Estrategia de acción exterior una reflexión necesaria



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V.3.- La promoción del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
La promoción, en la Comunidad Internacional, de sistemas políticos democráticos basados en el Estado de Derecho, es un reflejo, casi natural, en la política exterior de nuestro modelo constitucional. Traduce la convicción de que la democracia es el mejor sistema posible de gobierno, el que mejor puede responder a las aspiraciones de los ciudadanos de cualquier país del mundo independientemente de sus señas de identidad cultural. Y refleja también la certeza de que una Comunidad Internacional formada por sistemas democráticos es más estable, más pacífica y más segura.
Promover, desde la política exterior, sistemas democráticos, es una tarea de largo recorrido. No se trata de perseguir ningún tipo de "ingeniería institucional", que las dos últimas décadas han revelado como inútil, cuando no claramente contraproducente. Menos aún de llevar a cabo injerencias no deseadas y casi nunca comprendidas – la promoción de la democracia es una política distinta de la que aborda crisis humanitarias o cuadros de violaciones masivas de los derechos humanos -. Se trata, esencialmente, de apoyar con decisión la construcción de estos sistemas cuando esa sea la opción de los ciudadanos de un determinado país. Y se trata de ofrecer todo nuestro apoyo, institucional y de asesoramiento, en situaciones de transición a la democracia. Se traduce también finalmente en la opción por un determinado tipo de gobernanza internacional, el basado en la mayor legitimidad posible.
En paralelo, pero de forma claramente separada, se sitúa la política exterior de promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades básicas. Se trata de una cuestión diferente de la promoción de la democracia. Aquí hablamos de seres humanos concretos y de la convicción de que esos derechos son universales, y se deben respetar independientemente de la opción constitucional del sistema político en el que vivan.
Por ello, integrar en la política exterior la promoción y defensa de los derechos humanos obedece a una doble lógica: ética y política. Por una parte, la acción exterior proyecta una identidad, que en nuestro caso parte de la convicción de que el ser humano, y la dignidad que le es inherente, son inviolables. Por otra, la experiencia demuestra que las situaciones de violaciones sistemáticas de los derechos básicos degeneran, en la mayoría de los casos, en conflictos violentos e inestabilidad endémica. En otras palabras, promover el respeto a esos derechos en la comunidad internacional es promover nuestra seguridad, es prevenir y anticipar crisis y conflictos armados, es en definitiva mejorar nuestra situación mejorando la de otros.
La importancia de los derechos humanos en la política exterior ha sido asimismo evocada por el Congreso de los Diputados al aprobar, en febrero de 2012, una Proposición No de Ley que compromete al Ejecutivo a aplicar el II Plan Nacional de Derechos Humanos con medidas concretas en política exterior - también interior - para la promoción y protección de estos derechos.
El concepto de derechos humanos ha evolucionado considerablemente desde la adopción de la Declaración Universal en 1948. Se habla de "generaciones" sucesivas de derechos que deben ser reconocidos y protegidos. Nuestra política exterior trata de reflejar esta evolución, y junto a la promoción y defensa de los derechos básicos, se marca las prioridades siguientes.

  • Lucha contra la pena de muerte.

  • Lucha contra la discriminación por razón de género, orientación sexual e identidad de género.

  • Derechos de las personas con discapacidad.

  • El derecho humano al agua potable y el saneamiento.

  • Empresas y derechos humanos.

  • Defensores de derechos humanos.



Libertad religiosa

La manipulación del sentimiento y de las convicciones religiosas es uno de los factores de conflicto en la comunidad internacional. Como lo es la exclusión o marginación de las confesiones no mayoritarias. Sólo la libertad religiosa, el respeto a las diversas creencias, y el diálogo inter-religioso pueden sentar las bases para abordar y resolver este problema.

En España, Ley de Libertad Religiosa de 1980 creó un marco que ha ido fomentando los valores asociados a la tolerancia y el respeto a las convicciones religiosas y que inspira nuestra acción internacional en esta materia. Los principales elementos son:


  • Las entidades religiosas pueden tener, si así lo desean, personalidad jurídica.

  • Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Órgano asesor en el que participan en paridad de votos, la Administración del Estado, expertos en la materia y los grupos religiosos. El Gobierno puede someter a su consideración cualquier asunto. Las confesiones religiosas colaboran activamente en la gestión de la libertad religiosa dentro de este órgano asesor.

  • Fundación Pluralismo y Convivencia. Financia proyectos de integración social, educativos y culturales de las confesiones religiosas.

  • Observatorio del Pluralismo religioso en España. Portal en internet (www.observatorioreligion.es), distinguido por la Comisión Europea como buena práctica en materia de lucha contra la discriminación por motivos de religión o creencia. Su objetivo es facilitar herramientas para la gestión de la diversidad religiosa, en particular en el ámbito local.

  • Participación en iniciativas internacionales, como el Centro para el Diálogo Inter-religioso e Intercultural Rey Abdullah (KAICIID) con sede en Viena y que promueven Austria, España y Arabia Saudí o una defensa permanente de la libertad religiosa en los diferentes foros internacionales.




V.4.- La lucha contra la pobreza y la solidaridad con los países en vías de desarrollo.
La pobreza afecta a más de 2.200 millones de seres humanos. Es el principal problema del mundo y de él derivan gran parte de los problemas que enfrenta la humanidad. Por poner sólo un ejemplo, la inmigración irregular se alimenta fundamentalmente de personas que huyen de la pobreza en sus países de origen.
Conviene desde el principio advertir que la pobreza no es sólo un problema económico; es, sobre todo, un problema político. Para salir de la pobreza es necesario crear las condiciones de paz, seguridad y buen gobierno que impulsen las políticas de educación, salud y capacitación que hacen posible la emergencia de unas clases medias, hasta ahora inexistentes, en la mayoría de los países pobres.

¿Lleva la globalización al crecimiento?


La economía mundial ha experimentado en los últimos años un proceso de desregulación y apertura muy considerables. A diferencia de lo que ocurrió en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, este proceso ha afectado no sólo a los países industrializados sino también a los países en desarrollo, aunque no todos han avanzado de la misma manera.
Algunos de estos países, los llamados emergentes, han crecido más rápido que las economías avanzadas. China, India, los antaño llamados Tigres Asiáticos (Corea del Sur y Singapur y los territorios de Hong Kong y Taiwán), así como otros países de la zona (Vietnam, Filipinas, Malasia) han crecido sustancialmente. Lo mismo puede decirse de países latinoamericanos como Brasil, Chile, Colombia o Perú.
Lamentablemente, otros países en desarrollo –mayores en número pero menores en población- están más lejos que nunca de los países más ricos. En la mayoría de ellos, la esperanza de vida cae, en muchos casos como resultado de pandemias, la vulnerabilidad a los efectos climáticos aumenta y su capacidad para recuperarse de los desastres naturales disminuye. La mayor parte de ellos se encuentra en el África Subsahariana, aunque también los hay en Asia, y América Latina y el Caribe.
Los países en desarrollo que más han crecido son los que más rápidamente se han integrado en la economía mundial. Los que menos son los que han hecho exactamente lo contrario. En estos últimos años, la inversión extranjera directa se ha dirigido a los países más abiertos, mientras que los que han escogido la opción contraria han seguido sin tener acceso a esa financiación.
Es conveniente advertir que el crecimiento de la economía mundial se ha traducido en un aumento del empleo menor de lo que se podría esperar: por cada punto de crecimiento del PIB, el empleo sólo ha aumentado un 0,3%, según los datos del PNUD. Correlación muy preocupante si tenemos en cuenta que en el mundo hay unos 200 millones de personas que no tienen trabajo de ningún tipo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que muchos millones más, de estadísticamente “empleados”, trabajan en empleos muy precarios.

¿Supone la globalización un aumento de la pobreza?


Es casi un lugar común en el discurso antiglobalización repetir que la globalización ha convertido a los ricos en más ricos y a los pobres en más pobres. Los datos estadísticos no avalan esta tesis. Según Srjit S. Bhalla, director del Oxus Research and Investment en Delhi, la pobreza cayó desde una tasa del 56% en 1950, hasta el 9% en 2000. Sólo en la década de los noventa del pasado siglo, la pobreza global se redujo un 25,6%. Según el Banco Mundial, entre 1990 y 2010, el porcentaje de población que vivía con 1,25 dólares al día ha caído del 43% al 20% y en 2015 habrá descendido hasta el 16%.

Pobreza y calidad de vida


Los datos que hemos manejado hasta ahora definen la pobreza en términos de un determinado nivel de renta. Es evidente, sin embargo, que la renta monetaria no es el índice más relevante para medir el bienestar. Lo más relevante son los indicadores que miden la calidad de vida.
Naciones Unidas popularizó hace unos años el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que utiliza tres indicadores críticos: ingreso per cápita, longevidad y alfabetización. Según el informe correspondiente al año 2013, denominado La verdadera riqueza de una nación está en su gente, Noruega, Australia y Estados Unidos encabezan la clasificación de 187 países y territorios del IDH 2013, mientras que la República Democrática del Congo, asolada por los conflictos, y Níger, afectada por la sequía, presentan los valores más bajos.
Según el mismo informe, “en las últimas décadas, países de todo el mundo, se han encaminado hacia los niveles más altos de desarrollo humano. Se han observado mejoras notorias de todos los componentes del IDH en todos los grupos y regiones, con un mayor progreso en los países con un índice bajo y medio. Sobre esta base, se considera que el mundo es más equitativo”.
A modo de ejemplo, cuando el IDH se ajusta para paliar las desigualdades internas en salud, educación e ingresos, algunas de las naciones más adineradas caen abruptamente en las clasificaciones: Estados Unidos desciende del puesto número 3 al número 16 en el IDH ajustado por la desigualdad, y la República de Corea pasa del puesto número 12 al número 28. Suecia, por el contrario, asciende del número 7 al número 4 cuando se consideran las desigualdades del IDH nacional.
Más completo aún es el Índice de Sufrimiento Humano (ISH) que baraja diez variables: esperanza de vida, suministro calórico, agua potable, inmunización infantil, escolarización secundaria, renta per cápita, tasa de inflación, tecnologías de las comunicaciones, libertad política y derechos civiles.
Los datos prueban que, en los cuarenta últimos años, en los países más pobres, ha aumentado la longevidad, ha disminuido la mortalidad infantil, se ha incrementado la alfabetización y se ha generalizado el acceso al agua potable.

Pobreza y desigualdades


La globalización ha permitido que los pobres estén en mejores condiciones que hace unos años, pero los más ricos han mejorado todavía más. Los ingresos de los grupos relativamente acomodados han aumentado a un ritmo más rápido que los de los pobres, lo que ha provocado un incremento de las desigualdades tanto en las economías avanzadas como en las de los países en vías de desarrollo, los países emergentes.
¿Cómo han ido las cosas en el mundo desde el punto de vista de distribución de la renta? ¿Cómo ha funcionado la equidad? ¿Han aumentado o disminuido las desigualdades? Las respuestas a estas cuestiones son más complejas que las referidas a la pobreza porque se pueden utilizar hasta tres conceptos de desigualdad diferentes: desigualdades entre países, desigualdades entre los ciudadanos del mundo y desigualdades entre los que comparten un mismo pasaporte.
La desigualdad entre países mide la desigualdad de los ingresos promedio en cada país sin tener en cuenta su población. Medida de esta manera, la desigualdad entre países ha aumentado en las últimas décadas. El ingreso promedio de las naciones avanzadas ha seguido creciendo en los últimos años, mientras que la de los países más pobres ha ido disminuyendo.
El índice que mide la desigualdad entre países es útil para calibrar las políticas de cooperación al desarrollo porque permite conocer el uso que los gobiernos de los países beneficiarios hacen de los recursos que reciben.
El hecho de que haya aumentado la desigualdad entre países no significa que haya aumentado también la desigualdad entre las personas, la desigualdad entre los ciudadanos del mundo. Si en el primer caso se ha hablado de un “auge de la divergencia”, aquí se puede hablar de un “auge de la convergencia” porque la distribución mundial de los ingresos es hoy más igualitaria de lo que lo era en los años setenta, singularmente por el crecimiento de unos pocos países muy poblados como China, India o Vietnam.
Las desigualdades dentro de cada país han aumentado en los últimos años, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. En otras palabras, los beneficios del crecimiento, incluso entre países que han escogido modelos de desarrollo distintos, ha aumentado la brecha entre ricos y pobres tanto en Estados Unidos como en Nigeria, por poner ejemplos extremos.
Es obvio que un cierto grado de desigualdad refleja diferente esfuerzo y la productividad, pero no es menos obvio que las disparidades económicas excesivas se traducen en ineficiencias económicas que impiden a los países beneficiarse plenamente del proceso de integración económica. Cuando las disparidades entre distintos grupos de población son demasiado abultadas, los ciudadanos no pueden aprovechar en su totalidad las inversiones en educación, salud y servicios sociales.
La desigualdad frena el desarrollo, y los gobiernos que no responden a las necesidades de los ciudadanos, y a ampliar las oportunidades de crecimiento inclusivo y con participación política, corren el riesgo de perder su legitimidad.

La lucha internacional contra la pobreza

En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a conseguir para el año 2015 unos objetivos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En la actualidad, los estados miembros de las Naciones Unidas están negociando la llamada agenda 2015, que incluye unos objetivos nuevos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sustituirán a los ODM. Está previsto se aprueben por la Asamblea General en septiembre de 2015.

Los ODM tenían como principal objetivo la disminución de la pobreza extrema, y estaban diseñados sólo para los países en desarrollo. Los ODS aúnan las agendas de cooperación al desarrollo y tienen alcance universal.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se concretaron en 8 objetivos, 21 metas y 60 indicadores que se deben alcanzar en el 2015. Los ODS tratarán de seguir este enfoque, con una lista limitada de objetivos (idealmente no más de 10), fáciles de comunicar y con compromisos diferenciados según los países, con un primer horizonte hasta el 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen los Objetivos del Milenio en que los avances han sido menores e incluyen nuevas áreas como desigualdad, gobernanza y derechos humanos, crecimiento económico inclusivo, acceso a la energía, subrayando además el elemento de sostenibilidad medioambiental.

En este ámbito, España está comprometida con una agenda ambiciosa y equilibrada que incorpore los elementos de la pasada agenda de objetivos de desarrollo del milenio y afronte también los nuevos retos no dejando a nadie atrás y compatibilizando el desarrollo humano dentro de un desarrollo sostenible integral, con el fin último de erradicar la pobreza y asegurar la sostenibilidad ambiental.

Nuestra contribución ha sido clave para reforzar la nueva agenda aquellos aspectos hacia los que la sociedad española muestra una especial sensibilidad: los derechos humanos, igualdad de género, seguridad alimentaria, agua y saneamiento. Al mismo tiempo, hemos sido defensores de la idea de que debemos seguir luchando por cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio hasta 2015 a la vez que configuramos la nueva agenda. No de otro modo podremos lograr una sostenibilidad real e integral.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible contarán con la Ayuda Oficial al Desarrollo, a los que se sumarán recursos nacionales y aportaciones privadas.




OBJETIVOS DE DESARROLLO DE MILENIO

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre y la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario.

- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes, además rechazando rotundamente el trabajo infantil.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria.



Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, para el 2005, y en todos los niveles de la enseñanza en2015



Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años.



Objetivo 5: Mejorar la salud materna

- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna.

- Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.

- Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten.

- Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves.



Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.

- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010.

- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.

- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General).

- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo.

- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles.

- En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones.


V.5.- La defensa del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
La política exterior debe tener entre sus objetivos la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, para contribuir así a la consecución de bienes públicos globales que, por su propia naturaleza, competen a toda la Comunidad Internacional. Son retos globales y sólo pueden encontrar una respuesta adecuada en ese ámbito.
Los retos medioambientales son, además, esenciales para alcanzar un desarrollo social y económico sostenible. Por todo ello, el marco privilegiado para tratarlos debe ser Naciones Unidas y, los numerosos programas, convenios y otros instrumentos internacionales que, de forma sectorial, abordan cada uno de los problemas asociados a la protección de la biodiversidad, la calidad del aire, la gestión de los residuos, la gestión del agua, etc. El objetivo es, por tanto, potenciar el cumplimiento de, y poner  en valor, los compromisos medioambientales asumidos en el seno de Naciones Unidas.
En esta materia, España debe actuar en el ámbito de la Unión Europea, que lidera las negociaciones internacionales en cuestiones de medio ambiente.
En cuanto al cambio climático, es el paradigma de reto global, tanto por sus causas como por sus efectos. El marco privilegiado debe ser de nuevo NNUU y, en particular, su Convención Marco sobre el Cambio Climático.
Nuestro marco natural de actuación en esta cuestión es de nuevo la Unión Europea, muy activa en materia de sostenibilidad y cambio climático, fijando objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética, promoviendo energías bajas en carbono, etc.
España ha realizado un gran esfuerzo para cumplir con sus objetivos en el ámbito de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, así como para fomentar el desarrollo de las energías renovables.
En el ámbito internacional, España ha logrado situarse como potencia energética alternativa, con una serie de empresas punteras en materia de energía renovable que tienen cada vez mayor presencia internacional. Además, está reorientando su modelo productivo hacia otro menos intensivo en energía y más sostenible.


Cambio climático y cooperación internacional

España lleva a cabo una importante labor de cooperación internacional en materia de cambio climático, con especial énfasis en América Latina a través del trabajo de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC). Esta Red permite crear un espacio informal y técnico de intercambio de experiencias y una oportunidad para la identificación de sinergias y de apoyo entre todos los países fomentando la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y la cooperación triangular en materia de cambio climático.

España promociona, junto al PNUMA, el proyecto REGATTA (Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción Frente al Cambio Climático) cuyo objetivo es el fortalecimiento de capacidades y la promoción e intercambio de conocimientos sobre tecnologías y experiencias en materia de cambio climático para la región de América Latina y el Caribe.

Una de las piezas angulares de la política, europea y española, en materia de reducción de emisiones, es el desarrollo de los mercados internacionales de carbono. Por medio de la imposición de un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, y su vinculación a distintas obligaciones de reducción, se dispone de una herramienta útil y eficaz para incrementar los esfuerzos de reducción.


En este sentido, España ha recurrido a los mercados internacionales de carbono para reducir el saldo global de nuestras emisiones. Como contrapartida nuestro país, en cooperación con distintas instituciones financieras internacionales, ha desarrollado “proyectos verdes” en terceros países. El nuevo escenario de lucha internacional contra el cambio climático exige el desarrollo de nuevos instrumentos de acción exterior en este sentido, así como la mejora y refuerzo de los ya existentes.
Por otra parte, nuestro país debe prestar especial atención a los efectos del cambio climático en la costa. Esta amenaza se encuentra directamente asociada con la subida del nivel del mar, el aumento de la temperatura, la acidificación o cambios en los oleajes y mareas meteorológicas. También de gran relevancia para nuestro país es el fenómeno de la desertificación, asociada a la pérdida de biodiversidad.
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