Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de



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Fuente: CELS. No se incluyen personas muertas por custodios privados.

La presencia masiva de policías en las calles, los mensajes de promoción o tolerancia de la violencia policial, la utilización de armas por parte de policías que se hallan fuera de servicio y la ausencia o debilitamiento de los mecanismos de gobierno y control político de las fuerzas de seguridad son algunas de las hipótesis que podrían explicar la persistencia en la cantidad de personas muertas por efectivos de las fuerzas de seguridad.

En la Provincia de Buenos Aires, el gobierno difundió periódicamente durante 2014 datos oficiales como parte de su campaña de legitimación de las políticas adoptadas en el marco de la llamada “emergencia en seguridad pública”. Según el último informe oficial, entre el 5 de abril y el 8 de octubre de 2014 la Policía Bonaerense mato a 111 personas “en enfrentamientos” Este aumento fue presentado por el gobierno provincial como un dato positivo que hablaría de la eficacia de la saturación policial. La puesta en relación de la cantidad de “delincuentes abatidos” con el numero de enfrentamientos registrados muestra un aumento de la letalidad de la Policía Bonaerense y la degradación de la capacidad de disuasión de sus efectivos.

Persiste como problema grave el uso irracional de la fuerza por parte de efectivos que se encuentran fuera de servicio. Según los datos de nuestra base, en la RMBA durante 2015 el 60% de las víctimas de la acción de las fuerzas de seguridad fue muerto por un funcionario que no estaba de servicio.

Algunos de los patrones más relevantes de violencia policial se pueden observar a partir de los siguientes casos que hemos seleccionado, y que son desarrollados en el Anexo I de este informe:



  • Alan Tapia, 19 años, asesinado por un integrante de un cuerpo de elite de la Policía Federal Argentina durante un allanamiento en un barrio pobre.

  • Lautaro Bugatto, 20 años, jugador de fútbol muerto a manos de un efectivo fuera de servicio de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

  • Lucas Cabello, 20 años, quien resultó con heridas y graves secuelas permanentes al ser baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A su vez, en la Argentina, uno de los fenómenos de violencia institucional más preocupantes es la ocurrencia de la desaparición forzada como método policial extremo para garantizar el encubrimiento y/o evitar o entorpecer investigaciones sobre abusos y otras formas de violencia cotidiana de la policía sobre los jóvenes pobres29. A diferencia de lo ocurrido con las desapariciones forzadas en Argentina durante el terrorismo de Estado, dadas en un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos y centralizadas desde el propio Poder Ejecutivo, estos casos muestran patrones de violaciones de derechos humanos como consecuencia de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas de negligencia, indiferencia, inacción y/o complicidad judicial y política en diferentes jurisdicciones del país. Estas prácticas son posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la ausencia de gobiernos políticos que controlen efectivamente su actuación y de un sistema de justicia que investigue y sancione adecuadamente. No se puede soslayar que en la historia argentina reciente la desaparición de personas constituye también un ominoso mensaje hacia otros jóvenes en situaciones similares, así como para los familiares de las víctimas, amigos y testigos, que sufren amenazas y distintas formas de intimidación.

El caso de Luciano Arruga

Luciano Arruga permaneció desaparecido por más de cinco años. Su familia denunció formas diversas de hostigamiento policial por lo que la participación de la policía en su desaparición se sostiene como la hipótesis central. Luciano fue visto por última vez la madrugada del 31 de enero de 2009, a unas pocas cuadras de su casa en Lomas del Mirador. Ante su desaparición, la denuncia realizada por su madre, Mónica Alegre, apuntó a los policías de la zona, dado que él venía sufriendo en forma sostenida amenazas y distintas formas de violencia por parte de agentes de la Policía Bonaerense.

La investigación por la desaparición (causa 7722/3) se encuentra en pleno trámite, a partir de la intervención de la justicia federal en 2013. A raíz de una acción de hábeas corpus presentada por sus familiares junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y el CELS Luciano fue encontrado el 17 de octubre de 2014 enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Entonces se pudo saber que había fallecido el 1º de febrero de 2009 en circunstancias que están siendo investigadas. A partir del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga se logró determinar la fecha, hora y circunstancias de la muerte de Luciano: cruzó corriendo la Av. General Paz a las 3.20 de la madrugada y fue envestido por un auto que circulaba por el carril rápido. El conductor del vehículo declaró en el marco de la investigación que Luciano cruzó "corriendo, como desesperado". Otro testigo señaló que observó inmediatamente después un patrullero que circulaba a metros de donde ocurrió el hecho.

Por su parte, en mayo de 2015, luego de 6 años que duró la investigación, el oficial de servicio Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por haber sido responsable de torturar a Luciano Arruga cuatro meses antes de su desaparición, cuando estuvo detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador.30Esta condena fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires el 11 de febrero de 2016. Si bien la fiscalía tardó casi 5 años en elevar la causa a juicio, y a pesar de que había calificado los hechos como "severidades", el impulso del CELS y la familia como particulares damnificados permitió que se cambiara la carátula a tortura y que se llegara a determinar la responsabilidad penal de este policía en los hechos. 31


Otros casos preocupantes

Durante el periodo analizado ante este Comité, se sucedieron graves denuncias por desapariciones forzadas de personas. Tal como destacamos, en estos casos, la desaparición aparece como una forma extrema de encubrimiento corporativo policial tras una escalada de prácticas violentas, un último recurso para buscar la impunidad de las relaciones abusivas que suelen establecerse entre la policía y los jóvenes de barrios pobres en Argentina. La respuesta estatal ante estos hechos fue, en líneas generales, ineficiente. El caso de Luciano Arruga demostró como una adecuada coordinación entre funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo y la puesta a disposición de recursos humanos y técnicos adecuados puede ser fundamental para el éxito de las investigaciones destinadas a determinar el paradero de las personas desaparecidas. Lamentablemente, este esquema de trabajo no fue observado ni reproducido en casos similares que se dieron a lo largo y ancho del país. Las prácticas judiciales frente a estos casos se han caracterizado por diversas formas de negligencia, indiferencia, inacción o complicidad con aquellos policías acusados32.


Desaparición de Gabriel Solano en Choele Choel, Provincia de Rio Negro.

Gabriel Solano, oriundo de la ciudad de Tartagal, Provincia de Salta, se encontraba en Choele Choel para participar como trabajador golondrina en la cosecha de fruta. Fue visto con vida por última vez el sábado 5 de noviembre de 2011. Según declararon varios testigos, ese día fue retirado a los golpes de un local bailable por policías de la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), perteneciente a la Policía de la Provincia de Rio Negro y subido a un móvil policial con rumbo desconocido. Durante el primer mes de la investigación, los funcionarios judiciales que intervinieron avalaron la versión policial que sostenía que Gabriel había sido expulsado del local por hallarse en estado de ebriedad y que los funcionarios policiales lo liberaron en la esquina del mismo sin conducirlo a la dependencia policial. No se adoptaron medidas indispensables para impulsar la búsqueda de Gabriel ni se preservó aquella prueba que pudiera ser de utilidad para identificar a los policías que estuvieron presentes esa noche en el lugar de los hechos. Según el abogado de la familia Solano, Gabriel junto con otros compañeros en varias ocasiones habían elevado quejas por las condiciones de precariedad y explotación laboral a la que estaban sometidos. Los trabajadores estaban hacinados en habitaciones insalubres y eran sometidos cotidianamente a requisas abusivas llevadas a cabo por efectivos de la BORA que actuaban como policía adicional en la plantación. Los trabajadores habían organizado una protesta para el día 7 de noviembre, un día después de la desaparición de Gabriel Solano.


Recién a principios de 2012, cuando asumió un nuevo gobierno en la provincia de Rio Negro, la causa judicial comenzó a registrar avances. Se designó un fiscal para que actúe de forma exclusiva en este caso y se separó de sus puestos a los policías sospechados de la desaparición y a sus superiores jerárquicos acusados de haberlos encubierto. 22 policías fueron imputados de diversos delitos, 13 de ellos fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y de encubrimiento y otros siete policías fueron detenidos acusados por el homicidio de Solano. Estos funcionarios permanecieron detenidos hasta principios de 2015 cuando fueron liberados por haber pasado más de tres años en prisión preventiva sin condena. La investigación fue elevada a juicio oral a mediados de 2015 y se espera que el debate comience en el corriente año. Sin embargo, una cuestión de competencia entre la justicia provincial y la federal amenaza con dilatar aún más el proceso. Mientras tanto, los abogados y familiares de Solano denunciaron que varios de los policías acusados fueron reincorporados en sus puestos y que no se han llevado adelante inspecciones que pueden ser útiles para hallar el cuerpo.
Desaparición de Franco Casco en Rosario, Provincia de Santa Fe

Franco Casco, de 20 años, desapareció el 7 de octubre de 2014 después de haber estado alojado en calidad de detenido por “resistencia a la autoridad” en la comisaría 7° de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Su cuerpo sin vida apareció sumergido en el Rio Paraná el 31 de octubre de ese mismo año. Esté corroborado por las pericias medicas realizadas que Franco fue sometido a una golpiza cuando se encontraba detenido. Los funcionarios de la policía de Santa Fe aseguran que fue liberado de la comisaría 7° el mismo 7 de octubre y que Franco se dirigió a la estación de tren de Rosario para regresar a su domicilio en el conurbano de Buenos Aires. Sin embargo, Franco fue detenido y, presumiblemente, liberado, sin darle intervención a un defensor oficial ni a un magistrado judicial. Los libros administrativos de la Comisaria y los registros de ingresos y egresos de detenidos poseían evidencias de haber sido adulterados. En la celda donde estuvo detenido se encontraron rastros de sangre y restos de cuerda compatibles con aquella que se halló en las extremidades del cuerpo de Franco. En agosto de 2015 la causa pasó al fuero federal para que se investigue una eventual desaparición forzada de personas seguida de muerte y se le realizó una nueva autopsia al cuerpo para complementar una primera autopsia defectuosa. A la fecha de este informe aún no hay responsables individualizados.


Desaparición y homicidio de Gerardo “Pichón” Escobar por efectivos de la Policía de Santa Fe

El viernes 14 de Agosto de 2015, a las 05:45am Gerardo “Pichón” Escobar se retiró del boliche “La Tienda”, ubicado en el microcentro de la ciudad de Rosario. Según consta en el registro fílmico del local nocturno, el joven fue perseguido por personal del boliche -dos de ellos eran efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe que cumplían funciones adicionales allí- y golpeado por estos. Luego de ello, el joven desapareció. Según testimonios, “Pichón” fue trasladado en un patrullero a la Comisaría 3°-móvil de dicha seccional que permanentemente se encontraba frente a la confitería-. Allí, los policías lo alojaron en un calabozo y lo golpearon. EL 21 de Agosto, el cuerpo de Escobar fue hallado en adyacencias al Río Paraná. Por el hecho, cinco personas, entre ellas dos policías están imputadas por el homicidio del adolescente, sin embargo la línea investigativa que indica la permanencia de Escobar en la Comisaría 3° no fue indagada.


Preguntas al Estado

  1. ¿Por qué no se producen de manera sistemática y se dan a publicidad datos y estadísticas sobre hechos de violencia que involucran a efectivos de las fuerzas de seguridad?

  2. ¿Cuáles han sido las causas por las que persisten patrones de violencia, incluidos homicidios y desaparición forzada de personas, por parte de las fuerzas de seguridad federales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires en los últimos años? ¿Qué acciones concretas se han adoptado para prevenir este tipo de hechos y para garantizar el acatamiento a las reglas y estándares básicos en materia de uso del arma de fuego por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad?

  3. ¿Qué medidas administrativas se han tomado para que los funcionarios involucrados en hechos de violencia no continúen desempeñado funciones dentro de las fuerzas de seguridad? ¿Qué medidas de reforma del sistema disciplinario de las fuerzas de seguridad se han llevado a cabo o se proyectan llevar adelante para facilitar el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios policiales y la participación de las víctimas y sus familiares en las mismas?

  4. ¿Cuáles han sido los avances en las investigaciones judiciales y administrativas iniciadas para determinar los responsables de las muertes de Franco Casco, Gerardo Escobar, Alan Tapia, Lautaro Bugatto y de las graves heridas de Lucas Cabello? ¿Cuáles han sido las respuestas de control político y los remedios brindados a las víctimas en estos casos?

  5. ¿Cuáles han sido los avances en las investigaciones judiciales y administrativas iniciadas para determinar los responsables de la desaparición de Daniel Solano? ¿Cuáles han sido las respuestas de control político y los remedios brindados a las víctimas en estos casos?

Recomendaciones al Estado

  1. Produzca de manera sistemática y garantice el acceso público a información estadística detallada y otros tipos de datos sobre hechos de violencia protagonizados por efectivos de las fuerzas de seguridad, en servicio y fuera de servicio.

  2. Promueva los estudios y análisis correspondientes con el objeto de determinar las causas de la persistencia de muertes en hechos de violencia a manos de las fuerzas de seguridad en todas las jurisdicciones del país.

  3. Adopte las medidas administrativas pertinentes con el fin de apartar de sus cargos a los funcionarios de las fuerzas de seguridad implicados en este tipo de hechos.

  4. Garantice la realización de procesos judiciales efectivos conducidos por tribunales independientes e imparciales sobre las muertes de Lautaro Bugatto, Alan Tapia, Franco Casco, Lucas Cabello y Johnatan Herrera, Gerardo Escobar y adopte las sanciones penales y administrativas correspondientes con los responsables de estos hechos.

  5. Garantice la realización de procesos judiciales efectivos conducidos por tribunales independientes e imparciales sobre la desaparición de Daniel Solano.

  6. Implemente medidas específicas para la protección de grupos vulnerables frente a abusos policiales tanto a nivel del diseño de las políticas como del control de actuación, para la prevención y detección de maltratos policiales. Los controles deben ser tanto políticos, como judiciales, parlamentarios y de los órganos extra-poder de control y defensa de derechos.

  7. Desarrolle políticas de prevención de las situaciones de hostigamiento y persecución a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, de líderes de movimientos sociales y de otros grupos vulnerables como migrantes y niños.

  8. Desarrolle protocolos de actuación para homogeneizar la intervención institucional en todo el país frente a casos de desaparición forzada de personas (alertas tempranas, intervención rápida de fuerzas federales que investiguen, etc.)

  9. Diseñe e implementar políticas para el seguimiento y respuesta a nivel federal de los casos de desaparición forzada que se registren en todo el país.

Declaración de emergencia en seguridad y adopción de un protocolo de derribo de aeronaves

El 21 de enero de 2016, el gobierno suscribió el decreto 228/16 de Emergencia en materia de Seguridad Publica. El decreto en sus considerandos expresa que el tráfico ilegal de drogas constituye “la principal amenaza a la seguridad de los argentinos” y lo transforma en la explicación de los problemas relacionados con el delito y la violencia. Se caracteriza al narcotráfico como una amenaza a la soberanía nacional y, por lo tanto, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas (FF.AA) nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional33. Así se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales, muchas de ellas de corte netamente militarista.

El decreto habilita la adopción de una serie de medidas destinadas a dotar de mayor poder de fuego a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, se autoriza la convocatoria a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada reiteradas veces y que no solo no aporta nada positivo sino que desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, la declaración de emergencia habilita al poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamento y debilita los sistemas de control para las contrataciones estatales34.

El Anexo I del Decreto 228/16 aprueba las denominadas “Reglas de Protección Aeroespacial”. Estas reglas habilitan a las FF.AA a derribar aeronaves que no se identifiquen correctamente sin que sea necesario consultar a las autoridades políticas para hacerlo y sin que sea un prerrequisito necesario constatar que los ocupantes de la aeronave están trasladando droga u otro material prohibido. Esta medida constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Las experiencias internacionales han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso y sólo contribuye a una escalada de la violencia35.

Es importante afirmar que las importantes carencias logísticas que tienen las Fuerzas Armadas argentinas actúan como un impedimento de hecho a la completa implementación de las “Reglas de Protección Aeroespacial”. De hecho, al momento del presente informe no se han conocido casos de derribo de aeronaves. Sin embargo, la circunstancia de que el decreto 228/16 tenga vigencia es un grave retroceso en los compromisos asumidos por el Estado nacional ante la comunidad internacional y deja abierta una puerta para la preocupante participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.

Recomendaciones al Estado

1. Derogue las disposiciones del decreto 228/16 y su Anexo I que contrarían las obligaciones del Estado argentino en virtud del PIDCP.

2. Asegure el sostenimiento de la prohibición de intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.

IV. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. PRESUNCION DE INOCENCIA (ART. 9 Y 14 PIDCP)

Arbitraria detención de referente social de la provincia de Jujuy.

Milagro Sala es referente de la Organización Barrial Tupac Amaru36. Hace más de cuatro meses, la Sra. Sala es víctima de detención arbitraria.


El 15 de diciembre de 2015, Milagro Sala fue denunciada penalmente por el gobierno de la provincia por una protesta que la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS) - de la que la Tupac Amaru es parte - comenzó un día antes. Sin perjuicio de la vaguedad de la acusación y de la ausencia de una descripción clara y precisa del hecho que se le imputa, se la acusó en sede penal de dos delitos: organizar una protesta (interpretada como el delito de entorpecimiento de la circulación, el cual ella instigaría a ser cometido) y de rechazar una medida del gobierno provincial relacionada con el trabajo en cooperativas del cual forma parte (interpretado como sedición).
Todo este movimiento judicial fue impulsado activamente por Gerardo Morales, Gobernador de la provincia, ya sea por intermedio de la Fiscal de Estado, o a través de su presentación como querellante. El proceso que llevó a que originalmente se detenga a Milagro Sala fue realizado por la justicia de feria. No fue pedido por el fiscal que legítimamente podía hacerlo (de hecho en diciembre de 2015 este el fiscal natural había solicitado el desalojo del acampe pero NO había avanzado contra Milagro Sala), ni fue resuelto por el juez que legítimamente podía ordenarlo.
Durante la noche del 15 de enero, la fiscal de feria Liliana Fernández Montiel solicitó al juez Gutiérrez que se ordene la privación de la libertad de la dirigente social sin que mediaren motivos que lo justificasen. El Juez de control Raúl Gutiérrez aceptó este pedido pocas horas después, en la madrugada del sábado 16, y delegó su ejecución en el propio Ministro de Seguridad del Gobernador Gerardo Morales, Ekel Meyer. Ese mismo sábado, el Juez Gutiérrez pidió licencia inmediata. Ese sábado estaban trabajando en su despacho el secretario del Tribunal Superior de Jujuy, Víctor Amado, y su Presidente, Clara Langhe de Falcone, ex diputada de la UCR, partido del Gobernador Morales. Antes de las cuatro de la tarde de ese día, esta jueza designó para suplir a Gutiérrez al juez Gastón Mercau, su yerno. El allanamiento del domicilio y posterior detención de Milagro Sala se concretaron ese mismo día, el sábado 16 de enero 2016. Milagro Sala permanece detenida desde entonces.
Los defensores de la Sra. Sala interpusieron inmediatamente un pedido de cese de la detención. Ante la falta de pronta respuesta presentaron una acción de Habeas Corpus. El 18 de enero, el Juez de Control No. 1, Gastón Mercau rechazó la acción de Habeas Corpus. Luego, el 29 de enero de 2016 y, sin que haya habido ningún hecho ni circunstancia distintos a los que se conocían al día de su detención, el juez Mercau resolvió su excarcelación, decisión que fue apelada por la fiscalía. Ahora bien, la Sra. Sala nunca abandonó el penal pues, tres días antes el mismo juez había dispuesto su detención en una segunda causa en la que se la acusa de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita. Sin duda alguna, su detención por esta segunda causa fue una maniobra sostener su privación de libertad, con el objeto de que permanezca alojada en un centro penitenciario y, de esta manera, coartar su derecho a la libertad de expresión. En esta segunda orden de detención tampoco se justificó la existencia de ningún riesgo procesal (peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación). Hasta el momento, todos los planteos de la defensa para hacer cesar su detención han sido rechazados y se han iniciado otras causas penales con el objeto de mantener detenida a Milagro Sala. Como Anexo II de este informe se incluye un informe específico sobre el caso que detalla los alcances de la vulneración del derecho a la libertad personal y al debido proceso en este caso.
Denuncia penal de Parlamentarios contra funcionarios judiciales de Jujuy

En paralelo, es imprescindible destacar que antes de su detención, Milagro Sala fue electa parlamentaria del Parlasur37. Conforme la ley nacional N° 27.120, este cargo garantiza las inmunidades de arresto y expresión, de las que gozan los Diputados en la República Argentina38. En este marco, el 16 de febrero de 2016 un grupo de parlamentarios del Mercosur realizó una denuncia penal a la justicia federal de la provincia de Jujuy por privación ilegal de la libertad y prevaricato con motivo de la detención de Milagro Sala. La denuncia quedó radicada en el Juzgado federal No. 2 a cargo de Fernando Poviña39. Los Parlamentarios requirieron la intervención en el expediente de la Procuraduría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROCUVIN). La PROCUVIN es convocada a trabajar con el fiscal de turno, en este caso, el Fiscal Federico Zurueta, cuando se encuentra en discusión el uso abusivo del poder coercitivo estatal40. La fiscalía especializada realizó entonces un contundente dictamen en el que concluyó que la privación de la libertad de Milagro Sala constituye una ilegítima e ilegal detención de una diputada del Parlasur. El Fiscal Federico Zurueta y el Juez aún no se han expedido a su respecto.


Preguntas al Estado

  1. ¿Cuáles son los motivos por los que no se han respetado los fueros que, en virtud a la ley 27.120, amparan a Milagro Sala en su condición de diputada electa del PARLASUR y que vulneran su libertad física?

  2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se mantiene a Milagro Sala privada de su libertad?


Recomendaciones al Estado

  1. Que se resguarde el derecho a la libertad personal de Milagro Sala.

  2. Que en Jujuy se respeten y apliquen los estándares de prisión preventiva establecidos en la ley local y en los lineamientos de los distintos sistemas de protección internacional de derechos humanos.

  3. Que se resguarden los derechos de defensa, debido proceso y garantías mínimas en todo proceso judicial contra Milagro Sala.




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