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Res: 2005-00857

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de agosto de dos mil cinco.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Gabriela Chaves Pérez, costarricense, periodista, soltera, mayor de edad, vecina de San Francisco de Dos Ríos, cédula de identidad número 1-802--476; por el delito de Difamación mediante la prensa, en perjuicio de Edga Catalina Sánchez Ramírez, Nancy Dobles Morales, Ariana Poltronieri Angulo, María Cristina Espinoza Martínez, Nadia Aldana Cob, Gysy Schantall Montoya Barahona y Tatiana Incera Miranda. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente, Magda Pereira Villalobos, Jeannette Castillo Mesén, Jorge Arce Víquez y Ronald Salazar Murillo, estos tres últimos como Magistrados Suplentes. Interviene además el licenciado Carlos Manuel Serrano Castro, como defensor particular del encartado y demandado civil y el doctor Francisco Castillo González en representación de las actoras civiles.



Resultando:

1.- Que mediante sentencia N°150-2004 de las dieciséis horas quince minutos del diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 29, 39 y 41 de la Constitución Política; Declaración de Chapultepec, Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación; Ley N° 32 del 12 de julio de 1902, adoptada por Ley N°7 de 15 de mayo de 1908 y reformada por las Leyes números 37 de 18 de diciembre de 1934 y 213 de 31 de agosto de 1944; artículos 1, 3, 22, 30, 45, 51, 69, 71 a 74, 76, 103, 145, 146 y 147 del Código Penal; artículos 1, 70 siguientes, 360, 361, 363, 367, 380 y siguientes del Código Procesal Penal, artículos 122 a 125 del Código Penal de 1941 aún vigentes, artículos 22, 47, 1045 y siguientes del Código Civil, artículos 17, 40 y 44 del Decreto de Honorarios, 20307-J se declara a GABRIELA CHAVES PEREZ AUTORA RESPONSABLE de dos delitos de DIFAMACION MEDIANTE LA PRENSA cometidos en concurso material, ambos en perjuicio de EDGA CATALINA SANCHEZ RAMIREZ, NANCY DOBLES MORALES, ARIANA POLTRONIERI ANGULO, MARIA CRISTINA ESPINOZA MARTINEZ, NADIA ALDANA COB, GYPSY SCHANTALL MONTOYA BARAHONA, TATIANA INCERA MIRANDA y en tal carácter se le impone el tanto de CINCO DÍAS DE ARRESTO por cada uno de ambos hechos, para un total de diez días de arresto. Se conmuta la pena anterior por diez días de multa a razón de cinco mil colones el día, para un total de cincuenta mil colones que deberá cancelar la sentenciada a la orden del Patronato Nacional de Construcciones y Adquisición de Bienes de Adaptación Social dentro de los quince días posteriores a la firmeza del presente fallo. Lo anterior bajo la advertencia de que si no lo hiciere, no operará la conmutación de que aquí se acuerda, debiendo en ese caso descontar la pena de arresto que se impone a razón de un día de prisión por cada día de arresto.- Son las costas del proceso penal a cargo de la querellada, fijándose las costas personales correspondientes a honorarios de abogado en la suma de veinte mil colones. SOBRE LA ACCION CIVIL: Se declara sin lugar la defensa de Falta de Derecho opuesta por la representación de los codemandados civiles.- Se declara con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por las ofendidas EDGA CATALINA SANCHEZ RAMIREZ, NANCY DOBLES MORALES, ARIANA POLTRONIERI ANGULO, MARIA CRISTINA ESPINOZA MARTINEZ, NADIA ALDANA COB, GYPSY SCHANTALL MONTOYA BARAHONA y TATIANA INCERA MIRANDA contra la querellada-demandada civil GABRIELA CHAVES PEREZ así como contra la co-demandada civil Sociedad Periodística Extra Limitada, a quienes se condena solidariamente al pago por el daño moral en la suma de dos millones de colones para cada ofendida por cada una de las publicaciones, para un total global de veintiocho millones de colones. Son las costas de la acción civil a cargo de los co-demandados civiles, las procesales se fijan en la suma de dos mil colones y las personales, correspondientes a honorarios de abogado en la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL COLONES EXACTOS. Háganse las comunicaciones respectivas y firme esta sentencia inscríbase en el Registro Judicial. Con la lectura, las partes quedan debidamente notificadas.” (sic). Fs. JOSÉ LORENZO SALAS CASTRO OMAR WHITE WARD JORGE TABASH FORBES JUECES.

2.- Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado Carlos Manuel Serrano Castro, quien figura como defensor particular del querellado, interpuso recurso de casación. Alega que la lectura integral del fallo se dio el 26 de febrero de 2004 y estima que por esa razón resulta erróneo que la sentencia documento indique como fecha el 19 de febrero de 2004, que corresponde a la lectura de la parte dispositiva y falta de fundamentación.- Solicita se case la sentencia y se ordene el reenvío de la presente causa al Tribunal de origen para su nueva sustanciación.-



3.- Que verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Arroyo Gutiérrez; y,

Considerando:

I. El licenciado Carlos Manuel Serrano Castro, defensor particular de la querellada Gabriela Chaves Pérez y apoderado especial judicial de los demandados civiles (la misma Chaves Pérez y Sociedad Periodística Extra, Limitada), interpone recurso de casación contra la sentencia Nº 150-2004, dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José a las 16:15 horas del 19 de febrero de 2004. Mediante dicho fallo, visible a folio 247, se declaró a Gabriela Chaves Pérez autora responsable de dos delitos de difamación por medio de la prensa, cometidos en concurso material en perjuicio de Edga Catalina Sánchez Ramírez, Nancy Dobles Morales, Ariana Poltronieri Angulo, María Cristina Espinoza Martínez, Nadia Aldana Cob, Gipsy Schantall Montoya Barahona y Tatiana Incera Miranda. Por cada uno de esos ilícitos se le impuso la pena de cinco días de arresto, por lo que debe descontar el total de diez días de arresto. Dicha pena se conmutó por diez días multa a razón de cinco mil colones cada día, por lo que deberá pagar la suma total de cincuenta mil colones a favor del Patronato Nacional de Construcciones y Adquisición de Bienes de Adaptación Social. Asimismo, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria promovida por las ofendidas contra Chaves Pérez y contra Sociedad Periodística Extra, Limitada, a quienes se condenó a pagar solidariamente la suma de dos millones de colones para cada una de las demandantes por cada una de las dos publicaciones, para un total de veintiocho millones de colones. Asimismo, se condenó en costas a las co-demandadas civiles, fijándose las procesales en dos millones de colones y las personales, correspondientes a los honorarios de abogado, en un millón ochocientos noventa mil colones, sin céntimos.


II. Como primer motivo, alega que la lectura integral del fallo se dio el 26 de febrero de 2004 y estima que por esa razón resulta erróneo que la sentencia documento indique como fecha el 19 de febrero de 2004, que corresponde a la lectura de la parte dispositiva. El reclamo no es de recibo. Según el artículo 363 inciso a) del Código Procesal Penal, la sentencia debe indicar la fecha en que se ha dictado, de modo que sí es un requisito del acto. El artículo 364 del Código Procesal Penal establece como regla que el fallo debe redactarse y firmarse inmediatamente después de la deliberación (acto que, conforme a lo establecido en el artículo 361 del texto legal de comentario, supone que se ha discutido y decidido lo correspondiente a la existencia del hecho, la calificación legal del mismo y la culpabilidad del imputado, entre otras cosas). Pero ese artículo 364 permite, en ciertos casos, leer solamente la parte resolutiva y diferir la redacción de la sentencia para otro momento, supuesto en el cual debe explicarse de manera sucinta a las partes los fundamentos que motivaron la decisión. De lo expuesto se deriva que cuando se lee la parte dispositiva y se difiere la redacción total para otro momento ya existe una decisión judicial producto de la deliberación, aún cuando no esté redactada. Si tienen que exponerse oralmente los fundamentos de esa resolución, es evidente entonces que en ese acto de lectura de la parte dispositiva se hacen públicos, adelantándolos, los argumentos esenciales que se tuvieron para alcanzar la decisión que se anuncia. De allí que sea válido considerar la fecha en que se lee la parte dispositiva como la correspondiente a la sentencia, pues ya hubo deliberación y, además, en esencia y de manera resumida en ese acto se explica lo que posteriormente se dará a conocer en su versión escrita. Otra cosa es que se requiera la lectura integral como acto de notificación del fallo a las partes y que a partir de allí se cuente el plazo para recurrir. En todo caso, en el presente asunto no se aprecia que se cause agravio alguno al recurrente, pues la sentencia tiene la fecha adecuada y además recurrió en tiempo (contando el plazo desde la lectura integral, claro). Por lo anterior, se declara sin lugar el alegato.
III. Como segundo motivo, alega falta de fundamentación, en el tanto el hecho no es atribuible a la querellada, pues no se pudo establecer que hubiese sido ella quien hizo que la fotografía alterada de las querellantes resultase publicada. Indica que se valoró erróneamente la prueba, pues una cosa es la redacción del texto del artículo periodístico y otra la edición del mismo para efectos de impresión y tiraje, que es la fase donde se decide si se acompaña de imágenes y cuáles. Agrega que, en todo caso, si la fotografía y el texto fuera un todo, quedaría claro que siempre se advirtió que la imagen que interesa a las querellantes era alterada, de modo que no puede atribuírsele a la querellada ofensa alguna al honor de aquellas. Destaca que el interés público y el contexto de la noticia hacen evidente la legitimación del medio para utilizar la fotografía de comentario, por lo que no puede sancionarse a nadie por hacer uso de ella en aras de informar. Señala que el contenido de la información es verdadero y se relaciona con el interés público del caso. Agrega que las querellantes, todas ellas intervinientes como animadoras o presentadoras del programa televisivo A todo dar, eran personajes públicos, por lo que es de interés público conocer lo que acontece en su vida. Estima que debían apreciarse en conjunto el texto y la fotografía. Agrega que es contradictorio que por un lado se destaque que la noticia es un todo (texto e imagen) y luego se señale que lo lesivo del honor es el manejo de la fotografía utilizada para acompañar la palabra impresa. Es necesario señalar que lo expuesto en este motivo se relaciona estrechamente con el motivo por vicios in iudicando planteado por el recurrente. En este se sostiene esencialmente lo dicho a la hora de plantear la falta de fundamentación, con dos diferencias: se centra en la inaplicabilidad al caso de los delitos contra el honor y se analiza aquí la responsabilidad civil de Sociedad Periodística Extra Limitada, la cual considera excluida al descartarse la tipicidad de los hechos atribuidos a la querellada. Reitera que la conducta es atípica, pues el hecho noticioso es la adulteración de la fotografía, por lo que es válido utilizarla, así como fue válido para el diario estadounidense USA Today destacar en primera plana el caso de la cantante Janet Jackson cuando exhibió desnudo un pecho durante una presentación pública. Por tratarse de alegatos conexos, serán resueltos conjuntamente. Conforme se dirá, los alegatos son parcialmente de recibo: Lleva razón el recurrente al decir que en realidad no se demostró que hubiese sido la querellada Gabriela Chaves Pérez quien dispuso la publicación de la fotografía alterada de las querellantes. Cierto es que ella elaboró los artículos que se publicaron en torno al montaje que se había efectuado sobre una fotografía de las conocidas presentadoras, modelos y animadoras de televisión. Recuérdese que tras una sesión fotográfica en la que participaron por cuestiones laborales, ellas fueron retratadas en grupo y esta imagen fue alterada de tal manera que parece que hubieran posado desnudas. La fotografía alterada circuló por internet e incluso hubo algunas impresiones que fueron vendidas en la calle. Lo que interesa es destacar que la noticia fue cubierta por Chaves Pérez y ella elaboró las notas periodísticas respectivas para el Diario Extra. En este punto es necesario hacer un alto para indicar, de una vez, que la actividad consistente en informar veraz y objetivamente al público sobre la situación que atravesaban las querellantes debido a esta fotografía alterada, no es, por sí misma, constitutiva de delito alguno. Esto se debe a que, tal como se expuso en la sentencia de este despacho Nº 2002-01050 de la 8:50 horas del 25 de octubre de 2002, de lo que se trata es del ejercicio legítimo de un derecho, cual es el de informar, con lo que se satisface además el derecho que tiene la población en general de ser informada. Estos derechos son fundamentales a la luz de lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, así como en los numerales 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, tratándose de información concerniente a personas (las querellantes) que en virtud de su actividad gozan de notoriedad pública (lo que popularmente se conoce, utilizando términos equívocos, como “personas públicas”), esto refuerza el planteamiento de que era relevante para un sector de la población (la que se interesa por noticias del denominado “mundo de la farándula”) saber qué acontecía en relación con las figuras televisivas ya mencionadas. De allí que acertadamente el a quo haya separado el contenido de la nota periodística de lo que fue el manejo de la imagen. Esto porque la nota informativa, en el tanto fue presentada de manera objetiva y divulgó datos veraces, sin sesgo alguno, no sólo está amparada por la normativa protectora de derechos fundamentales, sino que además su contenido, por las razones dichas, no resulta lesivo del derecho al honor (no puede olvidarse que éste también es tutelado como fundamental, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos –artículo 11- como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículo 17-). Así las cosas, en el presente asunto, el Tribunal de Juicio (o, lo que es lo mismo, el Estado costarricense) ha respetado a cabalidad la normativa constitucional e internacional mencionadas, la cual regula el delicado balance que existe entre el derecho de informar y el derecho al honor. Precisamente por la notoriedad pública de las querellantes, los juzgadores establecieron que ellas tienen un ámbito de intimidad más reducido (sí gozan de él, aunque se ve limitado por aquella condición) que el de la persona común y corriente (cabe aclarar que pese a la notoriedad pública, su ámbito de intimidad sigue siendo más amplio que el del funcionario público o el de las personas que intervienen en asuntos de interés público; concepto que, como se verá, no es aplicable a este caso), de modo que la cobertura por los medios de comunicación colectiva de lo sufrido por las querellante en virtud del montaje fotográfico es una actuación plenamente amparada por el ordenamiento jurídico y por ello no puede ser considerada delictiva. En ese sentido resulta acertada la decisión del a quo de excluir cualquier responsabilidad penal o incluso civil como consecuencia de lo que se refiere a la redacción de la pieza periodística que interesa en este asunto. Mas una cosa es redactar la nota y otra muy distinta es editarla (actividad que comprende –o podría comprender- la toma de decisiones sobre si se publicará, en qué parte del periódico lo será y si irá acompañada de imágenes, caso en el que habría que decidir cuáles). Así, adviértase que es perfectamente viable que pese a que el contenido de la nota periodística no sea lesivo del honor, la edición de la misma, sí. Vale la pena recordar que el honor es tutelado como derecho fundamental (artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Además, el derecho de informar no es irrestricto, ya que aunque se le protege como fundamental, la Constitución Política expresamente permite exigir responsabilidad por los abusos en que se incurra al ejercerlo (artículo 29) y tanto la Convención (artículo 13, específicamente en el inciso 2) como el Pacto (artículo 19, puntualmente en el inciso 3) prevén como posible que el mismo genere responsabilidades. Lo que interesa aquí es destacar que la información se brinda no sólo con la letra impresa (tratándose de medios escritos, como es el caso, aunque cabría decir con la “palabra hablada” si se tratase de medios televisivos), sino que las imágenes que acompañan esa información pueden también “decir” mucho, en el sentido de que también sirven para transmitir un mensaje, el cual puede coincidir con el del texto impreso o incluso ser diferente. Así que el trabajo de edición de noticias, máxime cuando consiste en la toma de decisiones sobre cuándo la misma va acompañada de imágenes y cuáles de estas se publicarán, transmite un mensaje, el cual puede significar un daño al honor o la reputación de una persona, independientemente de que el texto (escrito o hablado, según el caso) sea perfectamente legítimo. De lo anterior se colige que no necesariamente se da una contradicción por el hecho de que se diga que el contenido de un texto se ajusta a Derecho, pero que la imagen es lesiva del ordenamiento, pues esto es posible en el tanto la difusión de la imagen por sí misma signifique una lesión del honor de una persona. Ahora bien, retomando el hilo de la exposición, debe decirse que en un medio de comunicación, no siempre quien redacta la nota periodística es quien la edita. Esto fue explicado en debate por diversos profesionales de la comunicación colectiva, como Fernando Contreras Rojas, (folio 252 vuelto), quien incluso manifestó estar convencido de que no fue la querellada quien tomó la decisión de publicar la fotografía alterada (cabe destacar que Contreras Rojas es gerente de Repretel, la empresa para la cual trabajaban las querellantes al momento de divulgarse la imagen mencionada); Ignacio Santos Pasamontes (folio 253 vuelto); y Armando González Rodicio (folio 255 vuelto). El Tribunal, por su parte, fundamentó su criterio sobre por qué estimó que Chaves Pérez dispuso la publicación de la fotografía de comentario, con el argumento de que por ser la imagen y el reportaje un todo, entonces ella necesariamente deviene responsable de la publicación. A juicio de esta Sala, allí es donde se da el error que obliga a casar la sentencia impugnada. Esto porque si bien es cierto imágenes y texto en principio deben analizarse de manera conjunta, también lo es que en algunas ocasiones se abusa en uno u otro, desbalanceando así el equilibrio que debería existir entre lo escrito y la fotografía. Además, si en el presente caso se partió de que la publicación de la imagen alterada resultaba abusiva, entonces debió haberse recabado toda la información posible para establecer quién, en el medio de comunicación que interesa, decidió publicarla (pues es evidente que si fue publicada en diversas ocasiones en el Diario Extra es porque así lo decidió alguien de la propia empresa). Al respecto, debe recordarse que según lo dicho por Ignacio Santos Pasamontes (folio 254 vuelto), algunas veces en los medios el periodista tiene algún control sobre lo que se publica, pero que puede ser tarea de diagramación; por su parte, Armando González Rodicio advirtió que depende del medio y los niveles de mando, la toma de decisiones sobre qué se publica, aún cuando haya iniciativa del redactor de la nota y se trabaje en conjunto con algún fotógrafo. Así las cosas, estima esta Sala que faltó un pormenorizado examen sobre la forma de trabajo del Diario Extra, para saber si necesariamente quien redacta la nota decide qué imagen la acompaña en la impresión del periódico. Es por esto último que en criterio de este Despacho se da un vicio esencial en la fundamentación del fallo recurrido, el cual incide en la demostración de la responsabilidad penal de la querellada. Hasta el momento, no hay prueba suficiente para acreditar con certeza que Gabriela Chaves Pérez hubiera dispuesto publicar la fotografía alterada de las querellantes. Así las cosas y considerando que se está ante un recurso gestionado por la defensa de la querellada, carece de interés anular el fallo y ordenar su reenvío, toda vez que la de la prueba que consta en autos no se podrá derivar que la encartada hubiese decidido publicar la alterada imagen de las querellantes, por lo que procede declarar parcialmente con lugar el segundo motivo por la forma y el motivo por el fondo en que se basa la impugnación del licenciado Serrano Castro, y en consecuencia, casar la sentencia impugnada, absolviendo de toda responsabilidad y pena a la querellada Gabriela Chaves Pérez por el delito de difamación por la prensa que se le ha venido atribuyendo en perjuicio de Edga Catalina Sánchez Ramírez, Nancy Dobles Morales, Ariana Poltronieri Angulo, María Cristina Espinoza Martínez, Nadia Aldana Cob, Gypsy Schantall Montoya Barahona y Tatiana Incera Miranda. Asimismo, conforme se explicará a continuación, procede declarar sin lugar la acción civil resarcitoria contra la demandada civil Gabriela Chaves Pérez. En todo demás, la sentencia impugnada se mantiene incólume, específicamente la condena civil dictada contra la demandada civil Sociedad Periodística Extra Limitada. Como se indicó supra, no se ha podido acreditar que fuese la querellada la persona responsable de publicar la fotografía alterada de las querellantes. De allí que tampoco se le pueda responsabilizar civilmente a ella por el daño causado con la publicación de referencia. En efecto, no se puede establecer que hubiese sido Chaves Pérez quien dispusiera hacer pública la imagen alterada de las ofendidas. En ese sentido, no puede afirmarse con certeza que su conducta fuese la causante del daño sufrido por las agraviadas en su honor. Por ello, al no cumplirse con los presupuestos de imputación subjetiva exigidos en el artículo 1045 del Código Civil, procede exonerar de responsabilidad civil a Gabriela Chaves Pérez por la lesión al honor causada por la publicación de la alterada de las querellantes, en virtud de lo cual debe casarse el fallo recurrido y declarar sin lugar la acción civil resarcitoria entablada contra esta demandada civil. Ahora bien, lo anterior no puede extenderse a Sociedad Periodística Extra Limitada. Esto porque sí se ha acreditado una actuación abusiva realizada por alguna de las personas que laboran para dicha entidad. Es cierto que las querellantes gozan (o, cuando menos al momento de publicarse la fotografía en cuestión, gozaban) de notoriedad pública (concepto al cual se asimilan el equívoco término de “persona pública”). Esto porque el programa de televisión en el que intervenían en ese entonces era muy popular. De allí que sus nombres y su imagen fueran ampliamente conocidos. Conviene, eso sí, explicar por qué el presente casi no se relaciona con un asunto de interés público, como lo ha argüido el recurrente. Lo que sucede es que la notoriedad de las querellantes se relaciona con el mundo del espectáculo, no así con el manejo del Estado, aparte de que tampoco son funcionarias públicas. Por ello, lo que acontece con ellas no alcanza la categoría de interés público (el concepto de interés público fue ya tratado por esta Sala en la sentencia Nº 2002-01050 de la 8:50 horas del 25 de octubre de 2002, mencionada anteriormente). Es por esto que su ámbito de intimidad (que sigue existiendo y sigue siendo merecedor de protección), dentro del cual se incluye la tutela de su imagen, goza de un más amplio espacio de protección que aquél que se da en casos de interés público. Este ámbito de tutela, claro está, es reducido en comparación con el de la persona común y corriente, esto en razón de su notoriedad, tal como se establece en el artículo 47 del Código Civil. Pero precisamente por lo establecido en esta disposición de ley es que se evidencia en el caso concreto el abuso que genera el daño al honor de las querellantes. Puede que la publicación de una fotografía se justifique por la notoriedad de las personas que aparecen en ella, pero aquí se está ante una imagen que se sabe alterada y que se sabe ha causado malestar a quienes figuran en ella, por lo que desaparece el permiso legal que justificaría la publicación. Es aquí donde se da el exceso en el ejercicio del derecho de informar, pues pese a que es correcto sostener que ellas gozan de notoriedad pública y que la información relativa a las querellantes resulta relevante para quienes gustan de noticias relacionadas con el “mundo de la farándula o del espectáculo”, no puede perderse de vista que el medio de comunicación estaba al corriente de que la fotografía que publicaron era adulterada y que con ella se había perjudicado muchísimo a las querellantes en lo personal (tan se sabía el asunto en el medio que ello era precisamente lo que se informaba en el texto elaborado por Chaves Pérez). Recuérdese nuevamente que no se está ante un asunto de interés público, que las querellantes no son funcionarias públicas, que la noticia no se relaciona con una actividad realizada en público, que no hay necesidades de justicia o policía de por medio, de modo que la única posibilidad que restaría para publicar dicha imagen sin el consentimiento de las querellantes es la derivada de su notoriedad. Pero si bien es cierto esta es incuestionable, también lo es que por tratarse de una fotografía alterada que se sabía estaba perjudicando en su vida privada (las personas que gozan de notoriedad también tienen derecho a su intimidad), la actuación del medio resultó abusiva (recuérdese que el abuso del derecho no está amparado por el ordenamiento jurídico, según se estipula en el artículo 22 del Código Civil, que es una norma aplicable a todas las materias; además, específicamente el artículo 29 de la Constitución Política permite sentar responsabilidades por el abuso en el ejercicio del derecho de informar), pues no consideró el daño causado a las querellantes por la imagen alterada y publicó varias veces esa fotografía. Es más, en la portada del Diario Extra del día 30 de enero de 2001 y en la página cuatro de la edición del 31 de enero de ese mismo año (ver folios 27, 28 y 29), la fotografía alterada se publicó con mucho mayor tamaño que la verdadera, lo que refuerza el planteamiento del abuso a la hora de difundirla, pues resulta desproporcionada la cobertura de lo que se sabe alterado, ante lo que se sabe verdadero; las imágenes falsas fueron publicadas en mucho mayor tamaño que las originales. Ahora bien, el abuso se da en el tanto al publicar la imagen alterada, se está reactualizando la lesión que a ellas habían sufrido con la adulteración. El medio, pese a que legítimamente informó sobre el perjuicio que se le había causado a las querellantes con la difusión en internet de fotografías falsas en que aparecían desnudas, no podía excusarse en esa información legítima para tomar precisamente la imagen adulterada y volverla a difundir. Este es el abuso, pues la imagen transmite nuevamente el mensaje de que ellas posaron desnudas, cuando en realidad no lo hicieron. No importa que el medio haya colocado cintillos negros a la altura del busto y del monte de venus de las querellantes, pues aún con ellos se aprecia a simplemente que aparecen sin prenda alguna en la imagen. Esto es exactamente lo que Chaves Pérez en su nota estaba informando que era producto de un montaje y que las había afectado muchísimo en lo personal. Mas pese a ello, en Diario Extra se divulgó esa misma imagen, la falsa, la adulterada, exponiendo así al público masivo nacional (mucho más amplio que el usuario de internet) una fotografía que a primera vista deja la sensación de que ellas estaban posando desnudas; ese es el mensaje paralelo transmitido por el medio, el cual, además, constituye una reactualización del agravio que se les había causado. Entonces, por tratarse de un mensaje que se sabe ha afectado a las querellantes, resulta abusiva la utilización de esa falsa fotografía, que ni siquiera era necesaria para ilustrar la información relativa a la propalación por internet de la imagen adulterada. En estos casos, el contenido textual del artículo cede ante el manejo abusivo de la imagen (ya esta Sala había contemplado la posibilidad en la sentencia 2002-01050 citada), pues esta por sí sola (sin que interese el contenido de la nota periodística) es generadora del daño al honor. Así, se tiene por demostrado un ejercicio abusivo del derecho de informar, por lo que éste cede ante el derecho al honor de las perjudicadas. Si se hubiera individualizado una persona como responsable de disponer la publicación de esta fotografía en estas condiciones, hubiera devenido penalmente responsable, pero no se logró identificar a quien ordenó dicho proceder. Lo que sí se tiene debidamente demostrado es que la publicación tantas veces mencionada causó un daño al honor de las agraviadas y que Sociedad Periodística Extra Limitada es la propietaria del periódico que publicó la imagen generadora de la lesión de aquél, donde alguien a su cargo decidió publicar la fotografía en cuestión. Como último punto, debe decirse que el hecho de que la responsabilidad penal de la querellada Chaves Pérez haya sido excluida en aplicación del principio in dubio pro reo, lo que significó para ella la exclusión también de responsabilidad civil en el tanto no se pudo establecer un nexo de causalidad entre su conducta y la lesión al honor de las querellantes, ello no implica la exoneración de responsabilidad civil de Sociedad Periodística Extra Limitada. Esto porque la responsabilidad civil puede derivarse en sede penal siempre que concurran los presupuestos específicos que la hacen surgir, aún cuando en el caso concreto no se haya acreditado la comisión de delito alguno. Ya hay precedentes importantes de este despacho en ese sentido; pueden citarse, por ejemplo, las sentencias N° 565-F-94 de las 16:15 horas del 12 de diciembre de 1994 y Nº 2000-00619 de las 11:20 horas del 9 de junio de 2000. En ambas se ha indicado que si hay fuentes legales independientes de la normativa penal que impongan a alguien la obligación de indemnizar a otra persona, entonces nada obsta para utilizarlas en sede penal. Esto porque el deber de reparar el daño tiene raigambre constitucional e incluso internacional de derechos humanos (véanse los artículos 41 de la Constitución Política y 8:1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Así, si se admite que el derecho de informar no es ilimitado y que puede estar sujetos a responsabilidades ulteriores (ya sean penales o civiles, según lo que se determine en la legislación de cada país), entonces el respectivo régimen de responsabilidad podrá ser aplicado en aras de hacer realidad el principio de justicia pronta y cumplida. Cierto que en el presente caso se excluyó por duda la responsabilidad penal de la querellada, pero se acreditó la existencia de una lesión del honor de las querellantes y se tuvo por cierto que esta afectación tuvo su origen en la difusión que innecesariamente se hizo a través de Diario Extra (propiedad de Sociedad Periodística Extra Limitada) de una fotografía que se sabía falsa y que se conocía había resultado perjudicial para las actoras. Es, entonces, el abuso del derecho de informar lo que generó el daño a las interesadas, de modo que resultan aplicables directamente los artículos 125 del código Penal de 1941 (aún vigente por tratarse de una regla de responsabilidad civil) y 1045 del Código Civil. Por todo lo expuesto, la responsabilidad civil extracontractual de esta empresa debe mantenerse incólume, tal como lo declaró el a quo y por la totalidad de los montos fijados por éste. Conviene agregar, pues el recurrente menciona el caso, que el asunto bajo examen en nada se relaciona con el de la cantante Janet Jackson, pues la fotografía de ella que se difundió por todo el mundo, en la que aparecía con un pecho desnudo, se tomó con ocasión de un espectáculo público en vivo, transmitido en directo por la televisión a cientos de millones de personas en todo el planeta, mientras que el “desnudo” de las aquí querellantes no fue real, sino una alteración de una fotografía tomada en una actividad privada, por lo que el ejercicio del derecho de informar difiere notablemente en una y otra situación.

Por Tanto:

Se declara sin lugar el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el licenciado Carlos Serrano Castro. Se declaran parcialmente con lugar el segundo motivo por la forma y el motivo por el fondo en que se basa la impugnación del licenciado Serrano Castro. En consecuencia, se casa la sentencia impugnada y se absuelve de toda responsabilidad y pena a la querellada Gabriela Chaves Pérez por el delito de difamación por la prensa que se le ha venido atribuyendo en perjuicio de Edga Catalina Sánchez Ramírez, Nancy Dobles Morales, Ariana Poltronieri Angulo, María Cristina Espinoza Martínez, Nadia Aldana Cob, Gypsy Schantall Montoya Barahona y Tatiana Incera Miranda. Asimismo, se declara sin lugar la acción civil resarcitoria contra la demandada civil Gabriela Chaves Pérez. En todo demás, la sentencia impugnada se mantiene incólume, específicamente la condena civil dictada contra la demandada civil Sociedad Periodística Extra Limitada.

José Manuel Arroyo G.

Magda Pereira V. Jeannette Castillo M.



Jorge Arce V. Ronald Salazar M.

(Mag. Suplente) (Mag. Suplente)

Exp. N° 445-2/7-04


dig.imp/scg






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