Estrategia y geopolitica



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  • Fuente: Business News América. 2010

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Lima. 2009

  1. PERCEPCION DEL ROL DEL ESTADO

La (pobre) valoración del rol del Estado en los conflictos socioambientales queda evidenciada en la investigación de De Echave, que plantea que las empresas despliegan su actuar en función de una lógica de maximización de sus ganancias y para ello buscan instituciones eficientes y eficaces, así como reglas claras (Estado) y de parte de la comunidad buscan generar relaciones de buena vecindad a partir del despliegue de acciones de responsabilidad social y minimizar lo más que se pueda el descontento de las poblaciones. En ese marco, es preciso considerar que al interior de las empresas se juegan también lógicas distintas que enfrentan instancias como las de operaciones y relaciones comunitarias; de otro lado, se generan fallas de comunicación entre empresa y comunidad que derivan en impasses que luego deben sortearse a través de las estrategias comúnmente desplegadas que combina clientelismo con amedrentamiento, presencia del Estado o apertura de espacios para el diálogo y negociación. Desde la comunidad, lo que suele primar es una mezcla de temor y expectativa (dependiendo la zona y las experiencias con la actividad minera). También se genera un campo de mutuas desconfianzas y por una escaza credibilidad en las acciones y promesas de los otros (Estado, empresa). Cabe considerar también que la presencia de actividad minera altera los ordenamientos internos de la comunidad, sus jerarquías internas, estructuras de autoridad y los precarios equilibrios de poder generando tensiones internas que también afloran a través de los conflictos. El Estado es percibido como un agente inclinado a la promoción de la actividad minera, de lado de las comunidades y, del lado de las empresas, como un débil garante del orden público e ineficiente asignador de recursos y servicios públicos a las comunidad.

  1. PERCEPCION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Otra lectura de los conflictos socioambientales es el que hace la Defensoría del Pueblo, a través de su informe extraordinario (Defensoría del Pueblo, 2007) realizado a solicitud del Congreso de la República, en el que se busca explicar las causas de los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú.

El estudio empieza por constatar la significancia que ha adquirido este tipo de conflictos, el mismo que es identificado como un “grave problema” dado que “afecta, al mismo tiempo, a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, a la inversión privada –indispensable para el progreso económico y bienestar del Perú- y al Estado”. Entre las causas de los conflictos que el informe detecta están: la debilidad institucional y desatención del Estado; la posición antiminera y agendas ocultas de algunos líderes y organizaciones; el temor (real o percibido) a la contaminación de los recursos naturales; el problema social de la exclusión, desigualdad y discriminación; la afectación de derechos fundamentales, la desconfianza en el Estado como protector del ambiente; presunta incompatibilidad entre actividades económicas; la actuación de algunas empresas en los conflictos que no asumen con responsabilidad sus compromisos sociales y ambientales. Sobre los impactos de los conflictos, dan cuenta de los de carácter económico en el plano tanto de lo local, regional y nacional, los impactos sociales (entorpeciendo las relaciones sociales entre los agentes), impactos políticos (debilitamiento de las estructuras de autoridad).



  1. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES Y MULTICULTURALIDAD

Otro punto de vista (Caravedo, 2010) plantea que los conflictos sociambientales son la expresión (síntoma) de la tensión entre modos de vida y cosmovisiones sobre lo que implica el desarrollo. Esta situación de desencuentro está además marcada y alimentada por el ritmo y las características de la dinámica con la que se han venido dando los procesos, lo cual dificulta la posibilidad de profundizar el diálogo intercultural desde el cual integrar y armonizar estas visiones: una expansión de la actividad minera que se da a una gran velocidad, abarcando espacios territoriales amplios, y con poca disposición real, en muchos casos, a considerar los intereses y necesidades en juego de todos los grupos de interés involucrados. Esta dinámica se desarrolla, además, sin la existencia de un ordenamiento territorial previo, y una regulación y fiscalización eficiente por parte del Estado. A esta dinámica relativamente nueva, se le debe sumar la carga histórica de la minería y su secuela de pasivos ambientales y sociales (abusos), lo cual ha calado hondamente en la psique colectiva de las comunidades como factor de desconfianza frente a la presencia de nuevas empresas. Esto hace difícil y compleja la convivencia, aún cuando las empresas utilicen tecnologías ambientalmente limpias y practiquen políticas de responsabilidad social corporativa.

Estas interacciones conflictivas en el ámbito socioambiental en el sector minero presentan algunos rasgos característicos en cuanto al tipo de actores, los asuntos conflictivos, los factores condicionantes, así como a las estrategias de respuesta empleadas. Así, respecto a los actores, se observa que estos conflictos se dan entre empresas mineras y las comunidades de sus entornos (ámbitos de influencia), con el involucramiento de las autoridades locales y regionales, las cuales tienen por lo general una posición ambivalente en función de las circunstancias políticas locales. Los conflictos se producen en mayor medida en el ámbito de la gran y mediana minería en el norte (Piura, Cajamarca), centro (Junín, Pasco, Huancavelica) y sur (Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac). Son especialmente notorios aquellos conflictos entre empresas mineras de capital transnacional y las comunidades de sus ámbitos de influencia (Majaz o Yanacocha, por ejemplo).

En relación con los asuntos en disputa estos giran mayormente en torno a la posibilidad de obtención, por parte de las comunidades, de mayores beneficios de la presencia minera, el respeto de sus modos de vida, así como el cuidado de los recursos naturales, tanto por un interés vinculado al desarrollo de actividades económicas tradicionales (agropecuaria) como a la preservación del medio ambiente. Puntualmente identificamos como asuntos claves los siguientes: acceso al sistema de empleo rotativo en la empresa; contratación de empresas comunales como proveedores locales; provisión de servicios sociales (postas médicas, aulas, agua, luz, canales riego, etc.); control y uso de recursos hídricos (cantidad); contaminación del medio ambiente (aire, agua, suelo, flora y fauna); afectación de la salud de la población local (plomo en la sangre); acceso a la tierra para trabajos de exploración y explotación minera; percepción de maltrato, falta de comunicación e incumplimiento de compromisos; demandas locales y regionales en torno a las posibilidades de desarrollo social y económico; gestión de fideicomisos, fondos sociales y fondos del canon.

En cuanto a los factores condicionantes que moldean la dinámica de estos conflictos, encontramos: la sentida exclusión (social, cultural, política y económica); la pobreza en tanto insatisfacción de necesidades básicas; recursos naturales escasos (agua y tierra); ausencia, ineficiencia o inacción del Estado; fragmentación y dispersión de la sociedad civil producto de la guerra interna y procesos de desarticulación social; inadecuada comunicación e información; surgimiento de políticos locales oportunistas que capitalizan el descontento ante la ausencia de partidos políticos representativos; las presiones externas producidas por los procesos internacionales en un mundo cada vez más interconectado por la globalización (crisis financiera, cambio climático).

En conclusión, los conflictos socioambientales surgen como dinámicas complejas en medio de un contexto complejo. En esa medida las respuestas para que sean adecuadas, en el marco de la gobernabilidad democrática y enfocadas al desarrollo sostenible, no pueden ser meramente reactivas limitándose a estrategias simplistas, de corto plazo y meramente orientadas de la imposición unilateral de agendas, ya sea a través de la manipulación o la confrontación de fuerzas. Incluso las estrategias legales resultan siendo absolutamente insuficientes para abordar la dinámica de procesos sociales complejos y dinámicos como los mencionados, y en muchos casos terminan agravando la situación. Lamentablemente esa ha sido la pauta general en muchos casos. Por otro lado, cuando el diálogo es utilizado por lo general no se da en condiciones adecuadas previamente trabajadas, produciendo como consecuencia en muchos casos una fatiga y sensación de frustración entre las partes, lo cual se termina repitiendo el ciclo de escalada conflictiva.

En cuanto a los conflictos por el agua, estos pueden surgir por distintas razones:



  • Sobre explotación de fuentes de agua (cantidad)

  • Vertimiento de efluentes y residuos tóxicos (calidad)

  • Regímenes de aprovechamiento de sincronizados entre diversos usuarios (oportunidad)

  • Manejo fragmentado de la distribución (gestión)

  • Rivalidades territoriales

  • Usurpación de competencias

  • Decisiones incorrectas y/o procesos no transparentes

  • Normatividad imprecisa o ambigua

  • Distribución del canon del agua

Según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2010 fueron registrados un total de 56 conflictos por el tipo de disputa, estos tuvieron que ver con el acceso, uso, control, manejo. Los actores involucrados fueron, entre otros: usuarios agrícolas formales vs. informales; cuenca alta vs. baja; minería/formal e informal vs. agricultura; agroexportadores vs. pequeños agricultores; usuarios vs. autoridad; distritos vs. distritos; regiones vs. regiones. Los factores asociados a los conflictos tuvieron con que ver con la Inequidad (histórica, cambio climático, sistema autoridad); organización social rígida; ineficiencia; desencuentros culturales; comunicación difícil; variaciones oferta. Así, en el siguiente cuadro podemos ver la cantidad de conflictos por tipo de disputa:

Sobre las los sectores en los cuales estos conflictos alrededor del recurso hídrico han sido más frecuentes, queda manifiesto que es la actividad minera alrededor de la cual se han desarrollado la mayor cantidad de conflictos de esta naturaleza:



Para completar el análisis, observando los conflictos por el agua por regiones se tiene el siguiente panorama:





  1. ANÁLISIS FODA

Las fuentes de agua dulce en nuestro país, consideradas sus características particulares, la modificación de sus patrones de flujo como resultado del calentamiento global y el deterioro en su calidad a partir de las actividades humanas, han despertado en años recientes la preocupación en el ámbito gubernamental, empresarial y académico.

El agua constituye un recurso estratégico, pues de él depende la vida de las personas, las fuentes de energía, la actividad agrícola, industrial y minera. Prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, desde los más simples a los más complejos, pasan por el acceso a este recurso.

Como ha sido señalado, nuestro país cuenta con este recurso en cantidades que potencialmente pueden satisfacer toda la demanda de este recurso. Sin embargo, circunstancias que también han sido mencionadas, configuran un escenario en el que el acceso a este recurso se encuentra crecientemente limitado y cuya conflictividad en torno a su acceso se incrementa año a año.

Ahora bien, más allá de las cifras de la Defensoría del Pueblo sobre el particular, debemos advertir que el problema es más complejo aún, pues no es sólo un problema de la actividad minera formal enfrentada a las poblaciones locales. Es más que eso. Es también la necesidad de abastecimiento para las poblaciones urbanas que se ven privadas de este servicio y por ello, están expuestas a sufrir de las enfermedades derivadas de la falta de agua e higiene. Es también el problema de quienes desarrollan sus actividades en torno a los ríos altamente contaminados por los desechos químicos de la actividad del narcotráfico. El hecho que estos temas no movilicen grupos de población de forma similar a como se movilizan para protestar en contra de las inversiones mineras, no debe dar pie a soslayar la gravedad de estos problemas.

A esto debe añadirse las diferentes percepciones que se tienen de este recurso, que hacen más difícil armonizar una política que guarde correspondencia con todos los intereses en torno al agua. En el Perú aún existen quienes consideran al agua una suerte de deidad, como quienes la ven como una mercancía más, susceptible de asignársele un precio en el mercado.

Es así, que la conflictividad asociada a la escasez del recurso agua no debe ser analizada exclusivamente bajo el parámetro de los conflictos existentes, sino también a la luz de los conflictos latentes y que han sido mencionados a lo largo del presente trabajo.

Por ello, el análisis FODA que se presenta a continuación se ha desarrollado sobre la base de éstos.

FORTALEZAS

Existen recursos hídricos suficientes para satisfacer las necesidades económicas y sociales del país (F1)

El crecimiento de la actividad económica formal que es susceptible de control en su actividad para prevenir el uso inadecuado del recurso hídrico (F2).

La presencia de las FFAA a lo largo del territorio nacional, que facilita una intervención en apoyo a la PNP para acciones frente a los conflictos socio- ambientales (F3).

Existencia de tecnología que permite obtener agua de fuentes alternativas (F4).

Existen entidades gubernamentales encargadas de la gestión ambiental y a atender los problemas y conflictos medioambientales con su respectivo marco legal (F5).

El Estado cuenta con medios de comunicación que pueden apoyar la difusión de una conciencia ambiental, en asociación con las ONG´s que vienen desarrollando una labor en este campo (F6).


DEBILIDADES

La población se asienta en lugares donde la disponibilidad del recurso hídrico es escasa, generando cuadros de stress hídrico (D1).

La actividad económica informal no cumple con los estándares ambientales y contamina las fuentes de agua (D2).

Personal militar no dispone de medios ni capacitación para apoyar las tareas de enfrentamiento de los conflictos socio ambientales (D3).

No se asignan recursos para destinarlos a la investigación tecnológica orientada a la optimización del uso del agua y búsqueda de nuevas fuentes (D4).

La gestión del recurso hídrico a nivel nacional, es efectuada de manera descoordinada, ineficiente y sin el uso de los medios necesarios (D5).

La falta de implementación de las políticas de administración y aprovechamiento del recurso hídrico, que propicia la perdida y deterioro del agua (D6).

Falta de una política adecuada de educación y promoción de la conciencia de la población sobre la optimización y el buen uso de los recursos hídricos (D7).

Existe un arraigado patrón cultural por parte de la población respecto que el agua es un recurso infinito, permanente, que siempre se tendrá en la cantidad y calidad requeridas (D8).


OPORTUNIDADES

Posibilidad de acceder al crédito y cooperación internacional para programas de reconversión agrícola y obtención de nuevas fuentes de recursos hídricos (captación humedad, osmosis inversa, etc.) y reutilización de aguas residuales (O1).

Aprovechar la experiencia del sistema de riego tecnificado de sierra productiva para aplicación en las zonas donde se desarrolla el sistema de riego tradicional (O2).

La conciencia ambiental de la comunidad internacional que permite el desarrollo de esquemas de reducción de deuda a cambio de inversión en el campo de la conservación (O3).




AMENAZAS

El calentamiento global y el cambio climático están destruyendo de forma acelerada las fuentes de agua constituida por los glaciares tropicales (A1).

Escasez de agua limita las posibilidades de expansión de las actividades económicas que hacen uso del recurso hídrico (A2).

Las comunidades son reacias a aceptar políticas de redistribución del agua (desviación de ríos) (A3).

La politización de los conflictos socio ambientales que impiden un abordaje objetivo al problema (A4).

La falta de comunicación entre el estado y las comunidades campesinas y nativas, que pueden incrementar el riesgo de enfrentamientos (A5).

El incremento de la exposición a las enfermedades que tienen su origen en la falta de acceso al agua en zonas urbanas y rurales, a la luz del incremento poblacional, por encima del incremento de la oferta hídrica (A6).


F1  O1 D1 A1

O2 A6


F2  O3 D2 A2

F3  D3


F4  D4

F5  D5 A4



D6 A5

F6  D7 A3



D8

  1. CONCLUSIONES



  1. En los próximos años los conflictos por la escasez del agua tendrían el siguiente origen:

  • la explotación de las fuentes de agua (vinculado al incremento de la demanda del recurso hídrico);

  • el vertimiento de efluentes y residuos tóxicos (vinculado al decrecimiento de la oferta por el agotamiento de ciertas fuentes de agua);

  • los regímenes de aprovechamiento sincronizado entre diversos usuarios (vinculado al incremento de la demanda del recurso hídrico que complejizará las posibilidades de un uso compartido que satisfaga las necesidades de los individuos y de las actividades productivas);

  • el manejo en su distribución para su aprovechamiento (vinculado a las limitaciones derivadas de la falta de capacidad para administrar el recurso de manera eficiente);

  • las rivalidades territoriales (vinculado al incremento de la demanda del recurso y a las diferencias administrativo-regionales respecto del acceso y administración de cuencas, subcuencas y microcuencas);

  • la usurpación de competencias (vinculado a las deficiencias de la gestión pública por la superposición de competencias);

  • las decisiones incorrectas y/o procesos no transparentes (vinculado a las deficiencias en la gestión pública y prácticas que respondan a intereses particulares - corrupción);

  • la normatividad imprecisa o ambigua (vinculado a la superposición de normas en las diferentes instancias de gobierno).



  1. Las Fuerzas Armadas tienen una presencia a lo largo del territorio nacional, sin embargo, no cuentan con el equipamiento ni su personal se encuentra debidamente capacitado para apoyar las acciones de defensa en el orden interno en el ámbito socio ambiental.



  1. En nuestro país, no se utiliza de forma adecuada las innovaciones tecnológicas existentes en materia de preservación del agua así como de obtención de fuentes alternativas.



  1. El crecimiento vertiginoso de las inversiones en agro exportación y minería genera un déficit del agua, situación que propicia la aparición de conflictos con las comunidades en las que estas desarrollan sus actividades por el acceso al uso de este recurso.



  1. Las entidades responsables del gobierno, sin perjuicio de la existencia de normatividad especifica en este campo, no cuenta con los recursos para hacer frente a los conflictos socio ambientales, ni para proteger las fuentes de agua de los factores que vienen propiciando su agotamiento.



  1. No existe conciencia en la población acerca de la conservación y optimización del uso de los recursos hídricos. De otro lado, no existe conciencia de la diferente valoración del elemento agua como resultado de las diferencias culturales entre la población (comunidades campesinas y nativas).



  1. RECOMENDACIONES EN LOS CINCO CAMPOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Sobre la base del análisis FODA y las conclusiones, se han elaborado las siguientes propuestas de estrategias a seguir en los campos de la Defensa Nacional.

  1. CAMPO POLITICO

Cualquier acción que se desarrolle para afrontar los retos de la escasez del recurso hídrico, ya sea a través de la búsqueda de nuevas fuentes, como de la utilización racional y eficiente del agua, pasa por una clara decisión política de hacer frente a este problema, la cual debe partir de las más altas esferas del gobierno, a fin de impulsar la acción de las demás esferas de la administración pública.

Debe ser reconocido el valor estratégico de los recursos hídricos y la necesidad de protegerlo, en ese sentido incluirlo como un elemento esencial de la Seguridad y Defensa Nacional.



La gestión hídrica en el Perú tiene respaldo en un marco legal vigente, que establece responsabilidades en organismos gubernamentales, y ha permitido la creación de diferentes organizaciones encargadas de la administración, prevención y control del recurso hídrico en el país. Sin embargo el denominador común a la fecha, ha sido la ineficiencia, la ausencia de un elemento supervisor y controlador de toda la gestión, y la falta de coordinación entre los responsables.
El estado no ha venido asumiendo su función rectora y líder, que le permita promover de manera planificada una gestión integrada y multisectorial, que garantice el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los recursos hídricos del país.
El trabajo a futuro en este campo, tiene que considerar el cumplimiento de la normativa, de las disposiciones y alternativas que las siguientes potencialidades le permiten:



La Constitución Política del Perú de 1993, en su Artículo 66º establece, que los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento.
Acuerdo Nacional, en su política 19 relacionada al Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, ley marco a partir de la cual se deberán elaborar las leyes especiales que regulen el aprovechamiento de cada recurso natural.
La Ley de Bases de la Descentralización, cuya finalidad es el desarrollo integral, armónico y sostenible del país en beneficio de la población.
La Ley de Modernización de la Gestión del Estado, establece los criterios que rigen el diseño y estructuración de la Administración Pública, creando un entorno político favorable para la reestructuración del marco organizacional de la gestión integrada de los recursos hídricos.
La Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú, aprobada mediante la RM N° 0498-2003-AG, cuyo objetivo general, es contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego.
El Plan Nacional de Saneamiento, tiene como objetivo general, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.
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