Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona



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Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona



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En Primera Persona, Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental, es la primera federación autonómica constituida en España que está integrada y gestionada por personas directamente afectadas.

Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental a través de la lucha contra el estigma, la recuperación/empoderamiento del colectivo y la defensa y garantía de los Derechos Humanos.



En Primera Persona queremos ser protagonistas en la toma de decisiones que nos afectan y reclamamos a la administración que oiga nuestra voz como primeros interesados y personas expertas por derecho propio en todo lo relacionado con la salud mental. Es por ello que nos sumamos al lema internacional del movimiento por los derechos de las personas con diversidad mental “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Luchamos contra la invisibilidad que hemos sufrido durante mucho tiempo, desplazados de la sociedad a la que pertenecemos, ésta, es una prioridad para nuestra federación.

Para luchar contra el estigma y promover la recuperación y el empoderamiento, debemos conocer y proteger nuestros derechos. Es necesario tomar conciencia que con algunas prácticas, como las medidas coercitivas, que se utilizan con nuestro colectivo, se están vulnerando derechos fundamentales.

Este año, queremos aprovechar esta conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, para promover un debate acerca de la necesidad de implementar servicios de prevención y tratamiento acordes con el respeto de los Derechos Humanos.

Desde la Federación En Primera Persona, compartimos, objetivos, estrategias y problemáticas; intercambiamos experiencias, proyectos, información y actividades entre todas las asociaciones andaluzas.

Desde nuestra experiencia como miembros del Grupo de trabajo “Derechos Humanos y Salud Mental de Andalucía”, creado en el marco del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2008‐2012 (PISMA II), queremos llamar la atención, tanto a las Administraciones Públicas como a la sociedad, de la necesidad de dedicar los recursos necesarios para cuidar la salud mental, aspecto básico de la salud. Prueba de esta necesidad queda constatada en el actual PISMA III 2016-2020, en el que una de sus cinco líneas estratégicas, concretamente la tres, está dedicada al respeto y vigilancia de los Derechos Humanos.

El pasado 3 de Junio junto con la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Federación Catalana d`Entitats de Salud Mental en 1ª Persona y la Confederación Salud Mental España, En Primera Persona firmamos e hicimos lectura del  “Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción”. En él dejamos constancia de que es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre las prácticas que no garantizan los derechos de las personas, de trabajar para su eliminación y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles.



En Primera Persona, reivindicamos una mejor asistencia socio-sanitaria que nos garantice un trato como ciudadanos de pleno derecho, y es por ello que presentamos algunos aspectos que consideramos esenciales para conseguirlo:

  • Potenciar el uso en los servicios socio-sanitarios de la Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental (Documento PAD-SM), como garantía del cumplimiento de los Derechos recogidos en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. A la par que abrir un canal para que estas decisiones sean vinculantes legalmente, como ya está recogido el Testamento Vital en el Decreto 59/2012, de 13 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía; y así sean garantes absolutos de nuestros derechos y decisiones.

  • La erradicación de la coerción en la asistencia psiquiátrica, que incluye el uso del poder, la fuerza o la amenaza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Especialmente señalamos el uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción, ya que estas prácticas lejos de tener un carácter terapéutico no garantizan los derechos fundamentales de las personas.

  • Mejoras en el servicio de las Unidades de Hospitalización en cuanto a la estructura física e instalaciones y reformas que garanticen el ambiente terapéutico y un trato digno.

  • Inversión de la tendencia abusiva a recurrir a la figura jurídica de Incapacitación para personas con problemas de Salud Mental Grave, propiciando en su lugar los apoyos necesarios que salvaguarden los derechos fundamentales de las Personas con Diversidad Mental.

  • Que se reconozca y se garantice la idoneidad de la complementariedad de Terapias farmacológicas y Terapias Psicológicas en el abordaje efectivo de los Trastornos Mentales Graves.

  • Ampliación de recursos en la atención especializada en empleo para personas con problemas de salud mental, generalizando la atención a todas las personas con diagnósticos de Trastorno Mental Grave, como herramienta fundamental en los procesos personales de Recuperación social.

  • Promoción y difusión de la colaboración en los Dispositivos de Salud Mental, de los Grupos y Agentes de Apoyo Mutuo (GAM) de personas con problemas de Salud Mental, como herramienta fundamental para la difusión y extensión del modelo de Recuperación social en los servicios públicos de Salud Mental.

  • Formación especializada para los Equipos de Mediación Familiar en la atención a familias con problemas de salud mental y apoyo a los menores a su cargo.



  • Que se garantice disminuyendo las ratios en todos los servicios de Salud Mental, la atención multidisciplinar (Psicólogos, Trabajadores Sociales, Terapeutas ocupacionales, Educadores Sociales, Psiquiatras…) en la atención de las personas con problemas de salud mental.

  • Implementar los aspectos en la atención socio-sanitaria que recojan la Patología Dual y la Comorbilidad con otras patologías de carácter físico o/y intelectual.

  • Reconocimiento de la titulación universitaria Enfermera Especialista de Salud Mental, como requisito imprescindible para trabajar en los Servicios Públicos de Salud Mental de Andalucía. Queremos que nos atienda el personal preparado y capacitado para ello. Es incongruente que existiendo dicha especialidad de enfermería en salud mental no se garantice su presencia en los servicios públicos que atienden a nuestro colectivo.

  • Formación especializada para los trabajadores de Ayuda a Domicilio que atienden a las personas mediante la Ley de la Dependencia en atención a las necesidades de nuestro colectivo de personas con problemas de salud mental.




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