El espectador



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LA PAZ POSIBLE


Editorial

Hacer un Proceso de Paz exitoso tiene miles de inconvenientes. Todo en el camino está en contra: viento, mar y tierra. Todo. Las experiencias de cada quien, los intereses de cada quien, las tolerancias de cada quien son en extremo diferentes y acaso irreconciliables para llegar a un acuerdo común.


Están  los argumentos políticos: que el grupo armado no lo merece, que ya casi lo iba a derrotar el Estado y su fuerza armada legítima, que las víctimas no podrían soportarlo, que va a haber  impunidad... Hay los jurídicos, que necesarios, sí, pero a veces llegan al extremo de lo técnico: que las comisiones de verdad, la justicia transicional, que la decisión de la Corte Constitucional sobre tal o cual aspecto y que la Corte Penal Internacional y  la refrendación, referendo o constituyente o algo diferente...

Es fundamental, vital, que  un proceso de paz promueva estas dudas y muchas más. No tendría solidez y permanencia  un acuerdo que no supere todo ese tipo  de obstáculos y vaya  corrigiendo  su curso.

Y sin embargo, en una negociación como la que en buena hora  se ha emprendido con las Farc en La Habana, es importante cada cierto tiempo recordar el objetivo central: la paz, a secas, ese derecho de todos los ciudadanos que está consagrado en la Constitución. Y cuando eso se hace, responder  por qué vale la pena el esfuerzo es relativamente sencillo: basta con imaginar por un instante un país distinto, en el que no estemos informando todos los días sobre la sangre derramada en el campo a manos de un grupo que lleva cinco décadas refugiado en él. Un país  posible, alcanzable.

 Insistimos: hacer un proceso de paz no es fácil. En lo que lleva el conflicto con las Farc, muchos se han dado a lo largo de esa historia. Belisario Betancur, por ejemplo, entre 1982 y 1984, con los llamados Acuerdos de La Uribe; y Virgilio Barco, que los mantuvo, aunque  a medias, y luego se acabaron en 1987; está la cuota de César Gaviria, que lo intentó aquí en Arauca, luego en Venezuela y después en México; Samper, entre 1994 y 1995, empañado por su proceso 8.000;  el de Andrés Pastrana y sus 42.000 kilómetros cuadrados  despejados como requisito para hablar. Luego, la desesperanza y la confianza plena de que ese no era el camino correcto.

Pero los vientos del diálogo volvieron. A los dos años de este Gobierno, cuando   informó que unos acercamientos reservados se habían dado y, luego, una declaración pública firmada por parte y parte,  de nuevo  el país se esperanzó con la idea de la paz posible. 

Henos aquí, entonces, de nuevo, viendo esta posibilidad histórica muy cerca. A lo largo de todo este proceso El Espectador ha sido optimista: por la forma en la que se ha llevado, por los pasos cumplidos dentro de la agenda, porque pese a las adversidades, que han sido muchas, los delegatarios vuelven a Cuba y se sientan  a negociar, a avanzar. La posibilidad de que sea este el momento de la paz firmada es más cierto que nunca. Y dejarla diluir sería más costoso que nunca.

Creemos, firmemente,  que esta es la hora de la paz. Nuestra apuesta es esa. Y el motivo de esta edición especial, también. No buscamos ocultar las diferencias ni los debates ni las críticas, queremos recordar el objetivo, no olvidarlo, resaltarlo. Y con ello, que cada uno  piense por un momento en lo que representaría para este país sacudirse de su conflicto.

Es la hora de la paz. De preguntarnos, cada uno, ¿cuál es nuestro aporte a ese objetivo? ¿Podremos pensar en levantarnos un día y no oír noticias de guerra? Puede ser. Llegó la hora.

* Si usted coincide en algo con este editorial o siente que lo puede complementar, lo invitamos a que participe en las redes sociales bajo la etiqueta: #EsLaHoraDeLaPazPorque


CRUEL INCERTIDUMBRE

María Elvira Samper

Hago parte de quienes creen en la negociación política como la vía para poner fin al conflicto armado, y todos los días hago grandes esfuerzos para ponerle fe al proceso de La Habana, vencer prejuicios, reservas morales, repugnancias y rabias.

Sin embargo, con el paso del tiempo y las frecuentes turbulencias que sacuden la mesa de negociación, las dudas crecen.

No contribuyen al optimismo las provocadoras declaraciones de los voceros de las Farc, y a veces tampoco ayudan las del propio presidente Santos, porque confunden a la opinión que desconoce la verdad de lo que sucede en la mesa diálogo y expresa su pesimismo creciente sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con las Farc. El clima es muy negativo y con un rechazo a la guerrilla que supera el 90%, declaraciones como las que el presidente Santos le dio a Blu Radio, el pasado 5 de septiembre, despiertan muchas inquietudes. Aquí van dos de ellas:

1. “Quién se puede imaginar, a quién se le puede ocurrir, que las Farc van a dejar las armas antes de un referendo que pueden perder”.

La “dejación de las armas” es el punto 2 del tema tres de la agenda, ‘Fin del conflicto’, y como el principio de la negociación es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, si las partes llegan a un acuerdo final, la expectativa es que ese punto —parte del núcleo duro de la negociación y su fin último—, quedara claramente definido: qué se entiende por ‘dejar las armas’ (entrega, destrucción, inutilización, congelamiento…), cómo, cuándo, condiciones y garantes.

Pero el punto es más complejo y, sin duda, constituye la piedra de toque del proceso. Dejar las armas es un asunto en extremo sensible para las Farc, pues forjaron su identidad alrededor de las armas y entregarlas es para ellos sinónimo de rendición, claudicación… Las Farc no están dispuestas a la foto de la entrega de sus fusiles a los negociadores del Gobierno, que es lo que quisiéramos ver. Por otra parte, su paso a la vida civil significa un riesgo de seguridad —ronda el fantasma de la aniquilación de la UP—. Pero el problema es que esa tragedia —derivada de la perversa estrategia de la combinación de las formas de lucha— hace inaceptable que la guerrilla haga ese tránsito si conserva las armas en remojo.

Me temo, sin embargo, que las Farc no van a firmar un acuerdo que contemple el desarme como tal. Su apuesta, y así lo han expresado, es por un proceso como el del Ira en Irlanda del Norte, que hizo mayor énfasis en la cesación de todas las formas de violencia que en la entrega de armas (el Ira tardó siete años en entregarlas luego del Acuerdo del Viernes Santo) ¿En esa dirección apunta lo que dijo Santos? Si es así, habrá que exigirles a las Farc el compromiso de parar los actos violentos. La pregunta es si eso tendría un impacto determinante para refrendar el acuerdo.

2. “Las Farc no van a decir que se desmovilizan sin que nadie les haya dado ningún tipo de garantías legales para que puedan participar en política… Uno tiene que ponerse en los zapatos de la contraparte”.

Si los comisionados del Gobierno —que negocian a nombre del Estado— no son los que dan las garantías, entonces… ¿quiénes? ¿Quiénes tienen que ponerse en los zapatos de la contraparte: los colombianos que jamás hemos usado armas ni volado pueblos, ni sembrado minas, ni matado, que condenamos la violencia y el secuestro como formas de hacer política, o son las Farc las que deben ponerse en el pellejo de sus millones víctimas —directas o indirectas—? Ahí les dejo mis inquietudes.

EL COLOMBIANO

DE UN FRÁGIL HILO

Rafael Nieto Loaiza

Tras el caos de los paros y la debacle de las encuestas, no hay la menor duda de que el Presidente no tiene más que los diálogos con las Farc en La Habana, no ya para cumplir su obsesión de pasar a la historia sino apenas para sobrevivir políticamente. Para el jugador de póquer, es un all in, una apuesta con todas las fichas.


Mi premisa es que las Farc, además de estar sacándoles todo el jugo a las conversaciones, en verdad quieren una salida negociada. Tendrían que ser muy tontos para no apreciar que el contexto internacional les es ampliamente favorable, con cómplices socialistas del siglo XXI en las fronteras y un gobierno flojo y timorato en los Estados Unidos. Y como para no darse cuenta de que la mejor negociación posible es con un presidente que políticamente depende de un acuerdo con ellos. Los problemas de gobernabilidad, la extrema debilidad de Santos y el agigantado tamaño de sus ambiciones, lo hacen especialmente vulnerable a lo que la guerrilla pretende en La Habana.


Sin embargo, no hay que especular mucho para suponer que como mínimo son dos los puntos inamovibles para las Farc. Uno, que los jefes guerrilleros no paguen ni un día de cárcel por sus crímenes. El otro, el otorgamiento de condiciones de favorabilidad política para la organización que surja de los acuerdos o para aquellas existentes que, como la Unión o la Marcha "patrióticas", están ya bajo su esfera de influencia.


El primero es jurídicamente imposible. Para empezar porque la Corte Constitucional ya advirtió, en el comunicado en que da vía libre al "marco por la paz", que este no puede ser uno de impunidad. La Corte dice que la ley estatutaria que lo desarrollará debe establecer la obligación de "investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos sistemáticamente", perseguir penalmente a "los máximos responsables" de esos delitos, imputar a "quienes cumplieron un rol esencial en su comisión" y, tan importante como lo anterior, advierte que "el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de [tales] delitos". En otras palabras, deben pagar al menos parte de la pena. La aspiración gubernamental de que estos criminales sean condenados pero no paguen sus condenas, ha quedado sepultada.


Y si no bastara, la Constitucional agregó que para que opere el marco jurídico es indispensable "como mínimo, la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de menores".


Es decir, la Corte volvió a los parámetros de "verdad, justicia y reparación", para pesar de todos los hipócritas que, con doble estándar y una velada o abierta inclinación a favorecer a la izquierda, tanto criticaron la ley de justicia y paz y ahora defienden la impunidad de hecho para los bandidos de la guerrilla.


El segundo es jurídica y políticamente imposible. En lo jurídico, los máximos responsables condenados no podrán acceder a cargos de elección popular porque hoy hay una norma constitucional que lo prohíbe expresamente y la Constitucional ha dicho que los crímenes de lesa humanidad y de guerra y el genocidio no pueden ser considerados como delitos políticos o conexos con ellos. Y en lo político un acuerdo que contemple beneficios para las Farc como, por ejemplo, cupos directos en el Congreso, sería rechazado por al menos el 70% de los ciudadanos en un referendo, según muestran las encuestas. De hecho, hoy no parece nada claro que un referendo sobre el proceso de paz, que no sea muy exigente con las Farc, tenga posibilidad de éxito.


Yo no veo a los cabecillas de las Farc dispuestos a entregar las armas antes de que puedan acceder al marco para la paz, a pagar cárcel por sus crímenes, aunque sea poca, o a permitir que sus hombres vayan al Congreso y que no puedan hacerlo ellos.


Santos cuelga de un frágil hilo.



URIBE

SEMANA

SI YO FUERA URIBE...

María Jimena Duzán

Por primera vez un alto tribunal se atreve a señalar al expresidente por sus posibles nexos con los paramilitares.

Si yo fuera el expresidente Álvaro Uribe no me metería a encabezar una lista en el Congreso, así tuviera todas las de ganar. Y no lo haría porque existe una alta posibilidad de que salga pringado.

De entrada no me lo imagino de congresista raso. No me cuadra verlo sentadito en una silla, todo aconductado, esperando a que tomen la lista para decir que él sí está presente en la sala a sabiendas de que a la quinta falla corre el riesgo de una pérdida de investidura como cualquier congresista.


Tampoco lo veo sometiéndose mansamente a las reglas mínimas del Congreso. Él, que se ha acostumbrado al monólogo, a hablar sin que lo interpelen y sin que nadie ni nada le imponga mociones de ninguna clase, ¿acaso se va a sentir a gusto compartiendo su vibrante oratoria con los mortales?... Mmm, lo dudo. ¿Se imagina qué puede pasarle a Cristo el día en que le toque quitarle el micrófono en pleno debate porque se excedió en sus minutos o porque no le tocaba el turno? 


Pero además, de congresista ya no podrá salir a decir tan fácilmente las mentiras con las que acostumbra cautivar a sus súbditos, como la de decir que se opone a la venta de Isagén, (motivo por el cual acaba de presentar una demanda con el propósito de frenar su privatización). 
De congresista a Uribe esas mentiras le van a costar más caro.  No faltará el senador que le recuerde en su cara lo que todos saben en Isagén: que Uribe de presidente quería venderla y que dejó el proceso en marcha; el mismo que ahora de expresidente-congresista quiere frenar a través de una demanda.   
Tampoco me lo imagino debatiendo de tú a tú en el Congreso como si se tratara de un congresista común y corriente. Para hacerlo tiene primero que hacer caber en la silla de senador ese abultado ego de expresidente con que se pavonea. No es imposible, pero brega sí le va a dar.

   


Pero más allá de estos temas de forma que repito le van a costar mucho trabajo a Uribe, el expresidente llegaría al Congreso con un ala rota:  entraría a ejercer de congresista con una nueva investigación en su contra por paramilitarismo, además de la que ya tiene en la Fiscalía por cuenta de lo sucedido en su hacienda Guacharacas. 
Allí, al parecer,  habría operado una Convivir que habría cometido masacres en los tiempos en que él era gobernador de Antioquia. Según Verdad Abierta, en una versión dada por un paramilitar desmovilizado del bloque Metro, John Fredy González Isaza, afirma que esta Convivir “ se trataba de los mismos paramilitares y el administrador de esa finca era colaborador de estos”. González fue asesinado en la cárcel en 2011. 
Esta nueva investigación va mucho más allá de la que hay en su contra en la Fiscalía por la finca Guacharacas y en esta ocasión él ya no puede decir que es una investigación impulsada por una “Corte prevaricadora”, ni  que ha sido urdida a instancia de algunos periodistas bogotanos que tanto le molestan, ni por opositores que quieren cobrarle su lucha contra el terrorismo, sino por la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
Esa sala, presidida por el magistrado Rubén Darío Pinilla, acaba de pedirle a la Comisión de Acusaciones que lo investigue por sus presuntos nexos con los paramilitares.  Y aunque la noticia pasó prácticamente inadvertida por la prensa, por primera vez un alto tribunal se atreve a señalar al expresidente por sus posibles nexos con los paramilitares y plantea la posibilidad de que él haya podido tener un papel importante en la génesis del paramilitarismo, sobre todo en Antioquia, cuando fue gobernador y apoyó a las Convivir. 
También (por fin) resultan por primera vez sospechosas sus estrechos vínculos con personas a las que se les ha relacionado con el paramilitarismo como Pedro Juan Moreno, el general Rito Alejo del Río, Noguera,  entre otros. A  los ojos del magistrado Pinilla “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”. 
Una cosa es defenderse de estas acusaciones como expresidente teniendo el poder de intimidación que le confiere su investidura y otra muy distinta dejándose manosear en el Congreso como cualquier parlamentario. Por eso digo que si yo fuera Uribe... Me quedaría tranquilito donde estoy lejos del fuego.

ESA NO ES LA VERDAD EXPRESIDENTE URIBE

León Valencia

Ahora sabemos que la desmovilización fue parcial y que la mayoría de los mandos medios de las autodefensas son en este momento los cabecillas de las bandas criminales.

Alguna vez el entonces presidente Uribe me dijo que debía contarle al país la verdad sobre mi paso por la guerrilla. Había liderado una investigación académica sobre la parapolítica y Uribe quería menoscabar mi autoridad moral en el debate sobre la perversa alianza entre líderes políticos y paramilitares. 
Acepté el reto y escribí Mis años de guerra, un libro que ahora es utilizado por los amigos del expresidente para incubar procesos judiciales en mi contra. No me arrepiento. Creo que al país le hace mucho bien que quienes participamos en el conflicto hagamos memoria de la guerra. 
La semana pasada Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, pidió investigar a Uribe por sus nexos con los paramilitares. Inmediatamente el expresidente anunció una respuesta pública a todos los interrogantes formulados por el tribunal. Tuve la esperanza de que le contaría muchas verdades al país. No fue así. Hay en su relato verdades a medias y mentiras flagrantes. Voy a ocuparme de algunas en esta columna, quizás vuelva sobre el asunto en otra.
En su relato hace una férrea defensa de las Convivir. No acepta que se las asocie con criminales. Esta mentira se sale de toda proporción. Salvatore Mancuso era el asesor nacional de las Convivir y su organizador y jefe en Córdoba, Diego Vecino en Sucre, Jorge 40 en Cesar y Raúl Jazbún en Urabá. Al mismo tiempo eran los organizadores y jefes de las autodefensas.  
La primera noticia de esa realidad la dio Mancuso en su libro de 2004 cuando no pasaba por su imaginación que iba a terminar enfrentado a Uribe. Estas cooperativas de seguridad fueron el principal mecanismo de reclutamiento de los miembros de los paramilitares a finales de los años noventa cuando el fenómeno creció y se extendió por el país. 
Considera Uribe que el proceso penal al general Rito Alejo del Río es una injusticia y que la pacificación de Urabá, en los años de su gobernación en Antioquia, fue un ejercicio institucional. Otra enorme falacia. En Urabá los homicidios saltaron en 1997 a 700 y en 1998 a 800. Fue el lugar de mayores masacres en esos años. Los paramilitares, con la complicidad de la Brigada, produjeron ese baño de Sangre. Tal horror no tiene ningún viso de legalidad. 
El coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien era el segundo de Rito Alejo, tuvo la decencia de denunciar los hechos y por ello fue separado del Ejército. En ese territorio dominado por los paramilitares se hicieron las reuniones cumbres que dieron origen primero a las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y luego a las Autodefensas Unidas de Colombia. Allí estaba el cuartel mayor de los paramilitares y de allí salieron las expediciones que fueron hasta Mapiripán en el Meta y hasta Catatumbo en Santander para perpetrar las horrendas masacres que el país conoce.

 

Todos los puntos de respuesta al magistrado Pinilla terminan con esta aseveración: “El gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la justicia y a la reparación de víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas”. Verdad a medias. El desarme y la desmovilización de los paramilitares fue un mérito indudable de Uribe. Nadie le puede quitar esto. 


Pero hay dos cosas que empañan esta realidad. Ahora sabemos que la desmovilización fue parcial y que la mayoría de los mandos medios de las autodefensas son en este momento los cabecillas de las bandas criminales. Sabemos también que la intención inicial de Uribe y el comisionado Luis Carlos Restrepo era protegerlos a toda costa de la extradición y darles un estatus político. 
La cárcel y la remisión hacia Estados Unidos vinieron después de que la Corte Constitucional, en la sentencia C340, los despojara del carácter político y en medio del desengaño los paramilitares empezaran a contar verdades sobre los aliados políticos de Uribe. Se sabe incluso  que el Presidente, al principio, para salvar la situación, envió a Sabas Pretelt, ministro del Interior, a prometerles que en ningún caso los extraditaría. 
Los jefes paramilitares estaban aún en Santa Fe Ralito y amenazaban con retirarse definitivamente de la negociación. Fue, sin duda, una hábil maniobra para culminar la desmovilización, pero da cuenta de la ambigüedad del presidente Uribe frente a los paramilitares.

EXPRESIDENTES

EL ESPECTADOR

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