Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de



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XIV. LIBERTAD DE CULTOS Y PROHIBICIÓN DE TODA APOLOGÍA DEL ODIO NACIONAL, RACIAL O RELIGIOSO (ARTS 18 y 20 PIDCP)

Durante los 22 años transcurridos desde el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que causó la muerte de 85 personas y dejó heridas a más de 700, la investigación judicial se desarrolló en medio de un entramado de intereses políticos -locales e internacionales- que socavaron la búsqueda de justicia y mantienen la impunidad hasta la actualidad. El caso quedó sumido en luchas políticas, internas judiciales y de inteligencia nacional y extranjera y en la ineptitud y corrupción de las fuerzas de seguridad federales, lo que obstaculizó el esclarecimiento de los hechos.

No sólo no se previno el atentado por graves de fallas del aparato de inteligencia sino que el Estado fue incapaz de investigar y dar a conocer la verdad y de dar algún tipo de respuesta y de reparación a las víctimas. La participación de agentes de inteligencia en la investigación descubrió las relaciones entre el sistema político y el judicial con el sector de la inteligencia y las fuerzas de seguridad, y evidenció la vista la crisis profunda en la que se encuentra el sistema de investigación criminal cuando tiene que enfrentar hechos de mediana y alta complejidad -cuando, por ejemplo, está involucrada una organización criminal o hay participación estatal.

Como es de conocimiento del Comité, el juicio oral en el que se juzgó la supuesta “conexión local” del atentado terminó el 29 de octubre de 2004 con la absolución de los imputados y la anulación de todo lo actuado por el ex juez de la causa, Juan José Galeano, por las graves irregularidades detectadas en la investigación. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró dichas irregularidades en el informe que realizó el Comisionado Claudio Grossman, quien actuó como veedor del juicio oral, a partir de la denuncia realizada en el año 1999 por las víctimas nucleadas en Memoria Activa, con el patrocinio del CELS por falta de prevención y ausencia de justicia.

Muchas de esas irregularidades constituyen las imputaciones por encubrimiento que actualmente se debaten en juicio oral y público (en desarrollo desde agosto de 2015), contra el ex presidente de la Nación, Carlos Menem; su entonces secretario de inteligencia, Hugo Anzorreguy; quien era juez de la causa, Juan José Galeano, y los fiscales Mullen y Barbaccia; como al propio ex dirigente de la comunidad judía, entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, entre otros ocho imputados. La denuncia por el encubrimiento data del año 1997. Sin embargo, luego de largos años de incansable reclamo y activa participación de las víctimas impulsando dicha investigación, recién el año pasado se fijó fecha para iniciar este juicio, en parte como reacción a la coyuntura política derivada del fallecimiento en 2015 del fiscal Alberto Nisman que estaba a cargo de toda la investigación. Se encuentra abierta la investigación de la causa de su muerte aunque la información de la causa que se conoce hasta el momento indicaría que no hubo participación de terceras personas en el momento del disparo y que se trataría de un suicidio.

Cabe aquí referirse al reconocimiento de responsabilidad internacional por la falta de prevención y de investigación del atentado, realizada por el Estado Argentino mediante decreto 812/05, en el marco de una denuncia formulada por Memoria Activa122 y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, al día de la fecha, muchos de estos compromisos aún no se han implementado. Entre ellas, no se ha logrado fortalecer la investigación penal por el atentado y su encubrimiento, y la muerte del fiscal exhibió, una vez más los problemas del sistema de investigación criminal federal por las internas y conflictos entre el poder político y el sistema de justicia. Incluso se conocieron con posterioridad a su muerte fuertes deficiencias en la investigación que llevó adelante los últimos diez años.

Tampoco se cumplió con la transparencia del manejo de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En enero de 2015 se produjo una reforma de la ley de inteligencia que incluyó principios generales para transparentar el uso de recursos de la AFI y lograr un mayor control de los fondos reservados, lo que había representado un primer avance en el cumplimiento de ese punto del Decreto 812/2005. Incluso, en julio de 2015 su decreto reglamentario N° 1311/15 reguló los procedimientos administrativos necesarios para que todos los gastos de fondos reservados quedaran registrados. Por primera vez se estableció que el secreto no era la regla de la estructura administrativa y presupuestaria de la agencia de inteligencia central sino la excepción cuando determinadas cuestiones lo requirieran. Sin embargo, el lunes 9 de mayo de 2016 se dictó el decreto 656/2016 que derogó el “Régimen de Administración de Fondos de la AFI” creado por el decreto 1311/15, con el argumento de "agilizar las instancias administrativas usuales de gestión", lo que significó una fuerte regresión en el cumplimiento del compromiso internacional del Estado.123
Preguntas al Estado


  1. ¿Qué medidas ha adoptado para garantizar justicia a las víctimas y sus familiares tanto sobre el atentado como por las irregularidades cometidas en el marco de su investigación? ¿Cómo cumplirá con sus compromisos asumidos en el Decreto 812/05 en el que reconoció su responsabilidad internacional por las deficiencias e irregularidades cometidas en la investigación del atentado?

  2. ¿Cuáles son las medidas y políticas en materia de clasificación de archivos de inteligencia y cables diplomáticos vinculados con el atentado para garantizar a las víctimas y sus familiares el derecho a la verdad?

  3. ¿Cuáles son las medidas concretas que se adoptarán en la gestión de la actividad de inteligencia para que sean acordes a los estándares internacionales en la materia y a los principios establecidos por la Ley 27.126?

 

Recomendaciones al Estado

1.       Que arbitre todas las medidas tendientes a garantizar el derecho a la verdad y a la justicia a las víctimas y sus familiares tanto sobre el atentado como por las irregularidades cometidas en el marco de su investigación.

2.       Que garantice la transparencia de la actividad de inteligencia y la desclasificación de información (que no se relacione con cuestiones operativas que requieren del secreto por razones de seguridad) para cumplir con los estándares internacionales en la materia y en la Ley 27.126.

XV. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE DECISIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.

Tal como destacamos en nuestro último informe al Comité, uno de los grandes desafíos tanto desde el punto de vista de la aplicación interna del derecho internacional de los derechos humanos como de la legitimidad de los mecanismos internacionales de protección internacional es conseguir que las decisiones de los órganos y mecanismos internacionales o regionales de protección de derechos humanos se cumplan efectivamente. Indudablemente, la estructura federal del Estado argentino condiciona en parte la forma en que se deben cumplir las decisiones internacionales. Sin embargo, esta distribución de competencias entre la federación y sus unidades componentes no releva al Estado federal de adoptar por sí —cuando no lo pueda hacer a través de sus unidades territoriales— las medidas necesarias para asegurar que los derechos reconocidos en los tratados de derechos humanos sean efectivamente respetados. Resulta inadmisible que la implementación de informes, sentencias u observaciones finales de los organismos internacionales de derechos humanos se encuentre supeditada a la voluntad discrecional de los gobiernos autónomos o a la identidad partidaria o afinidad política entre los representantes locales y el gobierno federal. Hasta el momento, los procedimientos de coordinación intergubernamental y de articulación entre el gobierno nacional y las provincias se han basado en respuestas “ad hoc”, caso por caso, sin lograr establecer una práctica uniforme que permita determinar responsabilidades entre el Estado Federal y las provincias.

El gobierno federal debe disponer de medios y recursos suficientes para asegurar que en todas las provincias se respeten, en la legislación provincial y en la práctica, las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados; de suerte que debe dotarse de las herramientas necesarias para exigir el pleno cumplimiento por las administraciones autónomas; y establecer mecanismos de vigilancia para que las recomendaciones y decisiones respectivas se respeten.

Argentina aún no cuenta con un mecanismo o procedimiento institucional para implementar las decisiones de los órganos de protección de los derechos humanos y, de ese modo, lograr la efectiva protección de los derechos de las personas.

Preguntas al Estado

1. ¿Qué medidas planea adoptar para promover la creación de un mecanismo institucional de cumplimiento de las decisiones internacionales en el ámbito interno?


Recomendaciones al Estado

1. Establezca un mecanismo institucional de cumplimiento de las decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos.


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Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos en Argentina

en el marco de la presentación del Quinto informe periódico

ante el Comité de Derechos Humanos

117 Período de Sesiones

Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
ANEXO I

DERECHO A LA VIDA (ARTÍCULO 6, PIDCP)

Homicidio de Alan Tapia por un integrante del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina (PFA)

El 15 de febrero de 2012, a las 5 de la mañana, un grupo de efectivos del GEOF y de la División Homicidios de la PFA irrumpió violentamente y destrozó las puertas de la casa número 278 del Barrio Mitre, una zona pobre de la Ciudad de Buenos Aires. La orden de allanamiento librada por el juez de menores Enrique Velázquez, tenía por objetivo la detención de un adolescente de 17 años acusado de tentativa de homicidio.

Una vez dentro de la casa de la familia Tapia, dos policías se dirigieron hacia la planta alta, donde redujeron a cinco familiares. Mientras tanto, en la planta baja, otros tres agentes detuvieron a los abuelos de Alan y, luego, dos policías avanzaron hacia el fondo de la casa por un pasillo. El integrante del GEOF Rodrigo Valente irrumpió en una habitación y le disparó en el abdomen al joven Alan Tapia, de 19 años, quien estaba acostado en su cama. Valente aseguró que Alan Tapia lo había apuntado con un arma. En la investigación judicial se comprobó que no había armas en la casa de los Tapia. Tras recibir el disparo, Alan, gravemente herido, permaneció durante más de cuarenta minutos sin que se le brindara una atención médica adecuada, hasta que una ambulancia que se hallaba ocasionalmente en la zona lo trasladó al Hospital Pirovano, donde falleció pocas horas más tarde. Llama especialmente la atención la desproporción entre el fin perseguido por el operativo (la detención de un menor de edad acusado de tentativa de homicidio) y los medios desplegados para lograrlo, que incluyeron la participación de un cuerpo de elite de la PFA, especialmente entrenado para ejecutar operativos antiterroristas o tomas de rehenes. El hecho de que una división de las características del GEOF, que tenía a su favor elementos críticos como la superioridad numérica, el factor sorpresa, el armamento de guerra y el equipo de protección para conducir adecuadamente el operativo, asesinara a un adolescente desarmado en su propia cama genera serias dudas respecto de la idoneidad, el profesionalismo y el entrenamiento de los efectivos de este cuerpo de elite. La muerte de Alan Tapia evidencio la inconveniencia de involucrar a cuerpos de operaciones policiales especiales como el GEOF en la ejecución de allanamientos de baja peligrosidad y la necesidad de incrementar los esfuerzos de inteligencia policial previos a los allanamientos para minimizar los riesgos a la vida que estos operativos pueden tener124.

En septiembre de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Capital Federal decidió absolver al Cabo Valente por considerar que había actuado bajo la influencia de haber creído que estaba siendo apuntado por Alan. El veredicto vino precedido por una vergonzosa actuación del fiscal a cargo de la acusación pública, Eduardo Marazzi, quien en un tramo de su alegato aseguro peyorativamente que los jueces debían tener en cuenta que Alan Tapia no vivía “ni en Puerto Madero125 ni en las Islas Seychelles. Vivía en Villa Mitre”.Marazzi fue posteriormente apartado de su cargo y la Procuradora General de la Nación se disculpó públicamente con la familia de Alan126. Actualmente, la causa se encuentra a estudio de la Cámara de Casación Penal.



Homicidio de Lautaro Bugatto por un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En la madrugada del domingo 6 de mayo de 2012, el joven futbolista Lautaro Bugatto, de 20 años, fue asesinado en la puerta de su casa cuando estaba por salir a una fiesta con sus amigos. El policía bonaerense David Benítez, quien se encontraba fuera de su horario de servicio, intentó evitar a los tiros el robo, por parte de otras personas, de un ciclomotor en el que circulaban su hermana y su hija. Benítez disparó varias veces su arma reglamentaria e hirió gravemente en el pulmón a Lautaro, quien murió minutos después en un sanatorio de la zona. El caso presenta patrones típicos de uso de la fuerza por un efectivo que, estando fuera de servicio, hace un uso abusivo de su arma reglamentaria en defensa de su propiedad privada. Como resultado de su comportamiento, hirió a uno de los presuntos ladrones y mató a un chico que casualmente salía de su casa.

En septiembre de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 10 de Lomas de Zamora condeno al agente David Benitez a la pena de 14 años de prisión por el delito de “homicidio agravado por el uso de armas de fuego”. Al fin del cierre de este informe, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires se encuentra estudiando el recurso presentado por Benítez.

Alejandro Ponce fue perseguido por la policía y obligado a tirarse al río. Murió ahogado por no saber nadar. No recibió la ayuda de ningún efectivo.

Alejandro Ponce, de 23 años, y su hermano Luis fueron perseguidos por seis efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe por el Parque España de la ciudad de Rosario, el día viernes 30 de Octubre de 2015. Según el parte policial, la persecución se inició a partir de una denuncia realizada por dos adolescentes que supuestamente habían sido robados por estos dos. La huida finaliza cuando los jóvenes se arrojan desde un muelle al Río Paraná. Cuando los policías llegan al lugar, agreden a los chicos arrojándoles piedras y hostigándolos. Luis sabía nadar, pero por el peso de la ropa tuvo se entregó. Alejandro, quien no sabía nadar, recibe el golpe de una piedra en la cabeza y se hunde. Uno de los oficiales le dice “dale, ahogate hijo de puta”. Cuando su hermano pregunta por el, los policías que lo detuvieron le dijeron que se había escapado nadando. Horas después su cuerpo fue encontrado flotando en las aguas del río Paraná.



Roberto Martelón falleció luego de ser golpeado de manera brutal en la Comisaría 15° de la ciudad de Rosario

El 11 de Diciembre de 2015, Roberto Martelón salió de su casa con un bolso de ropa para vender de forma ambulante. En un momento de su recorrido habitual se detiene en cercanías de calle Canals y San Martín y comienza a orinar detrás de un árbol. En ese instante una vecina del lugar lo observa y esta llama al 911 alertando que se encontraba un hombre realizando exhibiciones obscenas a su hija menor de edad. Sin conocer esta comunicación, Roberto se traslada hacia el bar de la estación de servicios ubicada en la intersección de calles Uriburu y San Martín, donde es abordado presuntamente por personal de la Comisaría 15° quien lo detiene por la denuncia realizada por la mujer. En la seccional Roberto fue alojado solitariamente en un calabozo y en perfecto estado de salud según consta en los informes del médico policial. El informe policial indica que al momento de otorgarle la libertad, la víctima es hallada golpeada y su cuerpo estaba convulsionando. De este modo, es derivado hacia dos hospitales que no lo reciben por no contar con equipamiento de control y diagnóstico a los fines de chequear el estado de Martelón. Finalmente es recibido en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, lugar donde es ingresado en estado de coma y con politraumatismos severos. Finalmente falleció el 26 de Diciembre a raíz de los golpes recibidos en la Comisaría. El Fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Ademar Bianchini, jamás investigó el caso. Al día de la fecha no existen imputados por el homicidio de Roberto Emilio Martelón, más allá de que el encargado de la investigación tiene sobradas puedas para atribuirle el delito a los oficiales de la Comisaría 15.



Tentativa de Homicidio a Brian Fernández, de 15 años por un ex policía de la Provincia de Santa Fe

El 22 de Agosto de 2015, Brian Fernández de 15 años, recibió una serie de disparos por la espalda ejecutados desde el techo de una casa por parte Hugo F.. Las actuaciones judiciales que deberían investigar estos hechos no han tenido tramite alguno y el policía ni siquiera ha sido imputado. Luego de la denuncia Brian y su familia comenzaron a recibir represalías. Brian permaneció dos meses internado y perdió movilidad por las secuelas de las lesiones sufridas. El 23 de Diciembre de 2015, la policía local ingreso sin orden judicial en la casa de Brian y se lo llevo detenido conjuntamente con su madre. A pesar de su edad estuvo detenido en la Comisaria sin contacto con un abogado y sin que se diera aviso a la Secretaria de Niñez unas doce horas siendo liberado durante la tramitación de un HC. El 16 de Enero de 2016 no sólo es detenido por el mismo personal policial sino que además le ejecutan con una escopeta varios disparos que impactan en su cuerpo, lo amenazan de muerte y que cuando cumpla 16 le iban a armar una causa con la anuencia de las autoridades judiciales. Brian cumple 16 años y pocos días después el 28 de Abril de 2016 es detenido nuevamente a las 8 hs por el mismo personal policial acusado de un supuesto robo. Es golpeado, trasladado a la Comisaria 18 donde fue colgado de los brazos por un tiempo aproximado a 3 horas. Recién fue comunicado su detención a Juzgado de Menores a las 9 hs de la noche. A partir de ese momento es alojado sin recibir comida en el IRAR. Al día siguiente es trasladado al Juzgado de Menores. En ese lugar lo atiende una asesora de menores que depende del Procurador ante la Corte y le dice que le convenía hacerse cargo de los hechos, no denunciar la tortura porque la jueza estaba de mal humor y si le hacía perder tiempo lo dejaría preso. Finalmente es liberado y se lo coloca bajo vigilancia de la misma policía de la Comisaria 18 que lo viene hostigando.



Tentativa de homicidio de Lucas Cabello por un efectivo de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas Cabello, un joven de 20 años, fue herido por Ricardo Ayala, oficial de la Comuna 4 de la Policía Metropolitana, el 9 de noviembre de 2015 en el barrio porteño de La Boca. Cabello recibió tres balas disparadas a corta distancia que impactaron en el bazo, los testículos y la nuca, y una quedó alojada en la médula, lo que le provocó una cuadriplejía irreversible. Desde la Metropolitana señalaron que había sido un tiroteo, pero los testigos sostuvieron que Cabello no estaba armado y que vieron cómo Ayala disparó dos veces mientras la víctima estaba en el suelo.


La versión oficial –difundida por quien era la vicejefa de Gobierno de la CABA y actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo Montenegro– sostuvo que Ayala había intervenido porque estaba ocurriendo una situación de violencia de género y en esas circunstancias Cabello lo apuntó con un arma. Sin embargo, como se confirmó después, Cabello no era la persona sobre la que pesaba una restricción judicial por violencia contra una mujer y no se encontraron indicios de que estuviera armado. Ayala quedó detenido en la Comisaría 24 de la Policía Federal Argentina (PFA) y tomó intervención la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
El 11 de noviembre, Ayala fue indagado por Osvaldo Rappa, del Juzgado de Instrucción porteño nº 35, ante quien sostuvo que los disparos habían sido en defensa propia y que Cabello tenía un arma. En el lugar había tres vainas servidas calibre 9 mm, pero no se halló tal arma, y las declaraciones de Ayala no coincidieron con los testimonios de los testigos que presenciaron los últimos disparos. El 26 de noviembre Ayala fue procesado por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad con exceso en ejercicio de legítima defensa”, aunque se dispuso su inmediata libertad. La fiscalía y los abogados querellantes apelaron su liberación. A fines de diciembre, la Sala VI de la Cámara del Crimen revocó la decisión del juez Rappa por entender que no se trató de un caso de exceso en la legítima defensa. Al eliminar esta atenuante, el hecho se investiga como un homicidio doloso en grado de tentativa, por lo que se dispuso la detención del policía. A fines de enero de 2016, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó esta decisión. Se aguarda la realización de un juicio oral para fines del año 2016 o comienzos de 2017.
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. PRESUNCION DE INOCENCIA (ARTICULOS 9 Y 14, PIDCP)

Detenciones masivas sin orden judicial en la ciudad de Córdoba

El sábado 2 de mayo de 2015, mas de 1500 efectivos de la policía de la provincia de Córdoba llevaron adelante un “operativo de saturación” en barrios populares de la ciudad capital. El operativo arrojó más de 350 personas detenidas acusadas por delitos leves o contravenciones, la gran mayoría de ellos eran menores de edad. Uno de los detenidos afirmo: "Veníamos de jugar al fútbol y nos detuvieron y nos metieron como unos perros dentro del patrullero, éramos 20 (...) Nos hicieron perder tiempo, nos hicieron pasar frío, hambre. Nos dijeron que estaban haciendo razzia, que no podía haber nadie en la calle".127


Los procedimientos del 2 de mayo no fueron casos aislados. Otro “operativo de saturación” tuvo lugar el jueves 3 de septiembre de 2015 en el Barrio Los Boulevares de la capital cordobesa, pocas horas después de que un policía fuera herido en un tiroteo. En esa oportunidad, más de 30 jóvenes fueron detenidos por contravenciones establecidas en el Código de Faltas local. Posteriormente, se publico un audio donde el Jefe del Distrito N° 9 de la Policía de Córdoba, Comisario Walter Pérez, instruía al personal a su cargo para que se detenga a “todo aquel que tuviera cara de sospechoso” y que “copando” el barrio y con “presión” lograrían llegar a los sospechosos de la agresión al policía. “Vamos haciendo carga completa (sic) y levantando” finalizó Pérez128.
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