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Evaluación sobre el cumplimiento del

Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos en Argentina

en el marco de la presentación del Quinto informe periódico

ante el Comité de Derechos Humanos

117° Período de Sesiones

Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Mayo de 2016
Estimadas/os expertas/os del Comité:

Nos dirigimos Uds. en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) —organización dedicada desde 1979 a la defensa y protección de los derechos humanos en Argentina— con relación al quinto informe periódico presentado por el Estado argentino sobre la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, Pacto o PIDCP). Esta presentación procura poner a su disposición el informe alternativo elaborado por el CELS, en el cual se da cuenta de los avances, retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en el Pacto (artículo 2). Es importante, desde ya, aclarar que la información aquí incluida no agota la totalidad de las problemáticas vinculadas a la implementación del PIDCP en el país.


El informe incluye preguntas y recomendaciones sugeridas respecto de cada una de las problemáticas tratadas, con la intención de que sean tenidas en cuenta por el Comité, tanto en oportunidad de la audiencia de evaluación prevista para el 117º período de sesiones como al momento de emitir sus Observaciones Finales sobre la Argentina. A su vez, cuenta con dos anexos con información de diversos casos que ilustran gran parte de los temas aquí desarrollados.
Quedamos a vuestra disposición para ampliar o aclarar lo que puedan estimar necesario.

Atentamente,





Gastón Chillier

Director Ejecutivo

I. PALABRAS PRELIMINARES

Antes de adentrarnos en el análisis de diversas problemáticas en torno a la vigencia del PIDCP en la Argentina, es dable mencionar que el informe presentado por el Estado argentino ante esté Comité fue elaborado por una gestión de gobierno que culminó el 10 de diciembre de 2015. Por ello, entendemos imprescindible que en el momento del diálogo interactivo con las actuales autoridades argentinas, el Comité tenga presente este dato e indague entonces en profundidad sobre las políticas públicas que esta nueva gestión está llevando adelante para poder evaluar su efectiva correspondencia con las obligaciones que para la Argentina surgen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.



II. PROCESO DE VERDAD Y JUSTICIA POR LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA CIVICO MILITAR (ARTS. 2 y 6 PIDCP)1

El estado de los juicios por crímenes de lesa humanidad

Tal como oportunamente informamos a este Comité, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final (ley 23.492) y de la Ley de Obediencia Debida (23.521) en la causa “Simón”, mientras que el 13 de julio de 2007 en la causa “Mazzeo” dejó sin efecto los indultos dictados en 1990 a favor de los represores. De esta manera, se derribaron los andamios legales de una etapa signada por la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar.

A partir de allí, se han reabierto cientos de causas judiciales en todo el país. Así, en los últimos 10 años se llevaron a cabo y finalizaron 156 juicios en los que se condenaron a 669 personas mientras que 62 fueron absueltas2. Entre 2010, año del Cuarto Informe ante este Comité, y 2015, se llevaron a cabo un promedio de 22 juicios por delitos de lesa humanidad por año3.

En este marco, es dable afirmar que en la Argentina han existido avances indudables en materia de justicia y reparación. Con un cumplimiento estricto del debido proceso y la plena vigencia del derecho de defensa de los imputados, se han abierto y sostenido investigaciones judiciales en casi todas las provincias argentinas y se han ampliado hacia el esclarecimiento de las responsabilidades de sectores civiles en delitos de lesa humanidad. El variado conjunto de políticas públicas implementadas en los últimos años permitió significativos avances en la reparación integral de las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la sistematización de archivos, la creación de sitios de memoria, entre otros. Además desde 2010 a nuestros días, se han producido avances en el juzgamiento de la violencia sexual4 y se han impulsado causas donde se investigan responsabilidades de funcionarios judiciales, empresarios y directivos de empresas en estos crímenes.

En noviembre de 2015, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CELS presentaron los resultados de una investigación sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de la Procuración General de la Nación. El informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado"5 aporta evidencias sobre la responsabilidad de un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra trabajadores durante la dictadura.

También en noviembre de 2015, el Congreso de la Nación mediante ley 27.217 dispuso la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar que deberá estar integrada por cinco diputados y cinco senadores nacionales y tendrá por objetivo la elaboración de un informe, con la participación de la sociedad civil. El informe deberá analizar los aspectos más importantes y las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas por la última dictadura cívico militar e identificar a los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. La creación de esta Comisión recibió el apoyo de expertos y relatores independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas6, la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional7. A pesar de ello, lamentablemente, al día de hoy, la Comisión no ha sido conformada y su implementación concreta está aún por verse.

Es importante destacar que en las causas en las que se investiga la responsabilidad de empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura contra los trabajadores, es donde se verifican mayores obstáculos a la hora de avanzar en la investigación. Aún así, en marzo de 2016 se dictó la primera condena a un empresario por su responsabilidad en el secuestro y tormentos de un delegado gremial de su empresa8.

Más allá de los avances descriptos, ya el Comité manifestó en sus últimas recomendaciones al Estado argentino preocupación por la lentitud en el avance de las causas en sus diferentes etapas, incluyendo la casación, y especialmente en provincias como Mendoza. Lamentablemente dada la avanzada edad de los imputados y de las víctimas, esta preocupación mantiene aún gran vigencia. A marzo de 2016, de acuerdo a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 113 causas fueron elevadas a juicio (23% del total de causas en trámite) y se encuentran a la espera del inicio del debate ante el tribunal oral competente9. En general, en todas las jurisdicciones la falta de integración de los tribunales y la baja periodicidad de las audiencias, hace que una vez integrado el tribunal e iniciado el debate, se demore su tramitación y el dictado de la sentencia10. Por este motivo es necesaria la puesta en funcionamiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal creados por ley 26.632 del 11 de agosto de 201011. La habilitación de estos tribunales permitiría descomprimir la situación y acelerar la realización de los juicios orales pendientes.

Una de las jurisdicciones en donde se registran más demoras en el inicio de los debates es en la jurisdicción de San Martín (provincia de Buenos Aires), donde 16 causas se encuentran elevadas a juicio con el debate oral pendiente12. Esta situación se replica en la mayoría de las provincias. Abogadas y abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura señalan dificultades para el comienzo de los juicios orales en las jurisdicciones de Misiones, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero (en donde no existe ningún tribunal oral) y Neuquén13. También apuntan sobre la lentitud de las investigaciones y demoras en la confirmación de las resoluciones por las Cámaras de Apelaciones en las jurisdicciones de Tucumán, Salta, Rosario -Santa Fe-, Comodoro Rivadavia –Chubut-, Mendoza y Santiago del Estero (donde no existe cámara de apelaciones).

Otro dato que demuestra la demora en la tramitación de las causas judiciales, es la cantidad de sentencias firmes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo a los datos del CELS, a marzo de 2016, sólo el 16% de las sentencias se encuentran confirmadas por la Corte Suprema14. Por otra parte, en segunda instancia –Cámara Federal de Casación Penal y Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal- se han confirmado el 32% de las sentencias. La demora en la tramitación de las causas, sin embargo, no generó que la Comisión Inter-poderes para la agilización de causas de lesa humanidad (creada mediante acordada 42/08) se reuniera con mayor frecuencia15.

En síntesis, a 40 años del golpe de estado, resulta imperiosa la articulación de los tres poderes del Estado para acelerar el proceso de justicia, asegurando lo logrado y avanzando en el juzgamiento de los responsables civiles de graves violaciones a los derechos humanos.

La respuesta del Poder Ejecutivo a los obstáculos en el proceso de justicia

En el informe presentado ante este Comité por el Estado argentino se destacan la diversidad políticas públicas diseñadas e implementadas con el objetivo de reafirmar el proceso de memoria, verdad y justicia. Entre ellas se subraya la creación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el ámbito de la Procuración General de la Nación. Respecto del resto de las áreas señaladas en la respuesta –en particular, la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa-, debemos resaltar que realizan un gran aporte a las causas y resulta imperiosa la continuidad de su labor. La Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, cuenta con equipos de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas cuyos informes significaron un aporte fundamental a procesos judiciales, por ejemplo, en la causa ESMA Unificada. Esta direccióntambién interviene anualmente en el control de personal de las fuerzas armadas en condiciones de ascenso16. En el marco de ese proceso, remite a los organismos de derechos humanos los listados con los nombres de los candidatos para su consulta con los archivos de estas organizaciones. Por ello, es muy preocupante que las autoridades ministeriales del nuevo gobierno, que asumieron en diciembre de 2015, hayan abandonado la práctica de realizar esta consulta que permite verificar que no se otorguen ascensos a personas vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura y en democracia.

También resulta preocupante que diferentes áreas y oficinas públicas diseñadas para el proceso de memoria, verdad y justicia hayan sufrido una importante reducción de personal mediante despidos arbitrarios o hayan sido del todo desmanteladas por la nueva gestión de gobierno, desde diciembre de 2015. Los juicios por crímenes de lesa humanidad requieren la concertación e intervención activa de los tres poderes del Estado, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional debería revocar estas decisiones.

A fines de marzo de 2016, se disolvió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, encargada de contestar requerimientos del poder judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante la dictadura. La dirección tenía un área encargada de relevar documentación producida por las fuerzas de seguridad para analizar su estructura y funcionamiento con el fin de aportar informes al Poder Judicial; un área encargada de la identificación de NN –que fue la que halló el cuerpo de Luciano Arruga17-, y otra de asistencia judicial para la protección de víctimas en los allanamientos en causas por apropiación de niños durante el terrorismo de estado18. Por su parte, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, se ha visto afectado por los despidos y los trabajadores de esa oficina han denunciado la incertidumbre en que se encuentran y la falta de decisión política para que continúen con su labor19. Asimismo, alrededor de 500 trabajadores fueron despedidos del Ministerio de Justicia, entre ellos a 55 que dependían de la Secretaría de Derechos Humanos y que trabajaban en el predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre los despedidos hay trabajadores de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que gestionaba las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, trabajadores del Registro Unificado del Víctimas del Terrorismo de Estado y del sitio histórico del Casino de Oficiales de la ex ESMA20. También fueron despedidos trabajadores del portal de noticias judiciales del Ministerio de Justicia –Infojus Noticias- que se encargaban, entre otros temas, de la difusión de investigaciones, casos y sentencias por violencia institucional y delitos de lesa humanidad21.

En cuanto al Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, creado a partir de la desaparición en democracia de Jorge Julio López, en estos últimos meses, no sólo se redujo el personal mediante despidos sino que se lo puso bajo la esfera de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación afectando su participación en los procesos judiciales. Los trabajadores sostienen que sus informes serán cuestionados por las defensas de los imputados por crímenes de lesa humanidad ya que la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante en los juicios. El Programa se encarga de notificar a los testigos de los juicios por delitos de lesa humanidad para que no lo hagan las fuerzas de seguridad y de elaborar informes de riesgo acerca de testigos e imputados22.

En el ámbito del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en marzo de 2016 se concretó la disolución de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos, luego de haber despedido a todos sus trabajadores. Dicha subgerencia se encargaba de relevar documentación que vinculaba al Banco Central y otros actores económicos con delitos de la dictadura y el endeudamiento externo ilegal23.

El denominador común es que todas estas dependencias estatales se ocupaban de políticas de la memoria y de derechos humanos. En tiempos donde se requiere acelerar las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado debido a la avanzada edad de los imputados y de las víctimas, estas medidas constituyen una importante preocupación que debe ser atendida por el Estado argentino.

La situación de los defensores de derechos humanos, en especial de los que promueven estos juicios

En sus últimas recomendaciones, el Comité manifestó su preocupación por los actos tendientes a amedrentar a personas que participan como testigos de cargo en juicios por delitos que implicaron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura, incluido el secuestro y desaparición de Jorge Julio López (artículo 19 del Pacto)24. Entre las medidas adoptadas para evitar la repetición de amedrentamientos y la re victimización de testigos sobrevivientes de la última dictadura, el Estado nacional menciona en su informe al Programa Verdad y Justicia, al Centro Ulloa y al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Sobre los dos primeros ya nos referimos en el punto anterior.

En cuanto al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, preocupa que el nuevo gobierno haya sido nombrado a un ex militar como su director. Si bien su designación es transitoria25, alarma a las víctimas de delitos de lesa humanidad que un ex miembro del ejército sea el encargado de su seguridad e integridad física26.

En cuanto a la desaparición de Jorge Julio López, no se han producido avances en la investigación. A casi diez años de su segunda desaparición, no se produjeron avances en la causa, no se ha esclarecido su paradero y nadie ha sido responsabilizado por el hecho. En el informe presentado por el Estado argentino se ha omitido responder a este punto. Es de gran importancia avanzar en la investigación de responsabilidades en los hechos que damnificaron a López. Además de instar al poder judicial para que avance en la causa, los poderes ejecutivo y legislativo deben impulsar otras políticas que coadyuven a dar con su paradero y a la identificación de los responsables de su desaparición.



Preguntas al Estado

  1. ¿Qué medidas se adoptaron o adoptarán para agilizar los juicios por graves violaciones a los derechos humanos? ¿Qué resultados se esperan obtener de dichas medidas? ¿Cómo el Estado solucionará la falta de jueces en los distintos tribunales federales de todo el país? ¿Cuándo se integrarán los tribunales orales federales creados por ley 26.632? ¿Se implementará algún sistema de subrogancias para evitar demoras en los procesos judiciales en curso?

  2. ¿Cuáles son los principales obstáculos que Estado identifica para la investigación y juzgamiento por delitos cometidos por empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas? ¿Cuáles serán las medidas a implementar para remover esos obstáculos? ¿Qué resultados se esperan obtener de esas medidas? ¿Qué avances se produjeron en la composición y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar?

  3. Considerando el desmantelamiento de oficinas públicas del Estado Nacional y los despidos masivos en áreas de derechos humanos creadas para dar apoyo al proceso de memoria, verdad y justicia, ¿Se restablecerán estas áreas? ¿El Estado reincorporará a los trabajadores despedidos? ¿Cómo se dará apoyo a los procesos judiciales y se cumplirá con los requerimientos del poder judicial, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y con las partes querellantes?

  4. ¿Cuáles son las políticas de memoria implementadas y/o que se implementarán? Específicamente respecto de reparaciones –tanto económicas como simbólicas-, sitios de memoria y archivos que puedan contener información sobre víctimas y responsables del terrorismo de Estado. ¿Se contemplan métodos de divulgación del proceso de justicia para asegurar la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos? ¿Se ha incluido en los planes de estudio de los establecimientos de educación primaria y secundaria del país la temática dictadura y proceso de memoria, verdad y justicia?

  5. ¿Cuáles han sido los avances que se han producido en la investigación en sede judicial de la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y amedrentamientos sufridos por testigos, y personas vinculadas a las causas por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado? ¿Cuáles han sido los avances en la determinación de responsabilidades judiciales y administrativas por el homicidio del prefecto Héctor Febrés? ¿Se ha producido información que dé cuenta de las cifras de testigos que se encuentran en situación crítica, y cuántos de ellos fueron amenazados en alguna forma? ¿Qué cantidad de solicitudes de protección vinculadas a causas de graves violaciones a los derechos humanos han sido recibidas, qué resolución se ha adoptado sobre ellas y cuáles han sido las razones de dichas resoluciones?

Recomendaciones al Estado

  1. En cuanto a las demoras de la justicia, realice evaluaciones periódicas que permitan diseñar estrategias más eficientes y tome medidas concretas para destrabar aquellas instancias de la investigación de las causas que se encuentran frenadas; impulse los cambios necesarios en materia de designación de jueces, reasignación de recursos en juzgados, tribunales orales, entre otras, para agilizar el trámite de las causas. En particular, que el poder judicial, cuyo máximo responsable es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el Consejo de la Magistratura arbitren los medios necesarios para una eficaz administración de justicia y para el diseño de mejores estrategias para encauzar con mayor celeridad los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.

  2. En cuanto al desmantelamiento de áreas creadas para dar apoyo al proceso de justicia en Argentina, se reincorpore al personal especializado en la temática para la recomposición de las áreas afectadas, se reasuman las tareas que se llevaban a cabo y se diseñen herramientas de diagnóstico e incidencia que coadyuven a la prosecución de las investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

  3. Se avance en el juzgamiento de empresarios, directivos y/o personal jerárquico de empresas involucrados en delitos de lesa humanidad y se contribuya desde oficinas estatales a la investigación de la temática.

  4. Se avance en la pronta puesta en marcha de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar.

  5. Se continúen las políticas de memoria sobre el terrorismo de Estado mediante la preservación de archivos y sitios de memoria. Que el Estado avance en la difusión de las investigaciones y juicios en curso, así como de las sentencias dictadas en consecuencia por delitos de lesa humanidad. Que se incluya en los programas de estudio la enseñanza acerca de la dictadura y el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina.

  6. Se investigue y sancione a los responsables de los hechos de ataques, hostigamientos y amenazas a los defensores de derechos humanos que impulsan estos juicios. En particular, se investigue y sancione a los responsables de la desaparición forzada de Jorge Julio López.

III. VIOLENCIA INSTITUCIONAL. MUERTES A MANOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. DESAPARICIONES FORZADAS (ART. 6 PIDCP) 2728

El Estado nacional y las provincias siguen sin producir información estadística sobre hechos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad. Desde 1996, el CELS intenta llenar ese vacío con datos propios, construidos a partir de fuentes periodísticas. Los datos de esta base no son exhaustivos, pero permiten observar tendencias válidas para la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).

Entre 2009 y 2015 se observa una persistencia en los niveles de violencia letal de las fuerzas de seguridad. Estos niveles no han podido ser disminuidos por el Estado. De hecho en algunos casos las autoridades han promovido indirectamente la violencia policial. Esto ocurrió por ejemplo en 2014 en la provincia de Buenos Aires. El gráfico muestra que esos mensajes políticos de promoción de la violencia policial tuvieron consecuencias en los niveles de letalidad, ya que 2014 se trató del año con más personas muertas en la RMBA por las fuerzas de seguridad desde 2003.

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