Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de



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VII. AUTONOMÍA FUNCIONAL Y PRESUPUESTARIA DE LA DEFENSA PÚBLICA. (ART. 14 PIDCP)80

Uno de los debates más importantes durante 2012 fue la discusión sobre la forma de dotar de autonomía a la defensa pública de la provincia de Buenos Aires. En el último mes del año, se sancionó un proyecto de ley que modificó la ley de Ministerio Público y creó el cargo de defensor general (Ley 14422). Sin romper la lógica actual, el defensor general se mantiene en el ámbito de la Procuración General, pero con nuevas facultades, que le otorgan mayor autonomía funcional y presupuestaria. A pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 14422 hasta la fecha, esta no ha sido implementada81.

La falta de implementación de un Ministerio Público de la Defensa que garantice esta autonomía, deteriora el adecuado desempeño de la tarea fundamental de fomentar la promoción y protección de derechos de los sectores más vulnerables y conspira contra la garantía de defensa en juicio en los términos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El trabajo cotidiano de los defensores bonaerenses muestra una importante falta de homogeneidad en los planteos de los distintos Departamentos Judiciales. Esta falta de autonomía, a su vez provoca que los defensores públicos más activos resulten vulnerables a las presiones de la Procuración General y del Poder Ejecutivo provincial. Teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, se advierte la necesidad de promover una defensa pública fuerte. La debilidad de la defensa está directamente relacionada con su falta de autonomía.

En la Provincia de Chaco, asistimos a una situación por demás preocupante que se replica en lugares como la Provincia de Buenos Aires. La defensora pública Lorena Laura Padován está siendo investigada por la Procuración General de la Provincia del Chaco, a raíz de su intervención activa en el marco de los procedimientos en los que actuaba como defensora. En ese marco, se iniciaron varios procedimientos sancionatorios por ejercer de modo activo la defensa técnica, es decir, recurriendo constantemente las resoluciones que perjudicaban a sus asistidos. En este contexto, la normativa que data del año 2013 y establecía el cargo de Defensor/a General, recién fue puesta en funciones en abril 2016. Esta situación también se advierte tanto en la Provincia de Mendoza al igual que en la Provincia de Tucumán. La defensa pública se encuentra bajo la órbita de la Procuración Provincial, lo que ocasiona desigualdad de trato. La defensoría pública posee menos recursos humanos y materiales para ejercer su función y no existe control alguno por parte de autoridades superiores sobre la labor que desarrollan. Esto, sumado a la gran magnitud de casos a su cargo, provoca que no exista una activa participación de los Defensores Oficiales en las causas a su cargo.



Preguntas al Estado

1. ¿Existe algún plan de inicio de implementación de la ley de Autonomía de la Defensa Pública bonaerense, nro. 14422? ¿Cuándo van a abrir el concurso para designar al Defensor General provincial?


Recomendaciones al Estado

1. En la Provincia de Buenos Aires debe dotarse a la Defensa Pública de autonomía de gestión y actuación en la prestación del servicio creando un sistema mixto de defensa pública “estructurado sobre la base de un Defensor general de la Provincia, cabeza política y funcional del sistema de defensa pública provincial” con autonomía funcional e independencia técnica. Y cuya última instancia administrativa se agote en sí misma.

2. Deben evitarse las persecuciones a los funcionarios de la defensa pública por actividades que tienen que ver con su rol.

3. Garantizar su autonomía para realizar las funciones de control de los derechos de las personas privadas de libertad, de acuerdo con la misión institucional que posee según la normativa local vigente.



VIII. GRAVES VULNERACIÓN DE ESTANDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (ART. 19 PIDCP)

Durante el primer mes de gobierno de la nueva administración a fines de 2015, se dictaron tres decretos por medio de los cuales se desarticuló completamente la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).82

El año 2009, luego de un largo proceso de participación ciudadana y debate parlamentario, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.522 en reemplazo del marco regulatorio impuesto por la dictadura a través del Decreto-ley 22.228, que implicó un cambio de paradigma en materia de protección a la libertad de expresión y el derecho a la información.83 La LSCA estableció diversas restricciones a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación audiovisual, destinadas a evitar la formación de monopolios y oligopolios de la información y la comunicación. Asimismo, la ley contempló normas destinadas a fomentar la producción de contenidos y señales por parte de actores comunitarios sin fines de lucro y actores estatales descentralizados, como las universidades, previendo porcentajes de licencias exclusivas para estos actores.

La LSCA construyó una arquitectura normativa institucional con el objeto de asegurar la autonomía y pluralidad en los órganos de control. Así, se previó la creación de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), como un órgano de aplicación descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con mecanismos reglados para la designación y remoción de sus directores a fin de garantizar su independencia y autonomía respecto de intereses políticos y económicos. Asimismo, se prescribió la creación de un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), como cuerpo de integración plural y federal, con amplia intervención de las provincias y diversos actores sociales no gubernamentales.

El proceso de desmantelamiento de la LSCA comenzó el mismo día que asumió el nuevo gobierno, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia84 13/15 que modificó la Ley de Ministerios y duplicó las funciones de la AFSCA. El artículo 23 decies del decreto dispuso la creación del Ministerio de Comunicaciones asignándole diversas competencias que la ley 26522 le concedía a la AFSCA como autoridad de aplicación.

Luego, el 23 de diciembre de 2015, el gobierno, alegando un supuesto mal funcionamiento de la Autoridad Federal de Aplicación, por medio del Decreto 236/15 dispuso su intervención85 y el cese en sus funciones de los siete integrantes del Directorio. En su lugar el Ejecutivo nombró como interventor a un ex legislador del partido político gobernante, por un plazo de 180 días prorrogable. Asimismo, ordenó también la intervención de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), autoridad de aplicación de la ley 27078 de Argentina Digital.

Finalmente, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 –publicado el 04 de enero pasado- el Poder Ejecutivo introdujo reformas sustanciales y permanentes a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la Ley Argentina Digital. Estas modificaciones normativas implantadas por inicialmente por decreto importan un gravísimo e inadmisible retroceso en términos de protección a la libertad de expresión y el derecho a la información en la Argentina. Los Decretos de Necesidad y Urgencia deben ser tratados por ambas Cámaras del Congreso Nacional. El 6 de abril de 2016 la Cámara de Diputados confirmó la validez de estos decretos pero a la fecha el Senado no se ha expedido.

En primer lugar, el DNU 267/15 creó una nueva autoridad de aplicación llamada Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, en reemplazo de las autoridades de aplicación creadas por la ley 26552 (AFSCA) y la ley 27078 de Argentina Digital (AFTIC). La regulación del DNU 267/15 no contempla mecanismos de selección, designación y remoción de los integrantes de la nueva autoridad de aplicación que permitan garantizar su autonomía e independencia. Por el contrario, el decreto del Ejecutivo establece que cinco de los siete integrantes del Directorio son designados por la fuerza política gobernante86 y que todos pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo sin expresión de causa. Muy distinto de lo que acontecía con la AFSCA87. A su vez, por medio de su artículo 29 el decreto disolvió los Consejos Federales plurisectoriales previstos por las leyes reformadas. En nombre de la “convergencia”, se eliminó toda participación social, suprimiendo organismos que aseguraban una amplia representatividad de diversos actores sociales.88 Cabe señalar que, de conformidad con la ley 26522, el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (COFECA) era el encargado, entre otras cosas, de sustanciar el proceso de remoción de los directores de la AFSCA.

En lo relativo a la regulación de las prórrogas de licencias, la LSCA preveía prórrogas por una única vez, por un plazo de diez años y previa audiencia pública en la localidad donde se preste el servicio. Al término de la prórroga, el licenciatario se podía presentar nuevamente a concurso para la adjudicación de licencias. (Artículo 40 LSCA) En cambio, el artículo 15 del DNU 267 estableció que las licencias son susceptibles de prórrogas sucesivas sin límite, garantizando, además, una primera prórroga automática de 5 años a la que tendrá derecho todo licenciatario. Luego de esta prórroga automática, las prórrogas posteriores serán de diez años. A su vez, respecto de las licencias vigentes, el artículo 158 de la LSCA disponía que los actuales titulares de licencias que hubieran obtenido una renovación o prórroga no podían solicitar una nueva extensión, debiendo presentarse a concurso. Sin embargo, el DNU 267/15 eliminó esta limitación, habilitando a los licenciatarios vigentes a solicitar una nueva prórroga de 10 años, sin necesidad de esperar el vencimiento de la licencia actual y adicionándole además la prórroga automática de 5 años. De esta forma, el Decreto presidencial concede de forma casi automática licencias de explotación por 15 años a los actuales titulares (Artículo 20 DNU 267).

En lo referido a la transferencia de licencias, la LSCA establecía como norma general que las autorizaciones y licencias son intransferibles, previendo condiciones excepcionales en las que sería procedente, previa autorización expresa y fundada de la AFSCA (Artículo 41 LSCA). Al respecto, el decreto 267/15 (Artículo 15 y 16) eliminó esta norma general habilitando a los licenciatarios con fines de lucro a transferir libremente sus licencias. La operación de transferencia simplemente debe ser comunicada al ENACOM dentro de los 30 días de efectuada y, transcurridos 90 días sin que el ENACOM la rechace expresamente, se entenderá aprobada. Por su parte, la nueva regulación mantuvo la norma de intransferibilidad respecto de las licencias concedidas a prestadores de gestión privada sin fines de lucro. En lo que concierne a la multiplicidad de Licencias, la LSCA contemplaba un esquema de límites máximos de tenencia con el objeto de garantizar la mayor pluralidad posible, evitando la conformación y consolidación de oligopolios o posiciones dominantes en el mercado. El artículo 17 del decreto (que modifica el artículo 45 de la LSCA) amplió en cerca de un 50% los límites en tenencia de espectro. Por su parte, el artículo 44 de la ley 26522 prohibía delegar en un tercero la distribución de servicios de comunicación audiovisual, sancionándola como falta grave. Sin embargo, el artículo 22 del DNU derogó esta prohibición habilitando la delegación en terceros y aportando a la opacidad en la tenencia y explotación de los medios de comunicación audiovisual. Asimismo, el artículo 22 del DNU dispuso la derogación del artículo 73 de la LSCA que imponía a los prestadores de radiodifusión por suscripción a titulo oneroso a disponer de un abono social según la reglamentación que se dicte.



La liberalización de la normativa respecto de la transferencia de licencias de servicios de comunicación audiovisual y la permisividad respecto de la tercerización en su explotación, permite el regreso a prácticas de opacidad respecto a la titularidad de la propiedad de los servicios de comunicación audiovisual que atenta contra los principios asentados por la UNESCO a nivel internacional. Estas medidas, junto con el aumento del máximo de licencias y la extensión de licencias vigentes por quince años, con posibilidad de prorrogas sucesivas sin límite, sólo apunta a una mayor concentración atentando contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.

Por último, el artículo 7° el decreto equipara a los prestadores de servicio de radiodifusión por suscripción a los prestadores de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) disponiendo que se les aplicará la Ley Argentina Digital. De esta forma el decreto exime a los proveedores de TV por cable del cumplimiento de las obligaciones específicas de la ley 26.522, como las disposiciones de mustcarry, de producción de contenidos propios o del orden de la grilla de canales.

Ante los reclamos de diversos actores del ámbito de la comunicación, y luego de la celebración de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a principios de abril de 2016, el 15 de abril de 2016 el ENACOM dictó la resolución 1394 en cuyo Anexo I estableció el “Reglamento General de servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico y/radioeléctrico”. El artículo 12 del Reglamento estableció normas de mustcarry para los titulares de la Licencia Única Argentina Digital de modo mucho más escueto que lo previsto en el artículo 65 de la LSCA. A diferencia de la Ley 26522, el Reglamento obliga a emitir los canales de la Iglesia Católica, pero excluye a las señales de los municipios y las Universidades. Además, el Reglamento omite la obligación de ordenar la grilla según el género, con preferencia de los canales  locales, regionales y nacionales, así como la obligación de incluir señales de producción propia y la de incluir un mínimo de canales del Mercosur y de países latinoamericanos. Por medio de una reglamentación de jerarquía inferior a la ley se regula, deficitariamente, un aspecto central para el goce del acceso a la información de los argentinos, considerando especialmente que el 83% de los hogares accede a la TV por medio de algún tipo de servicio pagado.89

En suma, el decreto 267/15, además de reemplazar los organismos representativos y plurales que preveía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA y COFECA- por un organismo a completa disposición del PEN, amplió grandemente los límites para la titularidad de licencias, extendió por 15 años las licencias concedidas, suprimió las limitaciones a las prórrogas y la obligación de presentarse a concurso, derogó la limitación para la transferencia de licencias, descartó la prohibición de delegar en terceros la explotación de licencias y excluyó a los prestadores de servicio de televisión por cable del cumplimiento de la LSCA. Todos los cambios introducidos a la normativa vigente hasta diciembre de 2015 atentan contra un espectro de comunicación audiovisual diverso y pluralista, favoreciendo la concentración de licencias, la creación de posiciones dominantes y la opacidad respecto de la propiedad de los medios de comunicación.



Preguntas al Estado

1. ¿De qué forma la legislación argentina actual procura asegurar el cumplimiento de los estándares relativos al principio de legalidad, pluralismo, diversidad y control de la concentración indebida en el mercado de la comunicación?

2. ¿Cómo se asegura la independencia de la autoridad de aplicación del sistema de servicios de comunicación audiovisual?

Recomendaciones al Estado

1. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar de la plena vigencia de los principios de legalidad, pluralismo, diversidad y control de concentración indebida en el mercado de la comunicación, así como la independencia de la autoridad de aplicación del sistema de servicios de comunicación audiovisual.

2. Que los debates sobre nuevas normativas que pudieran promoverse cumplan con estándares de transparencia y participación a través de la convocatoria a audiencias públicas regionales con registro público. Que se convoque a participar a los medios comunitarios, pymes, universidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas.

IX. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ART.19 PIDCP)

Si bien existen diversas normas legales provinciales que regulan el acceso a la información pública provincial, en la Argentina no existe aún una norma general que garantice este derecho en el ámbito federal. En 2003 el Poder Ejecutivo de la Nación intentó remediar parcialmente este vacío normativo por medio del decreto 1172/03, regulando el acceso a la información pública en el ámbito de la Administración Central nacional. Sin embargo, atendido el muy limitado alcance del decreto en términos de las autoridades obligadas (exclusivamente el Poder Ejecutivo Nacional), el escaso acatamiento efectivo de las obligaciones en él contenidas y los divergentes criterios que aplican las autoridades obligadas, resulta imprescindible el establecimiento de una normativa sistemática y abarcadora que asegure el acceso a la información pública en todos los poderes del Estado y con la mayor amplitud posible.

En el mes de diciembre 2015 el nuevo gobierno convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil para que participaran en la redacción de un proyecto de ley. Estos contactos no siguieron y en abril de 2016 el Ejecutivo envió unilateralmente un propio al Congreso90. Ciertamente el impulso de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo constituye un avance en el mejoramiento de la calidad institucional argentina, sin embargo el proyecto contenía diversos problemas que comprometían su efectividad como herramienta para el ejercicio de derechos. Desde el CELS presentamos observaciones específicas con propuestas de modificaciones concretas91, muchas de las cuales fueron acogidas e incluidas en el dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados. Sin embargo, varios problemas subsisten, siendo el más preocupante el referido a la falta de autonomía de la autoridad de aplicación y fiscalización. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la autoridad de aplicación de una ley de acceso a la información pública debe ser un órgano independiente y autónomo, con diversas garantías democráticas para la designación y remoción de sus integrantes, con participación de otros poderes del Estado y la sociedad civil.

Por el contrario, el proyecto de ley que el gobierno respalda en el Congreso contempla la creación de una autoridad de aplicación unipersonal, dependiente directamente del Poder Ejecutivo, sin ni una sola garantía de estabilidad en el cargo que pueda asegurar su independencia funcional. El proyecto fue recientemente aprobado por la Cámara de Diputados y resta que sea debatido en la Cámara de Senadores.92


Preguntas al Estado

1. ¿De qué forma se asegurará la independencia y autonomía del órgano de aplicación de la ley de Acceso a la Información Pública que impulsa en el Congreso Nacional?


Recomendaciones al Estado

1. Que el Estado adopte medidas concretas para asegurar la sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos, que asegure la independencia de su autoridad de aplicación.



X. USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS PÚBLICAS. DERECHOS DE ASOCIACION, REUNION Y PETICION A LAS AUTORIDADES (ARTS 21 Y 22 PIDCP)

En el periodo cubierto por este informe se han producido algunos avances y posteriormente graves retrocesos en materia de regulación y actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas. Las fuerzas de seguridad en Argentina, tanto las federales como las provinciales, han sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos producto de su participación en operativos de represión de la protesta social, como los que sucedieron en el Parque Indoamericano, o por omisión y connivencia, como en el caso del asesinato del militante Mariano Ferreyra (ver anexo de casos). Ambos hechos ocurrieron en 2010, con pocas semanas de diferencia. Como respuesta política el gobierno nacional decidió crear en diciembre de ese año el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Ministerio aprobó en 2011 los denominados “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas” Estos criterios mínimos, condensados en 21 breves puntos, establecen, entre otras cosas, la prohibición de portación del arma de fuego reglamentaria para todo efectivo policial que pudiera estar en contacto con los manifestantes, la obligación de que todos los policías y sus móviles estén debidamente identificado, la protección de grupos especialmente vulnerables y la necesidad de facilitar espacios de interlocución y dialogo para resolver los conflictos de manera pacífica93. Los criterios mínimos deben ser materializados en protocolos de actuación para todas las fuerzas de seguridad, proceso que se ha detenido en 2013 y no ha sido reactivado por las nuevas autoridades.

Hechos de represión de la protesta y regresiones normativas bajo el nuevo gobierno

Conforme hemos destacado, el 10 de diciembre de 2015 asumió un nuevo gobierno. En los escasos meses que lleva la nueva gestión, ya se han producido hechos graves de represión y criminalización de la protesta social, como la detención de la referente social de Jujuy, Milagro Sala, que se detalla más arriba en este documento y en el Anexo II. Otros caso de suma gravedad forman parte del Anexo I de este documento.

En febrero de 2016, las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación presentaron un “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” Este documento incluye serias restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, subordinándola a una noción ambigua e imprecisa de “orden público”, y amplía considerablemente las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social.94 Si se compara el texto de este nuevo protocolo con los lineamientos establecidos por los Criterios Mínimos mencionados más arriba, se pueden encontrar múltiples retrocesos. Por ejemplo, no se prohíbe expresamente la portación y utilización de armas de fuego por parte del personal policial ni el uso de balas de goma para dispersar una protesta; no se imponen obligaciones relacionadas con la identificación del personal policial y de los móviles de servicio y habilita la restricción de movimientos de los trabajadores de prensa que quieran cubrir las manifestaciones, entre otras cuestiones.

En términos generales, en vez de precisar y limitar el campo de acción de la policía frente a manifestaciones sociales, el protocolo les entrega a las fuerzas de seguridad un cheque en blanco para actuar de la manera que lo crean conveniente. La nueva Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich al explicar en público los efectos y alcances del nuevo protocolo dijo que, en caso de manifestaciones que impidan totalmente el tránsito vehicular por una calle “les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por la buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos”. Al momento de escribir este informe persiste la incertidumbre sobre el estatuto de este protocolo, ya que las autoridades alternativamente afirman que está en vigencia y que se encuentra en estudio. Esta falta de definición genera una inquietud adicional en las organizaciones sociales que no saben a qué reglamentación atenerse.



En esta misma línea se inscribe el Proyecto en discusión en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires. El proyecto replica el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, presentado a nivel nacional.95
Preguntas al Estado

  1. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Estado para evitar el uso desproporcionado de la fuerza pública en casos de manifestaciones sociales? ¿Qué medidas concretas ha llevado adelante el Estado para garantizar la aplicación uniforme, en todo el territorio del país, de estándares mínimos en materia de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, protestas y otros conflictos en el espacio público?

  2. ¿Qué medidas se han llevado adelante para evitar la utilización abusiva y desproporcionada de figuras penales por parte del Poder Judicial, con el objetivo de criminalizar la protesta y restringir ilegalmente el derecho de reunión y petición ante las autoridades?

  3. ¿Cuáles son las medidas adoptadas y las que se pretende adoptar para evitar que los funcionarios de las fuerzas de seguridad implicados en delitos contra la integridad de las personas participen de los operativos de seguridad en protestas y manifestaciones públicas?

  4. ¿Cuáles son las acciones concretas emprendidas por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Agencia Federal de Inteligencia, la Comisión Bicameral Parlamentaria de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación y las Fuerzas Armadas para prevenir e investigar actos de reunión ilegal de información dirigida contra manifestantes o activistas sociales?¿ Que avances se han producido en la implementación de los principios contemplados en la ley 27.126 de reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, en particular de aquellos destinados a incrementar los mecanismos de control de la actividad de las agencias de inteligencia, a transparentar su funcionamiento?

  5. ¿Cuáles son los controles y recaudos tomados por los diferentes organismos del Estado competentes en la materia para evitar la repetición de episodios de reunión ilegal de información por parte de la Gendarmería Nacional y varias policías provinciales?

Recomendaciones al Estado

  1. Impulse las investigaciones de las responsabilidades penales y administrativas de todos los funcionarios de las fuerzas de seguridad que hayan intervenido en la represión a la comunidad Potae Napocna Navogoh Qom, La Primavera96, así como también de aquellos responsables por los hechos de represión que tuvieron lugar en las provincias de Tucumán, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

  2. Lleve adelante las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la aplicación uniforme de estándares respetuosos de los derechos humanos en materia de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y otros conflictos del espacio público. Los “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas” aprobados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2011 constituyen el modelo que deben seguir todas las fuerzas policiales del país para desarrollar sus protocolos de actuación en contextos de manifestaciones públicas.

  3. Instruya a los funcionarios del Poder Judicial en los respectivos espacios de formación y capacitación, a fin de evitar la utilización de tipos penales como una forma de restringir ilegítimamente el derecho de reunión y petición ante las autoridades.

  4. Impulse la revisión, reforma, adecuación y derogación, según el caso, de todas las prácticas, reglamentos y normativas internas que sean contrarias a los principios de la ley de reforma del Sistema de Inteligencia Nacional N° 25.520.

XI. IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (ARTS. 2 Y 26 PIDCP)

Violencia de género97
La ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales sancionada en 2009 fue reglamentada en 2010. A pesar del avance que significó su sanción, su implementación no es homogénea a nivel nacional ni provincial y en términos generales es aún muy deficiente.
En junio de 2015 surgió una convocatoria “Ni una menos” que movilizó a 400.000 personas en 120 puntos del país, con una gran concentración frente al Congreso de la Nación. En esa ocasión se presentó un documento que reúne una serie de reclamos que da cuenta de la grave situación de violencia de género en Argentina: la necesidad de contar con datos fehacientes para planificar políticas, un abordaje integral de la violencia de género que exceda la perspectiva de la seguridad; la respuesta ineficaz del Poder Judicial a las denunciantes evidenciada en la alta proporción de mujeres asesinadas que, a pesar de las denuncias que habían realizado, contaban con medidas de restricción ineficaces; el tratamiento de un sector del periodismo que busca las razones de un asesinato en la conducta de la víctima.98 Ante la falta de registros oficiales sobre homicidios por violencia de género, los datos se construyeron por fuera del Estado. El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de la asociación civil La Casa del Encuentro registró desde 2008 hasta 2015: 2094 femicidios.99
Después de la manifestación se anunciaron diversas iniciativas a nivel estatal, que revelaron muchos de los asuntos relegados en materia de derechos humanos de las mujeres: la Secretaría de Derechos Humanos oficializó la Unidad de Registro de Femicidios; la CSJN convocó a las autoridades judiciales a colaborar en un Registro Nacional de Femicidios; el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) presentó el Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer (RUCVM); y el Ministerio Público de la Nación creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Sin embargo, hasta el día de hoy y a pesar de los reclamos y de los diversos anuncios estatales, no se cuenta con un registro único, sistemático y ordenado que permita contar con información estadística oficial sobre violencia de género. Por otra parte, el Consejo Federal de Educación aprobó la Resolución 253/15 en la que se comprometió a fortalecer la implementación de los programas surgidos de la Educación Sexual Integral y de Protección Integral de las Mujeres; y en noviembre de 2015 se sancionó la Ley 27.210 que crea el cuerpo de abogadas y abogados para las víctimas de violencia de género en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la misión de “garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485”. Hasta ahora no hay noticias de su implementación, ni de cómo se organizará para dar cumplimiento al mandato de que sea federal. A su vez, aún está pendiente la puesta en marcha del Plan Nacional Integral de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres dispuesto por la ley. Según el propio texto de la Ley este Plan de Acción constituye una herramienta clave para articular políticas integrales, en los distintos niveles del Estado a lo largo del territorio nacional.

Por otro lado, con la sanción de la Ley Nacional 26.485, así como las que se dictaron en consecuencia en algunas provincias, se ha puesto énfasis en la denuncia de las propias mujeres víctimas como mecanismo privilegiado para el acceso a la justicia. Sin embargo, no se han previsto mecanismos de tramitación de las situaciones de violencia que sufren las mujeres en otros ámbitos que no sea el doméstico. La legislación nacional ha definido otras modalidades de violencia contra las mujeres (institucional, obstétrica, laboral, mediática, laboral, contra la salud sexual y reproductiva) pero no ha previsto para estos casos mecanismos formales de tramitación de denuncias o reclamos frente al Estado100.


Preguntas al Estado

1. ¿Qué mecanismo estadístico desarrolló el Estado para contar con información fehaciente de casos de violencia contra mujeres y niñas que permita conocer las dimensiones y características de la violencia en el país? ¿Qué mecanismo se adoptó para contar con información fehaciente sobre violencia de género, en particular sobre femicidios?

2. ¿En qué medida se implementó la ley 26.485? ¿Cómo se plantea implementarla? ¿Qué políticas públicas se adoptaron para prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres y niñas? ¿Qué avances se produjeron y desde cuándo?

3. Teniendo en cuenta la sanción de la Ley 27.210 para la creación del cuerpo de abogadas y abogados para las víctimas de violencia de género en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar su aplicación a nivel federal y qué otras medidas se tiene previstas para garantizar el asesoramiento y patrocinio legal gratuito?

5. ¿Qué medidas se adoptaron para erradicar la violencia institucional que sufren las mujeres privadas de libertad e institucionalizadas?

6. ¿Existen partidas presupuestarias específicas para garantizar la implementación del Plan Nacional sobre violencia contra las mujeres?



Recomendaciones al Estado

  1. Que el Estado instrumente la Ley 26.485 en su totalidad con asignación de presupuesto acorde y que ponga en marcha del Plan Nacional que allí se establece.

  2. Que el Estado recopile, sistematice y publique estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios.

  3. Que el Estado garantice acceso de las víctimas a la justicia con personal capacitado para recibir denuncias de este tipo en las fiscalías y comisarías de todo el país, y que ponga en marcha el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género en todo el proceso judicial.

  4. Que se garanticen capacitaciones obligatorias en la temática de violencia de género al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.

Derecho al acceso al aborto legal (Arts. 6 y 3 PICDP)

Remitimos aquí a otro informe específico elaborado por el CELS junto con otras  organizaciones especializadas en la temática101. Este informe se remite al Comité con este documento.



XII. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LOS MIGRANTES, REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE ASILO

En este punto, remitimos a otros dos informes que complementan el presente y que fueran elaborados por el CELS con organizaciones especializadas, por un lado, en derechos de los pueblos indígenas102 y por otro, en derechos de las personas migrantes103. Ambos informes se remiten al Comité con este documento.



XIII. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL (ARTS. 2, 9, 14, 16 Y 26 PIDCP)104

En 2008 el Estado argentino ratifico la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y en 2010 fue sancionada la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (LNSM) cuya reglamentación fue finalmente aprobada en 2013. Estos instrumentos jurídicos contienen los estándares más avanzados en materia de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e instalan un nuevo paradigma que ubica a las personas como sujetos de derecho. Además de prever las características de un abordaje individual respetuoso de derechos, la LNSM establece como meta la sustitución total de los hospitales psiquiátricos monovalentes por dispositivos centrados en la comunidad para el año 2020.



Las violaciones a los derechos humanos cometidas en contextos de encierro psiquiátrico (Art.6, Art. 7 y Art. 9).

A pesar de estos avances normativos, tal como ha sido documentado sistemáticamente por distintos organismos estatales105 como de la sociedad civil106, aun existen graves violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial en el marco de internaciones por motivos psiquiátricos; la más estructural de ellas es la perpetuación de la reclusión en hospitales psiquiátricos por motivos eminentemente sociales sin que se proporcionen otras alternativas para volver a vivir en la comunidad. El uso compulsivo de las internaciones como respuesta sanitaria ante la ausencia de modalidades menos coercitivas o como medida de control y su prolongación sin justificación clínica107, constituye una práctica naturalizada de privación ilegítima de la libertad108.

Durante las internaciones psiquiátricas, así como en otras situaciones de privación de libertad se han constatado hechos de violencia que constituyen tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes como el aislamiento, las sujeciones físicas, la sobremedicación y la sedación involuntaria.

También el ejercicio de violencia directa o indirecta desde el personal hospitalario hacia las personas internadas, o entre ellas mismas como forma de gestión de conflictos, control de situaciones o de castigo ante determinadas acciones deterioran progresivamente la integridad física y psíquica de las personas recluidas en estos espacios.

En relación a las personas con discapacidad psicosocial aún existen profundas falencias en la garantía del consentimiento libre e informado de prácticas médicas invasivas, con efectos secundarios adversos y con consecuencias potencialmente irreversibles, como la terapia electro convulsiva (TEC)109, así como en el control riguroso sobre la administración de medicamentos110.

La naturalización del deterioro generalizado de las personas institucionalizadas en asilos psiquiátricos genera que el acceso a una atención de calidad en salud integral, particularmente en salud física, no esté garantizado. Es una práctica común que las personas que están internadas (o incluso que lo estuvieron antes) en instituciones psiquiátricas sean rechazadas cuando intentan acceder a otros servicios generales de salud pública, y desde ahí sean re direccionadas hacia su hospital “de origen”111. De igual forma, la subestimación de los efectos acumulativos lesivos de los psicofármacos o el uso de los mismos como forma de castigo o control de conducta, también expone a la integridad de estas personas a un riesgo que podría ser evitado.

Este descuido creciente hacia los distintos aspectos de la salud integral de las personas con discapacidad psicosocial, más las condiciones emergentes propias de un lugar con condiciones higiénicas y de habitabilidad precarias, entre otros factores, deriva en una cantidad de fallecimientos superior al promedio de otros establecimientos de salud e incluso superior a los que se dan en otros contextos de privación de libertad112.

Un caso paradigmático que evidencia las deplorables condiciones en que las personas son depositadas en dichas instituciones y las consecuencias letales de los malos tratos que allí se perpetran es la investigación penal por la muerte de Matías Emmanuel Carbonell mientras transitaba una internación involuntaria de tres años (2007/octubre 2010), en condiciones precarias, en el Hospital Neuropsiquiátrico José. T. Borda, uno de los monovalentes públicos más grandes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires113.

Otro ejemplo es el del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn de la ciudad de La Plata (conocido también como “Melchor Romero”), cuya preocupante situación motivó el impulso de dos acciones judiciales por parte de organismos de derechos humanos: un amparo colectivo por parte del CELS y un habeas corpus colectivo sobre toda la población recluida en hospitales psiquiátricos en esta provincia, por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). En el Hospital Melchor Romero se han identificado una la alarmante cantidad de fallecimientos no investigados de personas internadas. La CPM denunció que 133  personas han fallecido  durante los años 2012, 2013 y 2014 (65 en 2012, 59 en 2013 y 9 durante los meses de enero y febrero de 2014)114.

El Estado aún no cuenta con un sistema efectivo, eficiente y generalizado de habilitación, supervisión y monitoreo de las instituciones que disponen internaciones psiquiátricas, sobre todo aquellas en las que habitan personas con discapacidad psicosocial en situación de cronificación; esta situación de desinformación es proclive a la invisibilización de las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en este tipo de lugares. Estas falencias en el monitoreo periódico se extienden también a las instituciones privadas de salud mental y de adicciones, sobre las cuales el Estado tiene igual obligación de velar por los derechos de las personas allí recluidas, lo que tiene un impacto diferencial en las entidades sub-nacionales (provincias) con menor capacidad técnica e institucional instalada para esta función, donde el sistema privado de atención en salud es en algunos casos el único disponible.

Un importante avance generado por la LNSMA es la creación del Órgano de Revisión Nacional en Salud Mental, entidad que cuenta con amplias funciones de monitoreo tanto de las instituciones de salud mental como de la implementación de la ley, y de conocimiento de casos específicos de violaciones a los derechos establecidos por la misma. La LNSMA establece que a nivel provincial, deberían crearse órganos de revisión análogos para posibilitar el ejercicio de dicha función a todo el territorio nacional. A la fecha, sólo 3 jurisdicciones de las 24 que conforman la República han constituido estos organismos115.

Por otra parte, ademas de estas graves situaciones, el Estado no ha generado medidas para la completa implementacion de la LNSMA. Hasta la fecha, el único plan operativo116 generado por el Estado para orientarla, adolece de importantes falencias en lo que hace a su coherencia con los pasos concretos necesarios para alcanzar dicho objetivo. La ambigüedad en las definiciones, la falta de secuencialidad en las distintas acciones, la laxitud en la determinación de los objetivos estratégicos y la ausencia de plazos para contextualizar las distintas acciones, caracterizan a este plan117. Los recursos financieros que amerita el re direccionamiento de la política pública en salud mental hacia un modelo garante de derechos humanos, siguen estando por debajo del mínimo establecido por la LNSMA (10%) y en su gran mayoría (80%) siguen estando destinados a sostener los cuantiosos gastos que generan los grandes hospitales psiquiátricos monovalentes118.



Preguntas al Estado

  1. ¿Qué medidas concretas está adoptando el Estado para prevenir, erradicar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas en contextos de encierro psiquiátrico?

  2. ¿Qué medidas concretas está adoptando el Estado para prevenir la prolongación indefinida por motivos sociales de la internación de personas con discapacidad psicosocial en instituciones psiquiátricas?

  3. ¿Qué medidas concretas está adoptando el Estado para prevenir, erradicar y sancionar la ejecución de prácticas médicas no consentidas, forzadas y/o con consecuencias lesivas y potencialmente irreversibles hacia personas con discapacidad psicosocial?

  4. ¿De qué forma el Estado ha protocolizado la documentación e investigación de muertes suscitadas de forma dudosa en el marco de internaciones por motivos psiquiátricos?

  5. ¿De qué forma el Estado ha avanzado en la optimización del registro de la información relevante sobre las personas con discapacidad psicosocial en situación de institucionalización por motivos psiquiátricos?

  6. ¿De qué forma el Estado ha instrumentado el monitoreo efectivo, eficiente, riguroso y generalizado de la situación de las personas internadas en instituciones públicas y privadas por motivos psiquiátricos?

  7. ¿Cuáles son los criterios que el Estado ha establecido para la habilitación y supervisión de dichas instituciones?

  8. ¿Qué medidas concretas está adelantando el Estado para promover la creación de los órganos de revisión de salud mental en el ámbito de las provincias en los que aún no están conformados?

  9. ¿Qué medidas concretas está llevando a cabo el Estado para garantizar un goce homogéneo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial contenidos en la CDPD, la LNSMA y otras normativas en todas las jurisdicciones del país?

  10. Cómo ha instrumentado el Estado la generación de espacios eficientes de articulación interinstitucional e intersectorial para el diseño, supervisión y evaluación de políticas públicas de salud mental?

  11. ¿Cómo ha instrumentado el Estado la generación de espacios eficientes de interlocución y participación de la sociedad civil, y particularmente de colectivos de personas con discapacidad y sus familiares, para el diseño, supervisión y evaluación de políticas públicas de salud mental?

  12. ¿A través de qué mecanismos ha instrumentado el Estado la planificación del proceso de implementación de los derechos contenidos en la normativa de salud mental?

  13. ¿Qué medidas concretas está ejecutando el Estado para garantizar una implementación homogénea de la LNSMA y la CDPD en todas las jurisdicciones del país?

Recomendaciones al Estado

  1. Que provea a través de una política pública las condiciones materiales, humanas y sociales necesarias para evitar la internación prolongada de las personas internadas por motivos psiquiátricos y que, quienes ya se encuentran en esas condiciones, obtengan medidas estatales adicionales para qué puedan revertir esa realidad.

  2. Que el Estado genere protocolos y controles efectivos para evitar que los tratamientos médicos en el contexto psiquiátrico, por su modo de administración y por sus efectos, se constituyan en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (p. e. terapia electroconvulsiva, psicocirugía, sujeciones físicas, contención medicamentosa, etc.).

  3. Que genere un mecanismo eficiente de registro riguroso de la información relevante de las personas internadas por motivos psiquiátricos.

  4. Que genere un mecanismo de registro de muertes y la investigación penal de sus causales, como política de Estado para todas las muertes que se sucedan en contextos de encierro psiquiátrico.

  5. Que genere un mecanismo eficiente de monitoreo integral de las condiciones de vida de las personas internadas por motivos psiquiátricos.

  6. Que establezca e implemente criterios rigurosos para la habilitación y supervisión de las instituciones públicas y privadas que proveen internaciones psiquiátricas.

  7. Que implemente un programa nacional e intersectorial de promoción de la creación de los órganos de revisión de salud mental en todas las provincias del país.

Las deudas en el avance hacia la sustitución total de las medidas legales incapacitantes y de los hospitales psiquiátricos monovalentes – (Art. 14, Art. 17 y Art. 25).

El Estado argentino, además de mantener la internación asilar en hospitales psiquiátricos como centro de la política de salud pública para las personas con discapacidad psicosocial, que fundamentalmente por condiciones sociales ingresan y permanecen ese circuito, también mantiene una serie de medidas legales tutelares e incapacitantes, que se suman a la obstaculización de las posibilidades de este colectivo de vivir de forma digna e insertos en la comunidad.



En la más reciente reforma al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, aun se conserva la posibilidad de restringir judicialmente el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial119. Las adecuaciones institucionales generadas a partir de la sanción del nuevo código varían en las distintas jurisdicciones del país120, aunque en general se caracterizan por el cambio nominal de los cargos y la reasignación de funciones a entidades ya existentes121. No obstante, aún funcionarios judiciales (curadores) siguen siendo designados mediante sentencia para ocupar un rol sustitutivo en el ejercicio de la capacidad jurídica de aquellas personas con discapacidad a las que este derecho les es restringido.

Preguntas al Estado

  1. ¿Qué medidas ejecutivas, legislativas y judiciales ha adoptado el Estado para cumplir con sus obligaciones relativas a la garantía de los derechos a la igualdad ante la ley, al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y al acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial?

  2. ¿Qué medidas ejecutivas, legislativas y judiciales ha adoptado el Estado para generar sistemas de apoyo para la toma de decisiones de las personas con discapacidad psicosocial desde un modelo no sustitutivo ni tutelar?

  3. ¿Qué medidas concretas ha adoptado el Estado para sustituir de forma progresiva los hospitales psiquiátricos monovalentes por dispositivos de atención en salud mental centrados en la comunidad? ¿Cuántos hospitales de este tipo han sido sustituidos hasta la fecha?

  4. ¿Qué medidas está adoptando el Estado para asegurar una adecuada interpretación del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo concerniente a sistemas de apoyo y consentimiento informado?


Recomendaciones al Estado

  1. Que implemente las medidas ejecutivas, legislativas y judiciales necesarias para garantizar plenamente los derechos a la igualdad ante la ley, al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica y al acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial.

  2. Que fortalezca la capacidad operativa de los mecanismos de articulación interinstitucional e intersectorial para el diseño, supervisión y evaluación de políticas públicas de salud mental.

  3. Que fortalezca y profundice el nivel de interlocución, consulta y participación de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de los colectivos de personas con discapacidad y sus familiares, para el diseño, supervisión y evaluación de políticas públicas de salud mental.

  4. Que genere un plan nacional de salud mental orientado a la materialización de los derechos contenidos en la LNSMA y la CDPD, con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y con una perspectiva y alcance federal.
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