El procedimiento de incapacitación y tutela



Descargar 121.15 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión05.09.2018
Tamaño121.15 Kb.
  1   2   3


EL PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN Y TUTELA
Durante mucho tiempo se ha considerado el procedimiento de incapacitación como algo negativo, incluso cruel para las personas que adolecían de algún tipo de patología.
Pero esto, afortunadamente, pertenece a un pasado superado. Desde hace años los avances científicos y psicopedagógicos han dado lugar a que muchas personas que por las deficiencias sufridas eran postergadas, puedan hoy tener su propia vida digna, independiente en muchos casos y llena de perspectivas de futuro en algunos casos, y de un presente digo.
La intención es poner en claro unas ideas fundamentales; estas ideas se podrían resumir en las dos siguientes: la primera de ellas quiere resaltar el hecho de que la incapacidad es una medida de protección que, para que verdaderamente cumpla su misión, ha de adaptarse a la situación concreta del presunto incapaz. La segunda hace referencia a que a mayor educación y prevención o, en su caso, prevención, diagnóstico y tratamiento precoz, menor incapacitación.
El incremento de la esperanza de vida que tenemos afortunadamente, supone un envejecimiento de la población, y el llamado estado de bienestar que ha logrado llenar la vida de años, exige que trabajemos para garantizar que los sistemas de protección de esas personas que por razones de edad, por razones de discapacidad, necesitan completar su capacidad a la hora de poder ejercitar algunos de sus determinados derechos.
Entremos de lleno en el procedimiento de incapacitación y tutela: un paseo por este proceso complejo en ocasiones y tan peculiar para nuestro derecho civil.
1. Procedimiento de incapacidad. Concepto de incapacidad
El Código Civil, en su artículo 199, dispone que nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley.
El artículo 200 establece que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma.
Por tanto, son tres los requisitos que deben concurrir para que se pueda considerar que concurre causa de incapacitación:


    1. Enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico

Para que prospere la acción de incapacitación es preciso que se acredite una base patológica que sea persistente y resulte invalidante, en relación de causa-efecto. No todas las enfermedades o deficiencias son causas de incapacitación, sino sólo aquéllas que restrinjan o anulen la capacidad de autogobierno.


Por tanto, podemos concluir que la incapacidad supone necesariamente la limitación de la capacidad jurídica de un individuo mayor de edad que, sin embargo, tiene limitado o restringido su autogobierno y, en consecuencia, la posibilidad de decidir por sí mismo sobre su persona y bienes o bien sólo sobre su persona o sólo sobre sus bienes.
Las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que dan lugar a la incapacitación generalmente son déficit sensoriales, retrasos mentales, deterioros cognitivos o demencias y trastornos psicóticos (esquizofrenias, trastornos de ideas delirantes, psicosis maníaco-depresivas). Las demandas se promueven también, aunque en menor grado, en supuestos de determinados trastornos de la personalidad, alcoholismo o toxicomanía crónicos.
Dentro de las patologías que pueden dar lugar a una causa de incapacitación es cada vez más frecuente en nuestra sociedad que se aprecien como tales los deterioros cognitivos propios de la vejez que degeneran en demencias seniles o enfermedades como el Alzheimer. Son enfermedades y patologías que se manifiestan con la edad y que tienen creciente incidencia en sociedades como la nuestra, que cuenta con una población cada vez más envejecida.


    1. Carácter persistente de la patología diagnosticada

La enfermedad ha de tener una duración prolongada, si bien eso no implica necesariamente que sea irreversible, pero sí que durante un periodo de tiempo prolongado el individuo sea incapaz de decidir por sí mismo sobre su persona o sobre sus bienes o bien sobre ambas cosas a la vez, o, lo que es lo mismo, sobre sus propios intereses.


Presupuestos del carácter persistente:
a) Duración prolongada. En algunos casos este criterio no ofrece dudas cuando la enfermedad ha alcanzado un grado máximo de desarrollo, como por ejemplo en las demencias degenerativas. Existen más dudas en cuanto a las deficiencias psíquicas de carácter transitorio (brotes psicóticos temporales y esporádicos), las cuales no dan lugar a incapacitación.
Por otro lado están las deficiencias psíquicas de carácter cíclico que cursan por brotes (esquizofrenia o trastorno bipolar de la personalidad), respecto de las que la jurisprudencia ya se ha pronunciado (STS 10/02/86) en el sentido de que sí que pueden ser causas de incapacitación, si bien ha de delimitarse el alcance de dicha incapacidad, por ejemplo, en la medida necesaria para controlar la medicación o bien para someter al sujeto a un tratamiento coercitivo.
b) la enfermedad o deficiencia debe ser apreciable en el momento de iniciarse el procedimiento, ya que la sentencia carece de efectos retroactivos y lo realizado hasta ese momento es plenamente válido y no se vería afectado por la declaración de incapacitación. El hecho de que la enfermedad o deficiencia sea persistente no implica que ésta pueda desaparecer posteriormente, y el propio ordenamiento jurídico ha previsto esta posibilidad articulando un mecanismo en el artículo 761 de la LEC, que regula el procedimiento específico para modificar la incapacidad previa e incluso para rehabilitar la capacidad restringida.



    1. Privación o restricción del autogobierno

El autogobierno sería la actitud reflexiva sobre la propia actuación, tanto en el plano personal como en la esfera patrimonial (Elena Comes y Blanca Escalonilla). Podría definirse como la aptitud del sujeto para guiarse o dirigirse por sí mismo en el ejercicio

de los derechos civiles (Manresa).

El juez será el que determine la extensión de la incapacitación conforme al artículo 760

de la LEC, por lo que no es preciso que la limitación del autogobierno sea total. En efecto, la patología puede ser causa de una limitación parcial del autogobierno y hacer

aconsejable una incapacitación limitada a determinados actos de la vida cotidiana o de

administración del patrimonio.
Para determinar el grado de autogobierno, el juez deberá contar con los correspondientes informes médicos que examinarán las circunstancias sociales, laborales y familiares del presunto incapaz y deberán reflejar en el informe emitido cuál es el grado de discernimiento del sujeto a la hora de asumir las funciones que impliquen una mayor o menor responsabilidad.


  1. Presupuestos procesales




    1. Jurisdicción y competencia

Será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia habitual del presunto incapaz. Los tribunales españoles son competentes si el presunto incapaz tiene residencia en España, independientemente de su nacionalidad.

Si existe Juzgado de Primera Instancia especializado en incapacidades y tutelas, será éste el competente.


    1. Personas que pueden interponer la demanda de incapacidad).

Existen tres posibilidades: interposición de la demandad por determinados parientes,

por el Ministerio Fiscal o por el propio incapaz (Ley 41/2003).


2.2.1. Parientes
Se puede instar la demanda de incapacitación por parte del cónyuge o pareja de hecho.
Pueden iniciar también la incapacitación los descendientes, así como los ascendientes y hermanos. No pueden instar la incapacitación los parientes colaterales o lejanos (primos, tíos, yernos, sobrinos etcétera). A éstos sólo les queda la posibilidad de acudir al Ministerio Fiscal para que sea él el que inicie el procedimiento de incapacitación.
2.2.2. Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal tiene el deber de promover la incapacitación siempre que tenga noticia de que en una persona existe causa para ello. Podrá informar de esta causa de incapacitación al Ministerio Fiscal cualquier persona, incluidos los parientes que no pueden instarla por sí mismos. Las autoridades y los funcionarios públicos tienen la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de un presunto incapaz, lo que en la práctica se resume en: médicos, psicólogos, trabajadores sociales,

responsables de bienestar social, etc.


Para que el Ministerio Fiscal inicie un procedimiento de incapacitación necesita una mínima base documental. A tal fin podrá recabar informes médicos o incluso ordenar que el médico forense examine al presunto incapaz y realice un informe previo.
2.2.3. El presunto incapaz
El artículo 223 del CC establece que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá adoptar, en documento público notarial, cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.


    1. Demanda y emplazamiento

Para interponer la demanda debe estarse a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su artículo 753 establece que los trámites del procedimiento de incapacitación son los trámites del juicio verbal. En un principio, este procedimiento exige una demanda sucinta , pero en los procesos de incapacitación es preciso que se especifique la persona a la que se quiere incapacitar y, además, la demanda debe ser presentada por una persona legitimada para ello. En caso de que la presente una persona sin la legitimación necesaria, es posible archivar el procedimiento y dar traslado de todo al Ministerio Fiscal para que sea él quien, en su caso, interponga la demanda de incapacitación.


La demanda debe acompañarse de certificado literal de nacimiento del demandante, del demandado y del especificado en su caso como tutor.
La condición de demandado y, por tanto, la persona frente a la que se dirige el procedimiento la tiene el presunto incapaz, que puede comparecer en juicio si su grado de enfermedad le permite comprender el contenido de la demanda, con su propia defensa y representación. Es decir, debe comparecer con abogado y procurador cuyo apoderamiento podrá efectuar ante notario, o bien en comparecencia ante el Juzgado (apud acta), o bien solicitarlo de oficio, en el cual caso se suspenderá el procedimiento a la espera de que los Colegios designen a los profesionales correspondientes.

Cuando la demanda la interpone el Ministerio Fiscal, al demandado deberá nombrársele un defensor judicial que le representará en juicio y defenderá sus intereses. El defensor judicial será nombrado de entre los parientes más cercanos al presunto incapaz y, a falta de éstos, se nombrará a la entidad pública correspondiente. Si la demanda se interpone a instancia de parte, el defensor de los intereses del incapaz es el Ministerio Fiscal. No cabe el emplazamiento del incapaz por edictos, ya que éste debe tener conocimiento de que se está tramitando su incapacidad.




    1. Contestación a la demanda

La contestación también tendrá que reunir los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una de las especialidades en materia de incapacitación es que la contestación a la demanda debe presentarse por escrito en el plazo de veinte días a contar desde el emplazamiento, sin que sea necesario hacerlo de manera oral como en el resto de los juicios verbales. El objeto de la contestación a la demanda no puede ser otro que oponerse a la incapacitación, ya que este tipo de procesos quedan fuera del ámbito de disposición de las partes. No tendrá efecto el allanamiento o reconocimiento del presunto incapaz de su propia falta de autogobierno, ni la admisión tácita o expresa de los hechos por el propio demandado o por el defensor judicial.




    1. Desarrollo del juicio y prueba

En este tipo de procedimientos, el juez no se limita a ser un mero árbitro, ya que le interesa la verdad material y el ordenamiento jurídico le otorga la facultad de solicitar

pruebas de oficio para poder llegar al convencimiento real de que en la persona en cuestión concurre una causa de incapacitación (STS 3/12/1991). En cada proceso de incapacitación, además de las pruebas pertinentes que sean acordadas de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, deberá practicarse: el reconocimiento del incapaz por el propio juez, audiencia de los parientes más cercanos y dictámenes periciales necesarios, que necesariamente deberán incluir el dictamen del médico forense adscrito a los Juzgados.
Practicadas las pruebas y oídos el Ministerio Fiscal y las partes sobre la graduación y los límites de la incapacidad o, en su caso, sobre la desestimación de la demanda, se dará por terminada la vista y el juez deberá dictar sentencia en el plazo de diez días. Los juicios y audiencias pueden celebrarse a puerta cerrada si el juez así lo acuerda por

providencia.




      1. Examen del presunto incapaz

Se trata de una garantía para evitar abusos cuya realidad puede ser percibida por un profano en medicina como el juez (STS 10/2/1986). Dentro de esta exploración por el juez se ha de atender a datos referentes a la vida personal: orientación de la persona («cómo se llama»), memoria inmediata («qué ha desayunado»), capacidad de abstracción («interpretación de refranes»), apreciación de ideas delirantes o sobrevaloradas, habilidades en la vida diaria (bañarse), aspecto y cuidado personal, afectividad, conciencia de la enfermedad. También se debe atender a datos de la esfera patrimonial: valor del dinero, moneda de curso legal, operaciones aritméticas, capacidad de administrar sus bienes de uso y consumo diario, y operaciones más complejas como una compraventa. (Argumentos expuestos por Elena Comes y Blanca María Escalonilla.)




      1. Audiencia a los parientes

En esta exploración se trata de obtener un dato más sobre el grado de deficiencia que presenta el presunto incapaz en cuanto a su autogobierno, así como de poder especificar sus habilidades a la hora de administrar sus propios bienes.


No se especifica quiénes deben ser los parientes, aunque siempre se alude a los más próximos. No es necesario explorar a todos, sobre todo cuando han sido citados y no han comparecido voluntariamente.
La audiencia a los parientes también es útil para poder designar el que deba ser el tutor o curador en su caso.


      1. Dictamen de un facultativo o facultativos necesarios

Es un elemento esencial para el juez a la hora de determinar el grado de discernimiento y autogobierno que tiene la persona presuntamente incapaz, ya que en la sentencia se deberá establecer el grado de incapacidad y la extensión necesaria. Para ello, es preciso contar con el informe médico más objetivo de todos, que es el que puede elaborar el médico forense como perito imparcial.




    1. Sentencia

La sentencia de incapacitación deberá determinar la extensión y los límites de la incapacidad. Además, deberá pronunciarse sobre el sistema de tutela o guarda al que debe quedar sometido el incapaz, produciéndose con ello una acumulación de acciones. Por otro lado, podrá pronunciarse sobre la necesidad de internamiento del incapaz, entendiendo como tal un internamiento residencial de carácter duradero, ya que el internamiento urgente en centro psiquiátrico no siempre está previsto para los incapaces, sino que puede ser para personas que sufran un trastorno psíquico de carácter temporal.


La sentencia de incapacitación, así como el régimen de tutela al que queda sometido, deberá inscribirse de oficio en el Registro Civil al margen de la inscripción de nacimiento.
Asimismo, la sentencia de incapacitación deberá pronunciarse sobre si procede privar a la parte incapacitada del derecho de sufragio activo y pasivo, privación que debe acordarse en todo caso cuando la incapacidad es total.
Otra de las acciones que puede ser acumulada a la demanda de incapacidad es la petición de esterilidad de incapaces contemplada en el artículo 156.2 del Código Penal,

el cual prevé expresamente que pueda solicitarse en el mismo procedimiento de incapacidad.


Si no se acumulan las demandas de designación de tutor o curador, de esterilización de

incapaces o de internamiento en un centro adecuado, se deberá articular mediante el procedimiento de jurisdicción voluntaria correspondiente.


No podrá producirse una acumulación subjetiva de acciones, es decir, no se puede tratar en un mismo procedimiento la incapacidad de dos personas, aunque sean hermanas y padezcan la misma afección. Cada una de ellas deberá tener su propio proceso de incapacitación.


    1. Otros procesos

Además del procedimiento de incapacitación, en la Ley de Enjuiciamiento Civil se regulan otros dos procedimientos: la adopción de medidas cautelares y el procedimiento para la rehabilitación de la capacidad o modificación de la ya acordada. Empezando por este último, su tramitación y requisitos son idénticos a los seguidos para el trámite de la incapacitación, por lo que no nos vamos a detener en su estudio. Por otro lado, previamente a la demanda de incapacitación, así como de manera simultánea o posterior, se pueden adoptar medidas cautelares tendentes a la protección de la persona o de los bienes del incapaz, bien de oficio, bien a instancia de parte o bien a petición del Ministerio Fiscal. Se rigen estas medidas cautelares por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el resto de las medidas, y siempre se deberá dar audiencia al demandado, sea con carácter previo, sea posteriormente ofreciéndole la oportunidad de oponerse a las medidas acordadas in audita parte.


Las medidas podrán ser el internamiento involuntario, el nombramiento de un administrador de su patrimonio o de un defensor judicial para acudir a juicio, la anotación preventiva de demanda, la suspensión de poderes que el incapaz hubiese otorgado, etc.


    1. Medidas de protección de las personas mayores de edad con enfermedad de alzheimer

El proceso de incapacitación es un mecanismo idóneo para poder proteger a las personas mayores de edad que tienen y han alcanzado un grado de deterioro suficiente, sea físico o mental, como para necesitar de alguien que supla esta merma de capacidad.


Cuando el anciano se encuentra inmerso en un proceso de deterioro cognitivo y físico o solamente físico o solamente psicológico, el proceso de incapacitación se evidencia como mecanismo adecuado para poder proteger debidamente su persona y, además, su patrimonio. No debe entenderse el proceso de incapacitación como mecanismo para proteger la herencia futura de los parientes que están llamados a sucederle, pero

sí como el mecanismo adecuado para poder proteger el patrimonio del incapaz de tal manera que con él pueda tener asegurada su debida asistencia.


Cuando se diagnostica una demencia en una persona de edad avanzada que, por su propia naturaleza, excluye su recuperación y cuyo proceso supone un deterioro progresivo no sólo de las capacidades intelectuales, sino también de los aspectos físicos, es preciso iniciar el correspondiente procedimiento de incapacitación de la forma en la que ha sido descrita anteriormente. Este procedimiento culmina con una sentencia en la que se determina el grado de discernimiento del incapaz y se establece el sistema de guarda al que ha de quedar sometido el declarado incapaz. Este sistema de guarda, en el caso de las personas mayores, debe ser necesariamente la designación de un tutor o un curador, en función de si la incapacitación es total o sólo parcial, como se describirá más adelante. Con ello, la persona mayor que ya no puede gobernarse por sí misma tiene asegurado que vele tanto por su persona como por su patrimonio, con un control por parte del juzgado.


  • Medidas cautelares

El problema se plantea desde el momento en que se ha diagnosticado la enfermedad y culmina el proceso de incapacitación. Nos podemos encontrar con diferentes situaciones en las que es preciso adoptar medidas de carácter urgente. Se trata de las medidas cautelares que se regulan en el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que pueden ser adoptadas de oficio, a instancia de parte o bien solicitadas por el Ministerio Fiscal. La ley dispone que podrá adoptarse cualquier medida necesaria para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio.


Es preciso que el juez tenga conocimiento de la existencia de una causa de incapacitación, para lo cual deberá tener en su poder informes de tipo social o médico

que revelen, aunque sea de manera indiciaria, que en cierta persona podría concurrir una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico persistente que limitasen en cierta medida su autogobierno. Esta información podrá ser elevada al Juzgado por trabajadores sociales, médicos que reconozcan habitualmente al paciente, parientes etc. Por tanto, el primero de los requisitos es que en la persona se aprecie la existencia de una causa de incapacitación. No puede ser utilizado este mecanismo, por ejemplo, para ingresar médicamente a un paciente en un determinado centro sanitario a fin de aplicarle un tratamiento que él voluntariamente no quiere asumir. Si la persona es plenamente capaz para decidir que no quiere someterse a tratamiento alguno y no se halla incursa en causa de incapacitación, el Juzgado no es competente para adoptar medida alguna, ya que esta circunstancia entraría dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Autonomía del Paciente.


Tiene que existir un mínimo de prueba documental, que podrá ser recabada por las personas o entidades que estén en contacto con los ancianos; por ejemplo, los servicios sociales o los centros de salud.
Las medidas pueden ser solicitadas en el mismo momento en el que se inicia la demanda de incapacitación y junto con ella (en este caso se denominan medidas cautelares coetáneas), o bien pueden solicitarse antes de iniciar el proceso de incapacitación (en este caso serían medidas cautelares previas a la demanda), y es preciso que la demanda principal de incapacitación se interponga en el plazo de veinte días.
La ley dispone, como regla general, que las medidas cautelares se adopten previa audiencia de las personas afectadas, y para ello exige la celebración de una vista con audiencia del presunto incapaz así como al resto de las personas que puedan verse afectadas. No obstante, existen momentos en los que la adopción de la medida debe ser urgente y no admite demora alguna (piénsese en el caso del anciano que reside solo en su domicilio sin familia que le pueda atender y que no se medica adecuadamente, poniendo en riesgo su salud). En este caso, si existe una posible causa de incapacitación, puede adoptarse la medida cautelar sin audiencia de la parte, ya que las razones de urgencia así lo aconsejan y la ley expresamente no lo prohíbe. Adoptada en este caso la medida cautelar, se notificará debidamente al afectado, así como a todas las personas que tengan interés legítimo y que podrán oponerse a la medida adoptada, tras lo cual se celebrará una vista y se resolverá mediante auto, apelable ante la Audiencia Provincial.
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal