla y que, por ende, no debe permitir la más mínima concesión excarcelando presos o desmilitarizando zonas del territorio nacional para dialogar sobre el tema, la verdad es que en la historia de Colombia, lejana y reciente, han existido múltiples antecedentes, en donde se han hecho concesiones para lograr la libertad de personas, que han sido secuestradas en diferentes circunstancias, y todos estos casos han tenido un mismo común denominador: la aceptación general de la opinión pública ante los positivos resultados de libertad de ciudadanos.
En el año de 1970, fue secuestrado el padre del ex ministro del interior del Gobierno Uribe, Fernando Londoño Hoyos, quien dicho sea de paso, ha sido uno de los grandes opositores del acuerdo humanitario y de un despeje del territorio para la negociación. En aquella oportunidad, el secuestrado, el también ex ministro de Estado, Fernando Londoño y Londoño, le mandó una carta al Presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, en la que jurídicamente justificó la prelación de su derecho a la vida por encima del derecho de la sociedad de castigar el delito:
En el supuesto que mis hijos o mis familiares estén en posibilidad de negociar mi rescate yo no creo que moralmente puede el poder político dificultar y hacer imposible el primero de los derechos humanos que es el de la legítima defensa a la vida”….”frente al derecho de la sociedad para castigar el delito se levanta en este caso el derecho de un hombre a la vida”3.
El Presidente Lleras decretó, en el mes de julio de aquel año, la desmilitarización de una zona del territorio del viejo Caldas y el doctor Londoño y Londoño fue liberado, después de que sus familiares negociaron con sus captores, guerrilleros del ELN, y pagaron como rescate una cuantiosa suma de dinero4.
Diez años después, en abril de 1980, se dio el acuerdo para la liberación de los rehenes de la toma a la embajada de República Dominicana por la guerrilla del M-195. Sesenta días duraron las negociaciones entre esa guerrilla y el Gobierno del Presidente Turbay Ayala, en ellas se contó con la colaboración de la Organización de Estados Americanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun cuando el M-19, en un principio, pedía la liberación de trescientos guerrilleros presos, se acordó finalmente la excarcelación de tres y su salida del país, con destino a Cuba, así como de los mismos participantes y responsables del secuestro de los embajadores. Fidel Castro acogió, entonces, a los dirigentes del M-19, que habían participado en la toma, y el mundo enteró registró con satisfacción la gestión del gobierno Turbay y el positivo desenlace de la liberación de los secuestrados6.
El caso del secuestro del hermano del expresidente César Gaviria y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, es otro importante de mencionar7. El 2 de abril de 1996 fue secuestrado el arquitecto Juan Carlos Gaviria por miembros del grupo JEGA. Tras setenta días de cautiverio, en condiciones muy precarias, y gracias a la intermediación del Gobierno cubano y del director de la Policía, liberaron a Juan Carlos Gaviria. El Gobierno cedió con la excarcelación del llamado comandante Bochica, miembro del JEGA, que estaba purgando pena en la cárcel La Picota, junto a una decena de presos de dicha organización. Todos salieron libres para Cuba8.
Un año después, en junio de 1997, bajo el gobierno del Presidente Samper, se dio la famosa liberación de Cartagena del Chairá, en donde sesenta soldados y diez infantes de marina recobraron su libertad. Aunque en esta oportunidad no hubo canje como tal de guerrilleros presos por secuestrados, el Gobierno realizó una concesión bastante importante, que fue la desmilitarización de 13.161 kilómetros cuadrados en el Departamento del Caquetá, durante treinta y dos días9.
Finalmente, en junio de 2001, bajo el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana y en medio del proceso de paz que se llevaba en el Caguán, se acordó, bajo la Ley de Orden Público, el intercambio de guerrilleros presos por soldados retenidos por razones de salud y enfermedad10. El acuerdo, como tal, consistió en que el Gobierno se comprometió a entregar a quince guerrilleros enfermos y las FARC a liberar a un coronel y a cuarenta y dos soldados y policías enfermos y unilateralmente a un número no inferior a cien militares. El resultado final fueron catorce guerrilleros a cambio de trescientos uno miembros de la fuerza pública. El soporte jurídico para el intercambio versó en la condición de enfermedad de los beneficiarios, bajo el supuesto entendido de que el DIH solo permitía un intercambio en estas condiciones. Como se dijo, la legislación que directamente se aplicó fue la Ley 418 del 98 o Ley de Orden Público y no propiamente el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra, aun cuando en el texto del acuerdo se hizo referencia a un párrafo que expresamente excluye cualquier interpretación de reconocimiento de beligerancia. Para la implementación del acuerdo, el Gobierno expidió el Decreto 1072 de 2001, según el cual: “A instancias del Ministerio de Justicia, el procurador delegado del proceso judicial de cada uno de los excarcelables solicitará la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena ante el funcionario judicial respectivo, quien debe proceder de plano11.”

1.2 Antecedentes normativos.

Para fines de los setenta, el Comité Internacional de la Cruz Roja pretendió unificar el Derecho Internacional Humanitario para todos los conflictos armados. Se aprobaron dos Protocolos diferentes adicionales a los Convenios de Ginebra: El Protocolo I, que es aplicable a los conflictos armados de carácter internacional y el II, a los de carácter interno. En éste segundo, que complementó el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra, la toma de rehenes también quedó expresamente prohibida.


El Artículo 3 Común contiene las prohibiciones mínimas que deben respetar las partes de un conflicto armado de carácter no internacional, de ahí que se le llame convención en miniatura. En el segundo numeral tiene la regulación de los acuerdos especiales, según los cuales, las partes en conflicto pueden pactar la aplicación del resto de disposiciones de los Convenios de Ginebra, en otras palabras, de “ampliar” ese mínimo humanitario establecido en el Artículo 3 Común.
Para algunos tratadistas, las partes en conflicto solamente pueden pactar nuevas obligaciones de respetar el DIH que no estén incluidas en el texto del Artículo 3 Común y, por eso, argumentan que no es viable pactar sobre la disminución o cese del secuestro, toda vez que éste se encuentra expresamente prohibido en el artículo. Han llegado, incluso, al absurdo de señalar que pactar sobre el cese del secuestro sería contrario al DIH, y que un pacto de este tipo sería nulo de pleno derecho.
Afortunadamente, en el caso colombiano, la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, estudió y se pronunció sobre el tema y, con una jurisprudencia bastante ilustrativa y clara, despejó cualquier duda al respecto. Sin embargo, es de señalar que para llegar a discutir sobre los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra y su vigencia en Colombia debieron pasar muchos años después de su aprobación, en el año de 1977. De hecho, nuestro país tuvo, hasta la Constitución del 91, una particular política internacional de oposición a los Protocolos. Llegó hasta el punto de aliarse con países como Camboya, Chile y Vietman, violadores de derechos humanos, para bloquear la aprobación de los protocolos. Aún cuando éstos finalmente fueron aprobados por los estados en el año de 1977, el Congreso colombiano no vino a aprobarlos y luego el Gobierno a ratificarlos sino hasta el año de 1993, para el Protocolo I, y 1995, para el Protocolo II12.
La Corte Constitucional, en sus sentencias C-574 de 1992 y C- 225 de 1995, aclaró el camino del Derecho Internacional Humanitario y, de manera concreta, frente al tema del acuerdo humanitario, despejó las mencionadas y absurdas dudas que se habían puesto sobre el tapete en contra de su viabilidad jurídica. En resumen podemos decir que la Corte clarificó que el DIH se encuentra automáticamente incorporado en la legislación colombiana, que tiene un carácter supralegal y que, según la teoría del “bloque de constitucionalidad”, sus normas sirven de referente de exequibilidad o constitucionalidad de las leyes, ya que son parte de la propia Constitución13.
En relación con el tema que nos ocupa, los acuerdos especiales y humanitarios, dijo la Corte que su naturaleza jurídica no es la de tratados internacionales, sino que son acuerdos de DIH celebrados por sujetos de Derecho Internacional Humanitario, de naturaleza jurídico-política, mediante los cuales se pretende la vigencia práctica y efectiva de las normas del DIH. Que estos acuerdos no pretenden autorizar trasgresiones a los mínimos humanitarios sino reconocer que aquellas son el pan de cada día y que por lo mismo resulta sensato y acorde con la idea de humanidad asumir compromisos para restringir la barbarie.

2. PROBLEMÁTICA DEL RESCATE MILITAR DE LOS SECUESTRADOS POLÍTICOS.

2.1 El Gobierno del Presidente Uribe y el rescate militar de los secuestrados políticos.

El 20 de octubre de 2006 explotó una bomba en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, lugar de entrenamiento académico de altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aun cuando el atentado no causó víctimas mortales ni la autoría de los responsables determinada, de hecho, la Fiscalía General de la Nación todavía no se ha pronunciado sobre el particular, el Presidente de la República al otro día resolvió revocar públicamente toda autorización de facilitación y acercamiento para el acuerdo humanitario y ordenó a los miembros de la Fuerza Pública el rescate militar de todos los secuestrados, señalando que éste era el único camino que quedaba.


Desde aquel día hasta la fecha la opinión pública ha entendido cerrada la opción del acuerdo humanitario, como alternativa no violenta para lograr la libertad de los secuestrados políticos, no obstante que al parecer han existido también autorizaciones silenciosas de mediación de ciudadanos colombianos y extranjeros con la guerrilla de las Farc. El Gobierno ha hecho referencia a éstas de manera muy sutil, pero lo cierto es que la orden del rescate militar sigue vigente. En febrero, el Presidente notificó que el 2007 sería el año de los rescates militares y en su discurso del 22 de febrero anunció “arreciar para derrotar a los bandidos de las Farc” para lo cual pidió la comprensión del pueblo colombiano.
Teniendo en cuenta la ambivalencia y contradicciones del discurso del Presidente Uribe en relación con el tema del acuerdo humanitario, los familiares de los secuestrados políticos encuentran que realmente el Gobierno no tiene voluntad de diálogo con dicha organización subversiva y que la única alternativa de libertad que ofrece para sus seres queridos, pone en peligro inminente sus derechos a la vida y a la integridad.
A inicios del primer período gubernamental el Gobierno exigía para entrar a dialogar sobre al acuerdo humanitario, el cese de hostilidades y la realización de un proceso formal de paz con las Farc. Luego apareció cediendo al permitir que se negociara al margen de dichos requerimientos pero insistió en la imposibilidad de conceder la desmilitarización de un zona del territorio nacional. Las Farc, para la época, exigían la desmilitarización de dos departamentos: Caquetá y Putumayo, luego se pasaron a los municipios de Cartagena del Chairá y Caguán y finalmente a los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, los cuales, dicho sea de paso, estaban de facto desmilitarizados.14
El Gobierno invocó también, en un principio, la gestión de buenos oficios de las Naciones Unidas. En su discurso de posesión del primer período, el Presidente Uribe señaló que había hablado con el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y que éste se había comprometido con dicha labor de mediación. Para el efecto se estableció en Colombia un delegado del Secretario, el señor James Lemoyne, pero en realidad no se le prestó la colaboración oficial del caso, hasta el punto de llegar a criticar su imparcialidad frente al conflicto y finalmente tramitar la finalización de la gestión en enero de 2005.
El tema del despeje ha sido uno de los grandes meollos del acuerdo humanitario. A pesar de que las Farc rebajaron la exigencia de dos departamentos a los citados municipios de Pradera y Florida, que en total tienen una extensión de 780 kilómetros cuadrados, el Gobierno no quiere ceder al respecto. La desmilitarización de cualquier área del territorio parece ser una exigencia que el Gobierno no está dispuesto a conceder, bajo ninguna circunstancia. En diciembre de 2005 el grupo de los tres países facilitadores: Francia, Suiza y España, diseñó una fórmula de despeje con garantía de la comunidad internacional, que el Gobierno presentó anticipadamente a la opinión pública, antes de que llegara a conocimiento de las Farc. Por esto fue rechazada la propuesta por parte de la organización subversiva, que vio un interés político electoral del entonces candidato presidente.
El 31 de diciembre de 2006 el ex ministro Fernando Araújo, quien llevaba seis años secuestrado en poder de las Farc, logró fugarse en medio de un operativo militar. El Gobierno mostró el hecho como un éxito de la operación armada. Aun cuando el propio secuestrado afirmó que: ”o me voy o me matan, que por su labor valerosa logró sobrevivir tras varios días en el monte aguantando hambre, la opinión pública se hizo a la idea de que los rescates militares ordenados por el Presidente pueden ser factibles, a pesar de los cruentos antecedentes históricos que demuestran lo contrario.
2.2 Antecedentes históricos de rescates fallidos con víctimas fatales.

El 5 de mayo de 2003 fueron asesinados por sus captores, en un fallido operativo de rescate, Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia para la época de su retención y durante su cautiverio, Gilberto Echeverri, ex ministro de Defensa y comisionado de paz del Departamento, los tenientes Alejandro Ledesma Ortiz y Wagner Tapias Torres, los sargentos Héctor Lucuara, Francisco Manuel Negrete, Yercinio Navarrete y Samuel Ernesto Cote y los cabos Mario Alberto Marín y José Gregorio Peña.

El trágico hecho ocurrió en las selvas del norte de Antioquia, en el municipio de Urrao. Los guerrilleros que custodiaban a los secuestrados, tras evidenciar la aproximación de los helicópteros de la Fuerzas Militares y escuchar los llamados a rendirse, que con altavoces emitieron desde el aire, procedieron a asesinar a los cautivos y a escapar perdiéndose en la espesura de la selva. Ninguno fue capturado. Cumplieron una orden perentoria. Respondían con sus vidas por las de los secuestrados, por su fuga o su rescate. Por esta razón los analistas cuestionaron el que la Fuerza Pública, en lugar de utilizar el factor sorpresa y el camuflado, hubiese procedido de una manera tan ruidosa y notoria. En opinión del experto Alfredo Rangel, en el rescate hubo un exceso de confianza en las propias capacidades por parte del Ejército y una absoluta subestimación del adversario, que llevaron a cometer “uno de los peores errores en la inteligencia militar”.15

No solo los muertos del fallido rescate demuestran el riesgo y el altísimo grado de dificultad que tienen este tipo de operaciones, las palabras de respuesta a los cuestionamientos que se dieron, por parte del mismo Comandante del Ejército, son una prueba más. Explicó que en Urrao, un desembarco de soldados por vía terrestre había sido descartado, toda vez que la zona en donde estaban los secuestrados era “prácticamente una colonia de las Farc”, en medio de una selva inhóspita e intransitable, que hubiera requerido varias semanas para llegar al punto de la operación.16

Fuera del caso de Urrao, Colombia tiene también la nefasta experiencia del asesinato de la periodista Diana Turbay Quintero y la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército Nacional. Diana Turbay, hija del ex Presidente Julio César Turbay Ayala, murió en enero de 1991 en una operación de rescate, tras haber sido secuestrada por el cartel de Medellín varios meses antes. Por lo confuso de los hechos y las graves fallas cometidas en el operativo, la Procuraduría General de la Nación, en el año de 1992, destituyó a dos oficiales de la Institución.

La retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, que dejó más de cien muertos, entre magistrados, civiles, miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros del M-19, según reciente informe de la Comisión de la Verdad, fue una desbordada e ilegítima acción del Estado, un acto de barbarie que dejó infinidad de víctimas, una total contradicción al deber de garantizar los derechos a la vida, la integridad física y la libertad de los ciudadanos17.

A nivel internacional tenemos la toma del colegio de Beslan, por parte de rebeldes separatistas chechenos, en la provincia rusa de Osettia del norte. En el operativo de rescate murieron 331 personas, la mayoría de ellos niños, alumnos del colegio. Según fuentes de la BBC, un gran número de padres de las víctimas consideran que sus hijos murieron por causa de la intervención armada oficial. En la actualidad se adelantan investigaciones penales y disciplinarias en contra de funcionarios estatales por negligencia en la prevención del ataque terrorista así como en la respuesta de intervención.18


    1. Los operativos de rescate militar a la luz del Derecho Internacional Humanitario.

Aun cuando la Fuerza Pública ha tenido exitosos operativos de rescate de secuestrados, los casos obedecen a secuestros de carácter económico – no político – en donde los cautivos, por lo general, llevan poco tiempo de retención y se encuentran en zonas urbanas. El Ministro de la Defensa da una cifra de 441 operativos de rescate exitosos. Pero lo cierto es que en lo corrido del gobierno Uribe, de 69 secuestrados políticos tenemos un saldo de 11 muertos, un fugado y 57 que permanecen todavía cautivos, varios de ellos por más de nueve años de inhumano olvido.

De los dos casos positivos de rescate de personalidades públicas, el del secuestro de Monseñor Jorge Enrique Jiménez, Obispo de Zipaquirá, rescatado a los pocos días de su secuestro, en noviembre de 2002, y el del reconocido periodista Guillermo La Chiva Cortés, éste merece una especial reflexión, toda vez que él mismo es un firme opositor al rescate armado. El testimonio de lo que fue su milagro es prueba fehaciente de lo riesgosos, inciertos e imprudentes que son este tipo de operativos.

En palabras del General en retiro, Álvaro Valencia Tovar, es imposible rescatar a los rehenes sin poner en grave riesgo sus vidas. Según el general, siempre existirá un margen de riesgo que resulta acrecentado por la determinación del adversario de asesinar a los rehenes ante el menor indicio de rescate por la fuerza, razón por la cual el factor sorpresa es fundamental. Adicionalmente señaló que, considerando el entorno de la selva, que dificulta enormemente la aproximación terrestre, los medios helicoportados anuncian por si mismos el operativo y destruyen el necesario factor sorpresa – vital para el éxito del operativo.19

Por lo anterior, dado que es de prever que cualquier rescate armado de los llamados secuestrados políticos implica poner sus vidas en grave peligro, un operativo de rescate por la fuerza es violatorio del Derecho Internacional Humanitario por ser contrario al principio de necesidad militar, señalado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y particularmente, contrario al principio de proporcionalidad, aplicable para el conflicto armado colombiano de conformidad con la Corte Constitucional colombiana y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dentro de las normas que desarrollan el principio de proporcionalidad, tenemos el artículo 51 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, el cual regula, en detalle, todo un sistema de protección a la población civil que incluye la prohibición de ataques indiscriminados. Legalmente se considera ataque indiscriminado aquel en donde sea posible prever que se causarán incidentalmente muertos y heridos en la población civil o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.20

Por su parte, el artículo 57 del citado Protocolo I consagra la obligación de tomar medidas de precaución en los ataques militares para proteger a la población civil. Establece, en cabeza de quienes deben preparar o decidir los ataques, el deber de hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetos que se proyecta atacar no son personas ni bienes civiles, el deber de tomar precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar, o al menos reducir todo lo posible, el número de muertos y de heridos que puedan causarse incidentalmente entre la población civil, así como la obligación de abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Como refuerzo de ésta obligación de abstención de decidir un ataque en las citadas circunstancias, el referido artículo establece que, en caso de que el ataque sea ordenado y decidido, debe ser suspendido o anulado cuando se dan las mismas circunstancias de muertos o heridos incidentales civiles y/o daños a bienes de carácter civil, que serían excesivos en relación con la ventaja militar.

En noviembre de 2004, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expidió un documento oficial en relación con el tema del rescate militar, la situación de los secuestrados y el acuerdo humanitario. El documento se titula “Diez puntos de orientación en la búsqueda de la libertad de las personas en poder de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno”21. En éste, la Oficina, luego de condenar la toma de rehenes y la indefinida retención de varios miembros de la Fuerza Pública por parte de los grupos armados ilegales, de señalar que a éstos les asiste la obligación de liberarlos unilateral e incondicionalmente y de exhortarlos a hacerlo, expresamente manifestó que cuando aquello “dolorosamente” no se da, el Estado está en la obligación de buscar opciones y alternativas viables – “en satisfactorias condiciones de seguridad” - para lograr la libertad de dichas personas. Al ilustrar sobre la doble dimensión de la obligación estatal de respeto y garantía de los derechos humanos, por un lado la de abstención de cometer acciones u omisiones que violen los derechos y, por el otro, la de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos, señaló que el Estado debe siempre buscar la efectividad de su disfrute. De manera categórica dijo que en la búsqueda de alternativas para lograr la libertad de los secuestrados, el Estado debe tener como guía el respeto y la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas privadas de la libertad y que en caso de considerar el uso de la fuerza, debe actuar salvaguardando en todo momento la vida y la integridad de las personas y dentro de los parámetros internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Que cuando no es posible dar cumplimiento a estos postulados y lineamientos, el Estado debe emprender otros caminos que permitan la liberación.22

La Oficina del Alto Comisionado ilustró sobre cuáles serían esos otros caminos – diferentes del recurso de la fuerza – que el Estado debe seguir para dar cumplimiento a su deber de garantía de los derechos humanos a la libertad, la vida y la integridad. Frente a los militares y policías planteó la posibilidad de dar aplicación al Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de 1949 y pactar un acuerdo especial de intercambio. Frente a los civiles, señaló que el Estado puede apoyarse en el Preámbulo del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra que trae la conocida Claúsula Martens, según la cual: “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.23



1 Abogada de la Universidad del Rosario, Magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden, Holanda. Fue asesora del Ministro del Interior, del Alto Comisionado para la Paz, ex gobernadora encargada del Departamento del Amazonas y ex secretaria general encargada del Ministerio del Interior. En la actualidad es profesora universitaria. Es autora del libro Sí al Acuerdo Humanitario. Razones históricas, políticas y jurídicas para realizarlo.

2 Heyck Puyana, Ana Caterina, Sí al Acuerdo Humanitario. Razones históricas, políticas y jurídicas para realizarlo, Bogotá, Ed La Silueta, 2004, pp 139 – 168. ( Nota: el libro aborda otros temas relacionados con el acuerdo humanitario, que pueden consultarse en la obra: concepto de beligerancia, prisionero de guerra, estatus de los grupos armados ilegales, estatus de combatiente, entro otros).

3 El Tiempo, martes 14 de julio de 1970, pag 6.

4 Heyck Puyana, Ana Caterina ( 2004), Op Cit., p. 174 – 177.

5 Idem., p. 177

6 El Tiempo, lunes 6 de abril de 1980, pag 6B

7 Heyck Puyana, Ana Caterina ( 2004), Op Cit., pp. 179 – 181.

8 El Tiempo, 10 de abril de 1996, página principal; 23 de abril de 1996, página 6-A, 13 de junio de 1996, última A.

9 Heyck Puyana, Ana Caterina ( 2004), Op Cit., p. 181.

10 Idem., pp. 182 – 192.

11 Decreto 1072 de 2002. Subrayado fuera de texto.

12 Heyck Puyana, Ana Caterina ( 2004), Op Cit., pp. 98 – 109.

13 Según la Corte Constitucional, en su Sentencia C-225 de 1995, el reconocimiento de beligerancia no es requisito para la aplicación del DIH, pero dadas las circunstancias y el interés estratégico del Estado, puede darse.

Para la Corte, la Paz no debe ser entendida como ausencia de conflictos, sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente.

Dijo también la Corte que el DIH no legitima la guerra, lo que busca es proteger a la persona humana.

Vale también resaltar que la Corte clarificó que el principio de distinción es aplicable en el conflicto armado colombiano.




14 En julio de 2005, el ex Ministro Alvaro Leyva viajó a los municipios de Pradera y Florida y ante las cámaras de televisión de varios noticieros evidenció que allí no había presencia de la Fuerza Pública. A los pocos días el Ministerio de Defensa envió tropa. En la actualidad se termina de construir un batallón de alta montaña.

15 Rangel, Alfredo, El Rescate, El Tiempo, 9 de mayo de 2003.P. 1-29.

16 El Espectador, 11 de mayo de 2003 P. 3ª.

17 Ver El Tiempo, 16 de noviembre de 2006.

18 Ver: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4563708.stm

http://www.hsaj.org/?fullarticle=2.3.3 ;

http://www.iht.com/articles/2005/11/30/news/terror.php; http://www.iht.com/articles/2006/04/25/news/beslan.php 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav092204.shtml


19 Valencia Tovar, Älvaro, Problema de Doble Faz, El Tiempo, 26 de octubre de 2006.

20 Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, artículo 51 numeral 5 b).

21 Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Diez puntos de orientación en la búsqueda de la libertad de las personas en poder de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno en Colombia, 18 de noviembre de 2004.


22 Ibídem: “2. El Estado colombiano ha adquirido obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos que emanan de varios instrumentos internacionales. Tales obligaciones tienen una doble dimensión. Por un lado le imponen el deber de abstenerse en todo tiempo de acciones u omisiones con las cuales los derechos sean violados. Por otro, le asignan el deber de asegurar el pleno ejercicio, goce y disfrute de esos bienes jurídicos, y de tomar todas las medidas necesarias para impedir que éstos sean afectados.
3. En la dolorosa ausencia de la libertad incondicional que se debe dar por los grupos armados ilegales, entre ellos las FARC-EP, a las personas retenidas de modo ilegítimo y por la situación infrahumana de los militares y policías en poder de las FARC-EP, le compete siempre al Estado colombiano buscar opciones y alternativas para lograr, en satisfactorias condiciones de seguridad, la liberación de esas personas.
Este imperativo surge de la obligación del Estado de esforzarse siempre activamente por garantizar los derechos humanos de todas las personas en su territorio nacional, en particular los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual.
En la escogencia de qué métodos utilizar para cumplir con estas obligaciones, el Estado siempre tiene que guiarse por el respeto y la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas en poder de un grupo armado ilegal.
En la eventualidad de considerar el uso de la fuerza, el Estado tiene que actuar salvaguardando la vida y la integridad de las personas, y además siempre dentro de los parámetros internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Cuando esto no es posible se necesita emprender la búsqueda de otros caminos que permitan la liberación.

23 Ibídem.





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