Empresarios exitosos, los funcionarios que protegen al contrabando: Fernández Gallegos



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145 Junio de 2005


Empresarios exitosos, los funcionarios que protegen al contrabando: Fernández Gallegos

José Vilchis Guerrero
El gran negocio de las aguas mexicanas

Feliciano Hernández
5 millones de viviendas, rezago nacional

Héctor Cortés Martínez
Trabajo infantil, reto y vergüenza social

Patricio Cortés y Nelly Olivos
Ofensiva criminal contra periodistas

José Vilchis Guerrero
Edomex: feminicidio y corrupción judicial

Ramsés Ancira
Mi testimonio sobre Macedo

José Francisco Gallardo Rodríguez
Historias sobre Macedo

Eduardo Ibarra Aguirre
¿Un leviatán con botas?

Jesús Delgado Guerrero
Con la ley en el clóset

Juan Chávez
AMLO: anti-nerd, fósil y totalmente Tiffany’s

Gustavo Cortés Campa
La conexión Rolex

Pablo Cabañas Díaz
Mariana Levy fue asesinada

Eduardo López Betancourt
De nuestros lectores.

Informar desinformando”,
estrategia política de Jackson.


Denuncia acto de censura en Radio UAS, de Culiacán
En manos de particulares,

650 millones de armas

Aída Mendoza Flores
Tatuaje, incesto, abuso y violencia en la familia

Héctor Cortés Martínez



Empresarios exitosos, los funcionarios que

protegen al contrabando: Fernández Gallegos
José Vilchis Guerrero

jvilchis1@yahoo.com


“Nadie se mete con el director de Aduanas, José Guzmán Montalvo, quien es muy influyente”. Menciona al senador panista Jorge Lozano Armengol y su hermano; Rosa María Rojas, directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, y al procurador Federal del Consumidor, Carlos Arce Macías.
Alrededor de 300 mil coreanos conforman en México la llamada mafia coreana y cerca de 250 mil la mafia china, que controlan el contrabando que invade a más de 26 estados de la república, donde perjudican a las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria nacional en varios ramos, pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no inmoviliza la mercancía que detecta y en Aduanas se hacen de la vista gorda ante los cargamentos que entran al país sin problema.

“Y ante la evasión de impuestos que está detrás del contrabando no procede la Secretaría de Hacienda, (pero sí amenazan o encarcelan a quienes no pagan sus impuestos, como fue el caso del comediante Adal Ramones), porque detrás de estas maniobras hay políticos federales de primer nivel y familiares de un senador muy influyente en el panismo, que no son investigados por la Secretaría de la Función Pública porque nadie se atreve a denunciarlos”, sostuvo en entrevista con Forum la empresaria Maribel Fernández Gallegos.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Regalos y Artículos para Decoración (Amfar) reconoció que “quienes estamos enterados de esta situación no tenemos forma de demostrar con documentos en la mano ni podemos identificar y denunciar a los políticos que sabemos que respaldan a estas mafias desde el poder público, porque estamos conscientes del peligro que corremos y el lío en el que nos vamos a meter al denunciarlos. Pero en estos hechos se evidencia que estos políticos operan en México con impunidad, porque el gobierno no hace nada”.

Sostuvo la también presidenta del Sector de Industrias Diversas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) que en las reuniones del sector empresarial con el procurador federal del Consumidor, Carlos Arce Macías, se denuncian estos hechos, pero tal parece que el funcionario estuviera en contubernio con los contrabandistas. “Le he preguntado si utiliza su puesto para atacar a la industria nacional y proteger a los contrabandistas, pero su silencio es más que elocuente”.

Durante una de esas reuniones, relató Fernández Gallegos, también estuvo el senador (del PAN) por San Luis Potosí, Jorge Lozano Armengol, quien se sorprendió al ser enterado de que su hermano estaba detrás de un contrabando que en ese momento era de 34 contenedores y de varias toneladas de mercancía procedente de Europa.

Este contrabando entró por Puerto Madero, Yucatán, que es el que utilizan estos contrabandistas de las mafias china y coreana, apoyados por políticos de altos vuelos. “Dijo (el senador Lozano Armengol) que investigaría el asunto, pero ahí quedó el asunto, del que no se volvió a hablar”.

Quienes pueden dar fe de los perjuicios causados a la industria nacional son los señores industriales Tony Curi, presidente de la Cámara de la Industria del Vestido; Rosendo Valle, presidente de la Cámara de la Industria Textil; Sergio García de Alba, del grupo de empresas varias de la Canacintra, y Eduardo Huber, presidente de la Industria del Zapato y evidentemente otros de varias ramas industriales.

Pero no sólo llega mercancía de contrabando que afecta al calzado, al vestido y la industria textil, también afecta a los productores de vidrio, cerámica y marroquinería, precisó la entrevistada, quien apuntó que los empresarios mexicanos “tenemos que competir con los empresarios de los países del Sudeste Asiático como China y Corea; Europa y otros que logran penetrar a México a través de diversas ciudades de Estados Unidos, sobre todo San Francisco, California, cuyas autoridades, igual que las mexicanas, también están coludidas con estos contrabandistas internacionales”.

Fernández Gallegos es una empresaria del vidrio y la cerámica que es afectada por el contrabando de los países asiáticos. En sus empresas tiene hornos que deben estar encendidos las 24 horas de los 365 días del año para producir la mercancía que distribuye en diversas ciudades, “pero como entra mucho contrabando de vidrio y cerámica, pues hay que competir con los productos de China y los demás países asiáticos, que además se venden a precios subsidiados por sus países de origen”. Igual se ven afectados los cerca de 3 mil 500 afilados a la Amfar, que ella preside, dijo.
El modus operandi
Los 550 mil integrantes de las mafias china y coreana operan todos los días en la frontera norte y en Puerto Progreso para introducir al país miles de toneladas de mercancías de contrabando amparados con documentos válidos o apócrifos, que llegan a México procedentes de los países asiáticos, pero a través de Estados Unidos.

Esto es posible porque los mafiosos chinos y coreanos pagan por la corrupción de agentes aduanales estadunidenses y mexicanos, que se hacen de la vista gorda en la frontera, donde se elaboran certificados de procedencia y documentan los cargamentos como si su origen fuera San Francisco, San Diego y San Isidro, California, y con esos documentos ingresa a México la mercancía que llega a la aduana de Tijuana como contrabando “documentado”.

Explicó la empresaria que en la frontera, cerca de la aduana, se instalan unos 100 escritorios públicos, donde se elaboran, a la vista de todos, los mencionados certificados de origen, “pues los operadores de la aduana se conforman con el certificado y si el documento indica que la mercancía procede de alguna ciudad de Estados Unidos, pues la pasan sin cobrar arancel alguno”.

Puntualizó Maribel Fernández Gallegos que por la frontera entra todo tipo de mercancías de las ramas textil, cerámica, vidrio, del vestido, etcétera, y como existe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la mercancía amparada con certificados de origen, verdaderos o apócrifos, no pagan aranceles y entran a competir con precios subsidiados de los países asiáticos que provocan el cierre de empresas mexicanas.


Los beneficiarios de la ilegalidad
El contrabando ha crecido en los últimos cinco años, dijo, y en este tiempo detrás de estos coyotes están empresarios de Guanajuato que curiosamente han sido los únicos que han prosperado en esta administración. Uno de ellos es el procurador Federal del Consumidor, Carlos Arce Macías, “exitoso hombre de negocios de esa entidad, que debiera estar ejerciendo sus funciones para combatir la piratería y el contrabando”.

Otra que ha prosperado económicamente ha sido Rosa María Rojas al frente del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), una empresa estatal que estuvo muy bien administrada cuando fue fundada por la señora María Esther Zuno de Echeverría, quien tuvo una admirable administración, pero en el gobierno del cambio quedó en manos de la actual titular, de la que se dice que es muy amiga de doña Martha Sahagún de Fox y que por eso ocupa la administración de esta empresa que ahora está en crisis porque “ahí ignoran todo lo que se refiere a las artesanías, pero saben mucho de corrupción”, comentó.

En cambio, los productores de vidrio y los artesanos mexicanos están sufriendo la competencia ilegal e injusta de la piratería que llega a México de los países asiáticos, con los que no se puede competir porque ellos traen precios subsidiados desde China y Corea y “en México el gobierno no hace nada para evitarlo. Mientras que en Estados Unidos se estudia aplicar un arancel de 100 por ciento a las mercancías chinas, en nuestro país los secretarios de Economía (Fernando Canales Clariond) y de Hacienda (Francisco Gil Díaz) no hacen nada; parecieran estar del lado de estos mercenarios chinos y coreanos que están matando a la industria nacional”.

Relató Maribel Fernández Gallegos que hace tiempo hubo una reunión de trabajo de empresarios mexicanos de varias ramas y funcionarios de Hacienda y Economía, a la que asistió la alcaldesa de Cantón, China, quien informó que su gobierno pretende llegar a México, pero no con mercancía chatarra, sino con buena producción textil e industrial, bajo la norma mexicana, porque dijo no querer ningún trato con las mafias china y coreana, detestadas en las embajadas de estos respectivos países. “Incluso ella contrató un traductor chino procedente de Uruguay, porque desconfió de los chinos y coreanos que ya están en México”.

En otra reunión, cuenta, asistió el senador panista Jorge Lozano Armengol, quien fue enterado de que el contrabando está protegido en México por altos funcionarios y familiares de un famoso senador panista, que ha puesto todo el poder de su condición de legislador y abogado al servicio del grupo de funcionarios y allegados que se benefician de estas actividades ilegales. Ni siquiera se inmutó.

“Sin embargo, nada de esto se sabe; nada trasciende en los medios oficiales y mucho menos nadie se atreve a denunciar ante el Ministerio Público de la Federación, porque en la Procuraduría General de la República también están enterados, pero no pasa nada. Acuérdese que estamos en el país donde no pasa nada y donde los únicos que ganan en estos juegos perversos suelen ser empresarios o funcionarios del gobierno del cambio que, además, es un gobierno de y para empresarios. Al pueblo que se lo lleve la trompada”.

Refirió que durante una de las reuniones de empresarios y funcionarios de diversas secretarías y en la que estuvo el senador panista Lozano Armengol se contó la siguiente anécdota.
Ana Cristina Fox
En 2001, en la primera entrevista que le hizo la revista española Hola a Ana Cristina Fox de la Concha, ella portaba una bolsa de la marca Luis Vuiton y el mismo diseñador (que lleva el nombre de la marca) le reclamó, a través de la publicación, por mostrar una bolsa de vestir pirata, ya que identificó perfectamente la clonación de esta prenda italiana, supuestamente de la producción del famoso diseñador, quien le precisó a la hija mayor del presidente Vicente Fox que sus prendas están bien identificadas, pero son difíciles de imitar, porque tienen varios candados no visibles para los que ignoran. Ana Cristina dijo, en las mismas planas de la afamada publicación, estar apenada y que ignoraba que su bolsa fuera una copia falsificada.

Uno de los más recientes cargamentos que llegaron a través del Canal de Panamá por Puerto Madero, Yucatán, fue de 34 contenedores de prendas de vestir italianas, con el sello de Luis Vuiton. Pasaron por la aduana sin problema. ¿Por qué? “Pues porque ni Santiago Creel procede contra los indocumentados que manejan el contrabando en México, ni Francisco Gil Díaz combate la corrupción de Aduanas; nadie se mete con su director, José Guzmán Montalvo, quien es muy influyente”, respondió.



Índice
No existe la mafia coreana: Kyu Hiung Cho
El embajador de Corea en México, Kyu Hiung Cho, minimizó la existencia de una mafia coreana dedicada a la venta ilegal de mercancía en el Distrito Federal y se deslindó al decir que este señalamiento es preocupante para el gobierno de su país, pero que carece de mecanismos para controlar esta situación, debido a que estos coreanos provienen de Colombia, Perú y Argentina, lo cual ha afectado “severamente” la imagen de esta comunidad, que es el segundo inversionista de la región Asia-Pacífico y genera 30 mil empleos directos en México.

Con motivo de los festejos por el centenario de la migración coreana a México, el diplomático dijo en conferencia de prensa en la que minimizó la existencia de coreanos que infringen las leyes mexicanas: “No se trata de una mafia, como se ha manejado en algunos medios de comunicación (Forum 143, IV-05, pp. 9-11), porque no están dedicados ni al secuestro, venta de drogas o comercio de armas”.

Kyu Hiung Cho indicó que es imposible evitar que alguno de sus 8 mil residentes en la ciudad infrinjan la ley, pues depende de cada quien meterse en líos y que la representación diplomática en México traduce las normas, reglamentos y legislaciones mexicanas en su lengua para que los coreanos sepan a qué se atienen si incurren en violación de las leyes mexicanas.

La embajada analiza además la puesta en marcha de algunas medidas de tipo gubernamental, como hacer un censo, aunque ésta supuesta mafia es “un grupo muy pequeño cuyas actividades se han magnificado, pero que infortunadamente nos ha afectado, creando la imagen de que los coreanos son mafiosos, cuando nosotros hemos inyectado millones de dólares en el país, creado empleos y apoyando a la sociedad de diversas maneras”, precisó.

Los festejos del centenario de la migración coreana a México, se realizaron del 4 al 8 de mayo en Paseo de la Reforma, Chapultepec y el Zócalo, con desfiles de carros alegóricos, exposiciones y presentación de grupos de danza o de artes marciales y significaron la oportunidad –como expresó el diplomático coreano– para que los mexicanos conocieran a esta comunidad y se den cuenta que, como en todas, hay diferentes clases de personas e intereses.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por Lee Kwang Seok, presidente de la Asociación Coreana en México; David Kim, descendiente de emigrantes coreanos al país; y David Jacinto, director de Desarrollo Turístico del Gobierno del Distrito Federal, destacó que un total de 700 empresas coreanas se han instalado en el país, con una inversión productiva de mil 500 millones de dólares y la generación de 30 mil empleos.

Mientras el intercambio comercial bilateral asciende a mil 400 millones de dólares anuales en los giros eléctrico, electrónico, textil, calzado, petroquímica y autopartes, en ese orden, con marcas líderes como Daewoo, Samsung y LG, por lo que “las actividades de un reducido grupo en cuestiones ilegales nos afectan, y mucho”, argumentó el diplomático. (JVG)
El gran negocio de las aguas mexicanas
Feliciano Hernández

felicianohg@yahoo.com.mx


Altos funcionarios de éste y de anteriores gobiernos, junto con empresarios mexicanos y extranjeros, participan como accionistas en compañías que ya se reparten el gigantesco pastel.
La privatización del servicio de agua potable en México sigue avanzando ante la incompetencia del gobierno federal para atender los retos que plantea el suministro, que en otros países se considera como asunto de seguridad nacional, por lo cual debe prevalecer bajo absoluto control de la administración pública. Pero más grave aún es el hecho de que altos funcionarios de éste y de anteriores gobiernos, junto con empresarios mexicanos y extranjeros, participan como accionistas en compañías que ya se reparten el súper negocio.

En el actual modelo privatizador el gobierno ha preferido dejar a la iniciativa privada atender el suministro de agua bajo cuestionables argumentos de que se busca mejorar el servicio, que hasta ahora brinda la Comisión Nacional del Agua (CNA), reducir la burocracia y los costos de operación. Por lo mismo busca atraer inversiones privadas que –según la visión entreguista de esta administración y sus predecesoras–, permitan satisfacer la demanda y resolver aspectos generales como la atención al público, combate a la contaminación, evitar desperdicio, fugas, costos de transporte y calidad.

Sin embargo la realidad ha sido muy distinta. Se argumenta que las empresas absorben los costos de reparar, mejorar y mantener la infraestructura, pero cuando en Cancún, Quintana Roo, se concesionó el servicio al denominado Grupo Mexicano de Desarrollo –que es uno de los principales constructores del país–, asociado posteriormente con ASURIT, filial de la estadunidense Enron –tristemente famosa por defraudadora–, a pesar de recibir apoyo crediticio, jamás invirtió en revertir la contaminación de las lagunas del lugar: “Al final, con nuevos recursos públicos el propio gobierno mexicano tuvo que solucionar el problema”, denuncian trabajadores de la CNA-Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En un documento detallado sostienen que con privilegios otorgados por el gobierno mexicano “las voraces transnacionales del agua ya están operando en México”; transforman de manera acelerada los organismos públicos en mixtos que tienden a concentrar el 100 por ciento de capital privado. El denominado Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua fue diseñado por las transnacionales francesas Suez y Vivendi, en colaboración con los miembros del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

No resulta difícil concluir que quienes de manera privada controlan el abastecimiento del agua pueden ejercer un poder económico y político en grados inimaginables. “Las exportaciones en bulto podrían tener consecuencias desastrosas para nosotros, que somos vecinos del más voraz depredador del agua y del medio ambiente que es Estados Unidos”. En tal sentido no debe olvidarse el serio problema fronterizo que enfrentó México en 2003, por reclamos del vecino país.

En el documento referido, la Comisión Coordinadora de Trabajadores de la CNA-Semarnat, que se opone a la privatización, señala que los capitalistas mexicanos también están muy atentos al proceso privatizador, e involucran al presidente Vicente Fox y amigos que lo apoyaron para llegar al poder. “La voracidad de los capitalistas mexicanos tampoco tiene límites, ya a finales del año 2000 Fox se dio a la tarea de pagar el apoyo electoral, sobre todo económico, a su amigos. Así al Grupo Continental y a los empresarios Purita Leonor y Robert J Dotson les fueron garantizados 9 millones 422 mil 990 metros cúbicos anuales de agua dulce, para elaborar refrescos. Los negocios sedientos del agua, tienen su raíz en cuanto Fox fue directivo de Coca Cola de México. Ahora el mandatario favorece a sus amigos cocacoleros, al refrendarles sus concesiones en 2004 con prórroga por 10 años más, por el insignificante costo de 2,054 pesos”.

“Para nadie es un secreto –añaden los trabajadores– que los funcionarios de las multinacionales terminan con frecuencia en cargos públicos, como es el caso del actual director general de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez, nacido en Nazas, Durango, quien fue directivo de Coca Cola y durante seis años también director general del Grupo Industrial Lala”.

Desde el año 2003, Fox urgió a los legisladores a que le aprobaran la Ley de Aguas Nacionales en favor de los barones internacionales del vital líquido, pero fue tanta su prisa que la iniciativa contenía gravísimos errores y hubo necesidad de una enmienda central. Por eso, en lugar de definir a la CNA como un organismo descentralizado, lo cual se contraponía con las atribuciones de la Semarnat, se mantuvo su figura como órgano desconcentrado, pero asumiendo un esquema similar al aplicado para privatizar el agua en Gran Bretaña. Así crearon 13 organismos de cuenca regionales, dotados de autonomía, que se perfilan como las entidades privadas del futuro.

Cabe recordar que los senadores tampoco actuaron en defensa de la soberanía nacional y los diputados de plano la aprobaron en vía rápida, respondiendo a cabildeos de las corporaciones Bechtel Co., Vivendi, Suez, y Azurix-Enron, que lograron aprobar una ley en otros países conocida como la “Ley del despojo del agua mexicana”, la cual se publicó el 29 de abril de 2004.
Las empresas más sedientas
Así pues la presencia de las transnacionales del agua ya es un hecho en México. Desde mediados de 1990 se vislumbraban los negocios privados del agua. El gobierno decidió crear la Comisión Nacional del Agua con carácter público desconcentrado para en cualquier momento desaparecerla o liquidarla. Los primeros inversionistas privados representan a una compañía argentina ligada al expresidente Carlos Salinas de Gortari, llamada Desarrollos Hidráulicos, quienes en Cancún, Quintana Roo, construyeron una acueducto junto con Aguakan del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y con el gobierno estatal.

En 1993 al GMD se le otorgó la concesión integral del agua potable de Cancún por 30 años. GMD también tiene el desarrollo turístico de Isla Mujeres y administra las licitaciones de la carretera a Venta de Carpio. Con la constructora Tribasa –cuyo dueño David Peñalosa tuvo que enfrentar demandas penales–, controla el Ecotrén, y bajo el nombre de Protur construyó el desarrollo turístico y residencial de Punta Diamante, en Acapulco, Guerrero, entre otros. En 1999 GMD vendió 49 por ciento de su participación a Azurix-Enron (ésta última cometió fraudes en suministro de energía eléctrica y desató un escándalo en California, Estados Unidos).

Los trabajadores aseguran que Enron adquirió 50 por ciento de acciones de Azurix y también compró 49 por ciento de Holdings Industries de Agua que provee el servicio en el Distrito Federal. Desde 1999 cuatro transnacionales (francesa, inglesa, canadiense y estadunidense) han estado trabajando en la Comisión de Aguas del DF, facturando y cambiando redes. Estas mismas empresas negociaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los diputados, y ya existen cuatro iniciativas de ley de aguas para el DF, en las que se prevé que participe de lleno el capital privado. En Acapulco existe ya un nuevo reglamento y una ley para el municipio, con el consiguiente incremento de tarifas y seis casos de participación del sector privado.

Otras de las empresas que negocian con el agua son las francesas Suez (con su división de agua Ondeo) y Vivendi; las estadunidenses Bechtel Co., United Water, AIR and Water Technologies, filiales de Suez; la inglesa-holandesa Thames Water; las españolas Union Fenosa, Aguas de Bilbao y Endesa. Son de las primeras que esperan ya con urgencia su inclusión en el suministro y cobro del agua en México.


La demanda crece
Datos de organismos internacionales señalan que la demanda de agua potable ha ido creciendo en todo el mundo conforme a las necesidades de la expansión social e industrial, pero al mismo tiempo el recurso tiende a agotarse, principalmente porque –a pesar de ser muy abundante en la naturaleza–, está perdiendo sus cualidades para el consumo humano, debido a la contaminación de los acuíferos por los distintos usos que tiene en el comercio, la industria y la agricultura.

Cifras de la Comisión Nacional del Agua señalan que México alcanza ya a consumir 43 por ciento del volumen subterráneo y 12 por ciento del volumen superficial disponible, pero la disposición tiende a ser acaparada por las compañías privadas internacionales para su comercialización y en un futuro cercano, mucha gente que hoy tiene a su alcance este recurso vital, no tendrá el privilegio si no pertenece al selecto grupo que pueda pagarla a precios de mercado y pasará a engrosar las estadísticas internacionales de quienes no cuentan con este servicio básico.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas apuntan que en el mundo hay 1,350 millones de personas que carecen de agua potable y que hacia el año 2025 la demanda mundial llegará al 56 por ciento más que el suministro.

En México el debate ya comenzó y se espera que alcance niveles de polarización tanto o mayores que el relacionado con los energéticos entre quienes buscan convertir el consumo del vital líquido en un gran negocio privado y quienes prefieren que el servicio continúe en manos del Estado. La CNA promueve la realización de un foro internacional que tendrá lugar el próximo año, donde entre otros aspectos se abordará el relacionado con la participación de compañías privadas en el negocio futuro del suministro de agua potable en México.

Diversos sectores advierten sobre los riesgos de privatizar este servicio. “En 1999, el presidente del Consejo Mundial sobre el Agua mencionó que el número de desplazados por problemas relacionados equivalía a cuatro veces los desplazados por conflictos de guerras. No es casual que las bases militares de Estados Unidos en otros países se instalen cerca de las principales reservas de agua”.

La Comisión Coordinadora de Trabajadores de la CNA y Semarnat presentaron un documento en el encuentro de organizaciones civiles denominado Diálogo Nacional, que tuvo lugar el 27 y 28 de noviembre de 2004 –en busca de un nuevo proyecto de nación alternativo al neoliberalis-mo–, en el que manifiestan un decidido rechazo a las políticas privatizadoras del suministro de agua potable.

“El gobierno seguirá buscando argumentos con el fin de que nos sensibilicemos y así justifique la privatización del agua. En los últimos 20 años debieron invertirse en el sector un promedio de 2,400 millones de dólares por año, pero sólo se invirtió una tercera parte, con el agravante de que se utilizó el 12 por ciento de ese presupuesto para el tratamiento de aguas residuales, lo que explica en buena parte los malos resultados obtenidos hasta ahora con presupuestos limitados y mal aplicados”.

Durante este sexenio se dieron las primeras privatizaciones de los sistemas de agua. La Comisión Coordinadora de los Trabajadores de la CNA-Semarnat sostienen que las privatizaciones no han traído ningún beneficio al sector y sí muchas consecuencias negativas para la población, “como incrementos en los ritmos y costos del consumo de agua, falta de inversión en la infraestructura hídrica, contaminación, catástrofes ambientales y crisis de la salud pública; corrupción y cohecho de los funcionarios que administran los sistemas nacionales y estatales de agua potable; amenazas a trabajadores y a sus sindicatos, despido de empleados y enormes ganancias sin control por parte de las transnacionales del agua, quienes privilegian sus ganancias y no un concepto de bienestar público. La privatización no respeta ni normas de salud ni medidas ambientales”.

Por ejemplo, refieren que en Estados Unidos la Asociación Nacional de Compañías de Aguas que representa a la industria privada del agua, realiza un constante e intenso cabildeo ante la Agencia de Protección Ambiental y ante el Congreso para que no adopten las exigencias más altas sobre la calidad del agua y se basen en un análisis de costo-beneficio.

“En otros países los contratos del manejo del agua potable se celebran a puerta cerrada, aun después de firmados no se dan a conocer los detalles, aunque los consumidores sean afectados. Esto da pauta para el soborno”.

Respecto a los derechos laborales, lo que se ha observado tras las privatizaciones es que de inmediato proceden los despidos, porque las compañías tratan de reducir al mínimo sus costos de operación, pero la calidad del servicio se pone en riesgo. Cuando la CNA fue transferida a la Semarnat en 1994, contaba con 19 mil trabajadores de base, pero con los reajustes y el programa de separación del servicio, la planta laboral bajó, en 2004, a 12 mil trabajadores.

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