Estrategia y geopolitica



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Fuente: DGAS, 1992.
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ



  1. LAGOS Y LAGUNAS

La Cordillera de los Andes aloja en sus zonas altas, un conjunto de depósitos naturales de agua, de régimen permanente o temporal y de distintas capacidades de almacenamiento, denominados lagos y lagunas.


El origen de dichos depósitos naturales es variado, destacándose entre otros, los fenómenos de erosión, la deposición de morrenas, los cráteres volcánicos o las depresiones fisiográficas naturales; la fuente principal de alimentación está constituida por la precipitación estacional que se produce en la zona alta y en algunos casos, los deshielos de los glaciares tropicales y afloraciones de las corrientes subterráneas; dichos aportes se traducen en escurrimiento superficial, percolación profunda, evaporación y en el volumen remanente que queda almacenado en el depósito natural.
El Inventario Nacional de Lagunas realizado en 1980 muestra que el Perú posee 12,201 lagunas, de las cuales, 3,896 se localizan en la vertiente del Pacífico; 7,441 en la del Atlántico; 841 en la del Titicaca y; 23 en vertientes cerradas. De éstas, 186 lagunas se encontraban en explotación con una capacidad promedio de regulación de 3,028 millones de metros cúbicos (MMC), localizándose 105 en la vertiente del Pacífico con una capacidad de regulación de 1,379 MMC; 76 en la vertiente del Atlántico con 1,604 MMC; 2 en la hoya del Titicaca con 4 MMC y 3 en las vertientes cerradas con 41 MMC de capacidad de almacenamiento.

  1. GLACIARES

También son importantes las denominadas aguas congeladas o glaciares, ubicados en las altitudes del espacio geográfico de la región andina.


En las 18 cordilleras más importantes del país, existen 3,044 glaciares, con un área aproximada de 1,596 km2 y 44,338 millones de m3 de volumen estimado de hielo.
Las tres cordilleras más grandes, mantienen el 75% del volumen de hielo almacenado en los Andes peruanos; estas son la cordillera Blanca (43%), la cordillera de Vilcanota (24%) y la de Ampato (8%).

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Cordilleras con los glaciares más importantes del Perú y volumen de hielo almacenado (millones de m3). Fuente: CONAM, 1997.



  1. ACUIFEROS

En la vertiente del Pacífico, se estima una reserva explotable anual de 2,700 MMC. Actualmente se aprovecha un volumen promedio anual de 1,500 MMC con fines poblacionales, pecuarios, agrícolas, industriales y mineros.


La zona costera Sur, caracterizada por su escasa disponibilidad de recursos hídricos superficiales en el período de estiaje, ha alcanzado niveles extremos de sobreexplotación de acuíferos, generando cada vez con mayor frecuencia, conflictos sectoriales e intersectoriales que rebasan la capacidad resolutiva de la autoridad competente.
En la zona costera Norte, el incremento de las disponibilidades hídricas superficiales, originada por la implementación de las medidas estructurales impuestas por los proyectos especiales de irrigación, con un bajo costo del servicio de abastecimiento (tarifa), ha desincentivado el uso de las aguas subterráneas, alentando el despilfarro de las aguas superficiales, generando la degradación de suelos por elevación del nivel freático, con la consecuente reducción de la superficie del suelo productivo.
Conforme a lo señalado, el uso desmedido y unilateral del agua superficial o subterránea, genera el desbalance hídrico del sistema acuífero, con la consecuente elevación de la napa freática a niveles críticos o sobreexplotación del agua subterránea respectivamente.
En la vertiente del Atlántico y la hoya del lago Titicaca se presume un gran potencial de reservas explotables de agua subterránea; sin embargo, la insuficiencia de estudios hidrogeológicos dificulta la identificación de las nuevas áreas favorables para la explotación de aguas subterráneas a nivel de cuencas hidrográficas, incluyendo los acuíferos altoandinos.
3. RAZONES QUE DETERMINAN UN CUADRO DE ESCASEZ DEL RECURSO HÍDRICO EN EL PERÚ
El Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para el 2010, revela que el Perú se ubica entre los 12 países que ya estarían afrontando estrés hídrico4. ¿Cómo es posible que se configure esta situación de escasez, si tenemos en cuenta lo señalado líneas arriba, que el Perú cuenta con el 5% de las aguas dulces del planeta?
Las causas que se encuentran en la base de este complicado escenario son, entre otras, las siguientes:


  1. Desigual distribución de la población y las fuentes de recursos hídricos;

  2. Acelerado retroceso glacial de los nevados andinos;

  3. Incremento de las actividades económicas agroexportadoras;

  4. Desperdicio de la provisión de agua potable;

  5. Contaminación de las cuencas hidrográficas.



  1. DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LAS FUENTES DE RECURSOS HÍDRICOS

A nivel nacional, el 97,7% de las disponibilidades hídricas se encuentran en la vertiente del Atlántico que ocupa el 75,6% de la superficie del territorio nacional, caracterizado por sus pisos altitudinales orientales que van desde la puna hasta la selva baja y en ésta se asienta el 30% de la población que produce el 17,7% del PBI del país.


El otro 1,8% de las disponibilidades hídricas se encuentran en la vertiente del Pacífico que ocupa el 21,8% de la superficie del territorio nacional, caracterizado por sus pisos altitudinales occidentales que van desde la puna hasta la costa, distinguido por la aridez de sus desiertos; paradójicamente en ésta vertiente se asienta el 65% de la población, destacando las mayores concentraciones en la ciudad de Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo que producen el 80,4% del PBI del país.
Finalmente, el 0,5% restante de las disponibilidades hídricas se encuentran en la vertiente del lago Titicaca, que ocupa el 3,6% de la superficie del territorio nacional, asentándose en ésta el 5% de la población que produce el 1,9% del PBI del país.
Esta situación se complica aún más por la estacionalidad de las precipitaciones y descargas de los ríos, representando un mayor reto para el aprovechamiento sostenible del recurso. En la cuenca húmeda de la vertiente del Pacífico, alrededor del 80% de las precipitaciones se presentan entre los meses de diciembre a marzo, generando un exceso en las disponibilidades hídricas en el período de avenidas que rebasa la capacidad de utilización en los valles de la costa, desperdiciándose alrededor del 50% (17,542 MMC) que retornan directamente al mar por la escasa regulación de las aguas superficiales.
En el período de estiaje, comprendido entre los meses de abril a noviembre, las precipitaciones son escasas y las descargas en los ríos son exiguas, agudizando el déficit en el balance hídrico, generándose en muchos casos, la sobreexplotación de los acuíferos como ocurre en los valles del Rímac, Ica, Villacurí, Yauca, Acarí y La Yarada entre otros.
Las proyecciones demográficas al año 2,025 indican que la población crecerá alrededor del 30% con respecto a la actual; si se mantiene la misma proporción de distribución de la población en las tres vertientes, tendremos ciudades como Lima con más de 11 millones de habitantes que ejercerán fuertes presiones sobre los recursos hídricos provocando problemas de sobreexplotación en las cuencas y acuíferos cada vez más difíciles de resolver.



  1. ACELERADO RETROCESO GLACIAL DE LOS NEVADOS ANDINOS

El Perú concentra el 71% de los glaciares tropicales de Los Andes Centrales, observándose en los últimos cuarenta años, un sostenido retroceso atribuible al calentamiento global, que repercute en la provisión de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la industria y la generación de energía. Asimismo, crecen el riesgo y la exposición de la población asentada en las zonas alto andinas a desbordes de lagunas glaciales y aludes, entre otros, además de afectar la belleza escénica natural y por tanto, el turismo.


Los glaciares tropicales andinos del Perú tienen importancia económica, social y ambiental considerable; sus aguas de deshielo aportan recursos hídricos para satisfacer la demanda poblacional e industrial de las principales ciudades (Huaraz, Chimbote, Trujillo, Lima) y generan gran parte de la electricidad que se consume a nivel nacional.
Desde 1932 a la fecha han desaparecido áreas nevadas que alcanza en algunos casos a un kilómetro y medio de extensión. En la cordillera Blanca, se ha registrado en los últimos 67 años, una pérdida aproximada de 50 millones de metros cúbicos de nevados en sólo uno de sus glaciares. El retroceso glaciar amenaza una futura alteración de los caudales en los ríos, que incrementaría el proceso de desertificación.
En más de una década de observación de la evolución de glaciares, realizada por la Ex-Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) se concluye que:


  1. el retroceso de los glaciares en los Andes Tropicales se ha intensificado desde fines de la década de 1970;




  1. la magnitud del retroceso depende del tamaño del glaciar, aquellos considerados “grandes” han perdido entre 400 y 600 mm de agua equivalente por año desde el inicio de las observaciones (1991-1995), mientras que los “pequeños” han disminuido a tasas mayores (entre 1,000 y 1,300 mm de equivalente agua por año);




  1. la contribución de los eventos cálidos del Pacífico (Fenómeno de “El Niño”) a la recesión de los glaciares tropicales en los Andes ha sido determinante; algunos eventos fríos pueden restaurar parte de la masa de hielo, pero sólo en glaciares con grandes áreas de acumulación ubicadas por encima de los 5,400 msnm. Los glaciares pequeños no recuperan masa, sólo reducen su déficit durante estos eventos fríos;




  1. la tasa de retroceso glaciar en los Andes Centrales es fuerte pero no parece ser excepcionalmente alta en comparación con el resto del mundo.

En un estudio comparativo del período 1962 -1970 con el año 1997 (CONAM, 1997), se dio cuenta de una reducción de 446 km2 de hielo, es decir un 22% del área de glaciares. En cuanto al volumen, éste se redujo en 11,303 millones de metros cúbicos de hielo, es decir el 20% de lo que había 30 años atrás. Esta pérdida equivale al consumo de agua de la sierra y la selva juntas por un periodo de tres años.





  1. INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AGROEXPORTADORAS

La aplicación de una política económica favorable a la inversión ha traído como resultado la inyección de importantes capitales en diversas áreas productivas. Entre ellas, cabe destacar la producción agroindustrial destinada a la exportación.


Extensas franjas de la costa norte en particular, son utilizadas para la producción posterior exportación de espárragos, uvas, mango, pimiento, alcachofa, páprika, palta entre otros. Los volúmenes de exportación se incrementan año a año, así como la oferta exportable.
Esta tendencia se ve favorecida por la apertura de nuevos mercados como resultado de la suscripción de Acuerdos de Libre Comercio entre el Perú y las economías más importantes y dinámicas del mundo.
Esta producción agrícola demanda un mayor uso de agua, particularmente en un área donde la disponibilidad del recurso hídrico es escasa, como ha sido señalado líneas arriba. En este sentido, es previsible que dichas zonas se aproximen a un escenario de escasez, que prive a los habitantes del acceso al líquido elemento y límite la capacidad de expansión de las empresas agroexportadoras para atender la creciente demanda de los mercados internacionales.
Según Virgilio Brenis, Gerente General de la Junta de Usuarios de Riego, las zonas con mayor presencia de exportadores son Chavimochic (La Libertad) y Villacurí (Ica).



  1. DESPERDICIO DE LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

Los servicios de saneamiento en el ámbito urbano son proporcionados por cincuenta y cuatro (54) Empresas de Prestación de Servicios (EPS) que cubren ciento catorce (114) de las ciento noventa y cuatro (194) provincias que tiene el país, destacándose entre ellas a SEDAPAL que provee el servicio en Lima Metropolitana y el Callao donde el 89% de la población urbana tiene acceso al servicio de agua potable y el 84% al servicio de desagüe. En el ámbito rural, representado por poblaciones menores a 2,000 habitantes, los servicios son proporcionados por las Juntas Administradoras quienes cubren parcialmente los costos del servicio mediante una contribución mensual. La cobertura de los servicios de agua potable a nivel nacional es del 76 % y en alcantarillado de 57%.

En el uso poblacional, las bajas eficiencias se dan a nivel de las redes de agua potable y a nivel del usuario individual. A nivel empresarial, las pérdidas de agua potable son del 43% que reducen la disponibilidad del recurso para atender a un mayor número de pobladores; a nivel individual el consumo per cápita promedio nacional se sitúa en 291 litros/hab.*día (incluye consumo humano, jardines, industrias y pérdidas), muy por encima respecto a consumos similares en la región. Otras causas son el bajo porcentaje de micromedición que llega al 54% y la poca cultura sobre el valor económico del agua a nivel nacional. Asimismo la gestión empresarial ineficiente de las EPS municipales se refleja en los aspectos operativos y la baja calidad del servicio.

Las coberturas de agua potable y alcantarillado en el ámbito rural aún son bajas, alrededor del 62% y 30% respectivamente y el tratamiento de las aguas residuales alcanza solo a un 22% a nivel nacional, incidiendo directamente en las altas tasas de mortalidad infantil y las enfermedades diarréicas, en particular de la población rural. Los vertimientos industriales contaminan las fuentes naturales y corroen la infraestructura de alcantarillado, disminuyendo la vida útil de la misma.





  1. CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La contaminación del agua tiene lugar de las siguientes maneras:




  1. Vertimiento de aguas servidas

La mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los lagos y al mar. Este problema es generalizado y afecta al mar (frente a Lima y Callao, frente a Chimbote), a muchos ríos (Tumbes, Piura, Santa, Mantaro, Ucayali, Amazonas, Mayo, etc.) y a lagos (Titicaca, Junín). Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, etc.).

El deterioro de la calidad de agua en el Perú es uno de los problemas más graves del país. Solo en Lima, capital del Perú, se vierten más de 400 millones de metros cúbicos de aguas servidas al año, volumen que podría ser reciclado y convertido en agua limpia. Además, ya han sido declarados agotados los recursos hídricos superficiales de los ríos Caplina, Sama y Locumba en Tacna y existen graves problemas en las cuencas de Moquegua, Arequipa y Puno.5


  1. Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas

Es costumbre generalizada en el país el vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún cuidado y en forma absolutamente desordenada. Este problema se produce especialmente cerca de las ciudades e industrias. La basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas (el fierro produce óxido de fierro), de impacto negativo.




  1. Vertimiento de relaves mineros

Esta forma de contaminación del agua es muy difundida y los responsables son los centros mineros y las concentradoras. Es especialmente grave en el mar frente a Tacna y Moquegua, por las minas de cobre de Toquepala; en los ríos Rímac, Mantaro, Santa, el lago de Junín y todos los ríos de las ciudades cercanas a centros mineros del Perú. Los relaves mineros contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y quebradas. Esto es de gravedad a nivel local, como en Madre de Dios y cerca de centros auríferos.





  1. Vertimiento de productos químicos y desechos industriales

Consiste en la deposición de productos diversos (abonos, petróleo, aceites, ácidos, soda, aguas de formación o profundas, etc.) provenientes de las actividades industriales. Este problema es generalizado cerca de los centros petroleros (costa norte y selva), en las zonas de la industria de harina y aceite de pescado (Pisco - Paracas, Chimbote, Parachique, Paita), en las zonas de concentración de industrias mineras (Oroya, Ilo) y en zonas de industrias diversas (curtiembres, textilerías, etc.).




  1. Narcotráfico

La actividad ilícita del narcotráfico es una fuente permanente de contaminación de los ríos y afluentes de la selva y ceja de selva. Afecta principalmente a las regiones comprendidas entre los valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), en el alto y bajo Huallaga, Padre Abad, alto y bajo Putumayo, y Trapecio Amazónico. La falta de presencia del estado, el índice de pobreza y falta de actividades productivas alternativas, han ocasionado que en el período 2009-2010 se incrementen la instalación de laboratorios clandestinos y pozas de maceración cercanas a los poblados dedicados al cultivo de la hoja de coca.


Es esta etapa de la producción de la droga en donde se produce el índice más alto de contaminación de los ríos, cochas y acequias, debido a que los insumos altamente tóxicos que son utilizados para su producción, son vertidos finalmente a sus aguas.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DERIVADOS DE LA ESCASEZ DEL RECURSO HÍDRICO EN EL PERU

Una definición directa de conflicto socioambiental alude a aquellos en los que los actores se disputan el uso, manejo o control de los recursos naturales. Si desarrollamos más está idea de base tendríamos que los conflictos socioambientales implican ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza que, al afectar o degradar los ecosistemas, pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de la sociedad (Ortiz, 1997). La Defensoría del Pueblo no llega a explicitar un concepto operativo de conflicto socioambiental, pero sí alude al conflicto social como una confrontación pública entre actores que buscan influir en la organización de la vida social (Defensoría del Pueblo, 2005).

Para el mes de mayo de 2005, la cantidad de conflictos sociales registrado por la Defensoría del Pueblo llegaban a 74, de los cuales, 10 estaban referidos a la categoría de “conflictos ambientales mineros”. En mayo de 2006, el total de conflictos sociales registrados llegó a 77, de los cuales, 13 se referían a la categoría de “conflictos ambientales”. En mayo de 2007, los conflictos sociales ascendieron a 77 en total, de los cuales, 30 eran “ambientales”. En mayo de 2008, el total de conflictos sociales fue de 65 y de “socioambientales” llegó a 31. En mayo de 2009 los conflictos sociales registrado llegaron a 268, de los cuales, 133 fueron “socioambientales”. En mayo de 2010, el total de conflictos sociales fue de 255, de los cuales 132 fueron socioambientales. Esta somera revisión de cifras nos muestra el ascenso de los conflictos en general y en particular, la dinámica que empiezan a mostrar los conflictos de carácter socioambiental, al punto de determinar una tendencia hacia ser los de mayor frecuencia y predominio.

CONFLICTOS REGISTRADOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2010

Una serie de analistas dan cuenta (De Echave, Caballero, Monge) de la importancia que empiezan a adquirir los conflictos socioambientales a partir de mediados del 2005 en adelante. Si se los revisa con detenimiento, la mayoría de ellos tienen que ver con temas mineros, disputas o controversias entre comunidades locales y empresas mineras.

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2010.

Si consideramos, de acuerdo al cuadro precedente, que el uso del agua para fines de minería no llega ni al 2%, cabe preguntarse cómo es que los conflictos socioambientales registrados por la Defensoría del Pueblo están centrados en esta actividad.

Esto se explica porque la población en el Perú, particularmente las comunidades donde se asientan yacimientos que despiertan el interés de las grandes mineras extranjeras, tiene una gran dosis de desconfianza respecto de la voluntad y el compromiso de éstas frente a su responsabilidad social frente al impacto que su presencia y actividad pueda generar. La percepción de la población local es que las empresas mineras ofrecen muchas cosas y presentan informes de “impacto ambiental” no creíbles suficientemente, solamente acallar la oposición social y luego incumplirlo en aras de sus intereses y perjudicándola en materia de empleo, contaminación ambiental, salud y actividad productiva en la zona. Este es el llamado pasivo ambiental, el cual no ha sido superado por la inversión minera actual.


Esta desconfianza se extiende al Estado, sobre el cual existe una percepción más o menos extendida respecto a que es controlado por grupos de poder que lo han privatizado para beneficio propio y de una clase política desacreditada que se aproxima a la esfera gubernamental con la finalidad de obtener beneficios ilegítimos. Esta percepción, cuanto más acendrada esté, genera en la población la impresión que el Estado no constituye entonces un interlocutor válido, imparcial y objetivo, que pueda entender, atender y defender los intereses y aspiraciones de la población frente a los riesgos que plantee el establecimiento de una inversión minera, sino que tenderá a inclinarse y favorecer a las grandes mineras y su inmenso poder económico. Esta desconfianza se extiende a los niveles regionales y municipales.
A este escenario de desconfianza debe añadirse que la forma histórica en la que se ha establecido la relación entre gobernantes y gobernados (particularmente de la población rural, ámbito en el cual operan los intereses de la gran minería), donde la imposición autoritaria ha primado sobre el diálogo y el enfrentamiento positivo de las demandas sociales.
Sin embargo, la población del Perú actual está conformada por sujetos más informados, con más expectativas de vida individual y grupal, con más experiencia respecto a lo que conviene y no conviene, y por lo mismo con una mayor disposición a la defensa de sus derechos y de lo que consideran importante y justo, y a la organización para viabilizar tal voluntad. Además, el crecimiento poblacional y la ampliación de los espacios de la actividad minera formal e informal en el Perú, ha acelerado la colisión entre los intereses sanitarios y productivos de la población, y los intereses de los grandes inversores mineros como de los pequeños y medianos informales, afincados en unas ganancias que obvian la salud y las prioridades productivas de las poblaciones afectadas.6
Finalmente, para poder entender las particularidades que explican este enfrentamiento entre las poblaciones y la gran minería formal, debe señalarse que esta desconfianza de la población constituye un nicho atractivo para intereses políticos, que aprovechan su descontento y frustración para instrumentarla a favor de su proyecto político.

  1. CARACTERISTICAS DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Algunas investigaciones sobre las características que asumen los conflictos socioambientales en el Perú (Castro; 2010), concluyen que existe una relación de significancia entre el nivel de pobreza y el número de conflictos; esto es: a mayor tasa de pobreza, mayor cantidad de conflictos desplegados. La otra relación de significancia estadística expresa que hay una asociación directa entre número de conflictos y mayor extensión existente de derechos mineros o concesiones.

http://www.servindi.org/img/2009/02/derechosmineros99-2008.jpg

Fuente: Cooperación s/f.

Esta relación entre concesiones mineras y conflictos socioambientales queda reflejada en un estudio promovido por el Banco Mundial y el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, 2009), que señala que uno de los principales desafíos que enfrenta la industria minera es que “las actitudes de la población frente a la minería no son a menudo positivas y recientemente han generado enfrentamientos y conflictos sociales”, subyacen a dicha situación un conjunto de factores que caracterizan como complejos, entre otros señalan: el legado de la minería (pasivos ambientales y sociales), las dificultades de comunicación entre las empresas mineras y las comunidades de su entornos y, sobre todo, puntualizan que las operaciones mineras se ven a menudo presas en la encrucijada de que las instituciones y estructuras de gobernabilidad en el Perú, no han permitido a las comunidades locales participar efectiva y constructivamente en los procesos políticos, que el sistema legal formal no reconoce la propiedad y los derechos de facto y que los servicios públicos no satisfacen las expectativas de las poblaciones.


  1. PERCEPCION DE LAS EMPRESAS MINERAS SOBRE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Según un análisis aparecido en una revista especializada en temas mineros (Horizonte minero, 2009), enumera lo que a su modo de entender, a partir de una serie de entrevista a líderes del sector, son los factores que están alrededor de los conflictos socioambientales: ausencia del Estado, malas práctica empresariales, incremento de concesiones mineras y petroleras, falta de información por parte del Estado y de las propias empresas, falta de transparencia, compromisos incumplidos o pendientes entre empresas y comunidades, débiles o ausentes mecanismos de consulta, mala distribución y uso de la riqueza generada por el sector, entre otros.

Desde la perspectiva de las empresas que desarrollan actividades mineras, un dossier preparado por una revista de negocios (Business New America, 2010), sobre la minería en el Perú, en particular sobre los conflictos que la aquejan, plantean una serie de ideas:



  • la ausencia de esquemas institucionales eficaces para enmarcar el diálogo entre los principales actores (Estado, empresa, comunidades);

  • el manejo de recursos naturales altamente críticos como lo es el agua, que entra en competencia con otros usos (agricultura);

  • la presencia de distinto tipo de organizaciones (alude directamente la “gran cantidad de ONGs”) que están detrás de comités, frentes de defensa y otros tipo de plataformas que dificultan los debates informados entre las partes directamente concernidas;

  • el Convenio 169 de la OIT, que ha dificultado la situación para muchas empresas, dado que se lo utiliza como pretexto para presentar reinvindicaciones o demandas que están más allá de lo que las empresas pueden cumplir;

  • la ausencia de partidos políticos fuertes con programas consistentes y claros sobre todo a nivel local y regional; y,

  • la incapacidad de las instituciones públicas para canalizar los conflictos, que terminan en la radicalización de posturas de los dirigentes locales y en el estallido de protestas;

  • la incapacidad de los gobiernos locales y regionales para invertir de manera eficiente los recursos que la minería genera, creando desconfianza y frustración entre la población.

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS 2010-2014

Proyecto

Inversión Millones U$

Operador

Ubicación

Metal principal

Inicio proyectado

Toromocho

2200

Chinalco

Junín

Cobre

2012

Las Bambas

4200

Xstrata

Apurimac

Cobre

2014

Michiquillay

2500

Anglo A.

Cajamarca

Cobre

2014

Río Blanco

1500

Zijin

Piura

Cobre

n/d

Quelleveco

3000

Anglo A.

Moquegua

Cobre

2014

Los Chancas

1200

Southern

Apurimac

Cobre

2013

Tía María

934

Southern

Arequipa

Cobre

2012

Antamina

1288

BHP,Xstrata

Ancash

Cobre

2012

Conga

3400

Yanacocha

Cajamarca

Oro

2014

Antapacay

1500

Xstrata

Cusco

Cobre

2012
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