Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de



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La tortura sigue siendo una práctica extendida en los lugares de detención de la Argentina. En el informe presentado por el Estado en 2015, no se da cuenta de las políticas implementadas para combatir los casos de tortura y malos tratos a nivel federal, sino que simplemente se señala la creación de una "Unidad de registro, sistematización y seguimiento", que sin duda resulta un elemento fundamental para avanzar en cualquier política de prevención67 pero que no constituye en sí misma una política de prevención. No se proporcionan datos estadísticos a nivel federal ni provincial sobre los temas que solicita el Comité (denuncias, procesamientos y procedimientos disciplinarios, juicios, medidas de protección y resarcimiento). Esto resulta un problema ya que no se cuenta con datos precisos.

De acuerdo con el último informe oficial disponible del Registro Nacional contra la Tortura (RNCT) del 2014, el 72% personas entrevistadas (876 de 1208) en establecimientos del SPF manifestaron haber sufrido entre 1 y 3 agresiones físicas durante los dos meses previos a ser entrevistados. El caso de Brian Nuñez, de 19 años es emblemático. Brian fue torturado por más de dos horas en la cárcel federal de Marcos Paz, el 16 de julio de 2011. Como represalia por haber participado de un reclamo de los jóvenes del pabellón 8 que querían mirar un partido de fútbol, fue golpeado y torturado por entre siete y ocho agentes penitenciarios: lo esposaron de pies y manos, le apagaron cigarrillos en el cuerpo, lo quemaron con un encendedor e intentaron abusar sexualmente de él.

Por otra parte, una práctica que concentra especialmente la violencia carcelaria son las requisas vejatorias. El RNCT relevó al menos 177 casos en el servicio penitenciario federal, que incluían en mayor proporción prácticas de desnudo total, seguido por desnudo total y flexiones y en menor medidas casos de desnudo parcial. A pesar de las denuncias y recomendaciones de los organismos de derechos humanos68 en el ámbito federal, se encuentra vigente la Guía de Procedimientos de la Función Requisa del año 199169, que como señalamos ya al Comité en nuestro informe de 2010, habilita a realizar inspecciones invasivas a los internos y a sus familiares, incluida la exhibición de los genitales, nalgas, ano y vagina. En los últimos años se incorporaron scanners personales y de pertenencias a los establecimientos penitenciarios e incluso en el año 2011 se aprobó una “Guía de procedimientos para el uso de sistemas de detección de trazas en establecimientos penitenciarios” mediante la Resolución N° 829 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para reglamentar su uso. Aún cuando, en las inspecciones del RNCT “Se han registrado scanners en todas las unidades en las que hemos realizado el trabajo de campo del Registro, las requisas personales siguen siendo vejatorias, con desnudo total, en todo momento y además, en varios casos incluyen la apertura de nalgas, levantar testículos e incuso agacharse y flexionar”.70

Por su parte, en las cárceles y en las comisarías de todo el país, y en particular de la Provincia de Buenos Aires, la violencia hacia las personas detenidas sigue siendo parte de las rutinas de los agentes penitenciarios y policiales desde hace décadas. Al mismo tiempo, la impunidad de los hechos de tortura o malos tratos, así como los de corrupción, resultan moneda corriente. En abril de 2012, la CIDH otorgó a pedido del CELS y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), medidas cautelares para la protección de la vida y la integridad física de los detenidos en el Complejo Penitenciario San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En el marco de esas medidas cautelares, se conformó una Mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional, provisional y de los peticionarios.71

De acuerdo con los datos de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires, entre septiembre y diciembre de 2015, los defensores registraron 318 hechos de tortura y tratos crueles denunciados en cárceles y comisarías. El 46% de los casos apuntaban a personal del SPB. Desde la creación del registro en el año 2000, se contabilizaron 11 mil hechos de malos tratos y torturas hacia personas privadas de la libertad. A pesar del paso del tiempo, se mantiene el hecho de que prácticamente en la mitad de los casos, las víctimas prefieren no efectuar la denuncia penal, por temor a represalias.

En la provincia de Buenos Aires, Patricio Barros Cisneros, de 26 años, fue asesinado a golpes por un grupo de agentes del SPB el 28 de enero de 2012. Ese día, la pareja de Patricio, de 19 años y embarazada de cuatro meses, fue a visitarlo a la unidad. Ante un pedido de Patricio para tener la visita en un lugar techado y cerrado, se desató una discusión con los agentes penitenciarios, que desencadenó una golpiza. La reacción de entre siete y diez agentes fue esposarlo, tirarle gas pimienta en el rostro, golpearlo con los puños y patearlo. La sesión de torturas ocurrió en un pasillo enrejado a la vista del personal del SPB, de otros detenidos y de las visitas, entre ellas, su novia. Barros Cisneros murió en el momento.72

El SPB tiene un rol fundamental en la generación de violencia, dado que es quien la ejerce directamente (en episodios específicos de represalias o castigos como durante las tareas de rutina) o genera incentivos para que suceda entre detenidos (supuestos de violencia indirecta). El eje de gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense continúa siendo la delegación del control de la violencia en grupos de detenidos, que se combina con el ejercicio de violencia directa por el personal penitenciario, generando un gran espacio de auto-regulación y autogestión que redunda en prácticas de violencia, corrupción y maltrato.

Una alta proporción de los homicidios en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se deben a peleas con facas y muchas de ellas están relacionadas con conflictos o abusos de grupos de detenidos y disputas por el control de ciertos espacios del penal así como de las redes de ilegalidad que funcionan al interior de los cárceles con connivencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Las estadísticas oficiales se producen de modo tal que no permiten describir este tipo de fenómenos, y, por lo tanto, debemos recurrir a otras fuentes para poder registrarlo, como las noticias periodísticas que esporádicamente sacan a la luz estos casos. Por esta vía, información que luego ratificó el propio gobierno, hemos podido rastrear que solo en el mes que hay entre el 17 de julio y el 14 de agosto de 2015 ocurrieron cinco muertes por agresiones entre internos con facas en la unidad nº 9 de la Plata, en la nº 41 de Campana, en la nº 30 de General Alvear, en la nº 31 de Florencio Varela y en la nº 15 de Batán.



Entre 2014 y 2015 la tasa de muertes violentas en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires, que incluye homicidios suicidios y accidentes, aumentó un 25%, ya que pasó de 12 a 15 muertes violentas cada 10.000 personas detenidas. Este aumento ya se había vislumbrado en las unidades cercanas al conurbano bonaerense entre 2012 y 2015, cuando aumentaron a más del doble. Por ejemplo: en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela la tasa de muertes violentas pasó de 8 a 18 cada 10.000 personas detenidas, en el Complejo Penitenciario de Campana la tasa ascendió de 15 a 35 cada 10.000, en solo tres años. Incluso en cárceles más pequeñas, como la Unidad 39 de Ituzaingó pasó de 0 a 15 muertes violentas cada 10.000. Por otra parte, entre 2010 y 2015 aumentó la participación de las muertes por causas violentas en el total de decesos: esta pasó de representar menos de un tercio (28,6%) a casi la mitad de las muertes, con un 41,3% de fallecimientos por causas violentas en la provincia de Buenos Aires73.

Una de las rutinas del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires en las que se concentran prácticas informales de uso abusivo de la fuerza y arbitrario de las normas de procedimiento son las requisas de pabellón. Son frecuentes las denuncias por requisas vejatorias en que los detenidos son obligados a salir al patio por la madrugada, con exposiciones prolongadas al frío mientras requisan las celdas, inspecciones invasivas del cuerpo, imposición de posturas degradantes, robo de elementos personales cuya tenencia se encuentra permitida. En su último informe, correspondiente al año 2014, el RNCT relevó 55 casos de requisas vejatorias en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. 74

Respecto del uso de la fuerza en 2015, y producto de un reclamo del CELS y la CPM, se sancionó el "Protocolo sobre principios para el uso racional de la fuerza en el SPB” (Resolución 20/15) en el que se establece el uso de armas "excepcional" al interior de las Unidades y ciertas reglas de conducta para los agentes penitenciarios. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado las capacitaciones correspondientes para que el protocolo tenga éxito ni existe un registro que visibilice si el protocolo se cumple o no. Por su parte, el 7 de octubre de 2013 la Dirección de Seguridad del SPB derogó el “Manual de Prácticas para Grupos de Requisa en Unidades Penitenciarias” vigente desde 2006, y lo reemplazó por la Resolución 2/201475 que sólo regula la requisas a los visitantes. El nuevo protocolo mantiene algunas deficiencias que dejan lugar a la arbitrariedad y a la vulneración de los derechos de las personas detenidas o sus visitantes. No regula las requisas sobre los detenidos, cuestión determinante para erradicar la discrecionalidad de los agentes penitenciarios sobre la vida y pertenencias de los detenidos.

A su vez se constatan traslados gravosos en los que se mantiene a los detenidos encerrados en camiones obsoletos durante horas, con altas temperaturas, sin alimentación ni bebida, incomunicados bajo total incertidumbre sobre la cantidad de tiempo que permanecerá allí y a donde será trasladado76.

En la provincia de Mendoza, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura recibió, en solo un año y medio, más de 300 denuncias relacionadas con situaciones de violencia tanto entre detenidos (muchas veces provocada o no evitada por el personal de seguridad) como por parte de agentes del Servicio Penitenciario y a hechos de violencia psíquica o amenazas. Sólo en el 25% de los casos recibidos las víctimas quisieron denunciar formalmente a autoridades administrativas o penales ante autoridades del Ministerio Público o Juzgados. Este bajo porcentaje tiene relación directa con los problemas que existen en que la Justicia proteja de manera efectiva a quienes denuncian y a avanzar con la sanción de los autores de estos hechos.

Análisis de algunas de las políticas implementadas informadas por el Estado

En su informe de 2015, el Estado describe algunas políticas implementadas en este marco en la Provincia de Buenos Aires, pero que no han podido bajar los altos índices de violencia. Si bien no existen estudios de impacto que permitan evaluar con precisión los alcances de los programas mencionados en el informe del Estado, las iniciativas propuestas evidencian problemas en el diagnóstico del que parten. La política del gobierno provincial no ataca el núcleo central del problema, ya que no reconoce el carácter institucional de la violencia y no considera al SPB como parte de él. Por este motivo, una vez en la etapa de implementación los programas instrumentados no cuentan con los mecanismos necesarios para eludir los obstáculos que derivan de la baja capacidad de control político-civil de esta fuerza.



El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires no tiene una política criminal orientada a investigar los delitos cometidos por funcionarios estatales en el encierro que apunte a revertir la resistencia generalizada a investigar este tipo de hechos. Esta situación no es privativa de los hechos de tortura, sino que ocurre en general con los delitos cometidos por agentes estatales en los lugares de detención. A esto se suma la poca credibilidad que se le da a la palabra del detenido o de la familia, y la naturalización que realizan los funcionarios respecto de la violencia carcelaria, por lo que difícilmente ven en los hechos que se denuncian delitos que merezcan ser perseguidos.

Existen deficiencias propias del sistema de justicia para investigar casos de cierta complejidad o en los cuales están involucradas fuerzas de seguridad, que se pueden visibilizar en investigaciones que se demoran, sin que exista una línea de investigación clara que logre recabar y resguardar los elementos de prueba de manera rápida y efectiva. Esto hace que lleguen a juicio muy pocas de las causas que se inician y que en pocos casos se logre una condena.

Ante este contexto, en el marco de Mesa de Trabajo originada por la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CELS y la CPM la Procuración General bonaerense publico dos resoluciones una "Guía para la investigación de la tortura o malos tratos"77y una orden para que los fiscales investiguen todas las muertes ocurridas en lugares de encierro provincial78. Sin embargo, el Ministerio Público no controla la aplicación de estas directrices en las distintas investigaciones fiscales, marcando la negativa del órgano encargado de la persecución penal de investigar y sancionar seriamente los hechos ocurridos en el encierro79. En cuatro años de la Mesa de Trabajo, la Procuración General provincial nunca pudo aportar un registro fiable de las causas iniciadas por torturas y violencia, que dé cuenta de la cantidad de hechos que ingresan al sistema y cuál es la respuesta de los distintos actores que intervienen en la investigación y el juicio.

En agosto de 2015, ante nuestros reclamos, la SCBA dictó la resolución 1535-15 en la que solicitó un amplio informe al Ministerio Público Provincial para poder evaluar la eficacia de la persecución penal de estos delitos. En esta resolución, la Suprema Corte se refirió a la Ley 14.687 que crea 21 Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) especializadas en Violencia Institucional, y que aún no se ha implementado. Allí le requirió información respecto de su puesta en marcha y creó una comisión conjunta con la Procuración General encargada del análisis de las problemáticas, lineamientos y medidas necesarias para implementar la ley, priorizando la discusión respecto de la implementación del Programa de Protección de Testigos, la intervención de los Cuerpos Periciales de esta Suprema Corte para la realización de los informes médicos de las víctimas. Aun las autoridades no han informado el avance de esa comisión.

Ahora bien, las medidas que se han implementado para reformar las prácticas judiciales y su respuesta frente a la tortura son parciales e implican poco trabajo coordinado entre las diversas agencias estatales. Los protocolos y disposiciones sobre qué y cómo investigar deben ser acompañados de instancias de control, para transformar los incentivos institucionales y tener un impacto en las prácticas de los funcionarios judiciales. Los obstáculos a la hora de investigar se pueden clasificar en tres grupos: la dificultad de los detenidos para acceder a la justicia y para presentar sus demandas; la capacidad de la burocracia penitenciaria para silenciar y encubrir a través de su versión oficial de la violencia institucional; y la relación de desigualdad entre los detenidos y las fuerzas de custodia, que impide que se priorice la hipótesis de los detenidos sobre los hechos denunciados. En este sentido, se resalta la dificultad tanto para que haya testigos como para obtener otras pruebas. La lentitud e ineficiencia de la justicia y la implícita o explícita política criminal que jerarquiza las intervenciones son moneda corriente en las causas en donde se investiga la violencia institucional.
El registro de casos de tortura y malos tratos a nivel nacional

En la actualidad existe una multiplicidad de bancos y registros de hechos y víctimas de tortura en el ámbito federal y también en la provincia de Buenos Aires. No obstante, estos difieren en la definición, el universo, la unidad de análisis, el marco muestral, la forma de registro y los objetivos institucionales con que fueron creados. Esta fragmentación puede volverse problemática cuando se intenta generar análisis de tipo longitudinal o realizar comparaciones. Por ejemplo, en la actualidad no es posible contar con datos que den cuenta del tratamiento judicial de una causa judicial por torturas, debido a que no existe articulación entre las agencias que procesan los datos hasta que la causa es elevada a juicio y quienes los procesan a partir de allí hasta la conclusión del proceso judicial. Ello genera dificultades para evaluar las problemáticas específicas a la respuesta judicial hacia los hechos de tortura que son denunciados y para comprender cómo afecta la posibilidad de que las víctimas decidan denunciar.

Dado que la ley 26.827 que estableció el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura reconoce las redes de monitoreo existentes y que las organizaciones de la sociedad civil se encuentran integradas al sistema de prevención, cobran relevancia los desarrollos en materia de generación de datos creadas desde estos ámbitos. En la actualidad el registro estatal mayor grado de cobertura a nivel nacionales el Registro Nacional de casos de tortura (RNCT), creado en 2010 en el marco de un convenio interinstitucional entre dos organismos de monitoreo y una universidad: el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. De manera que si bien diversas agencias estatales avanzaron en la creación de bancos de datos y registros, no es posible afirmar que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial produzcan información consolidada respecto a denuncias o casos de tortura y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

En otras provincias como Mendoza no se realiza ningún tipo de relevamiento de datos agregados ni registro uniforme de casos de tortura, número de enjuiciamientos, sanciones impuestas y medidas de protección a las víctimas en estos casos.



Mecanismos de Prevención de la Tortura

Desde el CELS impulsamos la conformación de un colectivo de organizaciones de todo el país, con el cual elaboramos y promovimos una propuesta concreta de Sistema Nacional de Prevención, a través de un proyecto de ley que fue presentado con la firma de legisladores nacionales, representativos de las distintas fuerzas políticas. Ese proyecto fue aprobado y sancionado en noviembre de 2012 y el Poder Ejecutivo Nacional lo promulgó en enero de 2013. Sin embargo, al día de hoy, el Mecanismo Nacional de Prevención sigue sin conformarse y en consecuencia, no se ha puesto en marcha.

El contenido de la ley "Sistema Nacional de Prevención de la Tortura", resulta innovador, acorde con los principios y las exigencias del Protocolo Facultativo y colocaría a Argentina en un lugar de vanguardia en la construcción de institucionalidad para la prevención de la tortura. Lamentablemente, la falta de implementación de del mecanismo nacional está repercutiendo en el armado provincial de los organismos, dado que las provincias están comenzando a implementar su propio sistema de prevención de la tortura pero con estructuras disímiles. A modo de ejemplo, podemos citar el mecanismo aprobado en Tucumán, que incorpora a varios funcionarios gubernamentales y les otorga un gran poder de decisión dentro del mismo, violentando el requisito de independencia, fundamental para que este organismo pueda cumplir con su cometido.

En el caso de la provincia de Mendoza, la Ley Nº 8.284 de 2011 (junto con su decreto reglamentario 2207/11), dispuso la creación de la “Comisión Provincial de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”, que significó, en el ámbito local, el órgano de aplicación del Protocolo Facultativo. El concurso público para el cargo de Procurador de las Personas Privadas de Libertad, presidente del mecanismo creado, fue realizado a fines de julio de 2012 y entró en funciones el 24 de abril de 2014. La Comisión está integrada por la oficina del Procurador de las Personas Privadas de la Libertad y por el Comité Local para la Prevención de la Tortura. Se trata de un cuerpo colegiado, integrado por representantes de los organismos de derechos humanos de la provincia con trayectoria y reconocimiento en su lucha por el respeto a los derechos fundamentales. En su conformación se contempló el cupo femenino y la representación territorial. En sus dos años de funcionamiento, no se ha previsto una partida presupuestaria, estructura ni recursos materiales, por lo que el trabajo del Mecanismo Local subsiste sobre la única base del esfuerzo, voluntad y compromiso personal de sus integrantes. En consecuencia muchas de las áreas de competencia del Mecanismo queden sin atención. Aún no se ha iniciado el proceso de designación para conformar la Secretaría Ejecutiva, siendo que esta figura es de suma importancia en la estructura de la Comisión ya que es la encargada de sus aspectos organizativos.



La situación a nivel nacional y el relato de la situación en dos provincias dan cuenta de la necesidad de implementar definitivamente al Mecanismo Nacional. A pesar de los buenos indicios del avance que significo su sanción y promulgación, y de que el propio decreto reglamentario establecía como plazo máximo para el inicio del proceso de selección de sus miembros el 1 de abril de 2015, hasta el día de hoy aún no se inició. Es totalmente imperioso que la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación se reúna, reglamente el proceso establecido en la ley 26827, y comience a ejecutar los primeros pasos de un proceso de selección que, según la propia norma, no debería durar más de 100 días. Solo luego de eso podrá efectivamente entrar en funciones el Mecanismo Nacional que requiere el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Preguntas al Estado

  1. A partir de la creación del Registro Nacional de casos de tortura ¿cuántas denuncias por hechos de torturas se han registrado en los últimos cuatro años? ¿cuántas sentencias han recaído en estos casos?¿han existido condenas? ¿bajo qué calificación legal?

  2. Más allá del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, ¿cuáles son las políticas de la Argentina en materia de prevención y sanción de la tortura y malos tratos sucedidos en los lugares de privación de libertad en democracia? ¿Existe algún registro oficial en el que se pueda observar el impacto de estas medidas y el progreso de los indicadores?

  3. Además de las fiscalías, ¿existen organismos administrativos externos e independientes de las instituciones penitenciarias y de seguridad para realizar investigaciones y seguimientos sobre el personal y establecimientos acusados de prácticas de torturas? ¿Existen registros de los sumarios administrativos (y sus resultados) iniciados con motivo de denuncias de tortura y maltrato a detenidos?

  4. ¿En qué medida el Estado argentino a nivel federal y provincial garantiza la indicación establecida en el Protocolo de Estambul por la que las primeras pericias e investigaciones sobre hechos de torturas deben ser desarrolladas por funcionarios externos a las instituciones de seguridad y penitenciarias?¿Qué medidas se han tomado para mejorar las investigaciones judiciales ante denuncias de tortura y los índices de resolución de los casos? ¿Existen registros que muestren algún impacto de estas medidas?

  5. ¿Existen datos actualizados y con alcance en todo el país sobre la cantidad total de personas privadas de libertad, discriminada según variables como situación procesal, lugar de detención, duración de la detención, etc.? ¿Existe algún estudio oficial a nivel nacional o provincial sobre la dimensión del problema de las muertes traumáticas, la tortura y los malos tratos en los lugares de detención, y en relación tanto con la tortura procesal como con la vinculada con las condiciones de detención?

  6. ¿Qué medidas se adoptaron o se planea adoptar para garantizar el control judicial y de la sociedad civil sobre los traslados de las personas privadas de libertad?

  7. ¿Por qué aún no se ha implementado en Argentina el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? ¿Cuáles son las razones por las que aún no han sido debatidos en el Congreso nacional los reglamentos que prevee la ley 26827 para la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? ¿Cómo prevé garantizar la participación de la sociedad civil en la discusión y posterior implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura?


Recomendaciones al Estado

  1. Implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura previsto en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir de un procedimiento transparente y con fuerte participación de la sociedad civil; asegurar que en su implementación se garantice la eficaz articulación entre el sistema federal y los ámbitos provinciales para el monitoreo y control de los lugares de detención de todo el país; y que el Sistema Nacional de Prevención la Tortura eleve el piso actual de las capacidades estatales y sociales existentes y aporte un valor agregado que contribuya a mejorar las actividades dirigidas a la prevención, investigación y sanción de la tortura y los malos tratos en Argentina.

  2. Generar un diagnóstico certero sobre las prácticas que generan violencia en el encierro, especialmente aquellas que por su gravedad constituyen tortura o malos tratos.

  3. Impulsar políticas específicas para la prevención de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes en Argentina. Crear un sistema de indicadores que permita dimensionar el problema y evaluar el impacto de las políticas que se implementen.

  4. Profundizar los registros y desarrollar políticas específicas de prevención y sanción de tortura y maltratos, tales como: programas de seguimiento y análisis de las muertes en el encierro; programas de uso de la fuerza; dispositivos de monitoreo externo y control (identificación de los agentes y señalética de los pabellones; admisión del ingreso de cámaras fotográficas y/o filmadoras en las inspecciones y monitoreo de actores externos; mecanismos de acceso a la información).

  5. Impulsar la implementación y correcta utilización de los protocolos de investigación judicial de las denuncias de tortura y malos tratos y de las medidas recomendadas en el Protocolo de Estambul; especialmente garantizar que las primeras pericias e investigaciones sobre hechos de torturas sean desarrolladas por funcionarios externos a las instituciones de seguridad y penitenciarias;

  6. Garantizar la existencia de organismos administrativos externos e independientes de las instituciones penitenciarias y de seguridad para realizar investigaciones y seguimientos sobre el personal y establecimientos acusados de prácticas de torturas y malos tratos; y permitir el acceso a estos sumarios de las víctimas y de organizaciones especializadas en el tema;

  7. Revisar la políticas de designación de funcionarios penitenciarios y judiciales de forma tal de impedir la selección de aquellos que cuenten con antecedentes de prácticas de tortura o malos tratos o de no investigación en estos casos; y habilitar la participación ciudadana en este tipo de trámites mediante sistemas de impugnación.

  8. Desarrollar planes de protección de víctimas y testigos que hayan denunciado hechos de tortura y/o maltrato.

  9. Implementar la ley provincial Nº 14.424, que crea la Policía Judicial o Cuerpo de Investigadores Judiciales que constituye en otra herramienta indispensable para que la instrucción e investigación de las causas judiciales sea desarrollada por los funcionarios judiciales.

  10. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que las requisas personales respeten plenamente la dignidad y los derechos humanos de toda persona, en pleno cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos; y para que los traslados de las personas privadas de libertad sean controlados por la justicia y que respeten la integridad personal de los detenidos.
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