Entes institucionales y entes corporativos. Entes instrumentales: concepto, naturaleza jurídica y relación de instrumentalidad. Concepto y Naturaleza Jurídica



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Tema 8. LOS ENTES INSTRUMENTALES BAJO CONTROL DE LAS ADMINSTRACIONES PÚBLICAS. ENTES INSTITUCIONALES Y ENTES CORPORATIVOS.
1. Entes instrumentales: concepto, naturaleza jurídica y relación de instrumentalidad.
Concepto y Naturaleza Jurídica

Las administraciones institucionales tienen un origen fundacional. Son creadas por otra AP para el desempeño de funciones que son competencia de la Administración matriz (relación de instrumentalidad), o de actividades privadas para las que dichas Administraciones tiene reconocida plena capacidad jurídica. Sus fines vienen especificados en sus normas de creación, y no puede excederlos. Constituyen ejemplos de Entidades institucionales: las Agencias estatales y las Entidades públicas empresariales.


Se trata de un proceso de descentralización funcional en el que, por tanto, se produce una manipulación jurídica del aparato organizativo de la Administración matriz, al crear una nueva Entidad dotada de personalidad jurídica independiente. Proceso obligado tanto en la esfera pública como privada a partir de uja cierta dimensión organizativa, que en términos de eficacia exige la descentralización, con el consiguiente desdoblamiento o separación de los centros de toma de decisiones y de responsabilidad de la gestión inmediata.
A esta causa fundamental, algunos autores (Clavero) han evidenciado que se une otra: el de huida del Derecho público o, más precisamente, del condicionamiento de los controles de legalidad, gasto público y garantías del administrado, que hace perder en agilidad la actuación de la Administración Pública, lo que resulta realmente insostenible en ciertos sectores, especialmente los de naturaleza empresarial y económica.
Esta tendencia a la huida ha llegado incluso a afectar a funciones clásicas de imperium en la acción estatal, como la tributaria. Pero frente a esta alarmante tendencia, cuando afecta a las funciones públicas tradicionales de imperium, debe recordarse que es en el Derecho público en el que se encuentran instrumentadas las garantías de los derechos individuales y de los controles políticos y financieros de la acción pública, y que todo escapismo injustificado de este Derecho constituye un peligro o una disminución potencial de aquellas garantías y controles.
Relaciones con la Administración matriz
Las Administraciones institucionales tienen personalidad jurídica independiente desde que se crean, pero sólo alcanzan su plena capacidad de obrar desde que cuentan con órganos de gobierno propios.
En las Administraciones institucionales dependientes, la Administración matriz no puede desentenderse de la actividad de estas nuevas entidades porque, como sabemos, esta actividad se encuadra en las competencias de aquella que, por tanto, conserva la plena responsabilidad política, jurídica y organizativa sobre los resultados de esa actividad. Por ello, la doctrina ha puesto de relieve que la plena operatividad jurídica de la personalidad jurídica de las Entidades institucionales sólo se da ad extra, en sus relaciones con terceros.
Las relaciones ad intra entre la Administración matriz y la Entidad institucional han sido particularmente analizadas por la doctrina europea, que hablan de dependencia o dirección para calificar estas relaciones, que en España se denominan relaciones de instrumnetalidad. Relaciones que podemos analizar en tres planos fundamentales:
a. La relación de dependencia y dirección se traduce esencialmente en la necesaria adscripción de todas las Entidades institucionales a un órgano de la Administración matriz: los Ministerios en la Administración central, las Consejerías en la autonómica, el Pleno en las Corporaciones locales. Dicho órgano tiene la responsabilidad política directa sobre la actividad de estas Entidades y, en consecuencia, detenta sobre ellas ciertas potestades de dirección y control. En ocasiones, sin embargo, la dirección y el control de las Entidades bajo forma jurídica privada se ejerce de modo indirecto, a través de los denominados Entes de Gestión, que son los que dependen directamente de los órganos citados de la Administración matriz. La creación de estos Entes de Gestión se prevé por el art. 168 de la LPAP. Una vez credo este Ente “que” puede prevenir la forma de Entidad de Derecho público o de sociedad mercantil.
La dependencia de las Entidades institucionales de los citados órganos de la Administración matriz se plasma en la previsión de recursos de alzada contra las decisiones de aquéllas, que deben resolver estos órganos.
b. En el ámbito interno de la propia Entidad institucional, la relación de dependencia o instrumentalidad se manifiesta en el doble plano organizativo y económico-financiero. La Entidad matriz nombra y cesa a los titulares o miembros de los órganos de gobierno de las Entidades institucionales.
c. Por último, la relación de dependencia impone que en el supuesto de extinción del ente institucional, que decide también la entidad matriz, su aparato organizativo y patrimonial retornen al seno de la Entidad matriz, que le sucede en todos sus derechos y obligaciones.
2. Entes institucionales: Tipología, formas y régimen jurídico.
Los Organismos públicos estatales se clasifican en tres tipos:
1. Organismos autónomos.
a. Organismos autónomos estatales. Los Organismos autónomos estatales se inscriben junto a las Entidades Públicas empresariales en la categoría común de Organismo Públicos estatales. Su creación obedece a la conveniencia de descentralizar la realización de funciones de fomento, o la actividad prestacional o de gestión de servicios públicos de la Entidad que los crea. Su creación debe ser por ley que fija el Ministerio al que se adscriben, el cual tiene encomendada su dirección y control.
Su extinción, además por lay, puede producirse por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa de Ministerio al que están adscritos, y a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y de AAPP. Dicha norma precisará la causa de la extinción, que puede ser: por el transcurso del plazo fijado en su Ley de creación porque sus funciones hayan sido asumidas por la Administración matriz o por las CCAA en virtud de sus Estatutos o por trasferencia estatal.
Su norma reguladora básica son sus Estatutos aprobados por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa y propuesta de los Ministerios antes mencionados. En los Estatutos se establecen correctamente su organización, régimen jurídico aplicable, régimen de bienes y presupuestario y económico-financiero.
En cuanto a su organización, los Estatutos deben fijar las funciones y competencias que se atribuyan al Organismo, y especialmente las potestades administrativas generales que puede ejercer, que en ningún caso podrán comprender la expropiación forzosa. Igualmente deben fijarse los órganos máximos de dirección y su rango administrativo.
Por lo que respecta al régimen patrimonial, se rige por lo establecido en la LPAP. Los Estatutos determinan los bienes que le adscriba la Entidad matriz, con indicación de su naturaleza demonial o no, y los bienes que integran su patrimonio propio. Aquellos bienes adscritos conservarán su calificación jurídica originaria. El Organismo autónomo tendrá las facultades que el Ordenamiento atribuye a las personas jurídicas para adquirir, disfrutar, poseer o arrendar bienes o derechos.
Los Estatutos deben prever los recursos económicos con los que debe financiar su actividad. Pueden provenir de cualquier fuente legalmente procedente, destacando las consignaciones específicas que tengan los presupuestos generales del Estado.
Por lo que se refiere al régimen jurídico de su actividad, ya hemos señalado que es el de Derecho administrativo general, en particular cuando ejerce potestades públicas, y el previsto para este tipo de Entidades en la LCSP en cuanto a la contratación. Por lo tanto, los actos administrativos contra los actos de los Organismos autónomos son los previstos en la LPC, resolviendo su órgano máximo las reclamaciones previas a la vía civil o laboral, salvo que el Estatuto las reserve al Ministerio de adscripción (art. 53).
b. Organismos autónomos locales. Se encuentra en la Administración institucional local y tiene como rasgo esencial el que su organización y el régimen de su actividad es de Derecho Público.


  • Creación y extinción. Es competencia del Pleno de la Corporación local, y lo propio ocurre con su extinción, que debe ser acordada por el Pleno.

  • Los Estatutos. Los Organismos autónomos locales tienen cono norma reguladora básica los Estatutos que deben ser igualmente aprobados por el Pleno de la Corporación local de la que dependen. Los Estatutos deberán establecer la forma de designar los miembros de sus órganos de gobierno.

  • Organización. El titular del máximo órgano de dirección debe ser un funcionario de carrera laboral de las AAPP o un profesional del sector privado, titulados superiores y con más de cinco años de experiencia en el segundo caso.

  • Control por la Entidad local. Está sometida a la relación de instrumentalidad que le liga a su entidad matriz, que determina poderes de dirección y control por ésta. Dichos controles los ejerce la Concejalía, órgano equivalente al que el Organismo esté adscrito.

  • Control económico y presupuestario. El presupuesto es elaborado por el propio Organismo autónomo, pero su aprobación corresponde al Pleno de la Corporación. El control y fiscalización del gasto corresponde al Interventor de la Corporación local, que tendrá la función interventora y el control financiero.

  • Régimen de bienes. Los Organismos autónomos tienen su propio patrimonio independiente del de la Corporación local, sin perjuicio de que puedan tener también afectados bienes de dominio público de titularidad de la misma Corporación. En caso de extinción, la Corporación local sucede entonos sus derechos y obligaciones al Organismo autónomo local.

2. Agencias estatales.


Creado por la ley 28/2006, de 18 de julio. Pretende introducir un mayor nivel de autonomía y flexibilidad en la gestión en las entidades bajo forma de organización pública, ofreciendo un modelo que evite la proliferación de Entes atípicos.
Las Agencias se crean por autorización de la Ley, y aprobación por Real Decreto de su Estatuto, a propuesta conjunta del Ministerio de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda. Su naturaleza es la de Entidades de Derecho Público, dotadas de personalidad jurídica, que se rigen por la Ley de Agencias estatales, por su Estatuto y supletoriamente por las normas aplicables a las Entidades públicas estatales. El estatuto define las funciones a desarrollar por la Agencia, su organización, los medios personales, reales y financieros que s ele adscriben, y las potestades que, en su caso, se le atribuyen.
Los órganos de gobierno de la Agencia son el Presidente, nombrado por el Gobierno y el Consejo Rector, cuyos miembros serán designados, en su mitad, por el Ministro al que esté adscrito.
El funcionamiento de la Agencia debe acomodarse al contrato de gestión, de carácter plurianual, donde se fijan los objetivos a cumplir y los recursos precisos para su cumplimiento, con lo que se quiere objetivar la dirección de estas Entidades por la Administración estatal de la que dependen. El contrato de gestión debe aprobarse por orden conjunta del Ministerio del que depende la Agencia y de los Ministros de las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. El personal de la Agencia, puede estar constituido tanto por funcionarios como por personal laboral.
3. Entidades públicas empresariales.
a. Entidades públicas empresariales del Estado. Tienen como finalidad la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios públicos o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Son, por tanto, empresas públicas bajo régimen organizativo público.
Comparten aspectos fundamentales con los Organismos autónomos. Es común su régimen de creación, modificación, refundición y extinción, el contenido mínimo de sus Estatutos, y su sometimiento al Plan de actuación. El régimen jurídico organizativo de estas Entidades se rige por el Derecho administrativo, incluido el régimen de formación de la voluntad de sus órganos colegiados.
El régimen jurídico de la actividad de las Entidades públicas empresariales respecto a sus relaciones con terceros se rige por el Derecho privado. En cuanto al control jurídico de esta actividad, será el de la jurisdicción civil o laboral según corresponda, y precisará de la reclamación administrativa, que deberá resolver el órgano máximo de la Entidad, salvo que los Estatutos la atribuyan al Ministro u Organismo Público del que dependan.
El personal se rige por el Derecho laboral, salvo las excepciones que procedan respecto a los funcionarios públicos que tenga asignados, que s erigen por la legislación de la Función Pública, según se disponga en la Ley de creación de la entidad.
El patrimonio de las Entidades públicas empresariales, que puede estar integrado por bienes y derechos propios o adscritos, se rige por lo dispuesto en la LPAP y en lo no previsto en el mismo por el Derecho privado, salvo enlo relativo a la gestión de bienes de dominio público.

El régimen de contratación se rige por las previsiones que establece al respecto la LCSP, y el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control financiero es el previsto en la LGP (art. 58).


b. Entidades públicas empresariales locales. La reforma de la LRBRL, de 2003, ha introducido al figura de Entidades públicas empresariales en la Administración institucional local, cuya esencia estriba en que tienen una organización pública y se rige en su actividad por el Derecho privado, salvo cuando ejerza potestades públicas que le han podido ser atribuidas o delegadas. Su régimen jurídico tiene unas reglas comunes con los Organismos autónomos, en particular lo referido a su creación, modificación, refundición y supresión con la especialidad de que estos actos se realizan por Acuerdo del Pleno.
Como especialidades propias de las Entidades públicas empresariales se establece que podrán quedar adscritas no sólo a una Concejalía, sino también a un Organismo autónomo local, t del mismo modo podrán crearse este tipo de Entidades para dirigir o coorfinar a otros entes institucionales de la misma o distinta naturaleza. Solución organizativa que recoge la fórmula de los denominados entes de gestión.
En cuanto a su organización, estas Entidades cuentan, como los Organismos autónomos, con un órgano máximo de dirección, con el nombre de Presidente o Director por lo general, que deberá ser funcionario de carrera o laboral o un profesional del sector privado con más de cinco años de experiencia profesional, que en todo caso tengan una titulación superior.

3. Entes de naturaleza corporativa: Concepto, clases y régimen jurídico.
Concepto
La Administración corporativa de base privada representa históricamente una opción política de organización social que implica, esencialmente, el reconocimiento de la capacidad de ciertos sectores sociales para autoorganizarse, representar sus intereses ante los Poderes Públicos y desempeñar las funciones públicas de ordenación del sector más directamente vinculadas a la actividad que le es propia. Supone, en esencia, una alternativa a la pura y simple ordenación de estos sectores desde y por la AP estatal o, en su caso, autonómica.
La Constitución de 1978 no ha considerado de forma expresa a la Administración corporativa de base privada en su conjunto, aunque sí a la representativa de intereses profesionales. La CE ampara genéricamente a todas las Entidades representativas de intereses económicos, de naturaleza asociativa o corporativa, imponiendo su regulación por Ley y condicionando que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos.
La competencia legislativa para la regulación de las Corporaciones de Derecho Público de base privada, tanto profesionales como representativas de intereses económicos, no se regula de forma expresa en la Constitución, al no recogerse esta materia en el Titulo VIII de la misma, que establece la regulación sobre la atribución de competencias de Estado y las CCAA.
Las Corporaciones están constituidas por un grupo definido de personas: sus miembros. La condición de miembro se adquiere obligatoriamente por imposición de la Ley, en base a circunstancias objetivas que concurren en dichas personas, como el ejercicio de una actividad o la titularidad de ciertos bienes o derechos. Como Corporaciones de Derecho Público, las de base privado tiene un origen público, siendo directamente creadas por las normas o, en base a ellas, por un acto administrativo.
En los sistemas políticos democráticos, estas Corporaciones se rigen por el principio de autonomía, que se traduce en los principios de: autoorganizaciones, esto es, la autoselección de sus cargos directivos por procesos electivos entre sus miembros; autoformación, que supone la capacidad de dictar normas, con distinto rango y valor según el tipo de Corporación; y autarquía, esto es, de capacidad de gobierno y administración de sus propios intereses, lo que no excluye la posibilidad de que la legislación prevea determinados controles por Entidades políticamente superiores. La organización general de estas Corporaciones viene impuesta por la legislación específica que la regula.
Íntimamente ligado con el principio de autonomía está el reconocimiento por el ordenamiento jurídico de una esfera de intereses propios, cuya representación, defensa y administración tiene encomendada la Corporación. El régimen económico de las Corporaciones se nutre esencialmente de sus propios miembros, cuya exacción es obligatoria y su naturaleza tributaria.
Régimen Jurídico

El ordenamiento jurídico establece esta clase de Corporaciones de Derecho Público y base privada con el doble objetivo de imponer su existencia obligatoria, para garantizar el cumplimiento de los fines públicos que se le atribuyen, y con el de evitar la proliferación de organizaciones para idénticos fines, que podía resultar del libre juego del derecho de asociación por los interesados, en menoscabo de la necesaria unidad de la representación del sector.


A los intereses comunes de sus miembros de carácter estrictamente privado, se sobreponen otros de naturaleza pública, cuya gestión se atribuye a estas corporaciones. Entre los intereses públicos destacan la representación y defensa de los intereses del sector ante las distintas AAPP con competencia en el mismo; la ordenación del sector social que representan, con las atribuciones que al efecto les otorga su legislación reguladora; y, en general, la colaboración de estas Corporaciones con las AAPP para el ejercicio de funciones relacionadas con el sector, a cuyo efecto estas suelen delegar en aquéllas el ejercicio de concretas funciones públicas de su titularidad.
Por lo tanto, el conjunto de actividades que desempeñan las Corporaciones públicas de base privada son, por su naturaleza, de tres clases: gestión de servicios de interés corporativo o común a sus miembros, de naturaleza privada; ejercicio de funciones públicas de titularidad de la propia Corporación; y ejercicio de funciones públicas delegadas por otras AAPP. Esta tipología de funciones de las Corporaciones representativas de intereses económicos se recoge en el art. 15.1
En razón de esta distinta tipología de las funciones encomendadas a este tipo de entidades, se les ha calificado acertadamente de Corporaciones sectoriales de base privada, calificación que no niega, evidentemente, su carácter de Corporaciones de Derecho Público. Las citadas clasificaciones vienen a poner de relieve que el régimen jurídico de su actividad no es uniforme, sino que se acomoda a la distinta naturaleza de las funciones que realizan estas Entidades.
El régimen jurídico de su actividad es público o privado secundum quid, estando sometidos al Derecho administrativo los actos relativos a la organización o funcionamiento de las Corporaciones, y al ejercicio de las funciones administrativas que tiene atribuidas por la legislación que las rigen o que les han sido delegadas por otras AAPP. Las restantes actividades se rigen por el Derecho privado.
Clases
Corporaciones representativas de intereses económicos
1. Las cámaras de comercio, industria y navegación
Su regulación fundamental se contiene en la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Tienen atribuida la representación de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación; el fenómeno de esos mismos intereses; son órganos consultivos de la Administración en cuanto afecte a dichos intereses o a la vida económica del país y tienen atribuida una amplia relación de funciones de naturaleza pública en estos sectores (art. 2); y dentro del marco de estos mismos sectores, desempeñan las funciones que les delegue o encomiende la gestión la AP. Estas Cámaras son las de mayor tradición y arraigo, tanto nacional como internacional.
Las Cámaras existen en cada Provincia, pero pueden también crearse otras de carácter comarcal o local. Sus órganos son: el Pleno, órgano supremo del Gobierno; y el Comité Ejecutivo, como órgano de gestión y administración ordinaria. Con carácter nacional, existe un Consejo Superior de Cámaras, con una organización sustancialmente coincidente con la de las Cámaras.
2. Cofradías de pescadores
Son Entidades de honda tradición histórica, que se remonta al siglo XI, y cuya regulación esencial se recoge hoy en el Real Decreto 670/1978, de 11 de marzo. Aparecen configuradas como entidades de consulta y colaboración con la AP en actividades pesqueras, especialmente en los sectores artesanal y de bajura. No obstante, su actividad es privada.
3. Las comunidades de usuarios de aguas
Son comunidades de usuarios de agua, que reciben el nombre de Comunidades de Regantes cuando, como es lo normal, el uso principal de las aguas sea el riego. Su carácter de Corporación de Derecho Público se establece en el art. 74 de la Ley 2 de agosto de 1985. Su organización se estructura en una Junta General o Asamblea, que integra a todos los usuarios: una Junta de Gobierno, elegida por la asamblea, que es el órgano ejecutivo de la Corporación; y uno o varios Jurados, que ejercen funciones de enjuiciamiento y sanción de las infracciones de las ordenanzas de riego de los que el más famoso es el Tribunal de las Aguas de Valencia.
4. Otras corporaciones
a. Cámaras Agrarias. Estas entidades fueron creadas con carácter generalizado en todo el territorio español en el régimen político anterior, con la denominación de Hermandades de Labradores y Ganadores y Cámaras Sindicales Agrarias. Sólo se les reconoce un carácter de órganos consultivos de la AP y la capacidad para ejercer las funciones que puedan delegarles las AAPP.
b. Comité Nacional de Transportes por Carretera. Creado por la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, se define como una Entidad corporativa de base privada, dotada de personalidad jurídica e integrada por asociaciones de transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera.
c. Corporación del sector petrolero. Creada por el art. 12 de la Ley 34/1992, de Ordenación del Sector Petrolero, con importantes funciones públicas de colaboración con la AP para la constitución, mantenimiento y gestión de las reservas estratégicas y el control de las existencias de seguridad; para lo que se le atribuyen las correspondientes potestades administrativas.
Corporaciones representativas de intereses profesionales
1. Los colegios profesionales.
Se regulan por la Ley 2/1974, de 13 de febrero. En la actualidad todas las profesiones tituladas de nivel universitario tienen reconocido su propio Colegio Profesional; pero también han aparecido Colegios que intentan agrupar a sectores profesionales cuya actividad no se corresponde con una especial titulación, aunque para justificar su existencia se les haya reconocido indebidamente la necesidad de superar una suerte de pruebas de conocimiento que se convocan de forma irregular.

La admisión en los Colegios es una actividad reglada, en la que sólo cabe comprobar que el solicitante reúne los requisitos de titulación académica exigidos por la legislación española, entre la que naturalmente se deben incluir los Tratados suscritos por España y las normas de Derecho comunitario europeo.


Para cada rama o profesión colegiada se debe elaborar un Estatuto general, aprobado por Real Decreto, en el que se concretarán los derechos y deberes fundamentales de los colegiados en relación con el ejercicio de la profesión, las normas básicas de organización de los Colegios, el régimen jurídico de su actividad, el régimen económico y financiero, con especial referencia al sistema de cuotas, y las relaciones entre los Colegios y Consejos y con la AP.
A nivel nacional, la Ley de Colegios Profesionales prevé la creación de los Consejos Generales, también con el carácter de Corporaciones de Derecho Público, formados por la afiliación obligada de todos los Colegios de la misma profesión o, en su caso, de los Consejos Superiores correspondientes.
4. Personificaciones privadas de naturaleza pública: sociedades mercantiles y fundaciones de iniciativa pública.
Sociedades Mercantiles

1. Sociedades mercantiles estatales. El carácter de Sociedades mercantiles estatales se le atribuye tan sólo a aquellas Sociedades mercantiles en las que la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos cuentan con una participación mayoritaria, directa o indirecta en su capital, o cuyo capital sea íntegramente público. Estas sociedades operan en el mercado en igualdad de condiciones con las demás empresas mercantiles privadas, exigencia que también impone el Derecho comunitario europeo, sin disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, ni supongan privilegio.

Sin embargo, las sociedades mercantiles bajo forma de S.A. cuyo capital pertenezca en su totalidad a la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos, dentro de las cuales se encuentran los llamados entes de gestión con forma organizativa de sociedad mercantil.

Como única especialidad en su régimen jurídico organizativo, además del régimen de fundación simultánea, es la necesidad de contar con el acuerdo previo del Consejo de Ministros autorizado: la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de las sociedades; los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición del carácter de sociedad mercantil estatal o de las posiciones control de la sociedad: la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen a ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.

La constitución o disolución de sociedades, o la adquisición de títulos valores se acordará por el Ministro de Hacienda, previa autorización, en su caso, del Consejo de Ministros y con informe previo de la Dirección General del Patrimonio del Estado. La adquisición de títulos valores comprende tanto su suscripción como la compra o las operaciones de futuros u opciones cuyo activo esté constituido por acciones. El precio de estas adquisiciones se fijará por el procedimiento que determine el acuerdo de autorización, y si los títulos a adquirir cotizan en un mercado secundario organizado, el precio será el de cotización en la fecha y momento de la adquisición.

La administración o gestión d los derechos de títulos valores que corresponden a la Administración General del Estado como accionista o participe en empresas mercantiles se ejerce por la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, que podrá dar a los representantes del capital estatal en los órganos de la sociedad las instrucciones oportunas. En el caso de que la titularidad de las acciones se haya transferido a un Ente de Gestión por Acuerdo del Consejo de Ministros, sea una Entidad de Derecho Público o una sociedad mercantil, será este quién ejerza dicha administración y podrá dar las correspondientes instrucciones. Por lo demás, el Ministerio de Hacienda puede dar instrucciones a quienes ostente en la Junta General de la Sociedad.

En el caso de Sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente a la Administración General del Estado o a un Organismo Público, podrán adscribirse orgánicamente a un Ministerio, que ejercerá la tutela funcional y de eficacia sobre ellas, o en ausencia de esta adscripción la ejercerá el Ministerio de Hacienda. El Ministerio que tenga atribuida la tutela establecerá sus objetivos estratégicos y las prioridades para ejecutarlos. El Ministro podrá dar instrucciones de obligado cumplimiento en casos excepcionales, cuando resulte de interés público la ejecución de determinadas actividades.

La enajenación de títulos representativos de capital de Sociedades mercantiles corresponde al Ministerio de Hacienda o al Ente de Gestión u Organismo público titular de los mismos, con autorización del Consejo de Ministros, en los casos en que sea necesaria, La enajenación podrá hacerse con precio al contado o aplazado, por cualquier negocio jurídico admitido por el tráfico privado, incluido el convenio de gestión con una entidad cuyo objeto social sea la enajenación de acciones y participaciones en empresas mercantiles, que realizará la venta por cuenta de la Administración General del Estado.

El importe de la enajenación se determinará según los métodos comúnmente aceptados en el mercado. Si los títulos a enajenar cotizan el algún mercado secundario organizado, el precio será fijado en dicho mercado en el momento y fecha de la enajenación. Si los títulos a enajenar no cotizan en mercados secundarios organizados, el órgano competente para autorizar la enajenación determinará el procedimiento de venta, que normalmente se realizará por concurso o subasta. También podrá hacerse por adjudicación directa.

Por último, las Sociedades mercantiles estatales les son de aplicación las reglas presupuestarias, contables y de control financiero que prevé la LGP, que se ejerce por la Intervención General del Estado. Estas Sociedades están sujetas a las reglas específicas de contratación que prevé la LCSP.

2. Sociedades locales. Actualmente, las Sociedades mercantiles locales se rigen íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, control de eficacia y contratación. Por tanto, el régimen jurídico es esencialmente el mercantil que corresponda al tipo de Sociedad que limite la responsabilidad al que se acoja.

Las especialidades más relevantes son:



  1. Con relación a la participación en la Sociedad de los socios. En las Sociedades de capital mixta, la participación de los particulares podrá establecerse de acuerdo con las modalidades que para su aportación a la Sociedad puedan acordarse por la Corporación como resultado de un concurso previo de propuestas sobre dichas modalidades; o bien mediante la suscripción de acciones.

  2. Con relación a la dirección de la Sociedad. El acuerdo de constitución podrá también establecer las facultades que la Entidad local se reserva en la dirección de la empresa, o las facultades que se atribuyan a quienes representen a la Entidad en el Consejo de Administración.

  3. En las Sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente a la Entidad local, el RSCL, cuya solución normativa ha sido seguida en este punto por la normativa autonómica, dispone que los órganos de estas Sociedades son la Junta General, el Consejo de Administración y Gerencia.

Sin perjuicio de las Sociedades mercantiles que acabamos de analizar, la legislación local autonómica prevé también la constitución por las Entidades locales de Cooperativas y de Sociedades civiles; aunque no desarrolla ninguna especialidad en cuanto a su régimen jurídico, que será, por tanto, el civil o laboral que, en su caso, corresponda.

Fundaciones de iniciativa pública

Este tipo de entidades figuraba en la legislación local como una forma de organización de los servicios públicos; pero había desaparecido de la nueva tipología de entidades institucionales creadas por las AAPP aunque ha vuelto a resurgir con fuerza en los tres niveles de la Administración.

La LGP ha incorporado dentro de las Entidades institucionales del Estado el tipo de Fundaciones estatales, que son aquellas en cuya dotación participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos o las demás entidades del sector público estatal. Su creación también exige autorización previa por parte del Consejo de Ministros (art. 6.5). Con anterioridad, la Ley 30/1994, de Fundaciones, reconoció a cualquier persona jurídico-pública capacidad para constituir Fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan las contrarias.

La Fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y por la citada Ley y por el ordenamiento civil o laboral según corresponda, debiendo estar inscritas en el Registro de Fundaciones correspondiente. El hecho de ser creadas por AAPP no ditorsiona el régimen jurídico que le es aplicable. La dirección y control de estas Fundaciones se canaliza, por tanto, a través del nombramiento de los miembros del Patronato de la Fundación y de la institución del Protectorado que ejerce en todos los casos la AP competente.



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