Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de



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Facultades policiales de detención.41

Las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en la Argentina durante los últimos años se caracterizaron por el crecimiento exponencial en el número de funcionarios policiales en actividad, la multiplicación de controles azarosos y las intervenciones policiales masivas en barriadas pobres destinadas a “pacificar” o a “recuperar” el territorio teóricamente en poder de bandas o grupos criminales. Esta línea de abordaje implica un trabajo policial ineficiente que moviliza grandes cantidades de recursos de manera poco inteligente y da lugar a situaciones violatorias de derechos que remiten a las prácticas de la dictadura y a las llamadas “razzias” de los primeros años de la democracia42. En este marco se suelen producir múltiples detenciones sin orden judicial por un periodo más o menos prolongado de tiempo, requisas personales y allanamientos domiciliarios masivos.

Por ejemplo, en 2014 se realizaron en el Conurbano de Buenos Aires los llamados “operativos de interceptación” en colectivos de transporte público, en los que se obliga a bajar a todos los pasajeros del sexo masculino para cachearlos en busca de armas o estupefacientes. En la provincia de Córdoba, la policía provincial suele realizar “operativos de saturación”, allanamientos masivos en barrios pobres en los que son detenidos “sospechosos” que luego son retenidos en espacios vallados en las calles, denominados “corralitos”,en los que son expuestos a la vista del público. Estos operativos, justificados como “políticas de prevención del delito” a través de detenciones arbitrarias y selectivas orientadas básicamente contra jóvenes pobres, encontraban su sustento legal en el Código de Faltas provincial sancionado por ley 8.431 que, entre otras cosas, criminalizaba comportamientos que no lesionan ningún valor social determinado y que habilitaba la detención de personas sin necesidad de obtener orden judicial y sin que la persona haya sido sorprendida cometiendo un delito en flagrancia. Las sanciones podían ser impuestas directamente por un funcionario administrativo como el Jefe de Policía. Un nuevo Código de Convivencia Ciudadana fue sancionado por la Legislatura de Córdoba en marzo de 2016 y entro en vigor el primer día de abril de este año. Si bien el procedimiento fue modernizado, instituyendo la oralidad y la intervención jurisdiccional en primera instancia o en la vía recursiva, permanecen tipificadas algunas figuras como la de “merodeo rural” o “conducta sospechosa” que permiten que las fuerzas de seguridad conserven amplios márgenes de discrecionalidad para detener de forma masiva a ciudadanos sin elementos objetivos que hagan presumir que puedan haber cometido un delito o estar a punto de hacerlo.

El problema de las detenciones arbitrarias o abusivas se agrava por la persistencia de normas jurídicas que le otorgan facultades a las fuerzas de seguridad para detener a personas sin orden judicial y por fuera de los supuestos de flagrancia. Tanto en el nivel federal como en el ámbito de las provincias existen normas de diverso rango, muchas de ellas vigentes con anterioridad a la inclusión en el bloque constitucional de los pactos internacionales en materia de derechos humanos, que habilitan a la policía a detener por varias horas a cualquier persona con la única razón de conocer sus antecedentes penales43. Aquellas normas continúan en vigencia y dan sustento a las prácticas de detenciones masivas, incluso a pesar de actualmente la policía tiene las herramientas tecnológicas necesarias para determinar en una corta fracción de tiempo los antecedentes de cualquier persona.

Este cuadro se agrava pues el Poder Judicial en muchas ocasiones no ha cumplido su función de garantizar el respeto por los derechos y garantías constitucionales. Por el contrario, en el último tiempo ha emitido decisiones que convalidan detenciones masivas o arbitrarias. Estas decisiones suelen ser recibidas e interpretadas por las fuerzas de seguridad como una habilitación para perseverar en el camino de las detenciones masivas e indiscriminadas de jóvenes pobres de barrios populares. En este sentido va la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) que en diciembre de 2015 convalidó la práctica policial consistente en detener a las personas que transitan por la vía pública con el único de fin de solicitarles sus documentos de identidad44. Para sustentar su decisión, el TSJ recurrió a la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina, Decreto Ley 333/58 y su Decreto Reglamentario N° 6580/58 que le confiere a la Policía Federal amplias facultades implícitas para actuar según su discreción siempre que su ejercicio sea imprescindible “por motivos imperiosos de interés general relacionados con el orden y la seguridad pública y la prevención del delito”45 Este fallo homologa y reivindica por sobre otras regulaciones y decisiones judiciales posteriores, la vetusta ley orgánica de la Policía Federal Argentina, promulgada por un gobierno militar, que contiene las facultades implícitas mencionadas previamente. La necesidad de una reforma de las leyes orgánicas policiales es evidente pero el Tribunal Superior ha decidido convalidarlas. Los jueces del TSJ omitieron analizar los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio vs. Argentina”46, de septiembre de 2003, en el cual el Estado Argentino fue condenado por tener en vigencia reglamentos policiales que reconocían a los cuerpos de seguridad facultades discrecionales para privar de su libertad a las personas. También omitieron definir qué ocurriría en el caso en que la persona detenida no lleve su documento de identidad. La admisión indirecta de una detención en esos contextos y el silencio en cuanto a las posibles consecuencias de no portar documentación que acredite la identidad del detenido, facilitan que la policía sea la que vaya generando sus propias regulaciones47.
Preguntas al Estado

1. ¿Cuáles son las medidas que impulsa el Estado federal para adecuar las normas contravencionales y de funcionamiento de las policías que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas sin orden judicial y sin mediar flagrancia a los estándares de derechos humanos?

2. ¿Cuáles medidas ha tomado el Estado para dar cumplimento a sus compromisos asumidos en el marco de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio c. Argentina?

3. ¿Qué información produce el Estado sobre detenciones y aprehensiones policiales?



Recomendaciones al Estado

1. Adecuar las normas contravencionales y de organización de las policías que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas sin orden judicial y sin mediar flagrancia a los estándares internacionales de derechos humanos y en particular a los fijados por la Corte Interamericana en el caso Bulacio c. Argentina.

2. Producir de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa de acceso público sobre detenciones y aprehensiones policiales en todo el territorio nacional.

3. Llevar adelante la reforma de las leyes orgánicas que desde la época de la dictadura militar rigen a las fuerzas policiales del país y avanzar en la sanción de normas que establezcan un nuevo marco para el funcionamiento institucional y la actuación de las fuerzas de seguridad.


El uso abusivo de la prisión preventiva48

A pesar de las últimas recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, en su V Informe Periódico, el Estado argentino no brindó información sobre las medidas adoptadas para limitar el uso de la prisión preventiva a casos excepcionales y conforme el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Simplemente hace una breve mención de algunas de las propuestas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que requieren una reforma legislativa para ser implementadas. En este punto, la situación resulta preocupante. Tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires persiste un uso sumamente abusivo de la prisión preventiva.

De acuerdo con información oficial, el 60,8% de las personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aún no tiene sentencia firme49. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires —que cuenta con aproximadamente el 60% de las personas privadas de libertad en el país— el 60% de ellas carece aún de condena firme50.

La cantidad de personas privadas de libertad sin sentencia en la provincia de Mendoza aumentó en más de un 10% desde el año 2010.51 Para finales del año 2015, el 48% de los más de 4000 detenidos, se encontraban detenidos por orden del Ministerio Público o bajo el régimen de prisión preventiva ordenada por un Juez. Esta alarmante situación se debe a un uso excesivo de esta medida, contradiciendo los estándares internacionales relativos a su procedencia, fundamentos y plazo de duración. Según datos registrados hasta febrero de 2014, en la Provincia de Santa Fe se encontraban privadas de libertad 4512 personas. De ese total 1778 estaban privadas de libertad en dependencias policiales que no cuentan con las condiciones mínimas para el alojamiento de personas. El 70% de las personas alojadas en cárceles se encontraba condenada, mientras que las alojadas en comisarías, el 16.3% contaban con condena.



Preguntas al Estado

1. ¿Cuál es el porcentaje de personas privadas de libertad en todo el país —incluyendo dependencias policiales y de otras fuerzas de seguridad— que no cuentan con sentencia firme (discriminando las que han tenido por lo menos un primer juicio); y cuál es el porcentaje en las provincias de Buenos Aires y Mendoza?

2. Sin perjuicio del plazo legalmente establecido, en los hechos ¿Cuál es el promedio de duración de los procesos penales y de la privación preventiva de la libertad a nivel nacional, en la jurisdicción federal y en cada una de las jurisdicciones provinciales?

3. ¿Cuáles son los sistemas alternativos al uso de la prisión preventiva que el Estado ha implementado a nivel nacional y provincial, particularmente en las provincias de Buenos Aires y Mendoza?

4. ¿Están previstos mecanismos de reparación para aquellas personas que estuvieron detenidas en prisión preventiva y luego del juicio oral fueron absueltas? ¿Existen precedentes jurisprudenciales en los que se haya decidido conceder una indemnización frente a este tipo casos?

5. ¿Cuáles son las medidas que impulsa el Estado federal para eliminar la aplicación abusiva y que excede el plazo razonable de la prisión preventiva en todo el país, y, en particular, para adecuar las legislaciones de las provincias de Buenos Aires y Mendoza a los estándares internacionales y constitucionales en la materia?

6. ¿Cuáles son las medidas que impulsa el Estado federal para adecuar las normas contravencionales y de funcionamiento de las policías que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas sin orden judicial y sin mediar flagrancia, a los estándares de derechos humanos?
Recomendaciones al Estado

1. Desarrollar un sistema de información judicial público adecuado que permita obtener datos oficiales de todo el país sobre las personas privadas de libertad y su situación procesal.

2. Diseñar e implementar políticas legislativas y judiciales tendientes a eliminar la aplicación abusiva, irrestricta y más allá del plazo razonable de la prisión preventiva. En especial, estas políticas deberían garantizar que el encarcelamiento preventivo se aplicará de manera excepcional cuando no exista una medida cautelar menos lesiva para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia; que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no sean los factores habilitantes para la aplicación de la prisión preventiva; asegurar que la prisión preventiva no se extenderá más allá del tiempo que sea necesario para garantizar el fin procesal propuesto, y que desaparecidos sus fundamentos, el encarcelamiento deberá cesar.

3. En particular, se deberán derogar las modificaciones impuestas al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires a fin de garantizar la plena vigencia de la regla de la libertad durante el proceso penal.

4. Garantizar la consagración normativa en los códigos procesales penales que rigen en el país de un catálogo de medidas alternativas a la detención preventiva del que puedan beneficiarse todas las personas privadas de libertad.

5. Garantizar que no se perseguirá arbitrariamente a los jueces que concedan libertades procesales de acuerdo con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.



V. LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (ARTS. 7 Y 10 PIDCP)52

En su presentación, el Estado señala que no existe sobrepoblación en el Sistema Penitenciario federal y que prevé la construcción de nuevos establecimientos y la readecuación de sectores en establecimientos ya existentes. Sin embargo, no toma en cuenta los problemas derivados del crecimiento sostenido de la población penitenciaria en los últimos seis años ni las limitaciones que supone implementar como única medida la construcción de mayor número de plazas para resolver los problemas de sobrepoblación. El cupo carcelario debe abarcar tanto la capacidad material de un establecimiento como la calidad y disponibilidad de todas las prestaciones y recursos humanos necesarios para garantizar condiciones dignas para las personas privadas de libertad. Tampoco analiza la situación gravísima de sobrepoblación en la que se encuentra el Sistema Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones en igual situación. Respecto al requerimiento de información sobre personas detenidas en comisarías, el Estado no brinda información. No obstante, como analizaremos más adelante, se observa un aumento en los últimos años del número de personas detenidas en comisaria en la provincia de Buenos Aires.

En el Servicio Penitenciario Federal (SPF), el crecimiento de la población se aceleró en los últimos años. En 2014 la cantidad de detenidos que albergaba el sistema llegó a su pico (10.424 personas) superando el máximo de personas alojadas registrado hasta el momento. A diciembre de 2015, se encontraban alojadas 10.274 personas, 1250 personas más que en 2006. Este aumento sostenido derivó en la generación de focos de sobrepoblación. De acuerdo con los diagnósticos realizados por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Procuraduría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación persisten altos niveles de violencia y graves violaciones a los derechos humanos53. Este aumento exponencial no fue acompañado de políticas que apunten a la reducción del encierro y/o a la mitigación del impacto de la sobrepoblación en el sistema.

La determinación del cupo carcelario es informada por el SPF sin contar con criterios claros definidos de antemano sobre cómo es determinada la capacidad de alojamiento de cada unidad54. No existe un sistema de acreditación transparente que pueda ser monitoreado. Generalmente el cupo es establecido por el SPF según la cantidad de camas disponibles. Es necesario que se sancione una ley de control de sobrepoblación que ayude a regularizar la situación.

Una de las jurisdicciones con mayores índices de hacinamiento, sobrepoblación y violencia intramuros es la provincia de Buenos Aires. El Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) se encuentra sobrepoblado ya que en los últimos años aumentaron los niveles de encarcelamiento. Esta circunstancia se debió a varias cuestiones: la implementación de medidas como el plan de “Emergencia en seguridad pública”14 por parte del Poder Ejecutivo provincial de abril de 2014, que aumentó las facultades policiales para efectuar detenciones; la limitación promovida por la Procuración General para el dictado de libertades por parte de los funcionarios judiciales; las reformas legislativas que endurecen el sistema penal (restringen la capacidad de otorgar libertades, aumentan la duración de las penas) y las presiones políticas y mediáticas sobre el accionar de los jueces para que no liberen a los detenidos, entre otras cuestiones.

La tasa de encarcelamiento de la provincia de Buenos Aires muestra un crecimiento constante desde 2013. En el año 2015, la tasa de encarcelamiento de la provincia es la más alta de los últimos 10 años. Se registran 216 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes. Al observar la cantidad de personas detenidas, se muestra que desde 2007 aumentó un 32% y este crecimiento se intensificó en los últimos tres años. Mientras que el promedio de personas encarceladas por mes en 2013 fue de 146, en 2014 fue de 234; un 60% más. Si bien no se cuenta con datos definitivos sobre el año 2015, los disponibles rondan un promedio de 184 personas encarceladas por mes.

Respecto a la capacidad de alojamiento del SPB, el gobierno no informa el cupo del sistema, resultando imposible realizar un cálculo de la sobrepoblación actual55. Dada la incertidumbre derivada de la ausencia de datos fiables, una estimación de la sobrepoblación del SPB puede elaborarse a partir de la actualización de la cantidad de plazas establecidas en el Plan edilicio y de servicios elaborado en 2008 por el gobierno provincial56. Si se considera el total de plazas que contenía el plan (17.858) y se incluyen las alcaidías habilitadas desde entonces (848 plazas), el nivel de sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires alcanza el 87%.

En Mendoza, la población penal ha aumentado en más de un 50% en los últimos 5 años. El total actual arroja una tasa de prisionización de aproximadamente 232, es decir 232 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, superando ampliamente al índice nacional que, a diciembre del 2014, se encontraba en 161,8557. Ello provoca el aumento de los índices de sobrepoblación y hacinamiento.

Un tema relevante es el del acceso al derecho a la salud. En el SPF y el SPB el servicio de salud en los lugares de encierro es suministrado por dependencias que dependen del propio servicio penitenciario (Federal) o del subsecretario del Ministerio de Justicia a cargo de la agencia penitenciaria. El acceso a la asistencia de salud en los penales es deficitaria y en muchos casos se usa como un beneficio que otorga el Servicio Penitenciario a los detenidos en lugar de garantizar el acceso a ese derecho, en muchos casos con consecuencias fatales. En el Sistema Penitenciario Bonaerense los problemas de salud son la principal causa de muerte pese a tratarse de una población muy joven (más de la mitad de la población es menor de 34 años). Al analizar la información en función del tipo de muertes que se produjeron en el ámbito del SPB se pueden advertir problemas graves de responsabilidad estatal por falta de atención médica. En 2014 las muertes por problemas de salud y falta de atención médica fueron 81 mientras que el total de muertes registradas para ese año es de 121. Es decir que las muertes por problemas de salud y falta de atención médica representan 67% del total de muertes.

Si bien el servicio penitenciario no ha hecho públicos los datos que especifican las causales de las muertes por salud en los últimos años, el análisis de los casos que logran salir a la luz, evidencia la alta incidencia de enfermedades provocadas por falta de cuidados mínimos58. A partir de información periodística y de las presentaciones judiciales realizadas por defensores oficiales, hemos podido constatar la existencia de numerosas muertes por tuberculosis en distintas unidades del SPB. Una muestra de esta situación se registró en enero de 2016 cuando un detenido alojado en la Unidad Penal N° 37 de Barker, murió por una tuberculosis no tratada de forma adecuada. Que hasta dos semanas antes de su muerte permaneciera en un pabellón común refleja la falta de cuidado y el estado de abandono en que se encontraba.

Este diagnóstico coincide con un equipo de auditores independientes. En junio de 2015, el Departamento de Salud Comunitaria e Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús59 presentó un informe que, entre las situaciones más graves señala falta de asistencia médica, ausencia de insumos para la higiene personal y del ambiente, irregularidades en el seguimiento de los detenidos con enfermedades crónicas, falta de sistematización de controles odontológicos y ginecológicos, y problemáticas ligadas a la automedicación y al abuso de drogas psiquiátricas. A su vez, los auditores dan cuenta de que debido a los problemas que presentaba la información provista por el gobierno provincial para la realización de la auditoría, se vieron imposibilitados de realizar una evaluación integral de la situación de salud de la población detenida. Estas deficiencias demuestran que no existe conocimiento cierto de la situación sanitaria del servicio de salud por parte de las autoridades de la Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires60.

La situación de las mujeres privadas de libertad

Una cuestión que debe llamar la atención del Comité es el crecimiento de la población femenina en las cárceles. En un fenómeno que se reitera en la región de América Latina, la tasa de encarcelamiento de mujeres ha crecido de manera acelerada registrando un avance mucho más acentuado que el crecimiento de la tasa de encarcelamiento de hombres, debido a las sentencias por delitos de drogas. En Argentina la población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó un 271% entre 1989 y 200861. Según un estudio de 2011, en Argentina nueve de cada diez extranjeras encarceladas por delitos de drogas a nivel federal lo fueron por ser correos humanos y 96% fueron primo-delincuentes, casi todas tenían hijos menores de edad a su cargo y el 64% era jefa de un hogar monoparental62.

Otro tema a resaltar es el alojamiento de mujeres con sus hijos menores de 5 años. Como mencionamos en nuestro informe anterior, el alojamiento de niños con sus madres en prisión se traduce en la constante violación de sus derechos. Los niños y las niñas que crecen dentro de las penitenciarías llevan una vida cotidiana marcada por el encierro, los guardias armados, el maltrato que ven padecer a sus madres, la precariedad alimenticia y de cuidados médicos.63

Detenciones en dependencias policiales

A la situación alarmante de sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles provinciales que se describe en el apartado anterior se le suma la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales. Como se señaló en el informe presentado en el 2010, la detención en comisarías es ilegal ya que no tienen condiciones edilicias para mantener a personas detenidas por un tiempo prolongado.

A diciembre de 2015 el número de personas detenidas ascendía 35.107 alojadas en cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Esta cifra supera las 36.000 personas si se incluye a las personas detenidas mediante monitoreo electrónico, que también registraron un aumento. En suma, se trata de la mayor cantidad de personas privadas de libertad en la historia de la provincia. El aumento de la población carcelaria también genera un incremento en los detenidos en comisarías. A partir del fallo “Verbitsky”64 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la reforma de la ley de excarcelaciones de 2007, se había dado un proceso de disminución de detenidos en comisarías que, con oscilaciones, llegó a su punto mínimo en 2012. Lamentablemente, esta tendencia se revertió en los últimos años. El incremento llegó a casi 2300 detenidos en comisarías en 2014. Esta circunstancia se generó por la presión sobre el sistema penitenciario y la limitación en las que se encuentran las unidades penitenciarias por los niveles de hacinamiento que presentan.

En diciembre de 2015, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (resolución 2840/15) remarcó las obligaciones emanadas del fallo “Verbitsky” y transmitió al Poder Ejecutivo su preocupación “por el alojamiento de detenidos en seccionales policiales clausuradas”. En la resolución instó “a los jueces competentes a que no admitan ni dispongan la detención de personas en dichas dependencias”. Sin embargo, no se produjo una derogación formal de la resolución administrativa del Poder Ejecutivo de alojar personas en comisarías.

En la Provincia de Tucumán existen aproximadamente 1200 personas detenidas bajo la órbita del Servicio Penitenciario provincial y 400 en Comisarias. En abril de 2016 la Corte Suprema de la Provincia fijó pautas para el comienzo de la aplicación de la mediación penal, como una alternativa al uso indiscriminado de la prisión.65



Preguntas al Estado

1. ¿Qué iniciativas se han diseñado e implementado para solucionar la situación de sobrepoblación y hacinamiento en los centros de detención, y qué resultados concretos se han alcanzado en cada una de las jurisdicciones? ¿Qué parámetros se utilizan para definir el “cupo” carcelario? ¿Qué mecanismos institucionales para controlar la sobrepoblación existen en las distintas jurisdicciones?

2. ¿Qué mecanismos legales, administrativos o judiciales están previstos para hacer frente a aquellas situaciones en las que se verifique que la detención de una persona se desarrolla en condiciones inhumanas o degradantes?

3. ¿Qué medidas concretas planea adoptar, en articulación con las jurisdicciones provinciales, para garantizar que no sigan utilizándose las dependencias policiales como lugares permanentes de detención? ¿Qué mecanismo institucional planea poner en marcha para garantizar la eficacia de la prohibición de alojar personas enfermas y menores de edad en dependencias policiales?

4. ¿Existe datos de cupo carcelario actualizados y con parámetros definidos por unidad del Sistema Penitenciario Federal y de los sistemas provinciales?¿Existe algún estudio oficial a nivel nacional o provincial sobre la dimensión del problema de las muertes traumáticas, la tortura y los malos tratos en los lugares de detención, y en relación tanto con la tortura procesal como con la vinculada con las condiciones de detención?

5. ¿Qué medidas planea adoptar para garantizar el acceso a una atención médica de calidad por parte de los detenidos? ¿Qué programas de salud son implementados por parte de la autoridad sanitaria en los lugares de detención? ¿Existen datos actualizados y accesibles sobre causas de muertes por salud e indicadores de morbilidad en la población penitenciaria?


Recomendaciones al Estado

  1. Garantizar que no se alojará a personas en establecimientos sobrepoblados que implican condiciones inhumanas y degradantes de detención.

  2. Generar legislación interna con estándares internacionales sobre condiciones dignas de detención y cupos de alojamiento. Asegurar la aplicación de la legislación por las autoridades correspondientes y su monitoreo judicial permanente.

  3. Garantizar acceso permanente por parte de las autoridades y de la sociedad civil a la información regularmente actualizada sobre la cantidad de plazas disponibles de cada lugar de privación de libertad, así como la tasa de ocupación real de cada establecimiento.

  4. Establecer mecanismos institucionales eficaces para evitar y solucionar el alojamiento de personas por sobre la capacidad real de alojamiento de los establecimientos de detención. En especial, se debería prohibir por ley la ocupación de un establecimiento de detención por encima del número de plazas previsto y se deberían establecer legalmente mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas disponibles, tales como la adopción de una medida alternativa al encierro o la amnistía.

  5. El Poder judicial debe adoptar remedios adecuados frente a la ocupación de un establecimiento de detención por encima del número de plazas disponibles para el alojamiento de personas en condiciones dignas.

  6. Prohibir la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y generar mecanismos institucionales eficaces para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

  7. Generar medidas para garantizar la atención adecuada de la salud de las personas privadas de libertad. Se debería traspasar la atención médica a la órbita del Ministerio de Salud y desafectarla de los servicios penitenciarios o Ministerio de Justicia.

  8. Garantizar la provisión adecuada y en tiempo de medicamentos y de los recursos humanos y materiales adecuados y suficientes para el tratamiento de la salud.

  9. Garantizar la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en el caso de mujeres embarazadas o con niños pequeños.

VI. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS Y DEGRADANTES. (ART. 7 PIDCP)66
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