Facultad de letras y ciencias humanas departamento de humanidades


la discapacidad es uno de los factores que conducen a la exclusión social



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la discapacidad es uno de los factores que conducen a la exclusión social. El informe pone de manifiesto la naturaleza multidimensional de la pobreza y la exclusión social que afecta a las personas con discapacidad en las áreas de la renta, el empleo, la educación, bienes y servicios y el entorno social. A fin de luchar contra la exclusión social, es necesario diseñar medidas que aborden todos los aspectos implicados.
Las respuestas de las organizaciones que participaron en el estudio han resaltado que los principales factores de exclusión de las personas discapacitadas están vinculados al desempleo y a las barreras para participar en el entorno social, estigmatización, falta o acceso limitado a bienes y servicios, educación y formación inadecuada, seguida de la falta de políticas económicas para compensar el coste extra de la discapacidad, la estructura del sistema de subsidios y por último vivir en una institución.
Existe una clara relación entre exclusión social y discriminación. La discriminación y la violación de los derechos humanos conducen a la exclusión social y a la pobreza287”.
La exclusión según el “Equipo de Trabajo sobre Derechos de la discapacidad” (UK).-

El “Equipo de Trabajo sobre Derechos de la discapacidad” en Gran Bretaña preparó en 1999 un informe titulado “De la exclusión a la inclusión”288, que afirma que hay una percepción errónea que es preciso combatir: Que las necesidades de las personas con discapacidad entran en conflicto no sólo con las empresas sino también con los responsables del manejo del gobierno y de los programas sociales.


En el mundo de la empresa privada, que encarna el mundo del trabajo en su expresión más pura, se piensa que conceder más o mayores derechos u oportunidades a las personas con discapacidad, o asumir mayores obligaciones en el ámbito laboral, solo se puede hacer a expensas de la economía, equilibrio, desarrollo y bienestar de las empresas y sus negocios.
Como consecuencia de lo anterior también se percibe o genera la impresión de que los intereses de las personas con discapacidad también están contrapuestos y se oponen a los afanes del gobierno y del Estado.
Estas ideas se sustentan en ideas equivocadas hacia una realidad que no se conoce, pero que tampoco se quiere conocer porque se teme o se prefiere evitar. Frente a ello, los activistas británicos reunidos en el “Equipo de Trabajo sobre Derechos de la discapacidad”, proponen conciliar intereses con otros actores sociales a fin de alcanzar soluciones consensuadas o compartidas con los diversos actores sean estos empleadores, proveedores de servicios, organizaciones de personas con discapacidad, negocios o empresas, sindicatos, agrupaciones gremiales, entidades de gobierno o de servicios de salud. Estas soluciones compartidas se proponen como un modelo para el futuro.
Nueva visión social: De la competencia a la responsabilidad social y la solidaridad

A la propuesta de un desarrollo inclusivo, que significa la incorporación de criterios éticos en las demandas y programas de desarrollo, a fin de que los beneficios del producto social puedan alcanzar a toda la población, en su mayor diversidad, le falta la propuesta de una forma nueva de entender la sociedad, el Estado y el ordenamiento del mundo globalizado. Implica pasar de una visión conflictiva o competitiva del desarrollo, que se asienta en los principios del individualismo capitalista y del progreso individual, pasando a una visión del desarrollo social o corporativo que se base en principios cooperativos, de profunda responsabilidad social y de elemental solidaridad humana.

Entre las recomendaciones que plantean los activistas británicos hay al menos 2 que son de aplicación universal, sobre todo en nuestros países:


  • que sea el sector público el que lidere la igualdad de oportunidades

  • que se empleen medidas no legislativas para promover la inclusión.

El Estado como autor de las medidas legislativas tiene la obligación moral de predicar con el ejemplo, en especial en los temas referidos al empleo. Esto en especial considerando que muchos de los servicios que el Estado provee no se encuentran en la situación de competencia feroz que muchas empresas privadas si deben enfrentar con el objeto de poder sobrevivir.


Amartya Sen y el “enfoque de capacidades” para entender la pobreza de la discapacidad

Para terminar este rápido recuento de opiniones sobre las formas de entender los conceptos de pobreza y exclusión social, y las relaciones entre ellos, vamos a referirnos ahora a la visión que el Premio Nóbel de economía, Amartya Sen, tiene sobre los conceptos de pobreza y desarrollo, y a la forma en que ellos se refieren a la “capacidad” entendida como “libertad”.


Siguiendo la línea de lo analizado sobre exclusión social, Sen entiende la pobreza a partir del “enfoque de capacidades”, que es una conceptualización suya que resulta muy iluminadora para entender no solo lo que es la discapacidad (como lo ha hecho Sophie Mitra289) sino también para entender las relaciones que la discapacidad tiene con la pobreza, el desarrollo y el desarrollo de capacidades. Para verlo rápidamente nos referiremos a su libro “Desarrollo y Libertad290” y a una conferencia sobre discapacidad que dio en el Banco Mundial en diciembre de 2004: “Discapacidad y Justicia291”.
En el libro “Desarrollo y Libertad” Amartya Sen expone una serie de ideas que son de especial importancia para entender la discapacidad desde una óptica filosófica y de justicia social. Yendo más allá de la opinión corriente y mayoritaria, este autor entiende la pobreza como algo que no se refiere solamente a las carencias o privaciones que se derivan de una situación de escasez material de ingresos, riqueza o renta. Así Sen sostiene que la pobreza y su reverso, el desarrollo, lejos de limitarse a medir cuestiones de ingresos, renta o patrimonio tiene que ver fundamentalmente con las capacidades o potencialidades que las personas tienen para hacer las cosas que ellas desean y para llevar el tipo de vida que ellas valoran o que tienen razón de valorar. El concepto de capacidad o potencia, que usa Sen, se inspira en Aristóteles.
Amartya Sen hace ver que a pesar de que vivimos en un mundo de una riqueza sin precedentes, en el que se ha consolidado el sistema de gobierno democrático y participativo, esto no es señal de desarrollo pues no obstante ello vivimos también en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión, un mundo en el cual, de manera sistemática, se violan las libertades políticas más elementales además de otras libertades básicas. Es por esta razón que Sen plantea que la principal tarea del desarrollo se debe orientar de manera fundamental a superar estos problemas de carencias de libertad, pues la pobreza es la imposibilidad de tomar decisiones y de elegir las cosas y el tipo de vida que uno más valora. De esta manera se entiende porqué Sen concibe el desarrollo como un proceso permanente de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. El desarrollo exige de esta manera, según Sen, la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad que son por ejemplo: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales, entre otras.

Como veremos en un momento, al analizar las distintas teorías de la justicia, Sen hace ver las limitaciones del enfoque utilitarista de justicia porque ese enfoque se basa sólo en lo que sienten las personas, sin tener en cuenta la realidad que ellas viven ni el hecho que las personas suelen adaptar sus deseos y su capacidad de sentir placer a las circunstancias que ellos viven. Esto a la larga resulta muy injusto e inadecuado para valorar la calidad de vida de las personas que viven en una situación de desventaja permanente, porque al final ellas terminan acostumbrándose a esta situación, sin que haya habido una real y auténtica mejora en su calidad de vida, lo cual es injusto.


Si bien John Rawls supera la visión utilitarista con su teoría de los bienes primarios, Sen muestra que se queda aún a mitad de camino. En efecto, Sen hace ver las limitaciones que también presenta el enfoque de los bienes primarios que hace Rawls, porque al aplicar una y la misma canasta básica de bienes primarios a todas las personas, para valorar su calidad de vida, no les hace justicia a todas ellas. Esto es así, porque esos mismos bienes primarios tienen un valor diferente para cada una de las personas en función a la distinta “capacidad de conversión” que cada una de ellas tiene, es decir, en función a las diferentes cosas que tienen valor para cada una de las personas y en función a las desventajas particulares que cada una de ellas pueda experimentar para conseguir cambiar o canjear esos bienes por las diferentes cosas que ellas más valoran.
Para Sen los problemas de la pobreza y el desarrollo que hay en el mundo, y que afectan a las diferentes personas, incluidas entre ellas las personas con discapacidad, no se pueden entender de una manera adecuada si no contamos con un marco conceptual que nos permita medir o evaluar la pobreza y el desarrollo que experimentan las diferentes personas, en diferentes lugares del mundo, o en diferentes circunstancias, con un criterio de justicia e imparcialidad.

Por eso es que Amartya Sen requiere siempre, en sus diferentes escritos, comenzar por analizar, aunque sea de una manera muy breve, algunas teorías de la justicia, entendida ésta como equidad e imparcialidad, para ver si ellas satisfacen o no los criterios de justicia, que hagan honor al nombre, en el caso de las personas con discapacidad. Así hace en “Discapacidad y Justicia”, texto que leyó en la conferencia celebrada en diciembre del 2004 en la sede del Banco Mundial en Washington.


Las teorías y autores que en esa conferencia Sen se detuvo a examinar fueron: a) el utilitarismo (de Jeremy Bentham), que se concentra en el placer o la felicidad que pueden sentir los individuos, para determinar el grado o nivel de ventajas o desventajas que experimenta una persona, o varias personas, si ellas son comparadas entre sí; b) la teoría de la riqueza o de la opulencia, que se concentra en los niveles de ingreso u opulencia que tienen las personas, para evaluar si se logra o no una distribución justa o equitativa entre varios; y finalmente c) la teoría de los bienes primarios, de John Rawls, que extiende los criterios de justicia distributiva (que se aplicaban en b) para medir los niveles de riqueza o ingresos), pero para aplicarlos ahora a los bienes primarios (que básicamente son “derechos, libertades y oportunidades, ingreso y riqueza, y una base social de auto-respeto”292), a fin de ver si ellos permiten o no establecer criterios de justicia o equidad respecto de las personas con discapacidad.
Amartya Sen muestra así, paso a paso, las limitaciones de cada uno de estos enfoques. Comienza analizando el enfoque de la “teoría de la riqueza” y hace ver su insuficiencia al comprobar la manera en que actúan las llamadas “desventajas de ganancia” y las “desventajas de conversión”. La existencia de estos 2 tipos de desventajas demuestra porqué no es posible comparar sólo los ingresos o la renta para establecer criterios de justicia que hagan honor a la situación de las personas con discapacidad.
La “desventaja de ganancia” tiene dos aspectos. Por una parte consiste en el hecho que a las personas con discapacidad se les suele poner demasiadas trabas a su contratación, debido a los prejuicios existentes, razón por la cual sus oportunidades de obtener empleo resultan muy reducidas, y suele ser muy difícil que se les contrate. Pero por otra parte, cuando al fin son contratadas, por lo general también se les suele pagar menos de lo que se pagaría a una persona sin discapacidad por hacer el mismo trabajo.
Por su parte la “desventaja de conversión” también tiene también dos aspectos.
El primer aspecto de esta desventaja consiste en que, para que muchas personas con discapacidad puedan hacer el mismo trabajo que hacen las personas sin discapacidad, ellas se verán forzadas a hacer mayores gastos que los demás, sea en movilidad, acomodación del lugar de trabajo, equipos, asistentes personales, etc.
De manera independiente a lo anterior, hay una desventaja adicional debido a que los ingresos que ellas obtienen tampoco les suele alcanzar para hacer las mismas cosas que las que podría hacer normalmente una persona sin discapacidad.
Estas dos desventajas explican porqué no es posible establecer una situación de justicia sólo sobre la base de un ingreso nominal igual, para las personas con discapacidad o sin ella, debido a los mayores gastos o sobre-costos que las personas con discapacidad suelen afrontar293.
Amartya Sen muestra que así como no resulta justo, ni es un criterio de equidad para las personas con discapacidad, que se hagan distribuciones idénticas de ingresos para la personas con y sin discapacidad, ya que en la práctica las personas con discapacidad reciben menos, exactamente igual de injusto resulta la distribución equitativa de los bienes primarios de Rawls, pues no basta que las personas con y sin discapacidad reciban los mismos derechos, libertades, oportunidades, ingresos o auto-respeto, para acceder a las mismas condiciones de justicia e igualdad. Para poder evaluar si realmente se está haciendo una distribución justa de los bienes sociales primarios, se debe tener en cuenta las circunstancias especiales que suelen afrontar las personas con discapacidad. Y esto es algo que por lo general no se tiene en cuenta.
Finalmente Sen muestra también las limitaciones del utilitarismo como criterio de justicia para las personas con discapacidad. Así Sen hace ver que, a pesar que las personas con discapacidad, a fuerza de costumbre, pueden haber desarrollado una gran dosis de resignación u otras actitudes interiores que les permitan sentirse igualmente felices que las personas sin discapacidad, o incluso más felices que ellas, esto no pasa de ser sólo una experiencia puramente subjetiva que no elimina al final las serias y marcadas desventajas reales u objetivas que existen. Por esta razón el utilitarismo tampoco puede convertirse en un medio adecuado para analizar o evaluar situaciones comparables con un verdadero criterio de justicia y equidad.
El “enfoque de capacidades” de Sen como forma de entender la discapacidad

Para superar estas formas inadecuadas de entender la justicia y equidad, Amartya Sen propone su teoría o “enfoque de capacidades” (Capabilities Approach) como una forma de acceder a la justa comprensión de la situación y condiciones de vida de las personas con discapacidad. Si bien Amartya Sen no desarrolla este tema en el texto de la conferencia que estamos comentando294, si nos remite a las 6 conferencias (lectures) que dio años antes en la sede del Banco Mundial, entre los años 1996 y 1997, y que posteriormente fueron publicadas como libro con el título “Desarrollo y Libertad295”.


Es importante hacer notar que el “enfoque de capacidades” de Sen contiene una serie de criterios de análisis que son de gran aplicación y utilidad para la comprensión de la pobreza y de las desventajas que genera la discapacidad, como bien lo han hecho ver otros autores, entre los que puedo mencionar a Sophie Mitra, Tania Burchardt, Wiebke Kuklys, Lorella Terzy, Asghar Zaidi, cuyos estudios y formas de obtenerlos figuran en nuestra bibliografía, en la sección “Bibliografía sobre Discapacidad y enfoque de capacidades”. La situación que en ellos se analiza es importante de ser tenida en cuenta para futuros desarrollos teóricos relacionados a la discapacidad.
El “enfoque de capacidades” además de ayudar a comprender la pobreza y las especiales desventajas que experimentan las personas con discapacidad, a saber, la “desventaja de ganancia” y la “desventaja de conversión”, también ayuda a entender las capacidades y libertades de las personas con discapacidad, que están más allá de lo que permite apreciar la mirada puesta sólo en los ingresos, bienes primarios o placeres.
Poco antes de terminar su conferencia sobre “Discapacidad y Justicia” Sen dijo: “Dado lo que puede lograrse mediante una intervención inteligente y humana, resulta impresionante cuán inactivas y arrogantes son la mayoría de sociedades acerca de la prevalencia de las cargas no compartidas de la discapacidad. Alimentando esta inacción, la confusión conceptual juega un rol muy significativo296”.
¿Qué son las “las cargas no compartidas de la discapacidad”?

Para entender esto es útil remitirnos a John Rawls. Este autor expone en su obra capital denominada “Teoría de la Justicia”, los principios de la justicia social igualitaria (que Sen asume y suscribe), afirmando primero que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”297.


En segundo lugar, Rawls remite a las reglas básicas que toda sociedad debiera tener y cumplir para conducirse de una manera justa. Para ello define lo que es una sociedad:
una sociedad es una asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas. … estas reglas especifican un sistema de cooperación planeado para promover el bien de aquellos que toman parte en él298”.
A continuación señala la existencia simultánea de conflictos e identidad de intereses:

“… aún cuando la sociedad es una empresa cooperativa para obtener ventajas comunes, se caracteriza tanto por un conflicto como por una identidad de intereses299”.


Luego, para explicar la razón de esta identidad y conflictos de intereses, Rawls hace ver que si bien todos están de acuerdo en alcanzar juntos una mejor calidad de vida que la que obtendrían si insistieran en vivir solos, compartiendo así los productos de esta acción cooperativa (identidad de intereses), por lo general no suelen ponerse de acuerdo sobre la manera de compartir o distribuir entre sí los diferentes beneficios obtenidos, ya que por lo general cada uno aspira a tener una participación mayor (conflicto). Por ello, y a fin de prevenir los conflictos que podrían surgir, añade lo siguiente:
Se requiere entonces un conjunto de principios… para suscribir un convenio sobre las participaciones distributivas correctas. Estos principios son los principios de la justicia social: proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social.”

Los principios de la justicia social definen entonces la correcta distribución tanto de los beneficios como de las cargas del producto social. Sin embargo a pesar que las personas con discapacidad son miembros natos de la sociedad y tienen igual derecho que las demás personas (sin discapacidad) a participar y beneficiarse de los productos sociales generados por esta acción cooperativa, de manera justa y equitativa, resulta que, por no tenerse en cuenta sus especiales diferencias o desventajas (tal como han sido señaladas por Sen hace un momento), a la larga a ellas y a sus familias no sólo se les restringe el acceso a los beneficios sociales, en la medida que les correspondería, sino que además se les obliga a asumir de manera desproporcionada las mayores cargas, sobre-costos u otros inconvenientes o desventajas que supone sobrellevar la discapacidad.


Debido a que las personas con discapacidad y sus familias por lo general son los únicos que asumen estas cargas no compartidas de la discapacidad, por esa misma razón es que suelen ser no sólo más pobres, sino de manera general suelen ser también los más pobres de todos los pobres. Y esto es algo injusto. Por ello Sen afirma:
A pesar que las teorías de la justicia resultan inadecuadas para proveer una comprensión satisfactoria de las desventajas de la discapacidad, el inconmovible mantenimiento de estos tradicionales enfoques no sólo afecta los discursos de la filosofía, sino que también influye en el alcance de la discusión pública sobre este crítico e importante tema300.
De allí se sigue la gran importancia que Amartya Sen asigna al papel que debería jugar la filosofía, como motor de cambio. Por ello dice Sen que la filosofía debería renovarse y comenzar a ocuparse cada vez más del tema de la discapacidad, asumiendo con ello sus plenas responsabilidades. De esta manera se espera que, tarde o temprano, la filosofía terminará ejerciendo una saludable influencia no sólo en las ciencias teóricas, sino también en las políticas públicas, así como en las opiniones y las actitudes de la gente común y corriente. Por ello Amartya Sen afirma lo siguiente:
Así como la ciencia de la economía, en especial la que es inadecuada y obsoleta, debe asumir alguna responsabilidad por los males del mundo – no teniendo la economía el monopolio de ser majestuosamente obsoleta – así también la filosofía – desde las altas deliberaciones, en abstractos tratados, hasta los inmediatos alcances de las reflexiones cotidianas sobre lo verdadero y lo falso – ejerce una notable y poderosa influencia en las ideas que afectan las políticas, las instituciones y la práctica301.
Por eso Amartya Sen concluye invocando a los filósofos y a los economistas a no descuidar las necesidades de las personas con discapacidad, debido a descuidos, olvidos o indiferencias que nacen de la confusión conceptual. Y que, por el contrario, todos deberíamos renovar el compromiso de aclarar esas confusiones conceptuales.
We have to resist the massive neglect of the needs of disabled people through conceptual confounding. There is need for clarity here as well as for commitment302”.
A pesar de la extraordinaria fuerza moral que Amartya Sen pone en su severo llamado de atención dirigido a esas economías y filosofías tildadas de difuntas u obsoletas, creemos que Sen no llega a agotar la explicación de las causas últimas y profundas del descuido sobre la discapacidad, pues, a pesar que reconoce las limitaciones del enfoque de la justicia distributiva, con su brillante análisis de las desventajas de ganancia y conversión, su visión de la justicia como equidad e imparcialidad no logra penetrar las causas estructurales de la dominación y opresión que las personas con discapacidad comparten con otras minorías que también experimentan menosprecio y desventajas.
Junto con las mejoras en las políticas de redistribución que plantea la justicia distributiva, en la que se mueve Sen, hay demandas de otro tipo (políticas, de igualdad de trato, respeto y reconocimiento), que también requieren ser atendidas y satisfechas, y que responden a las políticas de la diferencia, como veremos más adelante.

5) La discapacidad como expresión de identidad y diferencia (diversidad)
El rasgo más hermoso y enriquecedor de la vida humana es la diversidad – una diversidad que nunca ha de usarse para justificar la desigualdad. Reprimir la diversidad empobrecerá a la raza humana. Debemos facilitar y fortalecer la diversidad para alcanzar un mundo más equitativo para todos nosotros. Para que exista la igualdad, debemos evitar estándares que definan lo que debería ser una vida humana normal o el modo normal de lograr el éxito y la felicidad. La única cualidad normal que puede existir entre los seres humanos es la vida misma303. - Dr. Oscar Arias, ex Presidente de Costa Rica

Consideraciones introductorias

El último atributo característico de las personas con discapacidad, que nos parece de especial importancia mencionar aquí, para terminar de revisar la serie de categorías sociales de la discapacidad que hemos esbozado, es el de la “diferencia”.


En efecto las personas con discapacidad, en su enorme diversidad, presentan marcadas diferencias respecto a los pobladores promedio. Estas diferencias, a nivel del continuo capacidad / discapacidad, se expresan en cuestiones tales como el aspecto físico, sensorial, mental o intelectual, las formas de funcionar o de hacer las cosas, así como en las desventajas que experimentan algunos de ellos debido al hecho que sus deficiencias no suelen ser tomadas en cuenta, por la sociedad ni el Estado, al momento de definir las políticas públicas generales ni al diseñar y construir las infraestructuras, procedimientos, instituciones y arreglos sociales que deberían ser para el uso y beneficio de todos, y no sólo para uso y beneficio de los habitantes “promedio”.
Muchos de los prejuicios y discriminaciones que experimentan las personas con discapacidad se deben a la “diferencia” que ellas presentan respecto del común de las personas, los habitantes “promedio”. Esta “diversidad” suele ser tomada como “anormalidad” y “desviación”, y como tal se constituye para las personas con discapacidad en un “estigma” y en una fuente permanente de desvalorización y menosprecio que afecta su trato e interacción social.
La “diferencia” que experimentan las personas con discapacidad, al igual que la que experimentan otros grupos minoritarios, sea por razones de género, raza, credo, etc., se constituye también en un factor de “identidad” que les permite reconocerse como grupo.
La “diferencia”, a la que nos referimos en esta sección, no es un rasgo privativo de las personas con discapacidad. Muy por el contrario, el tema de la diferencia se ha constituido en las últimas 3 décadas del siglo XX en un importante motivo de reflexión sobre filosofía social y política debido a las demandas de justicia que se encuentran en la base de los movimientos sociales de los grupos minoritarios que hicieron irrupción en los años 60 con el objeto de manifestarse y luchar por la defensa y el reconocimiento de sus derechos civiles304, derechos que en la práctica se veían permanentemente violados a pesar de contar con un marco legal de derechos generales que aparentemente los amparaba, pero que era ciego a sus diferencias y a sus desventajas tradicionales.
Sobre la “diversidad” hablamos muy brevemente al analizar una de las 5 caras de la opresión que Iris Marion Young distinguía en su estudio sobre “La justicia y la política de la diferencia”305. Se hablaba del “imperialismo cultural” como un tipo de opresión que consiste en experimentar cómo los rasgos dominantes de la sociedad hacen invisible la perspectiva particular de un grupo, y que a la vez lo estereotipan y lo señalan como diferente, como “el otro”.
El imperialismo cultural se caracteriza por que universaliza la experiencia y cultura del grupo dominante y las impone como una norma. Esto es así porque el grupo dominante somete a los otros grupos a sus normas dominantes. De esta manera todo lo que no se adecua y somete a los criterios de la norma dominante, es percibido como “diferencia” y como tal es interpretada como “desviación” e “inferioridad”. Y esto se aplica a los diferentes grupos minoritarios, independientemente del tipo de diversidad que ellos presenten: racial, sexual, capacidad, idioma, creencias, etnia, nacionalidad, etc.
Las expresiones culturales del grupo dominante se transforman así en las expresiones normales y universales. Debido a ello el grupo dominante construye las diferencias que exhiben algunos otros grupos entendiéndolas como carencia y negación. Por eso estos grupos son señalados como los “otros”.
Young afirma que los grupos dominados culturalmente experimentan una opresión paradójica y contradictoria ya que por un lado son señalados como seres extraños, desviados y estereotipados, y por otro lado se vuelven invisibles.
Así mismo afirma que se encuentran definidos desde fuera por grupos de personas que no se identifican con ellos. Esto genera una doble conciencia de los grupos oprimidos ya que por un lado se ven a través de los ojos de otras personas que los miran con desprecio y lastima, por ser supuestamente diferentes e inferiores, mientras que por otro lado se resisten a verse a sí mismos con estas visiones devaluadas, objetivadas y estereotipadas de sí mismos. Esta dualidad se expresa en el hecho que mientras por un lado ellos desean y buscan el reconocimiento de los otros como seres humanos capaces de actuar y llenos de deseos y posibilidades, por otro lado sólo reciben de la cultura dominante la declaración de que están marcados, y que son diferentes e inferiores.
Los grupos definidos como desviados son culturalmente diferentes al grupo dominante y por ello suelen ser socialmente segregados. En contrapartida los miembros de tales grupos oprimidos expresan unos a otros sus experiencias e interpretaciones de grupo, desarrollando y perpetuando así su propia cultura. De esta manera las personas de los grupos culturalmente imperializados o dominados suelen mantener a menudo un sentido de subjetividad positiva.
El grupo dominante sostiene que su perspectiva y experiencia es universal o neutra, pero en el ámbito político funcionan así y se valen de ello para poder excluir a las personas consideradas diferentes. La desvalorización de los cuerpos de algunos grupos también condicionan las interacciones cotidianas entre los grupos.
El hecho real es que el mundo social de hoy, que se ha globalizado, ha generado e incrementado a extremos intolerables el trato desigual e injusto al que somete a sus diversas minorías quienes se encuentran excluidas, sometidas, oprimidas y desprovistas de participar no sólo en las tomas de decisión sino también de los principales beneficios y privilegios de los que en sus sociedades gozan las mayorías dominantes.
Estas minorías han hecho tomar conciencia que las desigualdades e injusticias de la vida social se incrementan cuando se pretende aplicar de manera homogénea, y sin prestar atención a las diferencias que presentan los diferentes grupos sociales, principios legales de igualdad a poblaciones que son diversas y que enfrentan desventajas históricas y estructurales que les impiden participar en igualdad de condiciones de los servicios y beneficios sociales del progreso, el desarrollo y la generación de la riqueza.
Entre los filósofos políticos más destacados que han examinado las injusticias no distributivas que se encuentran en la base de las reivindicaciones sociales de las minorías y los movimientos raciales, étnicos, de liberación femenina, homosexuales, hispanos, personas con discapacidad, minorías culturales, religiosas, etc., fuera de Iris Marion Young, podemos señalar a Charles Taylor, Nancy Fraser, Axel Honneth. Ellos son los teóricos y promotores de una manera diferente de entender la justicia social, desde la “política de la diferencia” y la “política del reconocimiento”.

Honneth y Taylor, y la “política del reconocimiento”
Estos autores, Axel Honneth y Charles Taylor, lideran una tendencia filosófica que se destaca por haber realizado significativos aportes teóricos que ayudan a entender de qué manera el reconocimiento (sea como la “lucha por el reconocimiento” o como “política de reconocimiento”) se constituye en una categoría fundamental que explica el origen de las principales movilizaciones sociales, luchas y demandas políticas que se desarrollaron desde los años 60 a los 80, que tienen su origen en experiencias sociales negativas como el menosprecio o la discriminación que experimentan los diferentes grupos minoritarios y oprimidos, y que al final no son otra cosa que la experiencia de injusticia social ante la diferencia. Al explicar el origen de la injusticia y de estos problemas sociales de la diferencia, la categoría del reconocimiento puede servir para ayudar a encontrarles respuestas, soluciones o remedios.
Los autores mencionados entienden que el reconocimiento es una categoría que ayuda a explicar la constitución de la identidad del yo y, de manera más amplia, la constitución de los grupos sociales, y de esta manera resulta una clave para desentrañar los aspectos normativos de la convivencia social, sirviendo así para explicar también la génesis de los conflictos sociales y el desarrollo moral de la sociedad.
De esta manera el reconocimiento ayuda a entender también que existe otra dimensión de la justicia social, distinta a la dimensión de las desigualdades materiales, económicas y sociales, a la que no se le había prestado la debida importancia, y que se centra básicamente en aspectos culturales y morales que, en algunos casos, dan la clave para entender mejor fenómenos tales como la dominación o la opresión.
La dimensión del reconocimiento tiene una de sus expresiones en la política de la diferencia, y entre ambas (política de la diferencia y política del reconocimiento) colaboran para ampliar y trascender la mirada tradicional de la justicia social, una justicia que se entendía antes como referida sólo a los aspectos materiales y económicos de la distribución de los ingresos, la riqueza y los demás bienes y productos de la vida social. La dimensión del reconocimiento introduce una nueva dimensión de la justicia al poner el centro de atención en aspectos valorativos, culturales y de representación. Con la categoría del reconocimiento se afianzan los conceptos y la demanda de participación igualitaria y los sentimientos de pertenencia, respeto, dignidad, que son indispensables en y para una convivencia social armónica.
Los grupos de personas con discapacidad, al igual que los representantes de otros grupos minoritarios, también se han movilizado demandando el reconocimiento de su dignidad y derechos así como el debido respeto a sus diferencias. Si bien los primeros teóricos del modelo social de la discapacidad (en especial Vic Finkelstein y Mike Oliver) interpretaron las injusticias que experimentaban las personas con discapacidad como un reflejo de las inequidades de las relaciones de producción del sistema capitalista, autores más recientes como Paul Abberley, Jenny Morris y en especial Tom Shakespeare han puesto un mayor énfasis en las causas culturales de la discriminación y la justicia, proponiendo demandas que se alinean dentro de la política de la diferencia y del reconocimiento. Por eso los aportes de los teóricos del reconocimiento son valiosos para interpretar mejor la experiencia de la discapacidad.
Como ha mostrado Honneth, la sicología social de George Herbert Mead, de corte naturalista, comparte con las intuiciones metafísicas del joven Hegel la idea de que el sujeto humano le debe su identidad individual o personal a la experiencia de un reconocimiento intersubjetivo, aspecto que explica la génesis social de la identidad del yo. Ambos autores también coinciden en que la lucha por el reconocimiento constituye la base teórica y fáctica que explica el origen de los procesos de socialización.
Una parte de esos procesos corresponde a la presencia de conflictos sociales. Como respuesta a ellos la lucha por el reconocimiento se convierte en una dinámica que se va concretando en soluciones, concesiones o acuerdos que se materializan, a lo largo del tiempo, mediante diversos arreglos sociales y/o normativos.
De esta manera Honneth encuentra en Hegel y Mead las bases de una teoría social que explica el desarrollo moral de la sociedad.
El concepto marxista de lucha de clases como motor de la historia y del desarrollo social, es reinterpretada por Honneth, a partir de una relectura del idealismo alemán (expresada por el joven Hegel) y del naturalismo de Mead, como una lucha por el reconocimiento intersubjetivo, por el reconocimiento recíproco. Vemos así que los cambios sociales que se van dando a lo largo del tiempo son impulsados por las luchas de grupos sociales que tienen como motivación moral el intento colectivo de ampliar las formas de un reconocimiento recíproco institucional y cultural.
Antes de detenernos en el análisis de los teóricos del reconocimiento veamos la relación e importancia que esto tiene para la comprensión de la discapacidad.
Reconocimiento y discapacidad

Un punto sobre el que aún no se ha reflexionado lo suficiente, y que debería quedar como una tarea futura, es el de la relación que hay o que podría haber entre reconocimiento y discapacidad.


Somos de la opinión que esta relación debería examinarse en función tanto de los autores con discapacidad que ha reflexionado sobre estos temas, según acabamos de señalar, así como de las teorías sociales que los teóricos del reconocimiento han desarrollado al respecto. Por último se requiere analizar y profundizar de qué manera las demandas de justicia social que plantean los líderes del movimiento de la discapacidad y de los estudios de discapacidad (Disability Studies) encuentran o no satisfacción en las diversas manifestaciones del reconocimiento recíproco.
Es un hecho que el tema de la discapacidad comienza a lograr relevancia teórica y un desarrollo conceptual interesante desde el momento en que comienza a apartarse de la mirada tradicional de la discapacidad. Esta mirada tradicional, como hemos visto, se caracteriza por minimizar la rica complejidad de esta poco explorada condición humana al restringirla a una interpretación o mirada exclusivamente médica, asistencial, caritativa y de tragedia personal. Frente a ello surge una redefinición de la discapacidad basada en el modelo social de la discapacidad, en sus dos variantes (británica y norteamericana) que como sabemos plantea una interpretación de la discapacidad basada en una visión sociopolítica y de derechos.
El modelo social de la discapacidad, en sus dos variantes, entiende la discapacidad no como una cualidad de los individuos en sí sino como una situación de desventajas y exclusión social debido a barreras físicas y de actitud que las personas con deficiencias encuentran en su vida social.
Para los teóricos del modelo social la situación de discapacidad no es una situación natural ni dada, sino que es una situación creada o producida socialmente por una serie de arreglos sociales deficientes, que afectan a sus ciudadanos portadores de deficiencias, por no haberse tenido en cuenta la realidad, características ni necesidades específicas de estos ciudadanos. Además de los diseños deficientes que se producen por acción u omisión de los tomadores de decisión y generadores de políticas en las instituciones sociales, la discapacidad se caracteriza por un trato prejuicioso y discriminador, que se manifiesta a dos niveles: individual e institucional.
Las personas con deficiencias, en razón a la situación social de discapacidad que experimentan, según acabamos de describir, conforman un grupo social minoritario expuesto a un trato diferenciado e injusto, de parte de una mayoría dominante y sin discapacidad, que se expresa en menosprecio, prejuicios y discriminación. Es por tanto una condición que reclama un reconocimiento recíproco.
Otro rasgo importante que afecta a este grupo es una suerte de invisibilidad social. Así pues, debido a que las personas con deficiencias conviven en comunidades que están organizadas de acuerdo a una serie de arreglos, ideas y costumbres dictadas por y para una mayoría de personas sin discapacidad, pensando en la exclusiva realidad y comodidad de estas personas sin discapacidad, las personas con deficiencias resultan existiendo como si fueran invisibles, sin ser debidamente tenidas en cuenta. Por esta razón ellas también experimentan opresión y dominación en su vida social.
La persistente situación de invisibilidad, segregación, desventajas y discriminación que experimentan las personas con discapacidad las ha impulsado a reunirse en grupos cada vez más grandes, y a movilizarse políticamente a fin de elevar su voz de protesta y rechazar el orden social injusto que les afecta, segregándolas, ignorándolas. De allí que se organicen para demandar políticas públicas que promuevan su plena ciudadanía e inclusión social, exigiendo que se reconozcan y respeten sus derechos humanos, económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.
Las personas con discapacidad también exigen y demandan el poder gozar de una verdadera igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida y ser respetados como verdaderos ciudadanos, es decir como miembros plenos de la sociedad, iguales a los demás y en igualdad de condiciones que ellos. Para poder lograr esta condición se exige que puedan acceder a un reconocimiento recíproco.
Evolución del modelo social e influencia del reconocimiento

El modelo social, en especial en Gran Bretaña, sirvió de base para esbozar una teoría social basada en una interpretación materialista y marxista de la sociedad y la economía. De esta manera se entendió que la exclusión social de las personas con discapacidad era un resultado o producto de las relaciones sociales de producción, imperantes bajo el sistema capitalista de la era industrial y post industrial.


Posteriormente el modelo social británico ha sido enriquecido con los aportes teóricos del feminismo y del postmodernismo, poniendo un mayor énfasis en los aspectos culturales de la discapacidad. Las últimas variantes de las tendencias británicas, en el aspecto de una teoría social, apuntan a una relativización de los principios originales del modelo social, que si bien ha mostrado y continua mostrando un gran poder y eficacia para fortalecer el movimiento y expresar demandas políticas, presenta también ciertas limitaciones teóricas que aconsejan apelar a otros principios y marcos teóricos.
En Norteamérica el modelo social de la discapacidad ha asumido los aportes de los movimientos sociales de otros grupos minoritarios (personas de color, feminismo, homosexuales, etc.) que al igual que ellos también se sentían excluidos de la corriente principal de la vida comunitaria y social, y que experimentaban discriminación. Por ello comenzaron a demandar el reconocimiento de sus derechos a la igualdad pero bajo la forma de una identidad diversa, es decir bajo la forma de una política de la diferencia que reconozca su identidad propia y su diferencia.
Salvo lo expresado por Iris Marion Young, de manera general (aplicando sus teorías a un conjunto de grupos minoritarios a quienes se aplicaría la política de la diferencia como una forma de enfrentar, prevenir y corregir la injusticia social), ni en Gran Bretaña ni en Norteamérica hemos encontrado referencias específicas a la categoría del reconocimiento como una forma de entender los conflictos sociales experimentados por las personas con discapacidad. Las únicas excepciones a esto son los intentos de explorar las relaciones entre reconocimiento y discapacidad desarrollados por Robina Goodlad y Sheila Riddell (2003)306, Berth Danermark (2004)307, y Ruth Lister (2005)308. No obstante conviene revisar a los teóricos del reconocimiento, a pesar que no tengan en cuenta de manera especial a las personas con discapacidad, para tener una mejor visión del marco teórico.
Reconocimiento y redistribución: Taylor, Honneth y Fraser

Taylor en su célebre ensayo sobre “La Política del Reconocimiento309” señala, en primer lugar, la importancia que tiene la exigencia de reconocimiento, en la política actual, en especial si está referida a los llamados grupos minoritarios, es decir aquellos grupos que se sienten discriminados por las políticas dominantes que favorecen a los grupos mayoritarios y que resultan perjudiciales para estos grupos minoritarios. Taylor iguala o identifica esta política del reconocimiento con la “política del multi-culturalismo” y entiende por tanto la “diferencia” a la que aluden los grupos minoritarios desde una perspectiva eminentemente cultural. Más adelante veremos, basados en un artículo reciente de Iris Marion Young310, que hay otras formas de entender la política de la diferencia, que no se restringen a la diferencia cultural.


Nancy Fraser al oponer las demandas sociales de reconocimiento y redistribución, como distinción analítica, también polariza sus competencias como remedios ante la injusticia o ante las desigualdades económicas y culturales que cada una de ellas enfrenta311.
Frente a esta polarización o dualidad que plantea Fraser, Young sostiene que la política de la diferencia, que implica una política de reconocimiento, no se limita solo a aspectos culturales sino que abarca también aspectos o desigualdades estructurales, materiales y económicas, que ella reconoce como diferencia posicional.
Reconocimiento e identidad

El otro elemento central en la política del reconocimiento, y que revela el fondo hegeliano de la comprensión que tiene Taylor de esta categoría, tiene que ver con el tema de la identidad (identidad de los individuos o grupos que se reconocen como diferentes). La tesis que Taylor maneja es que nuestra identidad se moldea o constituye sea por una experiencia de reconocimiento o bien por la negación o falta de éste. La exigencia de reconocimiento se explica así debido a que su negación genera un verdadero daño a los individuos o a los grupos a los que pertenecen estos individuos, en especial si las personas que les rodean de manera permanente les muestran a ellos una imagen o reflejo degradante o despreciable de sí mismos.


Según Taylor el falso reconocimiento o la persistente negación de reconocimiento no sólo pueden ser causa de daño y dolor sino también convertirse en una forma de opresión que aprisiona a las personas en un modo de ser falso, reducido y deformado. Así Taylor hace ver cómo algunas feministas han estudiado la manera en que la mujeres de las sociedades patriarcales son obligadas a adoptar una imagen tan despectiva de sí mismas, internalizando una imagen de inferioridad tal que las hace incapaces de aprovechar las oportunidades que se les presentan, a pesar que se eliminen las barreras que impiden su desarrollo moral o personal. Esta situación les genera dolor y una pobre autoestima, como en el caso de los negros que viven en sociedades blancas, en donde la sociedad que habitan les proyecta una imagen deprimente de sí mismos que les lleva a menospreciarse, que se convierte para ellos en un instrumento de opresión.
En algunos casos la falta de un adecuado reconocimiento no sólo muestra una seria falta de respeto sino que genera una herida dolorosa que causa a sus víctimas un mutilador odio hacia sí mismas, convirtiendo al reconocimiento en una necesidad humana vital.

La situación de opresión extrema a la que se llega así se convierte en algún momento en una voluntad y tarea de liberarse de esta identidad inferior y destructiva que se les ha impuesto, y construirse una identidad positiva, orgullosa de ellos mismos, para lo cual los individuos ven la necesidad de emprender acciones de organización y movilización que conducen a desarrollar respuestas de resistencia activa ante la opresión que experimentan, con una orientación claramente emancipatoria.


La acción emancipatoria que surge como respuesta a la opresión, que se origina en la negación del reconocimiento, se traduce en demandas de reconocimiento que se pueden distinguir de manera analítica en 3 niveles, pero que en la realidad se pueden presentar de manera simultánea: demandas políticas, jurídicas (a nivel de derechos) y morales. Ante el dolor moral que inflinge la proyección de una imagen devaluada de sí mismos el grupo reacciona oponiendo y desarrollando una imagen valorada y orgullosa de sí mismos. Esto se ve de manera particular, en el caso de la discapacidad, en el libro de Jenny Morris “Orgullo contra prejuicio”, al que ya nos hemos referido.
Uno de los aportes clave del activismo y del movimiento por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de los “Disability Studies”, es entender la discapacidad como opresión, es decir desde una teoría de la opresión, tal como lo planteó en su momento UPIAS y fue desarrollado luego por Abberley, Charlton y otros.
Comprobamos entonces cómo la falta de reconocimiento de grupos minoritarios como las mujeres, negros o indígenas, les generan según Taylor una situación de opresión que resulta muy similar a la experimentada por los individuos con discapacidad, tal como ha sido puesto de manifiesto por el movimiento de la discapacidad.
Iris Marion Young, la política de la diferencia y la discapacidad

La política de la diferencia es una tendencia que surge en los años 80 y que afirma que las “desigualdades estructurales”, que están detrás de las demandas de los movimientos sociales feministas, anti-racistas y de liberación gay, no son debidamente percibidas ni combatidas por el paradigma dominante de igualdad e inclusión, que es compatible con la idea de una dignidad universal e igualitaria.


La política de la diferencia, según Young, también cuestiona el paradigma de la justicia distributiva que se refiere principalmente a la distribución de la riqueza y los bienes materiales, factores que se refieren más a la dimensión del tener, dejando de lado otras cuestiones de fondo tales como la dominación y la opresión, que se refieren más a la dimensión del hacer, a la dimensión de la participación en las tomas de decisión y en la política. A diferencia de la política de la diferencia, la justicia distributiva es aplicable en el mundo social, de la ley y del derecho, bajo criterios de homogeneidad, porque supone la igualdad universal de las personas y es ciego a sus diferencias.
El paradigma dominante (que los adeptos de la política de la diferencia quieren cambiar por considerar que es insuficiente e injusto, por ser cigo a la diferencia) entiende que para promover la justicia y la igualdad se requiere combatir la discriminación, el trato diferenciado, y de allí se concluye que a todas las personas se les debe aplicar los mismos principios de evaluación y distribución, de manera indistinta, sin considerar sus características o contextos particulares. Bajo este ideal, la justicia social significa ignorar las diferencias de género, raciales o sexuales que existen entre la gente.
Por su parte, los movimientos sociales que afirman una política de la diferencia, así como los teóricos que siguen a estos movimientos, aseguran que este ideal de justicia igualitario, ciego a la diferencia, es parte importante del problema. Veamos porqué.

Identificar “igualdad” con “trato igual” es ignorar las profundas diferencias materiales (sociales y económicas) que existen entre las personas en aspectos tales como la posición social, la división del trabajo, costumbres, capacidades y maneras de vivir. Y al ignorar todo ello sólo se perpetúan e incrementan las desventajas que experimentan los miembros de los grupos históricamente excluidos. De allí se concluye que para lograr una verdadera igualdad se requiere atender tales diferencias antes que ignorarlas. Se requiere incorporar principios de discriminación positiva y un trato diferenciado.


En el contexto de un surgimiento de políticas étnicas y de nacionalismos crecientes en los años 90, apareció otra versión de la política de la diferencia, que se basaba en las identidades culturales propias, y que se centraba ya no en las desventajas o diferencias estructurales sino más bien en las diferencias culturales de nacionalidad, etnicidad y religión. Se percibió así que las sociedades modernas contienen múltiples grupos culturales algunos de los cuales dominan injustamente el Estado u otras importantes instituciones sociales, disminuyendo así la capacidad de las culturas minoritarias de vivir vidas significativas en sus propios términos. Acá también se requiere implementar medidas de discriminación positiva que ayuden a cambiar esta situación.

En el marco teórico descrito al comienzo, referido a las desigualdades estructurales, se inscribe la reflexión que desarrolló Iris Marion Young entre mediados y fines de los años 80, y que publicó en su libro “La justicia y la política de la diferencia312”. De manera posterior Iris Marion Young publicó en el año 2000 otro libro, titulado “Inclusión y Democracia313”, en el que, a raíz de la irrupción de las desigualdades culturales, comienza a percibir la existencia de dos enfoques diversos que deben distinguirse dentro de la política de la diferencia. En ambos libros Young analiza críticamente la tendencia, que tienen las instituciones públicas y privadas de las sociedades democráticas y liberales contemporáneas, de alentar y reproducir la desigualdad sexual, racial y de clase, al aplicar a todos las mismas reglas y normas, sin ninguna distinción y de la misma manera.


Las diferencias que Young encuentra dentro de la política de la diferencia, en un caso se centran en la injusticia que se basa en la desigualdad estructural, y en el otro caso, en la injusticia que se basa en la diferencia cultural. El desarrollo de esta distinción teórica lo emprende Iris Marion Young en un artículo bastante reciente (del año 2005), titulado “Injusticia estructural y política de la diferencia314”, al que queremos referirnos brevemente, en especial por sus alusiones concretas al tema de la discapacidad.
Queremos hacer un paréntesis haciendo notar que si bien Nancy Fraser tiende a asimilar la política de la diferencia con la política del reconocimiento, desde una perspectiva estrictamente cultural, señalando la declinación creciente que los teóricos del reconocimiento muestran respecto de las preocupaciones ligadas a las desigualdades materiales y económicas, a las que se refiere cuando habla del desplazamiento de las políticas y preocupaciones redistributivas315, esto se refiere a un fenómeno de la política de la diferencia que se desarrolla recién en los años 90, pues vemos que esto no se da en Iris Marion Young, cuya política de la diferencia equilibra aspectos estructurales y económicos con aspectos culturales, ya que para ella la comprensión y búsqueda de remedios ante las injusticias estructurales (o socioeconómicas) son tan importantes como las que se presentan ante las injusticias culturales.
Regresando a Young y al análisis que hace de la política de la diferencia, vemos que ella por un lado distingue a la “política de la diferencia cultural” y por otro lado a la “política de la diferencia posicional”. La primera trata problemas de autonomía para culturas minoritarias o de tolerancia a la diferencia religiosa. La otra trata del significado del status de las posiciones ocupacionales.
Young piensa que las fallas o limitaciones en comprender las diferencias que hay entre estos dos modelos de política de la diferencia pueden llevar a oscurecer ciertas formas específicas de injusticia de base grupal, como el racismo o la discapacidad, que no pueden reducirse a problemas de diferencia cultural. Young hace ver que la reciente teoría política ignora con frecuencia problemas que fueron centrales a las problemáticas que generaron la teorización sobre la política de la diferencia en los años 80.
Hay que aclarar que para Young ambas versiones de la política de la diferencia son igualmente importantes y a veces se superponen una a la otra. La “política de la diferencia posicional” se concentra en temas de desigualdad estructural, mientras que los principales problemas que surgen de la “política de la diferencia cultural” tienen que ver con el tema de la libertad.
La “política de la diferencia posicional”.-

Este enfoque teoriza a los grupos sociales como constituidos a través de interacciones sociales que hacen distinciones categóricas entre las personas en función de jerarquías de status o de privilegio. Las personas producen y mantienen ventajas para ellas mismas y desventajas para otros, en lo que se refiere al acceso a los recursos, el poder, la autonomía, el honor, o al recibir servicios y deferencias por medio de la aplicación de reglas y costumbres que asumen tales distinciones categóricas.


Entre los grupos sociales estructurales que plantean problemas de política de diferencia posicional están los grupos estructurados por género, clase, discapacidad y raza.
La política de diferencia posicional sostiene que las políticas y prácticas institucionales públicas y privadas que interpretan la idea de igualdad requiriendo ser ciegos a las diferencias de grupo, refuerzan las diferencias estructurales de grupo, y tienden a reproducir las desigualdades entre las diversas categorías. Por eso Young plantea que para eliminar la injusta desigualdad estructural que se da es necesario reconocer explícitamente las diferencias de grupo y compensar sus desventajas, revalorando algunos de sus atributos, posiciones o acciones, o también satisfaciendo necesidades y empoderando a los miembros de los grupos que presentan desventajas.
Para explicar esta situación Young analiza tres ejemplos de desigualdad estructural que ilustran la política de la diferencia posicional: la posición estructural de las personas con discapacidad, el racismo institucional y la desigualdad de género. Nos limitaremos a ver sólo la referencia a las personas con discapacidad.
La discapacidad como Desigualdad Estructural

La mayoría de los escritos sobre justicia social son – como lo ha señalado Amartya Sen316 – particularmente indiferentes hacia la injusticia que experimentan y denuncian las personas con discapacidad o sus grupos organizados. De esta manera, o bien no toman nota en absoluto que la discapacidad genera problemas de justicia, o bien afirman que la discapacidad es una categoría periférica, remota o sui generis cuyos problemas o desventajas solo deberían ser tratados por las teorías de la justicia luego de haber analizado otras desventajas, que son experimentadas con más frecuencia, y que supuestamente plantean problemas de justicia de una manera más obvia.


Por ejemplo, John Rawls pone de lado aquellas discapacidades que son “tan severas como para impedir que esas personas sean miembros cooperantes de la sociedad en el sentido usual317”, hasta que la teoría trate primero los problemas más fáciles y comunes de la justicia. Es mejor empezar a teorizar la justicia, dice Rawls, asumiendo que “todos tenemos necesidades físicas y capacidades psicológicas con rangos normales318”.
Algunos filósofos recientemente han puesto en cuestión este conjunto de supuestos, y han empezado a desarrollar análisis alternativos sobre la discapacidad y la justicia. Considerando sólo el gran número de personas con deficiencias que hay en el mundo, es un error fáctico pensar que la discapacidad sea una condición relativamente poco común que no afecta la manera en que debemos pensar acerca de la justicia. Por el contrario, piensa Iris Marion Young, se podría aprender mucho acerca de la justicia social, si decidimos hacer de la discapacidad un caso paradigmático de injusticia estructural, en lugar de considerarla como algo meramente excepcional.

Brian Barry319, en un libro relativamente reciente que ataca todas las variantes de la política de la diferencia, consagra un espacio considerable en defender el principio normativo del mérito como un medio para asignar posiciones. Ese principio del mérito sostiene que los que deberían ganar las competencias o concursos son todos aquellos que, deseando tener la oportunidad de competir por posiciones de ventaja, resultan ser los más calificados. De esta manera las posiciones de autoridad o especialización deberían ser ocupadas sólo por las personas que demuestran mayor excelencia o habilidades para las funciones requeridas. Todos los demás, que resultan perdedores respecto a esas posiciones, no sufrirían ninguna injusticia a causa de ello.


Según Barry, en este sistema de méritos es natural que las personas con discapacidad resulten ser los perdedores, debido a que sus miembros están menos calificados que el promedio, a pesar que el dinero que se gaste en la educación de ellos sea igual o mayor que el promedio.
Young opina que por desgracia la opinión de Barry está muy ampliamente difundida y generalizada. En el esquema de la cooperación social, las expectativas se centran en las habilidades y capacidades de los trabajadores promedio, siendo un hecho que las personas con discapacidad por lo general no reúnen estas expectativas. De esta manera resulta que ellas no merecen los trabajos ni tampoco los ingresos, autonomía, status, y otras formas de privilegio que vienen asociados con esos trabajos.
El problema central es que las personas con discapacidad no tienen la culpa de sus deficiencias. Por eso piensa Young que una sociedad justa y decente debería apoyar y atender las necesidades de las personas con discapacidad y preocuparse más bien por asegurarles una vida digna, en lugar de castigar su menor capacidad de contribuir significativamente a la producción social.
El movimiento de los derechos de la discapacidad desafía el sentido común de los liberales en este punto. Si bien la mayoría de personas tiende a considerar que ser “discapacitado” es un atributo de las personas, una carencia en sus formas de funcionar que les dificulta o impide vivir independientemente, competir en los mercados de trabajo, tener una satisfactoria vida social, etc., los activistas del movimiento de los derechos de la discapacidad piensan de otra manera. Para ellos el problema no está en los atributos mismos de los individuos sino en la falta de adecuación entre los atributos de ciertas personas y las estructuras, prácticas y normas dominantes en la sociedad.
Lo que sucede es que el ambiente construido y los arreglos sociales han sido diseñados o pensados en función a la realidad de personas “promedio” que actúan y funcionan dentro de márgenes o rangos considerados “normales” y por ello presenta significativos obstáculos para las personas cuyas capacidades se salen de ese rango.
Las formas de evaluar la inteligencia, habilidad y adaptabilidad de las personas en las escuelas y lugares de trabajo también asumen maneras de evaluar la aptitud y logros que excluyen o perjudican de manera injusta a muchas personas con discapacidad.
El diseño de los ambientes físicos así como el diseño de los equipos de trabajo y de la organización del proceso de trabajo, con frecuencia dificultan o hacen imposible que las personas con deficiencias funcionales puedan usar las habilidades que ellas tienen. De otro lado, las normas dominantes o hegemónicas acerca de lo que se considera belleza, gracia, ingenio, etc., también afectan a algunas personas con discapacidad, colocándolas en una posición inferior, como si fueran monstruosas o abyectas.
Éstos y otros aspectos de la división del trabajo y de las normas dominantes constituyen una seria injusticia estructural para las personas con discapacidad. Muchas personas con discapacidad sufren injustamente una severa limitación en sus oportunidades para desarrollar capacidades, ganarse la vida mediante trabajos satisfactorios, tener una vida social gratificante, o vivir como adultos autónomos. Un liberalismo ciego a la diferencia sólo puede ofrecer un remedio muy limitado para esta injusticia. No es responsabilidad de las personas, tanto de las que se movilizan mediante silla de ruedas como de las que intentan ir a lugares públicos que son accesibles solo por escaleras, que el Estado trate a todos los ciudadanos de la misma manera.
Las oportunidades de las personas con discapacidad sólo pueden nivelarse y hacerse iguales a las de los demás, si los demás notan específicamente sus diferencias, si dejan de verlas como una desviación no deseada de las normas aceptadas, si dejan de verlas como costos inaceptables para operaciones eficientes, y si toman medidas afirmativas para acomodar las capacidades específicas de los individuos a fin de que ellos puedan funcionar, como cualquiera de nosotros, de la mejor manera posible y con dignidad.
La Ley para los Americanos con Discapacidad de 1990, ley ADA, reconoce esto en principio, ya que requiere que los patrones, propietarios y servicios públicos hagan “acomodaciones razonables” para las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Esa ley codifica una política de diferencia posicional. Desgraciadamente, la única fuerza que tiene la ley ADA para entrar en vigor es su permiso para litigar la infracción. Junto con el interés que tiene la mayoría de personas sin discapacidad, de ahorrar costos y negar sus miedos, las limitaciones de la ley ADA conspiran para reproducir estas injusticias en las personas con discapacidad como grupo.
El tipo de injusticia que se da respecto de las personas con discapacidad es paradigmática del enfoque general que Young llama “política de diferencia posicional”. Representa un caso típico en el cual el tratamiento o política que son ciegos a la diferencia tienen más probabilidades de perpetuar que de corregir las injusticias.
Es claro que la injusticia que experimentan las personas con discapacidad no es una injusticia cultural, en el sentido estricto, debido a que las desventajas sistemáticas que les afectan no se derivan de atributos culturales interiores que las constituyan como un grupo o comunidad de “personas con discapacidad”.
Si bien se puede hablar de una cultura sorda, debido a que muchas personas sordas usan un idioma común y a veces viven juntos en comunidades sordas, sin embargo esto sólo se puede afirmar en un sentido figurado, ya que no hay ninguna comunidad o cultura de personas con discapacidad propiamente dicha.
En lugar de ello, esta categoría de personas designa un grupo estructural constituido desde el exterior por la desviación que presentan sus presuntos miembros respecto de los normalizados supuestos institucionales sobre exhibición de habilidades, definición de tareas en la división del trabajo, ideales de belleza, normas de ambientes construidos, comportamientos de sociabilidad, etc.
El mejor remedio en consecuencia para la injusticia que afecta a las personas con discapacidad consiste en desafiar las normas y reglas establecidas por las instituciones que más cuestionan y condicionan las opciones de vida y el logro del bienestar de estas personas posicionadas estructuralmente como desviantes.
Los problemas de justicia que surgen de muchos conflictos y diferencias sociales de grupo, siguen este paradigma. Ellos tienen relación con la manera en que los individuos con similares atributos físicos, capacidades socializadas, hábitos corporales y estilos de vida, orientaciones sexuales, recursos familiares y vecinales, etc., se posicionan en la división social del trabajo, en las relaciones de poder, en las tomas de decisión, o en las normas hegemónicas de logros, belleza, respetabilidad, y semejantes. La política de diferencia posicional se centra en estos problemas de inclusión y exclusión, y en la manera cómo ellos hacen disponibles o limitan las oportunidades substantivas de las personas para desarrollar sus capacidades y poder alcanzar el bienestar.
Otros ejemplos de desigualdad estructural que analiza Young son los que se presentan en los casos de desigualdad racial y desigualdad de género.
Otros tipos de desigualdad estructural: Desigualdad racial y de género

El racismo consiste en procesos estructurales que normalizan la estética del cuerpo, y determinan que el trabajo físico, sucio o servil es más apropiado para los miembros de ciertos grupos. El racismo produce y reproduce así la segregación de los miembros de estos grupos racializados, y hace que los comportamientos y hábitos de estas personas segregadas parezcan desviantes o no convencionales frente a las normas dominantes de respetabilidad.


El racismo vincula el significado de las características corporales - color de la piel, tipo de pelo, rasgos faciales-, y construye jerarquías de tipos corporales ideales o estándar frente a otros tipos que parecen inferiores, estigmatizados, desviantes o abyectos. La categorización racial se organiza alrededor de una dicotomía blanco / negro, y esta dicotomía organiza una graduación de tipos según cuan cercanos o lejanos se encuentren de lo Negro (inferior) o lo Blanco (superior).
Los procesos de racialización estigmatizan o devalúan los cuerpos, los tipos de cuerpo, o temas ligados estrechamente a los cuerpos, como el vestir. Esta estigmatización y estereotipado aparece en imágenes públicas y en las maneras en que algunas personas reaccionan frente a otras.
La segregación es una tercera estructura común de la desigualdad racial. La segregación es un proceso de exclusión. Con la segregación, el estigma de los cuerpos racializados y del trabajo denigrado marca un espacio de separación.
Es importante, para las personas posicionadas de manera similar por las estructuras raciales, organizarse políticamente para llamar la atención sobre las relaciones de privilegio y de desventaja que se generan.
Mientras tal organización tiene algunos elementos de celebración de la positiva experiencia compartida, a la que se conoce con el nombre de "política de la identidad", el propósito primario de tal organización de grupo es, o debería ser, confrontar y minar los procesos estructurales que perpetúan la restricción o ausencia de oportunidades.
Por su parte, respecto al tema de genero Young encuentra que las estructuras básicas del comportamiento de género, los supuestos de que el cuerpo normal es implícitamente masculino, las estructuras de expectativas heterosexuales, y la división sexual del trabajo, todo ello continúa proporcionando estructuralmente más privilegios y oportunidades a los hombres para el acceso a los recursos, las posiciones de poder y autoridad, o la capacidad de diseñar y lograr sus propios planes de vida.

Distinción entre diferencia posicional y diferencia cultural

El objeto de esta sección ha sido explicar lo que Young entiende por “política de diferencia posicional” a fin de poderlo contrastar con el enfoque de lo que ella denomina una “política de diferencia cultural”. Los problemas de injusticia a los que esta política responde se originan en procesos estructurales de la división del trabajo, en la segregación social y en la falta de adecuación entre las normas hegemónicas y los cuerpos considerados como de menor valor o importancia.


La razón de detenerse a analizar con mayor detalle este tipo de injusticia estructural (la injusticia que afecta a las personas con discapacidad, la injusticia racial y la injusticia de género) ha sido mostrar que la diferencia posicional o de grupo social no es reducible a la diferencia cultural, y para ilustrar algunas formas diversas que toman estas desigualdades estructurales. Se observa que todas estas formas implican relaciones de privilegio y desventajas en las cuales las oportunidades de algunas personas para desarrollar y ejercer sus capacidades están limitadas y ellos mismos son vulnerables a que sus condiciones de vidas y acción estén determinadas por otros sin posibilidades de reciprocidad.
Una política de diferencia posicional sostiene que para equiparar estas oportunidades no es posible basarse en políticas ciegas a los grupos. Promover la justicia requiere algunos esfuerzos que atiendan a tales diferencias estructurales e intenten cambiarlas, no sólo a nivel de la ley y de las políticas públicas, sino también a nivel de muchas otras instituciones y prácticas sociales y económicas.
Young se basa en Kymlicka para elaborar esta distinción entre diferencia posicional y diferencia cultural. Los grupos definidos por lo que se llama la “cultura societal” son un tipo diferente de aquellos grupos cuyos miembros enfrentan amenazas de marginación o desventaja social como las que enfrentan las mujeres, las minorías sexuales, o las personas con los discapacidad.
Los grupos a los que se aplica la política de diferencia posicional son grupos sociales estructurales en los cuales lo que los constituye como grupo es que sus miembros se posicionan de manera similar en ejes de privilegiados y desaventajados a través de procesos sociales estructurales como la organización de la división de trabajo, la segregación social, y la falta de adecuación entre normas dominantes y características corporales a las que se asigna menor status, valor o importancia.

A diferencia de los grupos estructurales, a los grupos a los que se aplica la política de diferencia cultural, lo que los define como grupos es una “cultura societal”. Este término se refiere sólo a las diferencias de nación y etnicidad.


Una “cultura societal” es sinónimo de “una nación” o “un pueblo”, es decir, una comunidad intergeneracional, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o patria dados, compartiendo un idioma e historia distintos.
Un estado es multicultural si sus miembros, o pertenecen a naciones diferentes (un estado multi-nación), o han emigrado de naciones diferentes (un estado poli-étnico), y si este hecho es un aspecto importante de la identidad personal y la vida política.
Mientras la cultura societal, a la que una persona se relaciona, es un aspecto importante de su identidad personal, no sucede igual con los miembros de los grupos sociales estructurales que sólo llegan a desarrollar una identidad de grupo cuando asumen una posición política de activismo que las diferencia.
La justicia social según Nancy Fraser : redistribución y reconocimiento320

Nancy Fraser distingue dos formas analíticamente diferentes de entender la injusticia. La primera es la injusticia socioeconómica, que está arraigada en la estructura económico-política de la sociedad. Ejemplos de la misma incluyen la explotación (que el fruto del propio trabajo sea apropiado para el beneficio de otra persona); la marginación económica (permanecer confinado a trabajos indeseables o mal pagados o ver negado, sin más, el acceso al trabajo asalariado); y la privación (negación de un nivel de vida material adecuado).


El segundo tipo de injusticia es cultural o simbólica. Está arraigada en los modelos sociales de representación, interpretación y comunicación. Ejemplos de la misma incluyen la dominación o imperialismo cultural (estar sujeto/a a modelos de interpretación y comunicación que están asociados con una cultura ajena y que son extraños e incluso hostiles a la propia); la falta de reconocimiento (estar expuesto/a a la invisibilidad en virtud de las prácticas de representación, comunicación e interpretación legitimadas por la propia cultura); y la falta de respeto (ser difamado/a o despreciado/a de manera rutinaria por medio de estereotipos en las representaciones culturales públicas y/o en las interacciones cotidianas).
Evidentemente, esta distinción entre injusticia económica e injusticia cultural es analítica. En la práctica, las dos se entrecruzan, como lo ha hecho ver Young. Incluso las instituciones económicas más materialistas cuentan con una dimensión cultural constitutiva e irreductible; están plagadas por significados y normas. Y a la inversa, incluso las prácticas culturales más discursivas cuentan con una dimensión económico-política constitutiva e irreductible; se sostienen gracias a pilares materiales. Por consiguiente, lejos de ocupar dos esferas separadas herméticamente, la injusticia económica y la injusticia cultural se encuentran habitualmente imbricadas hasta el punto de reforzarse dialécticamente la una a la otra. Las normas culturales que tienen un sesgo de injusticia en contra de alguien están institucionalizadas en el Estado y en la economía; simultáneamente, las desventajas económicas impiden la participación igualitaria en la creación de la cultura, en las esferas públicas y en la vida cotidiana. Con frecuencia, esto acaba en un círculo vicioso de subordinación cultural y económica.
Para cada tipo de injusticia, sea cultural o socioeconómica, Nancy Fraser distingue dos clases diferentes de soluciones respectivamente.

La solución a la injusticia económica pasa por algún tipo de reestructuración político-económica. Ésta puede consistir en la redistribución de la renta, en la reorganización de la división del trabajo, en el sometimiento de las inversiones a la democrática toma de decisiones, o en la transformación de otras estructuras básicas de la economía. A pesar de que estas soluciones diversas difieren de manera sustancial unas de otras, Fraser se refiere a la totalidad del grupo que conforman mediante el término genérico de «redistribución».


La solución a la injusticia cultural, en cambio, consiste en una clase de cambio cultural o simbólico. Esto implicaría una reevaluación dinámica de las identidades denigradas y de los productos culturales de los grupos difamados. También implicaría reconocer y valorar de manera positiva la diversidad cultural. Una perspectiva aún más radical precisaría de la transformación total de los modelos sociales de representación, interpretación y comunicación de modo que pudiera cambiar el sentido que cada cual tiene de sí mismo. A pesar de que estas soluciones difieren de manera fundamental unas de otras, Fraser se refiere a la totalidad del grupo que conforman mediante el término genérico «reconocimiento».
Esta distinción que hace Fraser entre soluciones redistributivas y soluciones de reconocimiento es puramente analítica. Las soluciones redistributivas generalmente presuponen una concepción subyacente del reconocimiento. Por ejemplo, algunos defensores de la redistribución socioeconómica igualitaria sustentan sus reivindicaciones en la «igualdad de la valía moral de las personas»; por tanto, tratan la redistribución económica como una expresión de reconocimiento. A la inversa, las soluciones al reconocimiento a menudo presuponen una concepción subyacente de redistribución. Por ejemplo, algunos defensores del reconocimiento multicultural sustentan sus reivindicaciones en el imperativo de una distribución justa de los «bienes de primera necesidad» de una «estructura cultural intacta»; en este sentido, tratan el reconocimiento cultural como una especie de redistribución.
A continuación Fraser habla de las comunidades bivalentes, en cuanto experimentan los dos tipos de injusticia, cultural y socioeconómica. Autores como Berth Danermark afirman que este modelo de bivalencia no es aplicable a la discapacidad desde el momento que sus integrantes no constituyen un grupo homogéneo321. Nosotros pensamos que si es aplicable la bivalencia, pues como hizo ver Young en su análisis de los grupos, como reflexión anterior a las 5 caras de la opresión, ningún grupo es homogéneo, sino que todos asumen identidades múltiples. Ella afirmaba que en una sociedad grande, compleja y altamente diferenciada los grupos sociales no son en sí mismos homogéneos, sino que en sus propias diferenciaciones se reflejan muchos de los otros grupos que también existen en la sociedad.


Comentarios sobre la Introducción al debate entre Honneth y Fraser

En 2003 Nancy Fraser y Axel Honneth publicaron un libro titulado “¿Redistribución o Reconocimiento? Un intercambio político-filosófico” (que fue publicado a la vez en inglés y alemán322) que presenta los últimos debates filosóficos de ellos acerca de la relación que se puede establecer entre la redistribución y el reconocimiento, como categorías de actual vigencia en el pensamiento contemporáneo, y que cubren los 2 aspectos o dimensiones más importantes de la justicia social, tal como se la concibe hoy en día, proporcionando valiosos elementos para valorar y entender la discapacidad.


Este debate sobre redistribución y reconocimiento tiene implicancias sobre un vasto campo teórico que cubre a la vez temas y cuestiones de filosofía moral, teoría social y análisis político, al igual que el tema de discapacidad.
Como se señala en la introducción de ese libro, el reconocimiento se ha convertido en una palabra o categoría de importancia fundamental para el actual análisis filosófico, moral, social y político. El reconocimiento, cuyas raíces teóricas provienen de Hegel, resulta esencial para conceptualizar los debates desarrollados alrededor de los temas de identidad y diferencia. Las demandas políticas, sociales o morales que están detrás del trabajo femenino, el matrimonio homosexual, las cuestiones de tierra indígenas o las cuestiones religiosas planteadas por los musulmanes, todas ellas también pueden reunirse y analizarse bajo el concepto de reconocimiento.
Por ello se puede afirmar, con Nancy Fraser, que la “lucha por el reconocimiento” se ha convertido en la forma paradigmática del conflicto político de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Se observa así que las reivindicaciones del “reconocimiento de la diferencia” estimulan las luchas de grupos que se movilizan bajo las banderas de la nacionalidad, la etnicidad, la raza, el género y la sexualidad. Vemos también cómo en estos conflictos “postsocialistas”, la identidad de grupo reemplaza al interés de clase como motivo principal de la movilización política. La dominación cultural reemplaza a la explotación como expresión fundamental de la injusticia. Y el reconocimiento cultural reemplaza a la redistribución socioeconómica como remedio contra la injusticia y objetivo de la lucha política.
La prueba de que los clásicos paradigmas de la justicia distributiva se han hecho cada vez más insuficientes para satisfacer las demandas globales de justicia, se encuentra en lo sucedido el 11 de setiembre de 2001. Allí se observa que el orden y equilibrio mundial no puede ser indiferente a las cuestiones de reconocimiento y a la politización de los problemas de identidad y diferencia que están detrás de los problemas que a nivel planetario plantea la religión, la nacionalidad o el género. Por eso estos temas seguirán manteniendo el centro de interés de los debates de los próximos años.
Sin embargo, como señala la introducción de “¿Redistribución o Reconocimiento?323”, si bien no se cuestiona actualmente la importancia que ha cobrado la categoría del reconocimiento respecto a los asuntos señalados, la relación que el reconocimiento tiene con la redistribución no ha sido debatida todavía de una manera suficiente.
Este debate se hace más urgente y grave en momentos como los actuales en los que se comprueba que la injusticia distributiva no ha desaparecido y que por el contrario las luchas por el reconocimiento tienen lugar en un mundo de desigualdades materiales cada vez más grandes: desigualdades en cuanto a la renta y la propiedad, desigualdades en el acceso al trabajo asalariado, en el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y al tiempo de ocio; desigualdades también, y de manera más evidente, en el consumo de calorías y en la exposición a la toxicidad medioambiental y, como consecuencia de ello, desigualdades en las expectativas de vida y en las tasas de enfermedad y mortalidad. La desigualdad material es algo que va en creciente y dramático aumento no sólo al interior de nuestros países subdesarrollados sino en la mayoría de los países del mundo: en los Estados Unidos y en Haití, en Suecia y en la India, en Rusia y en Brasil. La desigualdad está aumentando también globalmente, y de una forma más acentuada si tomamos en cuenta la línea que divide el hemisferio norte del hemisferio sur.

Junto con las desigualdades anotadas se observa que las fuerzas neoliberales promueven la globalización corporativa y debilitan las estructuras de gobierno que anteriormente impulsaban la redistribución al interior de los países. Bajo estas condiciones las cuestiones planteadas por la justicia distributiva no pueden tampoco ser puestas de lado. La redistribución y el reconocimiento deben ser analizados y relacionados entre sí.


Honneth y Fraser coinciden en analizar las relaciones de estas dos categorías o formas de la justicia, así como en rechazar la visión economicista de que el reconocimiento se limite a ser sólo un epifenómeno de la distribución.
En lo que no coinciden ambos es que Honneth sostiene que el reconocimiento es una categoría moral fundamental y omni-abarcante y, en consecuencia, trata el tema de la distribución como un tema derivado del reconocimiento y que al final se termina reduciendo a él. De esta manera Honneth interpreta el ideal socialista de la redistribución como una sub-variedad de la lucha por el reconocimiento.

Por su parte Fraser tiene una visión dual de la justicia, una visión en la cual y por la cual las dos categorías señaladas (reconocimiento y distribución) son percibidas como dimensiones mutuamente irreductibles e igualmente fundamentales. Esto es cierto de manera especial en un marco conceptual que busca integrar ambas categorías, que son distinguibles entre sí solo de una manera analítica, para analizar la relación que en la sociedad contemporánea tienen la desigualdad de clase y la jerarquía de estatus en la teoría del capitalismo. Ello explica porqué las fallas distributivas así como la falta de reconocimiento en muchas oportunidades se presentan juntas o entrelazadas.


Por su parte Honneth analiza y entiende el reconocimiento como un concepto diferenciado que abarca tres niveles distintos: el “reconocimiento de derechos”, la “valoración cultural” y las demandas de “amor”.
El debate señalado además de agudizar los puntos de vista de cada uno y sus diferencias también fortalece la conciencia de lo que comparten estos 2 autores: la ambición de conectar los niveles, usualmente discretos, de la filosofía moral, la teoría social y el análisis político en una teoría crítica de la sociedad capitalista que permita una adecuada comprensión de la misma que ayude a corregir sus inequidades.
Este es un punto o dirección hacia la cual también conduce, de una manera u otra, nuestra reflexión acerca del tema de la discapacidad, que no puede estar ausente de estos debates, aunque por cierto siguiendo muchas veces un camino totalmente diferente a éste así como incorporando a otros autores.


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