Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de



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59Universidad nacional de Lanús (UNLA), Departamento de Salud Comunitaria e Instituto de Salud Colectiva, “Informe de auditoría del Sistema Penitenciario Bonaerense”. Buenos Aires, 2013-2014, UNLA, 2015.


60 El informe sostiene que los problemas detectados “impiden la utilización de la información epidemiológica recibida como insumo para el análisis de los resultados y los procesos de atención de salud, quedando en evidencia que la toma de decisiones, esencia misma de la gestión y administración, no se sustenta en información.”

61 CELS, El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano, Buenos Aires, 2015, p. 38. Disponible en: http://www.cels.org.ar/common/Drogas_web_hojas.simples.pdf

62 CELS - Ministerio Público de la Defensa de la Nación - Procuración Penitenciaria de la Nación, Mujeres en prisión. Los alcances del castigo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, p. 154.

63 En diciembre de 2015, un Juez de la Provincia de Buenos Aires, dispuso el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas y las madres que conviven con sus hijos en la Unidad 33 de Los Hornos. Esta decisión es coherente con la Ley 24.660, que indica que los jueces pueden disponer la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y a las que tienen hijos menores de 5 años a su cargo. En su decisión el Juez da cuenta de las paupérrimas condiciones de detención para las mujeres y los niños: infraestructura deficiente, falta de atención sanitaria, e incluso la muerte de niños en establecimientos carcelarios. Sentencia del Juzgado de Ejecución N° 1 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en la causa Nº HC-12389, caratulada "Habeas corpus colectivo a favor de las mujeres madres con niños y mujeres embarazadas alojadas en la unidad nº33 de Los Hornos", 25 de noviembre de 2015.

64 Causa V856/02, “Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus”, 3 de mayo de 2005.

Disponible en http://www.cels.org.ar/common/documentos/fallo_csjn_comisarias_bonaerenses.pdf



65 También en Tucumán dos fiscales de instrucción presentaron en Junio de 2015 una acción de habeas corpus colectivo por las condiciones deplorables de detención en las Comisarías. En esta acción se solicitó que cese el alojamiento de detenidos en Comisarías y que se trasladen a otra localidad que cumpla con los requisitos mínimos de salubridad. La Corte provincial resolvió favorablemente el pedido, y obligó a las partes a sentarse a dialogar cómo debían implementar esa medida. Ver información en: http://andhes.org.ar/andhes-presento-un-amicus-curiae-en-el-marco-de-un-habeas-corpus-por-las-condiciones-de-las-comisarias-en-tucuman/

66 El Comité manifestó sus preocupaciones respecto de este tema en sus últimas Observaciones Finales Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr. 18.

67Como veremos más adelante, aún no han habido informes de este registro.

68Procuración Penitenciaria de la Nación, Expte. 3018, Recomendación sobre el procedimiento de requisa personal, julio de 2011. Disponible en: http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Recomendacion%20746_0.pdf

69Resolución 42/1991 de la entonces Subsecretaría de Justicia.

70Ver informe 2014 de la RNCT. Disponible en: http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/files/2013/08/RNCT-2014-VERSIN-PARA-PUBLICAR.pdf

71Ver mayor información en: http://cels.org.ar/comunicacion/index.php?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=&idc=1496

72En mayo de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de San Martín condenó a los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Héctor Mario, Rodrigo Emilio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Víctor Miguel Gallego y Juan Manuel Liberto a la pena de prisión perpetua por el delito de torturas seguidas de muerte. Claudio Javier Keem fue absuelto y César Raúl Benítez, otro de los implicados, continúa prófugo. El Tribunal también solicitó que se investigue a los jefes por encubrimiento agravado, por el intento de construir una versión falsa de los hechos. Información disponible en: http://cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1935 Para mayor información sobre el caso ver: http://www.cels.org.ar/common/documentos/Informe_Barros_1anoFINAL.pdf Esta sentencia es absolutamente excepcional frente a un cuadro general de impunidad por actos de tortura en la provincia de Buenos Aires.

73 En este período las muertes violentas ascendieron de 38 a 50 casos, con oscilaciones en los años intermedios.

74En el año 2014 trascendieron fotos tomadas por agentes del servicio penitenciario provincial de San Luis durante un procedimiento de requisa en un pabellón de jóvenes adultos (18 y 21 años). Las fotografías sacaron a la luz los padecimientos de los detenidos durante las requisas colectivas: sus cuerpos estaban al desnudo, arrodillados y esposados con las manos por detrás, las frentes apoyadas sobre el piso del patio del penal y en tanto que los penitenciario se mostraban con perros ovejeros olfateando a los detenidos.

75El "Protocolo de requisas a visitantes de personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense”, Resolución 2/2014.

76Según el RNCT (2014) "6 de cada 10 (entrevistados en la provincia de Buenos Aires) fueron sometidos a traslados constantes durante más de seis meses, y dentro de ese rango el 42% estuvo en esa situación durante más de un año". El fenómeno de la "calesita" como se conoce, forma parte de la lógica con que se gobierna a la población carcelaria. En parte ello explica la persistencia de los traslados arbitrarios sin autorización judicial. 

77Resolución 271/15 de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en; http://www.mpba.gov.ar/web/Resoluciones/271-15.pdf

78Resolución 115/13 de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en; http://www.mpba.gov.ar/web/Resoluciones/115-13.pdf

79Esto puede verse, por ejemplo, con el caso del detenido Hugo Marcelo García Denevi, quien falleció el 29 de enero de 2016 en el Hospital Público de Mar del Plata. En este caso ni siquiera se iniciaron actuaciones para investigar las causas del deceso. La investigación le corresponde en turno a la UFI 8 de Mar del Plata. Ante la consulta de la CPM, la Fiscalía informó por escrito que no se iniciaron actuaciones, "por tratarse de una muerte por enfermedad ocurrida en el Hospital".

80 El Comité ya manifestó su preocupación por este tema en el párrafo 20 de sus últimas Observaciones Finales a Argentina. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr.20.

81 La Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial con el objetivo de lograr suspender la implementación de la norma. A pesar de que no logró su objetivo a través de una resolución expresa de la SCBA, lo logró de hecho, dado que ninguno de los poderes del Estado provincial que deben realizar tareas para abrir el concurso de Defensor General lo ha hecho. Esto genera problemas tanto respecto a la calidad de las defensas técnicas por falta de recursos como a la hora de poder intervenir de manera autónoma en instancias donde se disputan cuestiones entre fiscales y defensores. La decisión de la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires siempre suele ser contraria a la visión de los defensores y omite deliberadamente fortalecer su rol y diseñar políticas específicas para la defensa pública.


82Ver al respecto http://www.cels.org.ar/comunicacion/index.php?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=2019 y http://cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=2066

83Esta Ley fue pionera en la región latinoamericana y encomiada por los relatores especiales para la libertad de expresión de la CIDH y Naciones Unidas. Véase, por ejemplo, el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH de 2009, párrafo 11, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202009%201%20ESP.pdf

84Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son expresión de una facultad legislativa de excepción del Poder Ejecutivo, prevista en el artículo 99.3 de la Constitución Nacional. Los DNU tienen la misma fuerza que una ley y para su dictación requieren que circunstancias excepcionales hagan imposible seguir el trámite legislativo ordinario y que se trate de una materia que sea necesario regular por ley y que su regulación sea urgente (como para no poder seguir el trámite legislativo ordinario).

85En la Argentina la intervención es un instituto utilizado por el Poder Ejecutivo en virtud del cual se avoca a la conducción de organismo de la administración central. Se admite en general su procedencia cuando se trata de órganos creados por el propio Poder Ejecutivo, mientras que si el órgano es creado por ley, se necesita una ley que permita su intervención (como es el caso de las Universidades, véase Ley 22.207).

86El artículo 5 del DNU 267/15 establece un Directorio de siete integrantes, compuesto por 1 presidente y 3 directores nombrados por el Poder Ejecutivo nacional y 3 directores propuestos por una Comisión Bicameral del Congreso, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y otro a la tercera minoría parlamentaria. O sea, 5 designados por el oficialismo y 2 por la oposición.

87La Ley 26522 contemplaba un Directorio del AFSCA de siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo designaba a 2 (el presidente y un director). A estos dos integrantes se le suman tres directores propuestos por la Comisión Bicameral (en la misma proporción prevista para el ENACOM) y dos directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), debiendo uno de ellos ser un académico representante de las Universidades. Además, los directores solo podían ser removidos por el voto fundado de 2/3 de los integrantes del COFECA, por mal desempeño de sus funciones, en un proceso en que se garantice su derecho de defensa.

88El artículo 16 de la LSCA establecía que el COFECA se integraba con 1 representante de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, 3 representantes de prestadores comerciales, 3 de prestadores sin fines de lucro, 1 representante de las emisoras de las universidades nacionales, 1 representante de las facultades de comunicación de las universidades nacionales, 1 representante de los medios públicos, 3 representantes sindicales de los trabajadores, 1 representante de las sociedades gestoras de derechos y 1 representante de los pueblos originarios.

89 Becerra, Martín, Exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Audiencia sobre “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, 8 de abril de 2016. “Argentina exhibe altos niveles de concentración en comunicación. Por ejemplo, casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos (Telefónica y Clarín). En tanto que en la tv de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares accede a la tv, casi el 70% de los abonos está controlado por dos grupos (Clarín y AT&T).”

90Esta situación generó malestar en algunas de las organizaciones involucradas. http://poderciudadano.org/la-sociedad-civil-ante-los-nuevos-proyectos-de-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/

91Ver observaciones del CELS en http://www.cels.org.ar/comunicacion/index.php?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=2074

92Ver información en: http://www.lanacion.com.ar/1900085-diputados-aprobo-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica-y-resta-la-sancion-del-senado

93El texto completo puede consultarse en: http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/files/upload/documentos/Res210-11.pdf

94 Ver http://cels.org.ar/comunicacion/index.php?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=2033

95Diversas organizaciones sociales se han manifestado en contra del Proyecto. Ver: http://ciaj.com.ar/notas/el-ciaj-rechaza-en-comision-de-seguridad-y-ddhh-el-proyecto-de-protocolo-de-actuacion-en-manifestaciones/

96 La descripción de este caso forma parte del informe específico sobre los derechos de los pueblos indígenas que el CELS elaboró junto a un grupo de organizaciones especializadas en la temática y que se remite en un documento autónomo.

97 Este apartado fue elaborado sobre la base del capítulo “Ni una menos. La violencia institucional a la luz de la Ley de Protección Integral de las Mujeres” del Informe CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2015, en prensa. En relación a la situación de violencia y discriminación a las personas Trans, nos remitimos al Informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

98Ver mayor información acerca de la Convocatoria y el documento presentado en http://niunamenos.com.ar/?page_id=6. Este documento constituye una de las fuentes de este apartado.

99La Casa del Encuentro recopiló y sistematizó información de medios de prensa de todo el país desde 2008 hasta 2015 ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre Femicidios en Argentina. Ver información disponible en: http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html

100Informe 2015 del Observatorio de Violencia de Género de la Defensora del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: monitoreo de políticas públicas y violencia de género. Disponible en: http://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf

101 Informe elaborado por Amnistía Internacional Argentina (AIAR), la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir- Argentina (CDD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

102 Informe elaborado por el Parlamento de Naciones Originarias, el Observatorio en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI), Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos (ANDHES),la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF),la Asociación de Abogados en Derecho Indígena (AADI),Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA), la Asociación Civil por los derechos de los Pueblos Indígenas (ADEPI-Formosa), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Junta Unida de Misiones (JUM-Chaco), la Secretaria Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), OCLADE (Obra Claretiana para el Desarrollo) y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta.

103 Informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

104 El Comité ya manifestó su preocupación por este tema en el párrafo 24 de sus últimas Observaciones Finales a Argentina. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr.24.

105En sus distintos monitoreos a instituciones públicas y privadas y recepción de denuncias sobre casos particulares en distintas jurisdicciones del país, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental, ente adscrito al Ministerio Público de la Defensa de la Nación ha constatado las graves violaciones a los derechos humanos que se generan en contextos de encierro psiquiátrico. Un ejemplo es el dictamen de este órgano en el que se expide sobre la situación de las instituciones en la provincia de Córdoba. Disponible en: http://goo.gl/5KBYLd

106El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha monitoreado y documentado sistemáticamente esta situación desde hace más de una década. Información detallada al respecto puede hallarse en los capítulos sobre salud mental de los informes anuales del CELS desde 2004 (los más recientes son los de 2009, 2012, 2013 y 2015) y en los libros Vidas arrasadas: la situación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos (2008) y Cruzar el muro: desafíos y propuestas para la externación del manicomio (2015). Estos y otros documentosdisponibles en: www.cels.org.ar

107En el marco de los procesos judiciales impulsados sobre la situación del Hospital Dr. Alejandro Korn de la provincia de Buenos Airesel CELS tomó conocimiento del caso de la señora “T”, que estuvo internada de forma ininterrumpida durante 71 años y falleció allí mismo en octubre de 2015, a los 93 años de edad. El tratamiento psicofarmacológico le fue indicado hasta 1992, luego permaneció allí internada sin un esquema de intervención específico. En su historia clínica consta que “T” fue objeto de sesiones de terapia electroconvulsiva (TEC), utilización de contención mecánica y química. En todos sus años de reclusión no hubo constancia de haber tenido permisos de salida del hospital”.

108Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lineamientos sobre el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: el derecho a la libertad y la seguridad. Adoptado en la 14° sesión del Comité, en septiembre de 2015.

109En su resolución 17/14 de 2014, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental, ente adscrito al Ministerio Público de la Defensa, recomendó a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, y a todos los efectores de salud prohibir el uso de la terapia electro convulsiva en pacientes con diagnóstico psiquiátricos. Disponible en: http://goo.gl/Na4pWw

110En todos los relevamientos de violencia institucional en instituciones psiquiátricas, en las denuncias de casos específicos y en las investigaciones aplicadas sobre este tema, la sobremedicación, el uso inadecuado de la misma como forma de control y castigo, el uso de versiones desfasadas de medicamentos o a través de vías de administración inadecuadas emerge como la principal y más naturalizada forma de violencia en estos contextos.

111Un análisis detallado de la discriminación en el ámbito de la salud pública hacia las personas con diagnósticos psiquiátricos puede hallarse en el capítulo 3 del libro Cruzar el muro: desafíos y propuestas para la externación del manicomio (CELS, 2015). Disponible en: http://goo.gl/ASGUU0

112Un informe generado por la Procuraduría para la Violencia Institucional (Procuvin), unidad especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación en 2013, a partir de la información recabada en un allanamiento al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial “Dr. José Tiburcio Borda” en la ciudad de Buenos Aires en el marco de la investigacion por la muerte de Carbonell, evidenció que en los años 2009 y 2010 habían fallecido 46 personas en esta institución, en este informe la Procuvin afirmó que esta cifra excede en promedio a los fallecimientos suscitados en otras instituciones de privación de libertad, como las cárceles. Nota periodística en: http://goo.gl/LwB5wT

113 El domingo 17 de octubre de 2010, Matías volvió al Hospital Borda luego de haber compartido el fin de semana con su familia. Un día y medio después, el martes 19, fue derivado a un hospital general de alta complejidad de la misma ciudad (Hospital Penna) en estado de inconsciencia, cianótico, febril, con signos de aspiración y presentaba una serie de lesiones físicas observables compatibles con quemadura tipo B por pasaje de corriente eléctrica. Pese a la intervención pronta y adecuada de los médicos del Hospital Penna, Matías falleció el 12 de noviembre de 2010, luego de 24 días de agonía, por lo que los profesionales que lo recibieron hicieron la denuncia policial. Matías recibía múltiple medicación psiquiátrica, en dosis muy altas, que no estaba indicada para el diagnóstico que se le había atribuido y sin registro de los controles correspondientes, lo que solamente podía responder a un fin de sedación y control social. Esa medicación pudo haberle generado un estado de sedación tal que haya dado lugar a una bronco aspiración de material gástrico, la causa que finalmente lo llevó a la muerte.

114 A pesar de la inexistencia de datos epidemiológicos concretos que permitan hacer una lectura contextualizada sobre ese número de fallecimientos, no deja de ser alarmante un número tan elevado sobre una población total de alrededor de 750 personas internadas y en tan breve período de tiempo. No obstante, si se tienen en cuenta los datos sobre mortalidad de la población mayor de 20 años de la Argentina, se puede afirmar que el riesgo de morir que tiene una persona internada en este Hospital es entre 4 y 7 veces mayor a la población general. En el Melchor Romero entre enero y septiembre de 2014 murieron 53 personas sobre una población de 750. Se trata de una tasa de muerte 15 veces más alta que la de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

115A la fecha, sólo las provincias de Buenos Aires, Chaco y Santa Cruz han constituido sus respectivos órganos de revisión de salud mental. En junio de 2015 se llevó a cabo una Jornada de Promoción de los Órganos de Revisión Locales desde una perspectiva de participación de la sociedad civil, con la participación de representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil de 15 provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde se manifestó la voluntad política de distintos sectores gubernamentales y sociales para la conformación de los órganos locales, se valoró el estado de avance en cada jurisdicción y se asumieron compromisos para impulsar activamente las acciones necesarias para tal fin. Las memorias del encuentro están disponibles en: http://goo.gl/pEuWIZ

116Plan Nacional de Salud Mental (2013) del Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: http://goo.gl/6WkuA5

117En el capítulo sobre salud mental del Informe Anual 2015 del CELS se realizó un pormenorizado análisis del Plan Nacional de Salud Mental. Disponible en: http://goo.gl/A7vRQd

118En el Informe Anual 2015 del CELS se realizó un minucioso análisis de la distribución presupuestaria en salud mental entre 2010 y 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de éste emergen dos conclusiones primordiales: el porcentaje del presupuesto en salud asignado no alcanza el mínimo de 10% establecido por la LNSMA y del total asignado, el 80% sigue destinado al financiamiento de los 4 principales hospitales monovalentes y el resto a programas de atención extra-hospitalaria de tipo ambulatoria; no se destinaron fondos a programas comunitarios con perspectiva de inclusión social. Disponible en: http://goo.gl/A7vRQd. Otro estudio sobre este tema fue realizado por ACIJ y REDI: http://goo.gl/KvRVcU

119Si bien la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación intentó avanzar concretamente en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, al introducir la figura de los sistemas de apoyos, estos quedan inscritos en el apartado que hace referencia a la restricción a la capacidad jurídica, por lo que no se les excluye claramente de otras medidas insertas en la lógica tutelar. Esta ambigüedad en las definiciones implica la necesidad de regular normativamente los sistemas de apoyo desde la perspectiva que plantea la CDPD y emprender la adecuación de otras normativas conexas también en ese sentido.

120Un avance interesante en este sentido fue la creación de un equipo interdisciplinario para la evaluación de personas con causas relativas a la determinación judicial de su capacidad jurídica en el ámbito de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esto respondió a la necesidad de generar una alternativa de evaluación acorde a los presupuestos de la LNSMA –centrada en el pleno ejercicio de la capacidad mediante la toma de decisiones con apoyos- ante las serias deficiencias de los cuerpos periciales oficiales en ese sentido. Desde enero de 2016, por disposición interna de esta Dirección, las funciones de ese equipo fueron cesadas y se ordenó la devolución de los más de 800 expedientes que se hallaban en pleno proceso evaluatorio hacia los juzgados de origen. Esto implica el retroceso en una iniciativa valiosa ligada a la posibilidad de una evaluación interdisciplinaria y tendiente al pleno ejercicio de su capacidad jurídica.

121El artículo 46 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa 27.149/2015 establece los deberes y atribuciones de los defensores públicos curadores, entre las cuales se les asigna simultáneamente “ejercer la defensa técnica”, “ejercer la función de representación” y “ejercer la función de apoyo” en el marco de procesos de restricción del ejercicio de la capacidad jurídica. Tal adjudicación de funciones no distingue entre un rol tutelar-sustitutivo y un rol de apoyo según lo que establece la CDPD.

122Es una organización que aglutina a familiares y amigos de las víctimas del atentado.

123Ver mayor información: https://www.facebook.com/notes/cels-centro-de-estudios-legales-y-sociales/sistema-de-inteligencia-los-fondos-de-la-afi-bajo-secreto/1017077351680108

124 Para más detalles, ver CELS “Informe Anual. 2013” pág. 148 y ss. Disponible en www.cels.org.ar

125 Puerto Madero es uno de los barros más ricos de la Ciudad de Buenos Aires

126https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-recibio-a-la-familia-de-alan-tapia-y-anuncio-que-marazzi-sera-apartado-de-su-cargo/

127 Para más información, ver: http://www.cba24n.com.ar/content/fuertes-criticas-operativo-saturacion-de-la-policia.

128 Ver: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/215246_polemico-audio-comisario-ordena-razzia-luego-de-que-sujetos-balearan-a-policia

129 Para un análisis detallado del conflicto del Parque Indoamericano, la crisis habitacional en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, la actitud de la policía en esos días de diciembre de 2010 y la respuesta de los diferentes gobiernos involucrados, ver: CELS “Umbrales perforados. Muertos y Heridos por la represión de conflictos sociales”, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2011, Buenos Aires, Siglo XX, 2011, pp.129-170. Disponible en: www.cels.org.ar

130 La posterior investigación judicial habría de dilucidar que la conducción de la Unión Ferroviaria poseía importantes incentivos económicos para negarse a que los trabajadores tercerizados pasaran a revistar en la planta permanente del sindicato.

131El siguiente relato de casos no pretende abarcar todos los hechos de represión de la protesta social ocurridos en la argentina en el periodo cubierto por este informe sino resaltar algunos de los más importantes o aquellos que presentan una mayor cantidad de irregularidades. Para una enumeración y análisis más detallado de los hechos de represión, ver: “Umbrales Perforados. Muertos y heridos por la represión de conflictos sociales”, en CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2011, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, pp.129-170 y “Regresiones en la actuación del Estado ante los cortes de rutas y accesos” en CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2015, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, pp.289-329

132 Los miembros de la comunidad Qom habían cortado la ruta 86 por espacio de un par de horas por día en protesta por la falta de avances en la regularización dominial de las tierras ancestrales que habitaban. Para más detalles sobre el conflicto de fondo, ver “Tensiones sociales y respuestas estatales. Conflictos vinculados al territorio, el suelo, la vivienda y el mercado de trabajo” en CELS Informe Anual 2012, pág. 257. Disponible en: www.cels.org.ar

133 Ver: “Regresiones en la actuación del Estado ante los cortes de rutas y accesos” en CELS, Informe Anual 2015. Pág. 306 y 307. Disponible en: www.cels.org.ar

134 http://www.lanacion.com.ar/1822183-el-cels-responsabilizo-a-jose-alperovich-por-la-represion-policial-en-tucuman

135 La Policía Metropolitana fue creada por ley 2.894. El reclutamiento de sus efectivos no fue precedido por un análisis exhaustivo de los antecedentes de los postulantes, muchos de los cuales provienen de otras fuerzas de seguridad o, incluso, de las fuerzas armadas. Un estudio de ese proceso puede consultarse en: CELS “Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre de 2013” accesible en: http://www.cels.org.ar/common/documentos/Informe%20Metropolitana%202013%20v9.pdf

136 Art 4, inc 2° de la ley 25.520. la ley 27.126 de reforma del Sistema de Inteligencia Nacional mantuvo esa prohibición y aumentó las penas de prisión a aquel que incumpliere la norma.

137http://www.tupacamaru.org.ar/2015/12/15/2360/carta-abierta-al-pueblo-de-jujuy

138http://www.canal8.com.ar/new/milagro-sala-continua-con-el-acampe-en-plaza-belgrano/

139http://www.prensajujuy.gov.ar/gobernacion/organizaciones-que-quedan-en-el-acampe-tienen-plazo-hasta-el-14-de-enero-para-empadronarse_13856

140http://www.boletinoficial.jujuy.gov.ar/descargas/403G.pdf

141http://www.eltribuno.info/rige-una-suspension-la-personeria-juridica-la-tupac-amaru-n663085

142 Orden de detención de Milagro Sala, de fecha 16 de enero de 2016, suscripta por el Juez Raúl Leonardo Gutiérrez, página 7.

143 Orden de detención de Milagro Sala, de fecha 16 de enero de 2016, suscripta por el Juez Raúl Leonardo Gutiérrez, página 11, primer párrafo. El destacado es propio.

144http://www.lanacion.com.ar/1863010-tras-la-detencion-de-milagro-sala-gerardo-morales-dijo-que-radicara-nuevas-denuncias-penales

145http://www.lanacion.com.ar/1862873-el-gobierno-de-jujuy-sobre-la-detencion-de-milagro-sala-solo-cumplimos-con-la-orden-judicial

146http://www.lanacion.com.ar/1862937-tension-en-jujuy-detuvieron-a-milagro-sala-pero-mantienen-el-acampe-contra-morales

147http://www.eltribuno.info/la-lider-la-tupac-amaru-podria-afrontar-otras-19-causas-penales-mas-segun-gerardo-morales-n664002

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