El espectador



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MÁS NORMAS, ¿MÁS CORRUPCIÓN?

Carlos Fernando Galán

APOSUCRE, la empresa vinculada a Enilce López, alias La Gata, perdió el negocio del chance en el departamento de Sucre porque no presentó a tiempo una póliza de cumplimiento que se exige para este tipo de contratos.

¡Qué ironía! Después de todas las advertencias sustentadas del secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, ignoradas por la Gobernación de Sucre, fue necesario acudir a una cuasi “leguleyada” para poder quitarle a esta delincuente un negocio que le ha permitido, durante años, construir y mantener un emporio criminal en buena parte de la costa Atlántica. Y es que la disculpa de muchos de los que le han entregado el negocio no ha sido otra que repetir hasta el cansancio que las empresas de La Gata cumplen con todo lo estipulado en las normas de contratación para esos procesos. “Nosotros hemos realizado este proceso (o vamos a realizarlo) con total apego a la ley de contratación”, dicen todos, como si esto fuera negociable.

Esas normas, al menos en teoría, han sido formuladas para evitar la discrecionalidad en la adjudicación de contratos estatales y, con ello, prevenir la corrupción en nuestro país. Para asegurarnos de que cada paso está regulado, cada decisión tiene una hoja de ruta y cada peso que se gasta pasa por unos “filtros” que lo protegen. Pero, paradójicamente, esto ha resultado en un marco jurídico de contratación y compras públicas extremadamente complejo que ha terminado por legitimar, sin darnos cuenta, una cantidad de casos de corrupción en los que se “siguió al pie de la letra la ley”. Todo esto tiene que ver con esa compulsión colombiana por hacerle una ley a cada problema y por crear un tipo penal para cada conducta indeseada.

Los ejemplos abundan: la adjudicación de la Fase 3 de Transmilenio, la malla vial o las licitaciones de basuras en Bogotá son sólo unos pocos. Resulta difícil olvidar la reacción del entonces alcalde Samuel Moreno ante la denuncia de que en Bogotá existía un cartel de la contratación: “¿Cómo pueden decir eso si todos esos contratos se adjudicaron con licitación pública?”. Pues en estos casos, tan complejos como cuestionados, la norma terminó llevándonos a una situación muy particular: los abogados se volvieron en Colombia más importantes que los ingenieros en la construcción de vías o más importantes que los operadores en el manejo de las basuras.

Y, como si fuera poco, esa política “normativa” contra la corrupción en la contratación termina afectando gravemente la eficiencia del Estado. Los funcionarios públicos (propiamente los llamados “ordenadores del gasto”) terminan presos de los trámites, autorizaciones, certificaciones, publicaciones, etc. Es decir, no sólo no ha sido eficaz la inflación normativa de contratación para prevenir la corrupción, sino que llegamos al absurdo de que lo importante es que el proceso licitatorio esté bien hecho y cumpla los múltiples pasos que “estipula la norma”, mientras que el objetivo, el resultado, lo que se busca lograr con la ejecución de esos recursos para beneficiar a una población, termina pasando a un segundo plano.

Todo esto llevó a que este gobierno incluyera como uno de los ejes de la política anticorrupción, que pronto empezará a ser implementada, una apuesta por introducir en el modelo de contratación y compras públicas herramientas que permitan prevenir y detectar de verdad la corrupción. Para que esa apuesta se concrete tenemos que pensar, inevitablemente, en simplificar el modelo, hacerlo más claro y lograr que aumente la eficiencia del Estado, claro, con controles más eficaces. Es el camino que otros países han recorrido y les ha dado resultados. El caso de Sucre es una demostración más de que ese es el camino que debe seguir Colombia.



JUSTICIA

EL ESPECTADOR

LA SUERTE INGRATA DE UNA MAGISTRADA

Ramiro Bejarano Guzmán

Me alcanzo a imaginar el calvario que ha sido para la doctora Ruth Marina Díaz el ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema, pues nunca se imaginó que al llegar a tan encumbrada dignidad —que le costó tantos sacrificios y muchas horas de relaciones sociales— iba a tener que estar escondiéndose de los medios.

No hay lugar al que llegue la funcionaria donde el enjambre de periodistas no quiera abordarla para que hable de su crucero al Caribe valiéndose de un permiso. El sueño de una presidencia que le permitiría ser homenajeada en todos los tribunales y exigir ser recibida como jefe de Estado en la escalerilla de los aviones, hoy debe de tener sabor de pesadilla.

Pero la aguerrida periodista Camila Zuluaga tuvo la audacia de poner a hablar esta semana a la doctora Díaz, en un extenso reportaje publicado en este periódico, que suscita inquietudes. Es evidente que la magistrada no se siente aun capaz de enfrentar a varios periodistas al mismo tiempo, apenas de uno en uno.

Lo primero que sorprende es que la cabeza de la jurisdicción ordinaria hoy sostenga que el escándalo en el que ella se vio envuelta por cuenta del uso no ortodoxo de los permisos, obedeció a un intento de desprestigiar a la Corte promovido por “intereses oscuros”. Es decir, la culpa no fue suya, sino de quienes criticaron los excesos. En vez de unas excusas públicas, que habrían tenido un efecto reparador, se sueltan subliminales acusaciones infundadas contra sus críticos.

No hubo una sola mención al penoso episodio del que fueron protagonistas el Gobierno y unos magistrados que le vendieron el alma al diablo auspiciando una reforma a la justicia que les iba a prolongar sus períodos de ocho a 12 años y además la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. Los “intereses oscuros” eran otros, pero claro, la memoria siempre es frágil cuando se trata de enfrentar la verdad.

La presidenta de la Corte, cuando la ponen a hablar del nombramiento de sus colegas magistrados, se va por las ramas. A la contundente pregunta de por qué de un día para otro fue posible nombrar cinco magistrados que no pudieron ser escogidos durante año y medio de votaciones y muchas intrigas, la importante señora simplemente explica que sólo ahora se consiguieron los votos necesarios, eso sí, todos secretos. Lo que se cuidó de no revelar es que con estos últimos nombramientos de nuevos magistrados, el grupo que ella lidera logró excluir de la Corte a abogados litigantes y docentes, para beneficiar la designación de magistrados de tribunales. Y como van las cosas, es casi seguro que esa línea no se alterará en los próximos años, pues nadie se enfrenta a ese poderoso combo que todo lo puede.

Será por eso que sin inmutarse la doctora Ruth Marina expresó que “la rama judicial está sólidamente conformada”, claro, por ella y muchos de sus cercanos. Porque lo que tampoco contó es que hoy en día se ha reformado la Constitución en cuanto a los requisitos para ser magistrado, porque para llegar a tan alto cargo se necesita ser magistrado, y además contar con el visto bueno de ella, Francisco José Ricaurte, Pedro Munar, entre otros. Sin ellos cualquier aspiración cae en el vacío. Son los amos y señores de la justicia ordinaria.

Me resisto a creer que puedan ser ciertos los comentarios reiterados de que la distinguida doctora Ruth Marina no se resignará a colgar la toga apenas salga el próximo año de la Corte Suprema, porque todo indica que desde ya aspira a vestirla de nuevo pero en la Corte Constitucional. Amanecerá y veremos.

Adenda. Insólito que la viuda y los hijos de Pablo Escobar hayan pretendido registrar el nombre del temido narcotraficante como una marca comercial. Es como si los deudos de Hitler o Al Capone hubieren hecho lo mismo. ¡Qué familia!

DROGAS

EL ESPECTADOR

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