Gobierno de puerto rico



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GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va Asamblea 1ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES


13 de febrero de 2017
P. de la C. 475

Informe Positivo

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, previo estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe con relación al P. de la C. 475, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Cámara 475 (en adelante “P. de la C. 475”) tiene el propósito de enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, a los fines de prohibir terminantemente el pago de un salario a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y limitando su compensación a una dieta por cada día de sesión regular o especial a que concurran, la cual nunca podrá ser mayor de doscientos (200) dólares, o a una dieta por cada día en que realicen gestiones por encomienda de la Junta que nunca podrá ser mayor de ciento cincuenta (150) dólares; establecer que ningún miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica podrá recibir más de treinta mil (30,000) dólares anuales por concepto de dieta y/o reembolso de gastos; y para otros fines relacionados.

Como bien señala la exposición de motivos del proyecto, la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante “AEE” o “Autoridad”) fue creada mediante la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. Tiene el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como para ayudar en la conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía en Puerto Rico, para hacer asequible a los habitantes de Puerto Rico, en la forma económica más amplia, los beneficios de aquellos, e impulsar por este medio el bienestar general y aumentar el comercio y la prosperidad.

Desde su creación los poderes de la Autoridad ha sido ejercida y su política general y dirección estratégica determinada por una Junta de Gobierno. Por varias décadas la compensación que se les otorga a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad se ha limitado a una dieta razonable por cada día de sesión regular o especial a que concurran. El monto de dicha dieta ha sido enmendado en varias ocasiones.

La Ley 29-2013, enmendó la sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” (en adelante “Ley de la Autoridad”) a los fines de no solo reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad), sino para alegadamente “profesionalizarlo”. Como parte de las enmiendas aprobadas en la Ley 29-2013, se prohibió terminantemente el pago de cualquier compensación a los miembros de la Junta. Sin embargo, como excepción a esta prohibición, se le concedió el derecho a recibir una dieta razonable a los representantes de los intereses de los consumidores por cada día de sesión a que concurran o por cada día que realicen gestiones por encomienda de la Junta o Presidente.

No obstante lo anterior, mediante la Ley 4-2016, conocida como la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”, se enmendó la Ley de la Autoridad para disponer que los miembros de la Junta tendrán derecho a recibir por sus servicios aquella compensación que determine la Junta por unanimidad. De no lograr la unanimidad, el Gobernador entonces determinará la compensación de los miembros, la cual debería ser comparable a aquella recibida por miembros de juntas de instituciones en la industria de la energía eléctrica. El motivo de esta preocupante cambio nunca fue discutido en la Exposición de Motivos de la Ley 4-2016.

Según es conocido, justo antes de culminar su mandato el exgobernador García Padilla estableció que los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad devengarán salarios anuales de entre $60,000 y $72,000, más el derecho a reclamar el reembolso de gastos por concepto de transportación aérea y terrestre, alojamiento y comidas. Estos salarios son exorbitantes e injustificados, máxime si consideramos la crisis fiscal y económica que atraviesa la propia corporación pública.

De otra parte, según es harto conocido, Puerto Rico en 10 años ha sufrido una contracción económica de 14.6% y la pérdida de cientos de miles de habitantes. El problema principal de nuestra economía es la pérdida poblacional e industrias. Muchos estudios como el World Economic Forum, el Informe Kruger y el informe de la Junta de Supervisión Fiscal reflejan los problemas que sufre Puerto Rico, a saber: leyes laborales restrictivas; un sistema de permisos oneroso y arcaico; un sistema contributivo complicado y que no incentiva la producción; y un costo energético demasiado alto que no nos permite competir en generación de inversión local y de afuera.

Esta Administración, en poco más de un mes, ya ha comenzado a trabajar con estos problemas. La Ley 4-2017 constituye una reforma laboral comprensiva que hace a Puerto Rico una jurisdicción abierta a los negocios. Del mismo modo, ya el Gobernador ha sometido legislación dirigida a flexibilizar y hacer más eficaz el sistema de permisos en Puerto Rico y, tal y como le prometimos al pueblo en el Plan para Puerto Rico, pronto se presentarán reformas energéticas y contributivas.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sufre problemas serios que no han sido capaces de corregir como el alto costo con energía; una producción de energía con alto costo ambiental que depende mayormente del petróleo; un deuda inmanejable junto a falta de acceso al mercado para realizar las reformas necesarias en generación y transmisión de energía.

Los avances en la AEE han sido interrumpidos con los cambios de Gobierno a administraciones del Partido Popular Democrático y por juntas de directores que no comparten la visión progresista de la actual administración. Tenemos que empezar a mirar a la AEE como un instrumento vital para el desarrollo económico de Puerto Rico.

En la década del 1990 bajo la gobernación de Pedro Rosselló González se diversificó por primera vez la generación de energía con AES (carbón) y Ecoeléctrica (gas natural). Dichas reformas permitieron generar energía más limpia a un precio más bajo. Bajo la gobernación de Luis Fortuño, la AEE viabilizó otros proyectos como lo parques eólicos de Santa Isabel (Pattern) y de Naguabo (Gestamp); el parque Solar con AES Ilumina y la conversión de gas natural de las unidades 5 y 6 de Costa Sur. De igual forma, se comenzó la conversión a gas natural de la Central de Aguirre.

Transcurridos 4 años de la administración del Partido Popular Democratico, las reformas y avances en la AEE se encuentran detenidas con el agravante de no tener acceso a los mercados y sufrir una crisis fiscal que resulta en un déficit en caja de $7,000 millones. Este panorama debe terminar y la dirección de la AEE debe estar en sintonía con las realidades fiscales y económicas del presente y en harmonía con la política pública avalada por el pueblo y bajo un sistema jurídico federal nuevo.

El Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló, ha emitido órdenes ejecutivas para acelerar la concesión de permisos mediante la declaración de emergencia en proyectos de infraestructura como son los de energía. Así, se agiliza la permisología de estos proyectos y se crea un “task forcé” gubernamental para esos propósitos. De igual forma, la legislación federal conocida como PROMESA permite un sistema ágil para permisos a nivel federal.

El Pueblo avaló una nueva política para lograr cambios en tiempos de crisis fiscal, como son las Alianzas Público Privadas Participativas, para lograr la inversión que requiere la AEE. Así, se puede viabilizar proyectos como el “Aguirre Gas Port”; la diversificación de la producción de energía y mejor utilización de la producción con gas en Costa Sur; la hidrogeneración de energía en sistemas de agua potable; y el aumento de generación de electricidad con sistemas hidroeléctricos, entre otros.

Para lograr estos cambios, es esencial que la dirección de la AEE esté en sintonía con la política pública avalada en las pasadas elecciones generales. Además, en tiempos de crisis no se justifica el pago de un salario de entre $60,000 y $72,000 a miembros de la Junta de Directores de la AEE cuando en el pasado los miembros de estas juntas lo hacían de forma gratuita o se le había remunerado con meras dietas.

Las nefastas políticas administrativas y económicas implementadas por el pasado gobierno llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar la Ley Pública 114-187 de 30 de junio de 2016, denominada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), delegando en una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la facultad de trabajar con el Gobierno de Puerto Rico para sacarnos de la crisis por la que atravesamos. El compromiso de la presente administración, a su vez, es trabajar mano a mano con dicha Junta para echar a Puerto Rico hacia adelante. A esos efectos, el 20 de diciembre de 2016, la JSF ha solicitado como prioridades al Gobierno de Puerto Rico incluir un plan y compromiso para implementar cambios significativos dirigidos a restaurar el crecimiento económico a través de reformas estructurales y fundamentales que creen una economía más competitiva, y que incluyan, entre otras cosas, que sus corporaciones públicas sean mucho más ágiles en su desempeño, que puedan generar economías en su administración, que ofrezcan mejores servicios a los ciudadanos y que se conviertan en pieza clave para el desarrollo económico de nuestra Isla.

Tomando en consideración lo anterior y el abismo en el cual nos encontramos, es impostergable tomar decisiones que nos permitan poder encaminarnos hacia un futuro de estabilidad y de desarrollo. Puerto Rico requiere una política pública clara y consistente, dirigida a convertirnos en una jurisdicción atractiva para fomentar la inversión económica en todos sus niveles que a su vez se traduzca en prosperidad y buenos servicios a los ciudadanos que habitamos en esta tierra.

Por lo antes expuesto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene un compromiso con la sociedad de reexaminar las estructuras gubernamentales, incluyendo sus corporaciones públicas, con el propósito de procurar que éstas operen de forma eficiente y transparente, que los servicios que ofrecen a la ciudadanía sean de lo mejor posible y que se conviertan en motor para el desarrollo económico. La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo III, Sección 16, otorga a la Asamblea Legislativa una de las facultades más importantes para la operación del Estado: “crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.” Se trata de la autoridad para configurar cómo estarán estructurados todos los organismos de gobierno sobre los cuales recae la tarea de administrar los recursos públicos y brindar servicios a toda la ciudadanía. La manera en que cada instrumentalidad o corporación pública esté configurada en términos de su funcionamiento y operación resulta determinante para el éxito o fracaso en la implementación de la política pública de los gobiernos de turno.

Sin duda, las corporaciones públicas son piezas fundamentales en el andamiaje gubernamental y para ello es que gozan de atributos tales como una personalidad jurídica propia. Las juntas o cuerpos rectores de las corporaciones públicas tienen funciones y poderes que, de ser ejercidos con conciencia de su impacto socioeconómico y en consideración a su deber de servir al pueblo de Puerto Rico, son esenciales para viabilizar proyectos que maximicen el bienestar general. La Autoridad de Energía Eléctrica no puede ser la excepción a esto último. Esta corporación pública incide directamente en el desarrollo de los cuatro (4) pilares del Modelo para la Transformación Socioeconómica de Puerto Rico, según dispuestos en el Programa de Gobierno de esta administración.

La AEE es una corporación pública creada con el objetivo de desarrollar, utilizar y aprovechar las fuentes de energía en Puerto Rico y con el propósito de hacer asequible a los habitantes de la isla, en la forma económica más amplia, los beneficios de aquéllos, e impulsar por ese medio el bienestar general. Naturalmente, para que esa corporación pública pueda cumplir cabalmente con sus objetivos es necesario que su cuerpo rector, entiéndase la Junta de Gobierno, esté formado por personas que estén a fines y dispuestos a implementar la política pública de la administración gubernamental de turno.

Por otro lado, el Artículo 29 de la Ley 3-2017, mejor conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, dispone que “todo miembro de una junta o cuerpo rector de una corporación pública deberá gozar de la confianza del Gobernador de Puerto Rico para poder ejecutar y llevar a cabo la política pública establecida, toda vez que los mismos inciden en la formulación de política pública y en el plan fiscal que hay que presentar ante la Junta de Supervisión Federal”. Con la vigencia de esta Ley, el Gobernador quedó facultado para remover los miembros de la junta de directores de una corporación pública que incidan en la formulación de política pública” establecida y en el plan fiscal que hay que presentar ante la Junta de Supervisión Fiscal, conforme a PROMESA. Igualmente, se dispone claramente en la referida ley que dicha disposición le aplicará a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica, y a las demás corporaciones públicas.

Conforme al Art. 101 de PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a su plena discreción, en el momento que considere apropiado, podrá designar a cualquier instrumentalidad territorial como una instrumentalidad territorial cubierta y sujeta a las obligaciones de la referida Ley. A este momento, la JSF ha designado todas las corporaciones públicas como instrumentalidades cubiertas. En cuanto a estas instrumenalidades, la JSF podrá exigir, en su plena discreción, que el Gobernador las incluya en el plan fiscal aplicable o un plan fiscal por separado. Si la JSF opta por la segunda alternativa, podrá exigir que el Gobernador desarrolle dicho plan fiscal separado para la instrumentalidad en cuestión.

Por otro lado, conforme el Artículo 205 de PROMESA, la JSF podrá someter en cualquier momento recomendaciones al Gobernador o a la Legislatura sobre acciones que el gobierno territorial deba tomar para garantizar el cumplimiento del plan fiscal o para: promover de alguna otra manera la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia en la prestación de servicios. Hechas las recomendaciones, el Gobernador tendrá que someter una declaración indicando si el gobierno adoptará la recomendación. Si no la adopta, el Gobernador deberá explicar al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso sus razones para no adoptarlas.

De las disposiciones antes mencionadas, debe quedar claro que, para poder trabajar con el plan fiscal que ha sido requerido y las disposiciones de PROMESA, este Gobierno tiene que garantizar que todas las entidades públicas, incluyendo la AEE, estén en la misma página en cuanto al plan fiscal y la política pública trazada para cumplir con éste. Ante la JSF, el Presidente de los Estados Unidos y el Congreso, el Gobernador es el responsable de implantar el Plan Fiscal y dar explicaciones sobre lo que se hace o se deja de hacer en todas las instrumentalidades del Gobierno.

Es bajo este marco legal, que esta Asamblea Legislativa, entiende que la crisis fiscal por la cual atraviesa Puerto Rico es superable pero, solo si el Gobernador cuenta con un equipo comprometido con implantar y hacer cumplir el plan fiscal que está siendo elaborado. Esta decisión no es un subterfugio para remover a funcionarios públicos de su cargo. Esta decisión no se toma de forma liviana sino que llegamos a ella por entender que, bajo el nuevo estado de Derecho creado por la aprobación de la Ley PROMESA y la llegada de la JSF, impedirle al Gobernador contar con el brazo ejecutivo a cargo de la corporaciones públicas como la AEE, incidiría en la formulación de política pública y destinaría al fracaso la implantación del Plan Fiscal y la restructuración de la deuda.

Amparándonos en todo lo anterior, y en aras de lograr que los objetivos de política pública del actual gobierno se alcancen de la forma más efectiva y responsiva al bienestar de la ciudadanía, es necesario que esta Asamblea Legislativa ejerza su prerrogativa constitucional y reorganice el cuerpo rector de la Autoridad de Energía Eléctrica y elimine los salarios injustificables de los miembros de su Junta de Directores.

Análisis y Discusión de la Medida

La Comisión de Gobierno, al evaluar P. de la C. 475, celebró una vista pública y recibió las ponencias de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La AEE no endosó la medida, argumentando que el establecimiento de la dieta propuesta en el proyecto podrían “convertirse en un obstáculo para reclutar futuros miembros para la Junta de Gobierno”. En adición, planteó la AEE que los cambios propuestos mediante la medida tienen el potencial de socavar la credibilidad y confianza alegadamente alcanzada con los acreedores de la corporación pública, y podría hasta constituir un incumplimiento a los acuerdos.

No obstante lo anterior, a preguntas de la Comisión de Gobierno la AEE no logró precisar la forma en que el proyecto de ley podría socavar la credibilidad y confianza de la corporación pública, y mucho menos los acuerdos específicos que serían incumplidos y/o sus supuestas consecuencias negativas. Finalmente, en cuanto a la eliminación de los salarios exorbitantes de la Junta que la pasada administración aprobó al final del año 2016, el presidente de la Junta de la AEE, Luis R. Benítez Hernández, aceptó que la anterior Junta había realizado un trabajo de nivel profesional, a pesar de que no recibía paga por concepto de dieta o salario. Incluso, el señor Benítez aseguró que en su caso podría asumir la responsabilidad de llevar las riendas de la Junta sin paga, tal y como ocurrió entre el 2013 y el 2016.

Es menester precisar que en su ponencia la AEE reconoció que por los pasados 30 meses ha confrontado una crisis financiera y operacional, la cual se refleja en la acumulación de deuda y la falta de capital para invertir en infraestructura e hicieron que la Autoridad se deteriorase hasta convertirse en una entidad obsoleta. En adición, actualmente la Autoridad tiene una deuda de alrededor de $9 mil millones que incluye aproximadamente $700 millones en líneas de crédito de combustible con fecha de vencimiento de 2014, y la imposibilidad de acceso a los mercados de capital para su financiamiento.


Durante el análisis de esta medida la administración del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló, presentó un proyecto de ley con el fin de reorganizar la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y de eliminar el pago de los salarios exorbitantes que la pasada administración adoptó a finales del año 2016. Se trata del Proyecto de la Cámara 773 (en adelante P. de la C. 773) (Núm. de Fortaleza: F-021), cuyo equivalente en el Senado es el Proyecto del Senado 326.

Luego de evaluar el P. de la C. 773, la Comisión de Gobierno no sólo concuerda con su propósito, sino estima que el mismo está íntimamente relacionado a los propósitos del P. de la C. 475. Incluso, el P. de la C. 773 representa, indudablemente, un paso de avanzada en la dirección correcta en cuanto a la necesidad de convertir a la Autoridad en una corporación pública que verdaderamente adelante sus objetivos en fin del bienestar común y el desarrollo económico de Puerto Rico.

Así, la Comisión de Gobierno procede a incorporar al P. de la C. 475 las disposiciones esenciales del P. de la C. 773 en todo aquellos relacionado a la necesidad de de reorganizar la Junta de Gobierno de la Autoridad. Sin embargo, como parte del entirillado electrónico del P. de la C. 475 se han realizado algunos cambios importantes a algunas de las disposiciones del P. de la C. 773. En particular, en vez de dejar al arbitrio de la Junta el poder establecer el monto de las dietas que tendrían derecho a cobrar como parte de sus funciones, se mantienen las limitaciones contenidas en el P. de la C. 475 (dietas nunca podrán ser mayor de $200.00 por cada día de sesión regular o especial a que concurran, o $150.00 por cada día en que realicen gestiones por encomienda de la Junta, con un tope anual de $30,000.00 por concepto de dieta y/o reembolso de gastos). Entendemos que estos cambios salvaguardan el interés público y garantizan el buen uso de los limitados recursos de la corporación pública.
Cabe señalar que la aprobación de esta medida no tendrá un impacto fiscal negativo que amerite certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y/o de cualquier otro ente revisor. Por el contrario, es patente que esta medida redundará en un alivio fiscal para la corporación pública.
CONCLUSIÓN

En vista a lo antes expuesto, esta Comisión entiende que es necesaria la medida para no sólo atender el error de juicio cometido por la pasada Administración en relación al exorbitante e injustificado salario de los miembros de la Junta de la AEE, sino para lograr que los objetivos de política pública del actual gobierno se alcancen de la forma más efectiva y responsiva al bienestar de la ciudadanía. De hecho, según reconoció el propio presidente actual de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis R. Benítez Hernández, la anterior Junta había realizado un trabajo de nivel profesional, a pesar de que no recibía paga por concepto de dieta o salario.



Es la posición de esta Comisión de Gobierno que los avances en la AEE han sido interrumpidos con los cambios de Gobierno a administraciones del Partido Popular Democrático y por juntas de directores que no comparten la visión progresista de la actual administración. No cabe la menor duda que tenemos que empezar a mirar a la AEE como un instrumento vital para el desarrollo económico de Puerto Rico. Por tanto, es necesario que esta Asamblea Legislativa ejerza su prerrogativa constitucional y reorganice el cuerpo rector de la Autoridad de Energía Eléctrica y elimine los salarios injustificables de los miembros de su Junta de Directores.
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, luego del estudio y consideración correspondiente, recomienda la aprobación del P. de la C. 475, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.
Respetuosamente sometido.


Jorge Navarro Suárez

Presidente

Comisión de Gobierno




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