El sxix: el final del feudalismo y los comienzos del capitalismo



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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA IES BENLLIURE



EL SXIX: EL FINAL DEL FEUDALISMO Y LOS COMIENZOS DEL CAPITALISMO



LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN: El REINADO DE FERNANDO VII (1.808-1.833).

El primer tercio del SXIX es un periodo muy agitado en la historia de España: comienza con la Guerra de la Independencia contra la Francia napoleónica (1.808-1.814) y termina con una guerra civil: la Primera Guerra Carlista (1.833-1.840).

A lo largo de estos años se producen dos intentos de revolución burguesa: 1.810-1.814 (las Cortes de Cádiz) y 1.820-1.823 (el Trienio Liberal). Ambos fracasan y son seguidos de sendos periodos de contrarrevolución y de represión absolutista: 1.814-1.820 y 1.823-1.833 (la Década Ominosa).

Sólo al tercer intento, durante los mencionados años de la Primera Guerra Carlista (1.833-1.840), se logrará consumar la llegada de la burguesía al poder y, por lo tanto, se abrirá el camino hacia cambios irreversibles de signo capitalista en lo económico-social (desamortización eclesiástica, abolición de los señoríos, supresión de los gremios….) y liberal en lo político (sistema constitucional, más o menos progresista). Se logrará así acabar definitivamente con el Antiguo Régimen (feudalismo y absolutismo), aunque habría que vencer importantes resistencias de sus defensores (parte de la Iglesia, la nobleza y del campesinado)



1) La Guerra de la Independencia (1.808-1.814)

La guerra comienza en mayo de 1.808 como consecuencia del rechazo de la presencia de los ejércitos de Napoleón en España y del nuevo rey (su hermano José Bonaparte) que Napoleón impuso en sustitución del rey español, Fernando VII. Esto supondrá la división de la sociedad española en dos tendencias: los afrancesados y los patriotas.

a) Los afrancesados son una minoría: la nobleza cortesana, funcionarios del Estado, sectores de la intelectualidad ilustrada que apoyan a José Bonaparte como nuevo rey legítimo (José I). Algunos lo hacen por interés personal, pero muchos de ellos consideran que la monarquía de José I es un régimen político que, por su origen francés, podría modernizar España introduciendo gran parte de los cambios que la Revolución Francesa produjo en Francia en los años anteriores.

José I intentó comportarse sinceramente como un rey partidario de ciertas reformas que modernizasen España. Entre ellas destacan: la abolición de la Inquisición, supresión de numerosos conventos de religiosos, reforma en el sistema de enseñanza….

Pero la principal de ellas fue la de basar su monarquía en el Estatuto de Bayona que, aunque no es una Constitución (pues lo impone el propio Napoleón) implica un importante avance político frente a la tradicional monarquía absolutista pues, a pesar de su carácter autoritario y centralista, supone una limitación del poder absoluto del rey:

- El rey tiene prerrogativas muy amplias (nombra y quita ministros, designa los miembros del Senado, etc.) pero ya no tiene un poder absoluto.

- Las Cortes están compuestas por estamentos, pero en su mayor parte los miembros proceden de la burguesía y su misión principal es elaborar las leyes y aprobar los presupuestos.

- Existe una cámara alta: El Senado, cuyos miembros son vitalicios y designados por el rey. Su misión es la defensa de la libertad individual y de imprenta.

- Se recoge una declaración de libertades (imprenta, prohibición de tormento, etc.) aunque no se permite la práctica de otra religión que el catolicismo

(El Estatuto de Bayona tendrá como consecuencia indirecta la elaboración de una Constitución alternativa, la de 1.812, por los liberales).

Sin embargo estos sinceros intentos de modernización de José I fracasaron ante numerosos obstáculos: la situación de guerra, la oposición popular al ejército napoleónico, el limitado poder del propio rey frente al excesivo poder de los generales de Napoleón, las pretensiones de éste de subordinar España a los intereses del Imperio Francés (anexión de Cataluña en 1.812)... Cuando en 1.814 Napoleón es totalmente derrotado, tanto el rey José I como sus partidarios, los afrancesados, tuvieron que abandonar España.


b) los patriotas son un sector mucho más numeroso que comprende a todos los sectores sociales. Mantienen que el rey legítimo de España es Fernando VII, “el deseado”, al que suponen que soporta un amargo cautiverio en Francia a manos de Napoleón (la realidad era muy diferente), rechazan la monarquía de José I, al que consideran una marioneta de su hermano, y ven a los afrancesados como unos traidores. Combaten a los ejércitos de Napoleón. Sin embargo pronto se irán decantando dos posturas cada vez más claramente diferenciadas entre ellos: absolutistas y liberales.

Los absolutistas son los sectores más numerosos: la mayor parte del clero, las masas campesinas (entre las que el clero ejercía una gran influencia). Son defensores de la monarquía absoluta y de los privilegios de la Iglesia y ven en Napoleón (y en la monarquía de José I) la encarnación de los principios más odiosos de la Revolución Francesa (el ataque al “altar y el trono”), por lo tanto son enemigos de cualquier cambio en España que pueda ir contra los principios del Antiguo Régimen: desean que cuando los franceses sean derrotados vuelva a España Fernando VII como rey absoluto.

Los liberales son una minoría (sectores de la burguesía ilustrada), pero muy importante en algunas ciudades comerciales. Rechazan la presencia de los franceses porque estiman que lo que Napoleón pretende es dominar España y subordinarla a los intereses de Francia. Sin embargo son partidarios de que España se modernice adoptando importantes cambios semejantes a los que la revolución introdujo en Francia (liberalismo, constitucionalismo, reformas económicas y sociales profundas..). Pretenden, por lo tanto, la liquidación del Antiguo Régimen y aspiran a que cuando la guerra termine, todas estas reformas se consoliden alrededor de la monarquía constitucional de Fernando VII.

La guerra durará seis años, y en todo momento los patriotas recibirán un decisivo apoyo militar por parte de Gran Bretaña en su lucha contra los ejércitos de Napoleón. También hay que destacar la importante participación popular en la lucha mediante el sistema de “guerrillas”. Todo ello contribuirá a la victoria definitiva, y al regreso de Fernando VII al trono español en 1.814. Sin embargo a lo largo del desarrollo de la guerra los patriotas tuvieron que organizar su lucha de formas diversas:

En los primeros meses siguientes a mayo de 1.808, ya que en España hay un vacío de poder puesto que el rey Fernando VII y su corte estaban en Francia, surge de un modo espontáneo y simultáneo en muchas ciudades una actitud de resistencia armada contra los franceses y sus partidarios que se articula mediante la formación de numerosas Juntas Locales (en cuya composición los sectores populares serían predominantes). Al poco tiempo estas diversas juntas coordinaron su lucha mediante la constitución de diversas Juntas Provinciales (Galicia, Asturias, Cataluña, Valencia..), organismos que con alto nivel de autonomía asumen la tarea de administrar amplios territorios a la vez que hacen la guerra por su cuenta contra los ejércitos de Napoleón. Pero ante los sucesivos fracasos militares se impuso la necesidad de dar el paso hacia la creación de un organismo que intentara coordinar y dirigir la lucha en todo el ámbito español: la Junta Central, que estará compuesta mayoritariamente por antiguos ministro ilustrados de Carlos III (Jovellanos, Floridablanca..) y por nobles partidarios del Antiguo Régimen y opuestos a reformas. Tampoco así se conseguirán impedir las sucesivas victorias de los ejércitos napoleónicos: en 1.810 éstos dominaban ya la mayor parte de España y Portugal, por lo que la Junta Central decidió autodisolverse y dar paso a una Regencia cuya misión sería promover la convocatoria de unas Cortes que debían tener como sede la ciudad de Cádiz (ya que era una localidad que por su carácter de casi isla podía ser fácilmente defendida, con el apoyo de la marina británica, frente a los ejércitos franceses).

El proceso de elección de diputados patriotas y de constitución de las Cortes de Cádiz fue dificultado por la situación de guerra existente: muchas provincias no pudieron elegir o enviar a sus representantes, por lo que fueron elegidos de entre sus naturales que residían en Cádiz. El resultado de todo esto fue que el sector compuesto por los liberales tendría una presencia superior al de los absolutistas (y contará además con el apoyo de la población de la ciudad, marcadamente a favor del liberalismo). Ello explica que las Cortes funcionasen, no a la usanza del Antiguo Régimen (según el sistema de división en tres estamentos diferenciados) sino de un modo innovador y revolucionario: como una cámara única y en representación de la nación española.

Así pues, de 1.810 hasta el final de la guerra (1.814) las Cortes de Cádiz serán el organismo supremo de los patriotas y desarrollarán simultáneamente unas tareas diversas: la dirección de la guerra, la administración de los territorios que se vayan ganando progresivamente y la aprobación de importantes reformas económicas, sociales y políticas encaminadas a acabar con el Antiguo Régimen (a pesar de la fuerte oposición de los absolutistas).

La obra más significativa fue, después varios meses de debates, la aprobación de la Constitución de 1.812, (19 de Marzo) cuyo contenido, profundamente liberal, era muy avanzado para la época:



- Recoge una amplia declaración de hechos humanos y liber­tades: libertad de imprenta, libertad civil, igualdad ante la ley, derecho a la propiedad privada .....- Pero estos derechos no se extienden a la libertad religiosa: el Art. 12 reconoce la religión católica como única religión de los españoles, y consagra la confesionalidad del Estado. (Esto es una concesión hacia la Iglesia para compensar la abolición de la Inquisición y la desamortización de las tierras de la Iglesia).

- Consagra claramente el principio de Soberanía Nacional, lo que supone un ataque al absolutismo real.

- Establece la división de poderes:

a) Legislativo: El poder legislativo reside en las Cortes que tienen amplias prerrogativas (elaboración de las leyes. Control de la política exterior. Previsión de la sucesión del trono. Aprobación de los presupuestos. Establecimiento de impuestos. Fijación de las fuerzas del ejercito.). Las Cortes se reúnen cada año por un espacio de tres meses. El rey no puede disolverlas, y mientras no están reunidas funciona una Diputación Permanente (que se encarga de que el ejecutivo cumpla su cometido). Las cortes son unicamerales.

b) Ejecutivo: El poder ejecutivo reside en el rey. Gobierna y nombra los ministros pero está controlado por las Cortes. Pero el rey ejerce también cierto control sobre las Cortes mediante el derecho de "veto suspensivo" (el rey puede suspender la aprobación de u una ley por las Cortes durante 2 años con­secutivos, pero al tercer año ya no puede ejercer este derecho de veto).

c) Judicial: Se establece la independencia de los tribunales de justicia.

- El sistema de sufragio es universal (pero solo masculino) e indirecto en 4 grados. O sea, pueden votar todos los hom­bres mayores de edad (independientemente de su nivel de­ fortuna) pero no votan directamente a los diputados a Cortes representantes de su provincia sino a compromisarios. Sin embargo para ser votado hace falta un nivel de renta.

- Las Cortes crean una Milicia Nacional cuya misión es de­fender el sistema constitucional.

- Se establece un nuevo sistema de provisión de cargos mu­nicipales mediante elecciones: ayuntamientos democráticos.

- Se fija un sistema único de contribuciones y el servicio militar, con carácter obligatorio para todos los españoles, sin privilegios.

- Se establece un sistema de enseñanza primaría con carácter general y a expensas del Estado.

Paralelamente las Cortes de Cádiz aprobaron diversas leyes y decretos tales como:

- Medidas antinobiliarias: supresión de las justicias feudales y eliminación del requisito de tener título nobiliario para el acceso a la oficialidad del ejército.

- Abolición de la Inquisición (22 de enero de 1.813): Fue un asunto muy polémico, pues los absolutistas opusieron una fuerte resistencia muy superior a la de cualquier otro caso.

- Supresión de los señoríos (6 de agosto de 1.811): Es una ley confusa que hace una discutible distinción entre señoríos jurisdiccionales y territoriales. Los primeros son suprimidos sin indemnización alguna para los propietarios-nobles, estableciéndose que los campesinos no les deberían pagar ninguna renta en lo sucesivo por monopolios (tiendas, hornos molinos..), caza, pesca, etc.. ello conlleva también la supresión de la condición de vasallaje. Pero los segundos son transformados en propiedad privada sin establecer claramente quien sería su titular.

- Privatización de los baldíos (tierras cultivables) pertenecientes a los municipios (4 de enero de 1.813): la mitad de ellas se venderían a los vecinos del municipio que pudiesen comprarlas y la otra mitad se entregaría como recompensa a los méritos de guerra a los vecinos que las merecieran, o bien se concederían a los que no tuviesen propiedades (a cambio de un pago anual).

- Desamortización de parte de los bienes de la Iglesia (13 de septiembre de 1.813): Las propiedades de la Inquisición, de las órdenes militares y de algunas órdenes religiosas se convierten en bienes nacionales cuyo destino sería una posterior subasta y privatización. (el objetivo de éste y del anterior decreto era el que el Estado pudiera conseguir recursos para hacer frente a la enorme Deuda Nacional).

- Medidas liberalizadoras de carácter económico: supresión de los gremios y de la Mesta, libertad de empresa y de contratación, liberalización de los precios, libertad a los propietarios de cercar sus tierras, creación de un nuevo sistema de contribución para todos los ciudadanos, en función de su riqueza.

- Eliminación del procedimiento de la tortura en los procesos judiciales.

Tanto estas medidas, como la Constitución de 1.812, lógicamente no pudieron entrar en vigor mientras existiese la situación de guerra. Los liberales esperaban poder hacerlo en la paz y contando con la colaboración del rey Fernando VII.
2) La reacción absolutista (1814-1820)

Tras la derrota de Napoleón por las grandes potencias europeas (Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia..), éstas acordarán en el Congreso de Viena (1.814-1.815) un nuevo orden internacional (la Europa de la Restauración) aplicable a todos los países (con la excepción de Gran Bretaña) muy definido por la defensa de los valores del Antiguo Régimen y el rechazo de cualquier planteamiento de carácter liberal. Se pretendía volver a la situación existente antes de la Revolución Francesa y que en lo sucesivo no hubiesen nuevos movimientos revolucionarios. Para ello se creó la Santa Alianza, compuesta por Austria, Prusia y Rusia, y cuya misión sería intervenir militarmente sofocando cualquier posible intento de revolución burguesa que pudiera surgir en el futuro.

Estas circunstancias internacionales ayudan a entender que al terminar la guerra Fernando VII, nada más regresar desde Francia, se apoye en los partidarios del absolutismo y decrete la supresión de las Cortes y de toda su obra (Constitución de 1.812, reformas diversas..) y la persecución de los liberales como traidores al principio de la monarquía absoluta.

La monarquía absolutista de Fernando VII se encontró con una situación muy diferente a la de antes de la guerra: España se encontraba arruinada económicamente y, además; por primera vez en varios siglos no podía contar con los recursos económicos de América pues desde 1.810 se estaba desarrollando en ella un amplio movimiento de carácter emancipador e independentista dirigido por la burguesía criolla (Bolívar, Sucre, San Martín, O´Higgins..). Fernando VII decidió luchar contra ello militarmente y además intentó conseguir el apoyo de la Santa Alianza (no lo consiguió debido a la firme postura de Gran Bretaña que era favorable a dicha independencia). A pesar de los enormes gastos que esto supuso, el movimiento independentista terminaría triunfando definitivamente en 1.824 (a partir de este año España solo conservó de su antiguo imperio ultramarino Cuba, Puerto Rico y Filipinas, colonias que perdería definitivamente en 1.898).

Para hacer frente a la mala situación económica era imprescindible hacer profundas reformas, de carácter liberal, en contra de los intereses de la nobleza y del clero (nuevo sistema de impuestos, etc.) pero Fernando VII se opuso a ello y decidió aumentar la presión fiscal de la burguesía y del campesinado. Esto provocó una creciente falta de apoyo popular.

Por otra parte los liberales, aunque estaban perseguidos, tenían muchos partidarios entre la burguesía, las masas urbanas e importantes sectores de la oficialidad del ejército español (la guerra había propiciado la aparición de numerosos oficiales de origen popular y simpatizantes del liberalismo).

Así pues, los liberales intentarán acabar con la monarquía absoluta por la fuerza, mediante conspiraciones que combinan los pronunciamientos de oficiales liberales con los levantamientos populares en las ciudades. Varios de estas conspiraciones fracasaron y sus dirigentes (Porlier, Vidal, Mina, Lacy) fueron ejecutados, pero la que en 1.820 protagonizó el general Riego terminó triunfando.
3) El trienio liberal (1.820-1.823)

En 1.820 el general Riego, que desde Cádiz debía embarcar con un ejército para luchar contra los independentistas americanos, decidió sublevar sus tropas a favor del restablecimiento del sistema constitucional y, aunque inicialmente no consigue triunfar en este empeño, logró que unas semanas más tarde se le sumaran otras guarniciones militares de diversas ciudades del país.

Fernando VII, al comprender que no puede evitar que se propaguen los pronunciamientos liberales, cambió de actitud y juró aceptar la Constitución de 1.812 (“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”). Esto supondrá de inmediato el fin de la represión de los liberales y la vuelta a España de muchos de ellos que se habían exilado en el extranjero.

Así pues, los mismos liberales de las Cortes de Cádiz vuelven a ser los protagonistas de este nuevo intento de revolución burguesa, por lo que se volverá a establecer el mismo tipo de reformas de periodo anterior:

- La Constitución de 1812 entra en vigor por primera vez (ya que anteriormente no era posible pues el rey estaba ausente). La actuación de Fernando VII como rey constitucional será muy deficiente: utilizará el enorme poder que la Constitución le confiere para obstaculizar el proceso de cambios.

- Las Cortes aprueban una nueva ley de abolición de los señoríos parecida a la de 1.811, pero en ella se establece que los nobles deberán presentar los títulos de propiedad de las tierras para que puedan ser considerados como propietarios plenos de ellas, de no ser así los campesinos no estarían obligados a hacerles pago alguno (muchos nobles no tenían ningún título, pues sus antepasados las habían usurpado por la fuerza). Esto supone que en caso de duda sobre a quien pertenece la propiedad (nobles o campesinos) la decisión última correspondería a los tribunales de justicia, lo que implicará largos y costosos pleitos. Fernando VII vetará esta ley por dos veces consecutivas.

- Aprueban también una ley que prohíbe crear mayorazgos y permite la desvinculación de los existentes. Esto posibilitaría a los nobles disponer libremente de sus propiedades y, llegado el caso, poder venderlas.

- Se aprueba, también la desamortización de parte de los bienes del clero regular (órdenes religiosas y militares) y de los baldíos de los municipios. Éstos serían subastados públicamente y privatizados y se podría utilizar como medios de pago títulos de deuda de épocas anteriores (Vales Reales) con su valor nominal.

- Se vuelve a suprimir la Inquisición.

- Igualmente se vuelven a adoptarse las medidas liberalizadoras de la economía: supresión de las aduanas interiores y de los gremios, libertad de empresa y de contratación...

- Se hacen reformas en el ejército y se crea la Milicia Nacional (cuerpo de voluntarios, compuesto principalmente por sectores de la burguesía, cuya misión es defender el sistema constitucional).

- Se emprenden importantes reformas administrativas (división del país en 52 provincias), judiciales (elaboración de un Código Penal) y educativas (enseñanza primaria pública y gratuita).

- En cuanto al sistema de impuestos, se suprime el diezmo y se sustituye por un impuesto en dinero que se pagaría al Estado. Con esta medida se pretende beneficiar a los campesinos pero el resultado será el contrario (Para pagar el impuesto en dinero los campesinos tendrían que desprenderse y vender en el mercado una cantidad de productos superior a la cuantía del diezmo) .

Sin embargo los liberales encontraron una importante oposición, alentada por el propio Fernando VII, por parte de los sectores absolutistas, situados entre los funcionarios y parte de la oficialidad del ejército, del clero y de la nobleza, e incluso del campesinado (los campesinos, en realidad, se vieron poco beneficiados por el régimen liberal tanto por el nuevo sistema de impuestos como por las leyes desamortizadoras y de abolición de los señoríos, que difícilmente les permitían acceder a la propiedad de la tierra). Esto dará lugar a la varios pronunciamientos anticonstitucionales por parte de generales absolutistas (que son sofocados gracias a la intervención de la Milicia Nacional) y a la formación de partidas campesinas, dirigidas por elementos del clero, que llegarían a dominar amplios territorios de las zonas rurales

Todo esto explica que a lo largo del trienio se manifiesten dos posturas cada vez más diferenciadas entre los liberales: Los moderados (encabezados por Martínez de la Rosa) son partidarios de un proceso de reformas lento y moderado para no ganarse la oposición del Rey, la nobleza, la Iglesia y de las grandes potencias europeas. Los exaltados (encabezados por Riego) consideran que hay que hacer las reformas rápidamente y sin miramientos con los sectores anteriores. Tienen mucha fuerza entre la Milicia Nacional y las masas urbanas.

En el aspecto internacional la situación también enemiga del liberalismo español: las grandes potencias de la Santa Alianza (entre las cuales forma parte la Francia del rey borbónico Luis XVIII) consideran que el régimen liberal de España es un mal ejemplo para toda Europa. Fernando VII, en secreto, les pide que intervengan militarmente en España para restablecer el absolutismo. Así pues la Santa Alianza decidirá que Francia invada España con un ejército (“los 100.000 hijos de S. Luis”).

Este ejército penetró en España en abril de 1.823 y encontró importantes apoyos entre los absolutistas, para los que ahora los soldados franceses eran enviados por la voluntad divina (todo lo contrario de como eran considerados pocos años antes, durante la Guerra de la Independencia). Por el contrario, el gobierno liberal apenas le opuso resistencia y prefirió replegarse, con Fernando VII, hacia Cádiz, esperando resistir del mismo modo que en 1.810-4. Sin embargo pronto comprendió que las circunstancias eran muy diferentes (no se podía contar con ningún apoyo extranjero), y en septiembre de 1.823 decide rendirse y permitir que Fernando VII recupere el poder absoluto a cambio de la promesa por parte de éste de que no promovería una represión contra los liberales.
4) La Década Ominosa (1.23-1.833)

Al recuperar Fernando VII el poder absoluto, nuevamente emprendió una feroz represión contra los liberales (Riego y muchos otros fueron ejecutados) y anuló toda la obra del trienio (con la salvedad de la Inquisición: no consideró útil su restablecimiento, pues esta era una institución anticuada y poco eficaz para la represión del liberalismo). Las dificultades económicas se manifestaron cada vez más acuciantes (las colonias americanas se pierden definitivamente en 1.824: derrota en la batalla de Ayacucho) y, ante la negativa del rey de adoptar medidas fiscales contra los privilegios de la nobleza y la Iglesia no quedó más camino que aumentar la presión fiscal del campesinado y la burguesía (al final de este periodo Fernando VII tendría que adoptar algunas medidas económicas más cercanas a los intereses de la burguesía más conservadora).

Los liberales, como en la etapa absolutista anterior, intentaron constantemente acabar con el absolutismo mediante conspiraciones y pronunciamientos, pero sin éxito (ejecuciones de Torrijos, Mariana Pineda..).

Sin embargo los sectores más ultra-absolutistas, que se autodenominarán con el nombre de “los apostólicos”, (representados principalmente por la iglesia más reaccionaria) estaban cada vez más descontentos con Fernando VII al que reprochaban que era demasiado blando en la represión de los liberales y que no hubiese restablecido la Inquisición (estos sectores llegaron a establecer una inquisición paralela, a la que llamaron Juntas de Fe, que llegó a procesar y ejecutar en 1.825 a un maestro de Valencia acusado de deísmo). Esto explica que lleguen a animar levantamientos de campesinos en Cataluña (los “malcontents”) en 1.827, que también fueron reprimidos duramente.

Los “apostólicos” estaban completamente identificados con el hermano menor de Fernando VII, Carlos María Isidro, al que consideraban como su sucesor idóneo, pues aquel, después de tres sucesivos matrimonios no había logrado tener descendencia. Sin embargo en 1.830 Fernando VII tuvo una hija (Isabel) de su cuarta esposa (María Cristina de Nápoles). Ante esta situación los apostólicos (a partir de ahora se autodenominarán “carlistas”) se niegan a reconocer a Isabel como futura reina con el argumento de que está vigente la Ley Sálica (que introdujo Felipe V a comienzos del SXVIII) que impedía que las hembras pudieran reinar si había varones en el ámbito familiar real. Frente a los carlistas (los sectores más partidarios del absolutismo y del Antiguo Régimen), la reina madre María Cristina buscará partidarios para la causa de su hija entre los sectores liberales.

Cuando en 1.833 muera Fernando VII sin haberse resuelto el problema sucesorio el enfrentamiento armado entre carlistas (defensores del absolutismo y del Antiguo Régimen) y liberales (partidarios de acabar con el absolutismo y el Antiguo Régimen) será inevitable.



LA MONARQUÍA DE ISABEL II (1.833-1.868)
Los 35 años del reinado de Isabel II son la época para Europa Occidental en que se difunde la primera revolución industrial desde Gran Bretaña y, también, en la que tienen lugar los movimientos revolucionarios burgueses y nacionalistas (ej.: la revolución de 1.848, la unificación de Italia y Alemania..) que acaban definitivamente con el orden internacional creado en 1.814-5 en el Congreso de Viena.

En lo que respecta a España, se van a producir (con cierto retraso) importantes transformaciones políticas, económicas y sociales propias de un país que vive un capitalismo en fase inicial, de las cuales la gran beneficiaria sería la burguesía más conservadora, estrechamente ligada a la Corona en todo momento. El resultado de esto será la existencia de un régimen político muy moderado, oligárquico y sin base social, que se desacreditará tanto que no podrá impedir el derrocamiento de la reina Isabel II, en 1.868, por parte de las fuerzas políticas más democráticas y populares.


1) TRANSFORMACIONES POLÍTICAS

La regencia de María Cristina: la primera guerra carlista y la revolución burguesa (1.833-1.840)

Los primeros años del reinado de Isabel II son fundamentales porque en ellos tiene lugar dos sucesos paralelos e inseparables: una guerra civil (la primera guerra carlista) y el triunfo definitivo e irreversible de la revolución burguesa en España. Esta revolución, que supone el fin del feudalismo y el comienzo del capitalismo, se caracteriza por:

a) Se lleva a cabo mediante un entendimiento entre la nobleza y la nueva clase social ascendente, la burguesía: la nobleza no se opone a que la burguesía acceda al poder y, a cambio, ésta le garantiza a aquella el seguir conservando la propiedad de sus patrimonios.

b) La Iglesia pierde gran parte del poder económico que tenía durante el feudalismo y tendrá que adaptarse, finalmente, y aceptar (y justificar) el nuevo poder burgués.

c) La monarquía pierde definitivamente su carácter absolutista y se transforma en constitucional (pero, a cambio, la Constitución le reconocerá poderes muy amplios).

d) Los grandes perjudicados serán las masas campesinas (difícilmente pueden acceder a la propiedad de las tierras) y urbanas (no consiguen sustanciales mejoras en sus condiciones de vida). Ambos sectores, además quedarán excluidos de los derechos políticos fundamentales (sufragio, asociación...)

La guerra, cuya causa inmediata es la cuestión sucesoria al trono español, enfrentará a los llamados carlistas contra los isabelinos.

Los carlistas en 1.833, al morir Fernando VII, se levantan en armas a favor de Carlos María Isidro como rey legítimo (para ellos es Carlos V). Están compuestos por parte de la nobleza, gran parte de la iglesia, la pequeña nobleza rural y por las masas de campesinos (pequeños propietarios y de fuertes convicciones religiosas) de las zonas del N. de Castilla, País Vasco, Navarra, Aragón Cataluña y Valencia. Su ideología consiste en el rechazo del liberalismo, y en un tradicionalismo que añora el pasado (Antiguo Régimen) como algo idealizado. Los principios básicos de su ideario político se resumen en el lema: “Dios, patria, rey y fueros”, o sea: absolutismo, integrismo religioso y un anticentralismo inspirado en la pervivencia de instituciones medievales de autogobierno.

Los isabelinos (también llamados cristinos) consideran que el trono corresponde a Isabel, y que mientras ésta sea menor de edad (nació en 1.830) su madre María Cristina debe actuar como regente. Componen los sectores de la burguesía y de las masas urbanas de las principales ciudades. Su ideología es la defensa del liberalismo y de cambios necesarios (en un sentido más o menos progresista, según casos) para la modernización de España.

El escenario de la guerra son las zonas rurales del N. de Castilla, País Vasco, Navarra, Aragón Cataluña y Valencia. Aquí los carlistas intentan resistir (nunca llegaron a dominar ninguna ciudad importante) creando un embrión de monarquía absolutista alrededor de su pretendiente al trono (Carlos V) mientras que los isabelinos dominarán el resto del país. Finalmente, y después de muchos esfuerzos, los carlistas son derrotados.

La consumación de la revolución burguesa se realiza de un modo complejo y mediante diversas fases, en las que dominan alternativamente los sectores moderados y progresistas de la burguesía:

1ª. El liberalismo moderado (1.833-1.834). En 1.833, frente al levantamiento carlista, la reina madre María Cristina (aunque personalmente simpatizaba muy poco con el liberalismo), actúa como regente y busca el apoyo para la causa de su hija entre los burgueses liberales más moderados; nombra jefe de gobierno el líder de éstos: Martínez de la Rosa, que desde el poder intentará introducir los menores cambios posibles. Su principal realización será la sustitución de la monarquía absoluta por la del modelo reflejado en el Estatuto Real (1.834): Éste no llega a ser ni siquiera una constitución. Es una Carta Otorgada impuesta desde el poder con un contenido fuertemente conservador:

- No dice nada sobre soberanía nacional ni recoge ninguna declaración de derechos.

- Las Cortes son bicamerales: La cámara de los Próceres del Reino está formada por miembros de la nobleza y de las grandes fortunas. La de los Procuradores del Reino está integrada por representantes elegidos, pero en condiciones de sufragio censitario: solo pueden votar y ser votados los ciudadanos de rentas más elevadas (el cuerpo electoral era el 0'15 % de la población). En ningún momento pueden oponerse al gobierno.

- El rey (reina) detenta el gobierno, puede convocar y disolver las Cortes a voluntad y designar un número ilimitado de Próceres, por lo que controla plenamente las Cortes: Para que una ley sea apro­bada hace falta que lo sea por ambas cámaras y también por el rey (reina).

Los sectores más progresistas, descontentos tanto por el contenido tan excesivamente moderado de los cambios políticos como por la marcha de la guerra (derrotas diversas de los ejércitos isabelinos) manifestarán su descontento en 1.835 mediante la creación de Juntas Revolucionarias en diversas ciudades que exigen cambios más profundos tanto políticos como en la forma de conducir la guerra. Este descontento en algunos casos se plasma en actitudes violentas por parte de las masas urbanas más empobrecidas: destrucción de las fábricas textiles de Barcelona que habían introducido la maquinaria de vapor y quema de conventos y asesinatos de frailes en Madrid (a los que se culpa de la epidemia de cólera de dicho año).



2ª. El liberalismo progresista (1.835-37). Ante esta oleada revolucionaria, en 1.835 María Cristina considera inevitable entregar el poder a la burguesía liberal más progresista, representada por Mendizábal. Éste se dedica, en primer lugar, a suprimir las Juntas Revolucionarias existente y posteriormente emprende un proceso de cambios muy importantes tales como la desvinculación de los mayorazgos, la supresión de los señoríos, la liberalización de la economía (supresión de la mesta y de los gremios), desamortización eclesiástica. Pretendía con estas reformas que el Estado obtuviera recursos suficientes para dotar al ejército de los medios necesarios para la victoria definitiva contra los carlistas. (A partir de ahora la guerra cambiaría de signo, destacando cada vez más la figura del general Espartero tanto como por sus victorias contra los carlistas, como por su creciente popularidad entre los progresistas).

En 1.836, María Cristina destituye a Mendizábal, disconforme con su política avanzada. Esto provocará un nuevo periodo de agitaciones entre los progresistas que culmina con la sublevación de los oficiales del palacio de La Granja, que fuerza a María Cristina a aceptar la Constitución de 1.812 y a crear un nuevo gobierno progresista. Este nuevo gobierno, ahora presidido por Calatrava (aunque Mendizábal sería ministro de Hacienda), continuará con las reformas antes mencionadas, y en el aspecto político considera imprescindible que se apruebe una nueva Constitución que, sin ser tan avanzada como la de 1.812, pueda ser suficientemente aceptable tanto por los progresistas como por los moderados y por María Cristina. Es la Constitución de 1.837 (a partir de este texto se consolidará definitivamente el sistema constitucional español):



- Se mantiene el principio de Soberanía Nacional y la declaración de derechos ciudadanos de la Constitución de 1.812.

- Se introduce la gran novedad de unas Cortes bicame­rales: Se crea una Cámara Alta o Senado junto con el Congreso de Diputados

- Las atribuciones del rey (reina) son grandes: Tiene derecho de veto absoluto (en vez del suspensivo de 1.812). Es inviolable, nombra a los ministros y a los senadores (a propuesta en terna).

- El sistema de sufragio es directo, pero censitario ( el cuerpo electoral es el 2´2 % de la población).

- Desaparece la Diputación Permanente de las Cortes (que era un importante órgano de control).

3ª. 1.837-1.840: La Constitución se pone en funcionamiento con las elecciones de septiembre de 1.837. Como es natural, dado el carácter tan restringido del cuerpo electoral, los moderados alcanzaron la mayoría y, con el apoyo de María Cristina, en los años siguientes intentaron (sin salirse del marco constitucional) despojar las reformas anteriores de los aspectos más avanzados: restricción de la libertad de imprenta, una Ley de Ayuntamientos antidemocrática (supone el nombramiento de los alcaldes de las capitales de provincia desde la Corona), paralización de la desamortización de los bienes de la Iglesia… En 1.840, ante esta situación, los progresistas manifestaron, otra vez, su descontento por medio de un amplio movimiento insurreccional que obligó a que María Cristina dimitiese como regente. Entonces el general Espartero, enormemente popular entre los sectores progresistas gracias a sus victorias militares en la recientemente finalizada guerra, se convirtió en el nuevo regente (1.841)
La regencia de Espartero (1.841-1.843)

El general Espartero, como regente, cometió numerosos errores que en poco tiempo le distanciaron de gran parte de sus seguidores: actuó de un modo cada vez más personalista y autoritario al margen de las Cortes y aprobó una política económica de carácter librecambista que perjudicaba a las industria textil española (principalmente catalana) en beneficio de la británica. Esto provocó un levantamiento en Barcelona protagonizado en su mayor parte por los sectores obreros (en gran parte progresistas) que temían perder su trabajo, y Espartero reaccionó bombardeando la ciudad. Los moderados se aprovecharon de su creciente aislamiento y organizaron conspiraciones encabezadas por los sectores del ejército más próximos a su postura. Finalmente, en 1.843, triunfó la encabezada por los generales Narváez y O´Donnell y Espartero tuvo que exiliarse a Gran Bretaña.


Los moderados en el poder (1.843-1.854)

A lo largo de este periodo los moderados, mediante sucesivos gobiernos presididos por Narváez, Bravo Murillo.., permanecerán en el poder y desde él desarrollarán en todos los aspectos una política hecha a la medida de las necesidades y de los intereses de una oligarquía compuesta por la alta burguesía (terratenientes, comerciante, financieros, especuladores…) y por los sectores de la nobleza y de la Iglesia que se vayan acercando desde las filas del carlismo. Para ello contarán con el permanente apoyo de la reina Isabel II.

- En primer lugar se toma la decisión de prescindir en lo sucesivo de un nuevo regente y se proclama en 1.843 como mayor de edad a Isabel II (a los 13 años). Posteriormente, considerando que la Constitución de 1.837 era excesivamente progresista se aprobó una nueva, la Constitución de 1.845 (El objetivo de esta constitución es asegurar el predominio ­político de la oligarquía e imponer la ideología, las institu­ciones y el orden de los moderados en estrecha colaboración con la Corona):

Su idea básica es la del rechazo de la "Soberanía Nacional" en su lugar aparece el principio de Soberanía Conjunta del Rey (reina) y las Cortes.

- Esto significa un aumento del poder del rey (Reina): Tiene iniciativa legislativa; designa Íntegramente a los componentes del Senado, nombra como jefe del gobierno al político de su preferen­cia permitiéndole la disolución de las Cortes y la fabricación de otras a su medida mediante el fraude electoral.

- Las Cortes ven restringidas sus prerrogativas: Son bicamerales y el Senado será un organismo de dominio por parte del Rey; además se alarga el mandato temporal de los diputados, con lo que se pretenda espaciar las lecciones.

- Establece un sufragio muy restringido de la población (el 1 %), implantándose como unidad electoral el distrito reducido, lo ­que facilita el control por parte de caciques y autoridades.

- Suprime la Milicia Nacional y los ayuntamientos democráticos.

- Recoge una declaración de derechos semejante a la de 1.837 pero éstos deberán ser regulados por leyes posteriores, las ­cuales los limitaron enormemente (Por ejemplo, esto supuso en realidad la suspensión del derecho de imprenta mediante la implantación de una fuerte censura).

- Se proclama solemnemente la confesionalidad del estado (Lo cual está en relación con el proceso de aproximación entre ­Iglesia y estado moderado que se plasmará en el Concordato de 1.851).

(A pesar de todo la Constitución de 1.845 pareció demasiado avanzada al ­sector más conservador de los moderados, representado por Bravo Murillo, que en 1.852 pretendió una reforma constitucional que significaba una vuelta de hecho al Estatuto Real de 1.834. Sin embargo la mayoría del Partido Moderado se opuso a ello y ésta no se pudo realizar).

- Suprimen la Milicia Nacional, a causa de su orientación excesivamente progresista, y crean una nueva institución para reprimir las manifestaciones de descontento y parra mantener el orden público, especialmente en las zonas rurales: la Guardia Civil (1.844). El carácter represivo de los moderados se complementa con la imposición de fuertes restricciones a la libertad de imprenta (implantación de una fuerte censura) y mediante la oposición al reconocimiento del derecho de asociación de los obreros.

- Consiguen atraerse el apoyo gran parte de la Iglesia (que a partir de ahora abandona la causa carlista) mediante medidas como la paralización de la desamortización de sus bienes, la financiación anual con fondos del Estado (como compensación de los bienes ya desamortizados en los años anteriores) y la concesión del control gran parte de la enseñanza. Esto se plasma en el Concordato de 1.851.

- Pretenden, siguiendo la herencia de los Borbones del SXVIII, construir un modelo de Estado basado en unos principios fuertemente centralistas y uniformizadores: se aprueba una división administrativa del territorio nacional basada en las actuales provincias, al frente de las cuales está la figura del Gobernador Civil que, como representante del poder central, tendrá poderes muy amplios y la del Gobernador Militar.

- Se despoja a los ayuntamientos de casi todas sus competencias de autogobierno y, además, se suprime la democracia municipal mediante el sistema de nombramiento a dedo de los alcaldes por parte del Gobernador Civil. Esto dará lugar a la creación de una estructura de poder muy jerarquizada que permitirá la impunidad de los caciques en las zonas rurales y que será muy efectiva para reprimir eficazmente a los sectores descontentos y para la falsificación y manipulación de las elecciones cuando fuese necesario.

- De acuerdo con los criterios uniformizadores, realizan reformas económicas tales como la simplificación y unificación de un sistema fiscal que descansa principalmente en los impuestos de tipo indirecto (tasas, consumos) y que favorece especialmente a los sectores más pudientes, la creación del banco de España, la planificación radial de la construcción de las líneas del ferrocarril y la introducción del sistema métrico decimal en sustitución de los diversos sistemas de pesos y medidas locales.

- Aprueban, también, un Código Penal (1.851) y elaboran las bases fundamentales de un Código Civil (se aprobaría posteriormente) que afirman la defensa del principio de la propiedad privada.

En el aspecto educativo se implanta el modelo napoleónico en la enseñanza superior (las universidades pierden su autonomía y pasan a estar controladas estrechamente por el gobierno), se deja la enseñanza media en manos de la Iglesia y se desatiende de recursos la enseñanza primaria (los maestros de escuela estarán mal pagados a cargo de unos ayuntamientos con escasos recursos).

La complicidad de la Corona con este sistema oligárquico es total: la reina Isabel II (muy influida por su camarilla, formada por cortesanos, monjas y frailes) tiene un enorme poder que le confiere la Constitución de 1.845 y abusa permanentemente de él: nombra, y destituye, al presidente de gobierno según su voluntad (pero siempre lo escoge de entre los principales dirigentes del partido moderado), y lo que éste hace a continuación es, desde el poder, disolver las Cortes y convocar elecciones, manipuladas de antemano, con el fin de disponer la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar con comodidad.

Con estas medidas se bloquea sistemáticamente el acceso al poder por cauces democráticos, de las demás fuerzas políticas. Ello explica que los carlistas intenten un nuevo levantamiento armado en 1.848-9 (la segunda guerra carlista) en Cataluña, que fracasa fácilmente, y que los progresistas, junto con otros sectores políticos que van surgiendo a su izquierda (demócratas, republicanos..) intenten llegar al poder mediante insurrecciones pro­tagonizadas por los oficiales progresistas del ejército y por las "juntas revolucionarias", que en los momentos de crisis se crean en las principales ciudades.




El bienio progresista (1.854-56)

En julio de 1.854, el gobierno moderado está tan desprestigiado por los escándalos económicos (especulación con la construcción del ferrocarril) y por su intento de reformar la Constitución de 1.845 en un sentido aún más antidemocrático, que algunos sectores del propio partido moderado manifiestan su descontento, y pronto se unen a ellos los progresistas.

Este descontento conjunto se plasma el la redacción del Manifiesto de Manzanares: en él se exigen algunas reformas políticas (eliminación de la camarilla de la reina, ampliación del cuerpo electoral) y económicas (reducción de los impuestos).

En apoyo de estas medidas se pronunciaron algunos oficiales del ejército y surgieron en diversas ciudades juntas revolucionarias las cuales plantearon exigencias mucho más avanzadas (una nueva Constitución, rechazo de los impuestos indirectos -tasas y consumos-, y del sistema de quintas vigente como forma de servicio militar obligatorio (perjudicaba sobre todo a los más pobres).

Para aplacar esta situación de descontento, Isabel II llama a Espartero (que a pesar de sus pasados errores aún conservaba una gran popularidad entre las masas progresistas) a formar un nuevo gobierno, del cual el general O´Donnell sería el ministro de la guerra.

El gobierno de Espartero, en primer lugar, suprime las juntas revolucionarias y convoca elecciones a Cortes Constituyentes con el fin de elaborar una nueva Constitución en la línea de la progresista de 1.837 (esta Constitución nunca llegaría a ser aprobada). Emprende diversas reformas, también en la línea del periodo progresista de Mendizábal y Calatrava, tales como la reanudación de la desamortización (Ley de Madoz: afectará no solo a los bienes de la iglesia sino también a los de los pueblos), la aprobación de la “Ley del Ferrocarril” (posibilitará una rápida construcción durante los años siguientes), la expulsión de los jesuitas, el restablecimiento de la Milicia Nacional y de los ayuntamientos democráticos, y la eliminación de las restricciones a la libertad de imprenta.

Sin embargo estas medidas no satisfacen plenamente a las masas más empobrecidas (en estos años hay epidemia de cólera y grandes dificultades económicas: malas cosechas, precios altos, etc. que acentúan su descontento). Éstas exigen reformas económicas y sociales avanzadas: mejora de salarios, disminución de la jornada laboral, derecho de asociación, supresión de los impuestos indirectos (tasas y consumos), y del sistema de quintas. Estas reivindicaciones se plantean a veces mediante disturbios en las zonas rurales y huelgas e incendios de fábricas en las zonas industriales (Barcelona). Frente a ellas O´Donnell utiliza la fuerza del ejército mientras que Espartero (ante el desconcierto de sus partidarios) se inhibe y termina presentando su dimisión a Isabel II.

La reina nombra entonces (julio de 1856) a O´Donnell presidente del gobierno, cuya tarea sería reprimir también la resistencia armada que desarrollaron los progresistas contra él en algunas ciudades (levantamientos de la Milicia Nacional en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza) y restaurar el régimen anterior a 1.854.


La crisis de la monarquía de Isabel II (1.856-1.868)

En este periodo se suceden en el poder la Unión Liberal (partido fundado por O´Donnell que pretendía ser un término medio entre los moderados y progresistas) y el parido moderado (dirigido por Narváez), sin embargo la diferencia entre ellos es, en realidad, insignificante pues defienden igualmente los intereses de la oligarquía: se vuelve la Constitución moderada de 1.845, se suprimen la elección democrática de los alcaldes y la Milicia Nacional, se reinstauran fuertes restricciones a la libertad de expresión...

En el aspecto económico, en los primeros años de este periodo hay una fase de expansión económica a escala internacional, que también alcanza a España (son los años del auge de la construcción de las líneas del ferrocarril) y que permite una cierta estabilidad política en el ámbito interno y una política exterior de carácter agresivo y expansionista (que pretende contentar al ejército), pero a remolque los intereses de la Francia de Luis Napoleón Bonaparte: intervenciones militares en Indochina y México, guerra contra el sultán de Marruecos...

Sin embargo en 1.866 se produce la primera crisis económica importante de la historia del capitalismo en España: afecta a la industria textil del algodón (sufre las repercusiones de la guerra civil de USA), a las empresas del ferrocarril (tras el auge de la construcción de las líneas los beneficios de la explotación disminuyen), al sector financiero (quiebra de bancos) y a la agricultura (malas cosechas). Todo esto tiene como consecuencia una importante alza de los precios (el pan duplica el precio entre 1.866 y 1.868 en Madrid) y un aumento considerable del paro obrero y, por lo tanto, de la conflictividad social.

A la crisis económica hay que añadir la crisis política: el régimen estará cada vez más aislado y endurece su actitud represiva (en 1.866 fracasa una sublevación militar de los sargentos del cuartel de S. Gil de Madrid, que pedían reformas políticas, y O´Donnell manda fusilar a todos los implicados). En 1.866 y 1.867 mueren respectivamente Narváez y O´Donnell y con ellos pierde Isabel II sus principales puntales.

Todo esto explica que las principales fuerzas de la oposición, los progresistas (liderados ahora por el general Prim), los demócratas y los republicanos, firmen el llamado Pacto de Ostende en el que acuerdan organizar una revolución para derrocar la monarquía de Isabel II y sustituirla por un régimen más democrático. En 1.867 se les unen los unionistas liderados por el general Serrano (éste tras la muerte de O´Donnell se hizo con el control de la Unión Liberal y, considerando que la monarquía de Isabel II tenía los días contados, decidió conveniente cambiar de postura política a tiempo) al que acompañan gran parte de la cúspide del ejército. A los pocos meses (septiembre de 1.868) estalla la revolución (“la gloriosa”) y la reina Isabel II fue destronada y tuvo que exiliarse a Francia.



2) TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS

Durante este periodo Gran Bretaña es la gran potencia económica del momento, pero las grandes transformaciones económicas que suponen su revolución industrial se están extendiendo rápidamente a otros países de Europa Occidental y esto implica un enfrentamiento entre dos políticas económicas de signo opuesto: el librecambismo (aranceles bajos) defendido por Gran Bretaña, y el proteccionismo (aranceles altos), propugnado por los países que desde una situación de inferioridad pretenden conseguir su propio desarrollo industrial. En España estas transformaciones se introducirán también, aunque con mayor retraso y lentitud, y afectarán a todos los sectores de la economía.


La agricultura

Las transformaciones fundamentales consisten en los cambios irreversibles que se producen en el sistema de propiedad de la tierra, desde el tipo propio del feudalismo al del capitalismo. Estos cambios (ya intentados y fracasados durante las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal) se plasman en las siguientes leyes:

- Desvinculación de los mayorazgos (1.836): posibilita al noble a que pueda disponer como propietario con plena autoridad de sus bienes sin tener la obligación de transmitir íntegro el patrimonio a su primogénito: con el paso de dos o tres generaciones muchos grandes patrimonios desaparecerán al ser vendidos.

- Supresión de la propiedad señorial (1.837): se abolen definitivamente los derechos jurisdiccionales tales como los monopolios (hornos, molinos, tiendas), los derechos de caza, pesca, etc. (el vasallaje deja de existir), pero los derechos de propiedad de la tierra señorial quedan en manos del antiguo noble (ahora propietario de tipo burgués, con pleno derecho a disponer de ella como crea conveniente) pues éste no queda obligado a presentar los títulos de su propiedad. Esto supone que el campesino cultivador, aunque ya no tenga obligaciones propias del vasallaje, no puede convertirse en propietario de la tierra que cultiva desde generaciones anteriores y, por el contrario, puede ser inmediatamente expulsado de ella, o trabajarla como jornalero o arrendatario en condiciones frecuentemente muy diferentes (y peores) que antes.

- Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1.836-7): El Estado expropia las tierras de la Iglesia (tanto del clero regular como del secular) a las que convierte en bienes nacionales que posteriormente serían subastados públicamente en condiciones muy favorables para los compradores (1/5 del precio de remate se paga en efectivo en el momento de la compra y el resto a plazos, bien en efectivo durante los siguientes 15 años o bien en títulos de Deuda Pública -según su valor nominal- durante los siguientes 8 años). Esta ley persigue diversos objetivos: conseguir apoyo social para el gobierno entre los potenciales nuevos propietarios, disminuir el poder político y económico de la Iglesia, mejorar las finanzas del Estado, obtener recursos suficientes para equipar mejor al ejército con el fin de conseguir la derrota de los carlistas y posibilitar nuevas formas de cultivo que aumentasen la producción de las tierras.

Esta desamortización se aplicó muy intensamente en los años siguientes pues entre 1.837 y 1.844 (año en que la paralizaron los moderados) 3/5 de las tierras de la Iglesia ya habían cambiado irreversiblemente de manos, y seguiría aplicándose, ya más lentamente, en lo sucesivo.

Las consecuencias de esta ley serán también diversas: el Estado se beneficia poco pues las tierras se compran a precios bastante bajos, la burguesía es el sector más beneficiado pues consigue las tierras en condiciones muy favorables, los campesinos que cultivaban las tierras desamortizadas salen perjudicados pues difícilmente pueden acceder a comprarlas y además estarán a la merced de lo que el nuevo propietario quiera hacer con ellas, la Iglesia sufre un fuerte golpe económico del que difícilmente podrá recuperarse, el patrimonio cultural y artístico se deteriorará considerablemente (ruina de edificios de gran valor artístico) pues los nuevos propietarios no considerarán conveniente invertir en su mantenimiento, y la producción no mejoraría sustancialmente pues los nuevos propietarios (burguesía absentista) no pondrán el interés ni realizarán las inversiones necesarias.

- Desamortización civil de Madoz (1.855): obliga a los municipios a vender, mediante subasta pública, a los particulares sus tierras de propios (tierras de cultivo que pertenecen al municipio y que explotan los vecinos a cambio del pago de una renta). Establece que 1/10 del dinero que se obtenga de estas ventas debería pasar directamente a manos de e Estado y los restantes 9/10 deberían invertirlo los municipios en la compra de Deuda Pública del Estado (a un interés de 3%). El objetivo principal de esta ley es el que el Estado pueda conseguir recursos suficientes para la construcción de las líneas ferroviarias (no por casualidad se aprueba en el mismo año la Ley General de Ferrocarriles).

Sin embargo en muchos municipios sus autoridades deciden subastar, junto con los propios, también las tierras comunales (tierras no cultivables, pastos y bosques, que permitían la utilización por parte de todos los vecinos). El resultado de todo este proceso de privatización de las tierras municipales será que muchos municipios se quedarán sin recursos pues pierden definitivamente unos bienes que desde siglos les permitían tener una autonomía económica. También fueron muy perjudicados los vecinos más pobres (no tenían ninguna posibilidad de convertirse en propietarios), por el contrario los grandes beneficiados son las oligarquías locales (que suelen ser también las mismas autoridades municipales), que organizaron el sistema de subastas a la medida de sus ambiciones.

Todo esto supone que al pasar del feudalismo al capitalismo en España no solo no desaparecen las grandes propiedades latifundistas, muy importantes especialmente en Extremadura, La Mancha, Andalucía..., sino que se mantienen (y en muchos casos se incrementan), pero ahora en manos de una oligarquía de terratenientes de origen burgués. Los nuevos propietarios no se verán estimulados a realizar inversiones en nuevas técnicas y sistemas de cultivo sino que prefieren utilizar la numerosa mano de obra existente (jornaleros con salarios muy bajos) y presionar al Estado para que desarrolle una política proteccionista que le garantice precios altos, y ganancias seguras, para sus productos (especialmente el trigo). El resultado de esto será un atraso relativo de la agricultura española.
La industria

Las actividades industriales más características de la primera revolución industrial son la industria textil (principalmente algodonera), la siderurgia y la minería del carbón y del hierro y también se introducen en España, aunque con mayor lentitud y debilidad que en los principales países de Europa Occidental, a partir de la década de 1.830 (aprobación de leyes como la abolición definitiva de los gremios, libertad de empresa..).

- La industria textil algodonera se consolida principalmente en Cataluña (Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Manresa..). Aquí ya existía el precedente, en el SXVIII, de la fabricación de indianas (tejidos de algodón que se vendían en las colonias americanas) con técnicas industriales semejantes a las británicas de la época, sin embargo la guerra de 1.808-1.814 y sus secuelas (pérdida de los mercados americanos) repercutieron muy negativamente. Pero en la década de 1.830 se recupera la actividad industrial mediante importantes inversiones en maquinaria moderna (telares mecánicos movidos a vapor o por energía hidráulica) y en las siguientes décadas se desarrolla una creciente actividad productiva, que en ningún modo podía competir con otros países, destinada exclusivamente al consumo del mercado interno y de las pocas colonias que se conservaban (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Por ello era imprescindible para la supervivencia de este sector la adopción de una política proteccionista.

- La industria siderúrgica consiste en utilizar grandes cantidades de carbón para la fundición del mineral de hierro en los altos hornos. Para ello es preciso disponer, además del capital necesario para la constricción del alto horno, de minas de carbón y de hierro. En España la industria siderúrgica surgió en Andalucía (en 1.833 se construye el primer alto horno en Marbella, poco después se construyen otros en la provincia de Sevilla) y utilizaba como fuente de energía el carbón vegetal, de peor calidad y mucho más caro que el mineral (pues las zonas mineras carboníferas estaban muy lejos). Así pues en los años 30 y 40 del SXIX la mayor parte del hierro producido en España era andaluz. Sin embargo en los años 50 aparece otro foco siderúrgico en Asturias (en 1.852 se construye el primer alto horno de esta zona en Mieres), pero aquí se utiliza el carbón mineral de la muy próxima cuenca minera, por lo que el hierro asturiano será mucho más barato que el andaluz. Cuando en los años 60 se construyan las principales líneas ferroviarias que permitan que el hierro asturiano llegue a todas las regiones del país, la siderurgia andaluza no podrá soportar esta competencia y terminará desapareciendo definitivamente. Sin embargo también la industria siderúrgica española, como la textil, era poco competitiva con la extranjera, por lo que para poder desarrollarse precisaba de medidas proteccionistas (pero éstas, en gran parte brillaron por sus ausencias, pues el Estado permitió la importación de grandes cantidades de hierro extranjero para la construcción de las líneas ferroviarias españolas).



Las causas del inferior desarrollo industrial de España son diversas: por una parte existe el factor fundamental de la escasez de las inversiones, pues la burguesía española prefiere invertir sus capitales en otras actividades menos arriesgadas (compra de tierras desamortizadas, compra de Deuda Pública, especulación con el suelo urbano y con la construcción del ferrocarril..), y los capitalistas extranjeros prefieren invertir en el ferrocarril o en las explotaciones mineras más rentables (cobre, carbón). Por otra parte está el factor de que los mercados son muy reducidos ya que la industria española, al no poder vender sus productos en el mercado extranjero, tiene que contar exclusivamente con el mercado nacional (España y sus escasas colonias) cuya capacidad de consumo es muy limitada.

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