Experiencias nacionales sobre la incidencia en temas de Derechos Sexuales y Reproductivos: El caso de el Perú



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Experiencias nacionales sobre la incidencia en temas de Derechos Sexuales y Reproductivos: El caso de el Perú
Rossina Guerrero1
Debo decirles que para el momento que estamos viviendo en el Perú con la discusión del proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, es envidiable este espacio de discusión que se ha generado aquí en Chile. Creo que países que venimos afrontando represiones en torno a la penalización del aborto necesitamos que el Sistema de Naciones Unidas genere estos espacios para que los derechos de las mujeres sean una agenda de la democracia y me siento muy gratificada de que hayan pensado en la experiencia de mi país y de mi organización para compartirla.
Introducción

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promex), es una organización que lleva 10 años dedicada a la incidencia política, la generación de conocimiento y la articulación, con otras organizaciones de la sociedad civil, en el campo de los derechos sexuales y reproductivos y de la igualdad sin discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Perú.

El marco legal del aborto en el Perú está regulado por un sistema de causales en un Código Penal que no se ha cambiado desde 1924, es decir, hace 90 años. Por un lado, tenemos el aborto terapéutico que es aquel aborto que no será punible cuando sea practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, cuando es el único medio para salvar la vida y/o evitar un daño grave y permanente en su salud (art. 119). Por otro lado, quedan penalizados el aborto por violación, que en mi país es llamado aborto sentimental, y el aborto eugenésico, con penas que van desde los tres meses a los tres años de privación de libertad.

Últimamente el Perú está pasando de ser un país de renta media a convertirse en un país de renta media alta lo que conlleva desafíos muy grandes. La pregunta es cómo un país con índices macroeconómicos estupendos y democracia, en el campo de los derechos de la mitad de la población que somos las mujeres, sigue anclado en etapas medievales, donde parece imposible estar hablando de cosas tan básicas como las que hoy están en discusión a raíz del aborto.

Durante mucho tiempo, al igual como ocurrió en todos los países de nuestra región, la política en el Perú estuvo marcada por la dictadura y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, el trabajo central del movimiento de derechos humanos fue en el campo de los derechos civiles y políticos.

Con la recuperación de la democracia, en la que participamos mucho las mujeres, vivimos un contexto donde un movimiento laico católico incursionó muy fuerte en la vida política, ocupando puestos determinantes en partidos de gobierno y el congreso y copando los espacios públicos con una propuesta clara de mantener la política sexual de la Iglesia católica.

Consecuentemente, en la actualidad los indicadores de salud pública en el campo de la sexualidad y reproducción no cumplen con los Objetivos del Milenio (ODM) de muerte materna, que en cerca de un 30 por ciento tiene causas indirectas. De la misma manera el embarazo adolescente, no solamente no ha disminuido en los últimos 20 años, sino que ha incrementado. Mientras que de las muertes de mujeres por aborto inseguro, 29 por ciento son adolescentes, y de las muertes maternas indirectas en adolescentes 56 por ciento son por suicidio (MCLCP, 2012).

En este contexto, nuestro trabajo de incidencia ha estado enfocado por un lado a que se cumpla con la ley y se garantice el acceso de las mujeres al aborto terapéutico en los servicios públicos de salud, y por otro a impulsar un proceso de modificación de la ley que despenalice el aborto por violación.


Cumplimiento de la Ley: aprobación de protocolo nacional de aborto terapéutico

Una de las estrategias de incidencia que comenzamos a implementar hace ya 10 años fue colocar en la agenda pública que el aborto terapéutico era legal, en ese momento, hace 80 años y que había que cumplir con la ley. Entonces, constatamos por medio del sistema de acceso a la información pública, que las mujeres no tenían acceso real a una atención que era legal, lo que nos motivó a establecer como un objetivo de incidencia la aprobación por parte del Ministerio de Salud de un protocolo de aborto terapéutico.

A partir de aquel objetivo, identificamos dos necesidades principales: (1) trabajar en el fortalecimiento de los servicios de salud y (2) fortalecer las alianzas. Así, comenzamos a trabajar intensamente en el desarrollo de protocolos hospitalarios con estándares de calidad. Nos acercamos a los servicios de salud y les preguntamos si las mujeres acudían a ellos por problemas de salud y riesgo de vida, y ante la respuesta positiva de parte de ellos, les planteamos la necesidad de un protocolo que indicara una ruta a seguir, tanto para los(as) profesionales de la salud como para las mujeres.

En 2005-2011 se desarrollaron 15 protocolos en hospitales que comenzaron a atender aborto terapéutico y en algunos casos a registrarlos, lo que era el gran desafío. Esta experiencia sirvió para organizar numerosos talleres en las diferentes regiones del país, comenzar a desarrollar esas herramientas hospitalarias para aplicar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al protocolo sanitario, realizar investigación, capacitar en torno a la causal salud, y generar espacios de intercambios que van formando una “comunidad” que atiende aborto legal en los hospitales públicos de salud.

Asimismo, para fortalecer las alianzas trabajamos con el gremio médico y de profesionales de la salud. Un aspecto importante de nuestra labor fue trabajar con una agenda que fuese más allá del cumplimiento del aborto, para abarcar la salud sexual y reproductiva, organizando talleres, reuniones nacionales, convocando a médicos y médicas de todas las regiones del país a adoptar posicionamientos institucionales públicamente. Así, a partir de 2011 se lograron posicionamientos institucionales por parte de los gremios de la salud y se ampliaron las vocerías para que no solo las feministas habláramos de aborto, sino que distintos sectores le dieran más amplio soporte a nuestros planteamientos.

A pesar de este trabajo, el Ministerio de Salud no aprobaba el protocolo, hasta que institucionalmente hicimos una lectura de lo que estaba pasando y decidimos incursionar en la incidencia internacional haciendo uso de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Este fue un tremendo desafío para una organización pequeña como Promsex donde trabajamos 15 personas, pero nuestro análisis fue que era necesario que los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado había firmado tomaran vida en el Perú.

En este camino hubo dos cosas muy importantes. Uno, el litigio emblemático de LC vs. Perú que es un caso que junto con el Centro de Derechos Reproductivos llevamos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra de la Mujer (Comité CEDAW). El caso de LC es el de una niña de 13 años quien queda embarazada producto de una violación, intenta suicidarse y necesita cirugía urgente para fijar su columna y reducir el impacto. Sin embargo, los médicos se niegan a operar al darse cuenta del embarazo. La familia solicita el aborto terapéutico, pero tardan 42 días en dar respuesta, la que es negativa, y 20 días en responder a la solicitud de reconsideración, la que igualmente es negativa. En el 2009 el caso ingresa al Comité CEDAW y en el 2011 éste falla a favor de la niña (Comité CEDAW, 2009).

La resolución del Comité CEDAW significó muchísimo porque contempló que en el caso de LC se privilegió el embarazo y el valor del feto por sobre la vida de la niña y que eso constituiría una violación fundamental de sus derechos. El dictamen le decía al Estado encárguese de la reparación individual, pero también tome medidas de no repetición, incluyendo un paquete de políticas públicas, que fue en lo que nosotras nos apoyamos para pedir la aprobación del protocolo de aborto terapéutico, despenalización del aborto por violación, servicios de salud para adolescentes para prevenir el embarazo, y para la prevención de la violencia sexual.

El caso de LC causó tal impacto que dos días antes de su último diálogo con el Comité CEDAW el Estado aprobó el protocolo de aborto terapéutico tras noventa años de espera. Lograr ese estándar fue una pelea muy fuerte porque el protocolo que el Ministerio de Salud quería aprobar tenía estándares muy inferiores a los del Código Penal.

Otra línea de trabajo importante fue la elaboración de informes alternativos en el marco de procesos de examen al Estado de Perú por parte de los órganos de tratados de Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, Comité CEDAW, y el Examen Periódico Universal. Luego de ello, todos los comités emitieron observaciones y recomendaciones al Estado en torno al cumplimiento de los tratados que contemplan medidas de protección al derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, mereció especial atención aquello relacionado con la no aprobación del protocolo de aborto terapéutico y el impacto en el resguardo de la vida y la salud de las mujeres.

Sin embargo, ha pasado un año de que el Ministerio de Salud aprobara el protocolo de aborto terapéutico de obligatorio cumplimiento en todos los servicios de salud públicos y privados a nivel nacional, y nos damos cuenta que la norma no basta. Hay que continuar el trabajo con los servicios, reuniendo a los profesionales que han trabajado en la implementación de los protocolos hospitalarios con profesionales de otros servicios, para intercambiar experiencias y disminuir el estigma que todavía actúa como una barrera para el acceso al servicio. Queremos que esta práctica se valide hasta que se comprenda que es un componente esencial para el derecho a la salud de las mujeres y por supuesto que mejore el registro. En lo que va del año aún teniendo el protocolo se sigue incumpliendo la norma y se han identificado casos de negativa de aborto legal de los cuáles hay dos en litigio.
Cambiando la ley: Violencia sexual y embarazo forzado

La otra agenda en que hemos trabajado es la de cambiar la ley para despenalizar el aborto en casos de violación. Para ello, necesitábamos contar con una iniciativa legislativa, que en el Perú es una capacidad que tienen 17 entidades y organismos incluyendo la sociedad civil. Entonces, lo que hicimos fue hacer una lectura del congreso y del propio gobierno sobre quienes podían ser aliados y quienes no, y nos propusimos que el proyecto de ley viniera de la ciudadanía para lo cual impulsamos junto con la Articulación feminista, la campaña Déjala Decidir. Esta campaña, en la que vienen participando más de 40 organizaciones y colectivos a nivel nacional, coloca en el centro lo que para nosotros es el debate más profundo sobre el rol de las mujeres en la sociedad y su capacidad para tomar decisiones. A través de la campaña logramos recolectar 80 mil firmas en todo el país con un proyecto de ley que propone despenalizar el aborto en casos de violación sexual para que las víctimas puedan decidir sin ser criminalizadas, garantizando su derecho a la vida y la salud, y una agenda integral para las víctimas de violación, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo.

En este proceso iniciamos también un trabajo de generación de evidencia con el fin de levantar información sobre quienes son las mujeres violadas, el impacto de la violación en la salud de las mujeres y las historias de vida, desarrollando una línea de investigación sobre violación sexual que sirvió para dotarnos de argumentos.

Ahora lo que tenemos es una iniciativa ciudadana que fue derivada a dos comisiones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Constitución y Reglamento. En la Comisión de Justicia la iniciativa ciudadana fue archivada, en tanto la Comisión de Constitución ha emitido un predictamen favorable. Si se obtienen los votos en la Comisión de Constitución, este proyecto de ley de la ciudadanía se eleva al pleno del congreso para ser debatido en un contexto en el que el Perú está debatiendo la reforma del Código Penal con un predictamen que fue favorable a la despenalización del aborto por violación, pero que al transformarse en dictamen en mayoría se volvió desfavorable, y con un nivel muy fuerte de exposición mediática de la campaña Déjala Decidir.


Ganamos con el debate: Los desafíos continúan

Esta es la primera vez después de muchos años que se tiene un proyecto de ley para despenalizar el aborto y yo creo que más allá de que se apruebe o no, tenemos que capitalizar como una ganancia que se hable del tema, porque lo que no quieren quienes se oponen a la despenalización del aborto es que el tema sea debatido, que las decisiones de las mujeres se pongan en el centro y que se evidencie lo que hay detrás que en realidad es el rol que quieren que las mujeres sigamos teniendo. Esta no es una agenda solamente de las organizaciones feministas, sino también de las y los jóvenes, y de otros movimientos sociales, lo que para nosotras lo hace irreversible.



Sin embargo, más allá de reconocer los cambios y los avances que hemos compartido con los distintos países, hay una aspiración de justicia que ha activado al aparato estatal para perseguir acciones institucionales en contra de defensoras y defensores del derecho de las mujeres a decidir y creo que esto es algo que deberíamos también colocarlo en la agenda y por eso también me parece tan importante que la Oficina del Alto Comisionado y el Sistema de Naciones Unidas puedan pensar si en el Perú vale la pena replicar también un espacio de debate como este.
Bibliografía
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) (2009), LC vs Perú, Comunicación N° 22/2009, CEDAW/C/50/D/22/2009.
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) (2012), Seguimiento concertado al programa presupuestal salud materno neonatal (SMN). Reporte de balance del año 2012, [en línea] [Lima, 6 de octubre 2015] http://www.midis.gob.pe/dgsye/data1/files/enic/eje1/documento-tecnico/MCLCPSeguimientoPPRSaludMatNeonl2012.pdf

1 Rossina Guerrero es psicóloga, Magister en Género y Políticas Públicas de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, y se desempeña como Directora Ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promex) del Perú. http://www.promsex.org


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