Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones



Descargar 3.04 Mb.
Página2/63
Fecha de conversión06.10.2017
Tamaño3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron denuncias según las cuales se habían infligido torturas u otros malos tratos a detenidos, por lo general inmediatamente después de su detención y durante los interrogatorios. En octubre, el ministro del Interior afirmó que, en los tres últimos años, el Servicio de Inspección Interna había denunciado ante la Fiscalía a 128 policías por «actos arbitrarios» relacionados con el uso de la violencia.

Sin embargo, muy pocos de estos casos terminaron en los tribunales. Por lo general sólo se emprendían acciones penales si la víctima presentaba una denuncia o si el Defensor del Pueblo formulaba una recomendación en este sentido. En una ocasión, ni la fiscalía ni los jueces emprendieron las investigaciones pertinentes cuando un acusado se presentó con magulladuras en una vista convocada para decidir si se decretaba o no su prisión preventiva. Los fiscales nunca o casi nunca presentaban cargos de tortura, y preferían invocar delitos menores, como «actos arbitrarios», que en la práctica comportaban por lo general simplemente la imposición de multas.

En enero se confió al Defensor del Pueblo el mecanismo nacional de prevención de la tortura, creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Durante una serie de visitas efectuadas sin previo aviso a diversas comisarías, el Defensor del Pueblo detectó e hizo públicos varios casos de malos tratos a manos de la policía. A raíz de una de estas visitas, llevada a cabo en noviembre, la policía de la localidad de Shkoder emprendió acciones penales contra el Defensor del Pueblo, asegurando que había puesto en peligro una investigación al citar por sus iniciales a dos agentes de la policía judicial y a su presunta víctima.

 En noviembre se inició una investigación contra un agente de la policía judicial de Saranda por «haber ejercido la violencia durante una investigación». El 6 de noviembre, mientras lo interrogaba, el agente había golpeado al parecer a Aristil Glluçaj, de 18 años, hasta hacerle perder el conocimiento. El joven ingresó en un hospital ese mismo día.

Se recibieron también denuncias según las cuales guardias de prisiones habían infligido malos tratos a reclusos. En febrero, el Servicio de Inspección Interna del Ministerio del Interior investigó varias quejas presentadas por reclusos de las cárceles de Peqin y Lehzë que afirmaban haber sido objeto de malos tratos por parte de algunos guardias. En la investigación llevada a cabo a tal efecto se llegó a la conclusión de que las quejas eran fundadas y se impusieron medidas disciplinarias a los guardias en cuestión.



Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión equivalían en algunos casos a trato inhumano o degradante. La asistencia médica era inadecuada, y a los internos con enfermedades mentales no se les mantenía separados de los demás reclusos y nunca o casi nunca se les proporcionaba tratamiento especializado. Los detenidos, incluso después de que se les hubiera impuesto una condena o decretado su prisión preventiva, permanecían a menudo en comisarías, donde las condiciones eran en general muy malas. Esta circunstancia se debía a la falta de capacidad de las cárceles y a retrasos en los trámites burocráticos. No obstante, se registraron algunas mejoras en las condiciones de reclusión y en la legislación relativa al control de las cárceles y a los derechos de los presos.

A pesar de inaugurarse tres nuevas prisiones, persistieron las condiciones de hacinamiento. En noviembre, el número de presos se elevaba a 4.666, unos 900 más de los que cabían en las cárceles. En junio, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que nada menos que 120 personas se encontraban en prisión preventiva en los calabozos situados en los sótanos de la comisaría del distrito de Korça y que sus condiciones equivalían a trato inhumano y degradante. La comisaría sólo podía acoger a 40 detenidos.

En octubre se inauguró una nueva prisión en Korça, a la que se trasladó a condenados y presos preventivos. En noviembre, el Comité Albanés de Helsinki criticó las condiciones de una prisión construida recientemente en Fushë-Krujë, en concreto la humedad en las celdas de la planta baja, la escasez de agua corriente y el mal funcionamiento de las duchas. El Comité criticó también las condiciones de falta de higiene de las prisiones para mujeres 302 y 313 de Tirana.



Derecho a la vivienda

El Estado siguió sin aplicar la legislación nacional que establecía que, después de finalizar la educación secundaria o alcanzar la mayoría de edad, debía darse prioridad a los huérfanos en el acceso a la vivienda. Alrededor de 300 adultos que se quedaron huérfanos siendo niños seguían compartiendo habitaciones en edificios inadecuados y medio en ruinas, en unas condiciones que agravaban su exclusión social. Al no contar con preparación académica, no solían encontrar empleo o ejercían trabajos ocasionales mal pagados, y por consiguiente se veían obligados a vivir con los reducidos subsidios del Estado. Según la legislación albanesa, los huérfanos registrados menores de 30 años eran uno de los grupos vulnerables a los que había que dar prioridad a la hora de asignar una vivienda social. Sin embargo, la escasa oferta de viviendas sociales no satisfacía las necesidades de las 45.000 familias registradas que, según los informes, no disponían de un lugar donde vivir.



Alemania

República Federal de Alemania

Jefe del Estado: Horst Köhler

Jefe del gobierno: Angela Merkel

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 82,5 millones

Esperanza de vida: 79,1 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 5/5 por cada 1.000
Como en años anteriores, Alemania no abordó las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la «guerra contar el terror» encabezada por Estados Unidos, incluida su participación en entregas extraordinarias (traslado ilegal de sospechosos entre países). Alemania volvió a referirse a las garantías diplomáticas como medios apropiados en casos de expulsión en los que las personas afectadas podían correr riesgo de sufrir abusos graves contra los derechos humanos, lo que suponía una violación de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional. Las personas migrantes en situación irregular siguieron sin tener acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Seguridad y medidas antiterroristas

El fiscal general federal declaró en septiembre que en un procedimiento penal podían utilizarse pruebas obtenidas en «circunstancias dudosas» en un país extranjero, si bien con prudencia, especialmente para prevenir ataques terroristas. Además de declarar que la carga de la prueba recaía por entero sobre el acusado, el fiscal federal afirmó que podían utilizarse pruebas obtenidas de un modo no acorde con la legislación alemana para iniciar una investigación penal. No excluyó las pruebas obtenidas mediante tortura.

En octubre, el Ministerio del Interior propuso un proyecto de procedimiento reglamentario para la aplicación de la Ley de Extranjería. El reglamento preveía el uso de garantías diplomáticas para eliminar el riesgo de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al que se enfrentaban las personas devueltas a su país de origen. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos consideraron que esas garantías contravenían las obligaciones internacionales contra la tortura.

Dos ciudadanos tunecinos seguían corriendo riesgo de expulsión dado que el Ministerio Federal del Interior consideraba que las garantías del gobierno tunecino eran suficientes para eliminar el riesgo que correrían los hombres en caso de ser devueltos. Al terminar el año estaba pendiente la revisión judicial de los casos. En marzo se cerraron las investigaciones criminales llevadas a cabo para probar la participación de uno de los tunecinos en actividades relacionadas con el terrorismo.

En junio, el comité parlamentario de investigación concluyó sus investigaciones preliminares sobre la participación de las autoridades alemanas en el programa de entregas extraordinarias dirigido por Estados Unidos. Hubo funcionarios del gobierno y de los servicios de información que no se mostraron dispuestos a cooperar eficazmente con el comité. Las autoridades no le proporcionaron algunos de los documentos que había solicitado o lo hicieron con retraso, lo cual obstaculizó gravemente sus investigaciones.

El fiscal especial del comité reveló que los ciudadanos egipcios Ahmed Agiza y Mohammed el Zari habían sido entregados a Egipto en diciembre de 2001 cruzando el espacio aéreo alemán, y que un vuelo de la CIA que transportaba al ciudadano egipcio Abu Omar, secuestrado en Italia en febrero de 2003, había hecho escala en la base aérea de Ramstein cuando se dirigía a Egipto. Las autoridades alemanas no introdujeron medidas para impedir futuras entregas a través de su territorio, incluido su espacio aéreo.

En junio, el fiscal de Tubinga puso fin, por falta de pruebas, a las investigaciones sobre las denuncias de malos tratos sufridos por Murat Kurnaz a manos de soldados del Comando de Fuerzas Especiales del ejército alemán mientras estuvo bajo custodia estadounidense en Afganistán en 2002, aunque aceptó el testimonio de Murat Kurnaz como verosímil. Las autoridades estadounidenses habían denegado una petición para que miembros del personal del ejército estadounidense declarasen como testigos. La investigación parlamentaria sobre las mismas denuncias se cerró en septiembre por la misma razón. Sin embargo, hubo miembros de partidos de la oposición que afirmaron que existían indicios claros que respaldaban las denuncias de Murat Kurnaz contra los soldados alemanes.

En junio, el ciudadano alemán Khaled el Masri presentó una demanda judicial para forzar al gobierno a pedir la extradición de 13 ciudadanos estadounidenses sospechosos de haberlo trasladado ilegalmente a Afganistán. En enero de 2007, un tribunal de Múnich había emitido peticiones de extradición que no se hicieron llegar al gobierno estadounidense.



Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En un procedimiento acelerado de determinación de la solicitud de asilo que tuvo lugar en el aeropuerto de Fráncfort el 14 de mayo, las autoridades de inmigración devolvieron a su país a los ciudadanos eritreos Yonas Haile Mehari y Petros Aforki Mulugeta, después de rechazar sus solicitudes de asilo como manifiestamente infundadas. Ambos fueron detenidos a su llegada a Eritrea. El 20 de julio fueron trasladados a la prisión de Adi Abeto y, el 30 de julio, Petros Aforki Mulugeta fue trasladado a la prisión de Wia. Yonas Haile Mehari, clasificado por las autoridades como desertor, fue trasladado a la unidad del ejército a la que pertenecía, donde corría riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

Amnistía Internacional criticó el enfoque discriminatorio del gobierno respecto a la admisión de refugiados iraquíes. En abril, el ministro del Interior había generado polémica al anunciar que sólo se admitiría a iraquíes cristianos. Tras un debate público, la medida se modificó para que pudieran ser admitidos miembros de minorías religiosas en general y otros refugiados iraquíes vulnerables. Sin embargo, en julio, la canciller Angela Merkel, a instancias del primer ministro iraquí, interrumpió los preparativos para la admisión de refugiados iraquíes y para alcanzar una decisión en materia de reasentamiento dentro de la Unión Europea. Tras las conclusiones de la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE en noviembre, el ministro del Interior alemán aceptó en diciembre que Alemania admitiría a 2.500 refugiados iraquíes procedentes de Jordania y Siria y pertenecientes a grupos especialmente vulnerables.

Derechos de las personas migrantes

Todas las instituciones públicas, incluidas las prestatarias de servicios sociales, estaban obligadas legalmente a comunicar a las autoridades la identidad de cualquier migrante en situación irregular. Esta disposición restringía el acceso de las personas migrantes a los servicios de salud y a remedios judiciales en caso de violación de sus derechos laborales, así como el acceso de los menores de edad a la educación.



Policía y fuerzas de seguridad

 Un hombre, A.Ö., murió en el hospital el 5 de marzo después de entrar en coma bajo custodia policial en Hagen, el 17 de febrero. La policía lo había inmovilizado atándolo boca abajo. La Fiscalía General concluyó sus investigaciones y resolvió que la fuerza utilizada por la policía había sido proporcionada, a pesar de que a partir de 2000 se formaba a los agentes para que no inmovilizaran a una persona boca abajo debido al riesgo de asfixia.

En diciembre, el tribunal regional de Dessau absolvió a dos agentes de policía del cargo de homicidio por negligencia en el caso de Oury Jalloh, que había muerto en 2005 de un golpe de calor causado por un incendio que se declaró en su celda mientras se encontraba bajo custodia policial. En la exposición oral de las razones de la sentencia, el tribunal criticó duramente los testimonios de la mayoría de los agentes de policía que comparecieron como testigos en la causa judicial.

Novedades jurídicas: derechos económicos, sociales y culturales

A diferencia de años anteriores, el gobierno apoyó activamente el Proyecto de Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y votó a favor de su adopción por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008.



Informes y visitas de Amnistía Internacional

Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (EUR 01/003/2008)

Germany: Submission to the UN Universal Periodic Review - Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (EUR 23/004/2008)

Angola

República de Angola

Jefe del Estado: José Eduardo dos Santos

Jefe del gobierno: António Paulo Kassoma

(sustituyó a Fernando da Piedade Dias dos Santos

en septiembre)

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 17,5 millones

Esperanza de vida: 41,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 243/215 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 67,4 por ciento


Se recibieron menos informes sobre desalojos forzosos y el gobierno comenzó a construir viviendas sociales. Disminuyó el número de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Continuaron la intimidación y el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos: las autoridades pidieron a la oficina de la ONU para los derechos humanos que se retirase de Angola y trataron de cerrar una organización local. Se observaron restricciones a la libertad de expresión, y se hostigó a periodistas mediante acciones judiciales por difamación. Un preso de conciencia fue condenado a una larga pena de cárcel.

Información general

Las intensas lluvias en las provincias de Cunene, Namibe y Huíla causaron inundaciones que obligaron a más de 10.000 personas a abandonar sus hogares en febrero. Aproximadamente otras 50 familias perdieron sus viviendas en noviembre en Huambo como consecuencia de las intensas lluvias.

En abril, Angola pasó a ser el mayor productor de petróleo del África subsahariana, superando a Nigeria. Pese a ello, el 68 por ciento de la población del país vivía por debajo del umbral de pobreza y un 28 por ciento de esa cifra, en situación de pobreza extrema.

En febrero, Angola extraditó a Nigeria a Henry Himomotim Okah y Eduardo Atata. Los dos eran sospechosos de estar involucrados en ataques en la región nigeriana del delta del Níger, rica en petróleo.

Unas 30 personas detenidas, entre las que había 10 mujeres y un niño, murieron en marzo al derrumbarse el edificio de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Otras 145 personas detenidas tuvieron que ser hospitalizadas. Aunque se llevó a cabo una investigación para determinar las causas del derrumbe, no se hicieron públicas sus conclusiones.

En marzo, un empleado portugués de una empresa de ese país resultó herido por disparos en un brazo y una pierna cuando viajaba en un vehículo de la compañía. Las Fuerzas Armadas de Cabinda, brazo armado del Frente de Liberación del Estado de Cabinda (FLEC), reivindicaron la autoría del ataque, afirmando que atacarían a las empresas extranjeras que trabajaban en Cabinda para impedirles apoyar a la economía de Angola.

En septiembre se celebraron las primeras elecciones legislativas en 16 años. En términos generales estuvieron exentas de violencia y otras violaciones de derechos humanos, a pesar de algunos incidentes aislados de hostigamiento de activistas políticos en el periodo preelectoral. El principal partido de la oposición, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), reclamó al principio la repetición de los comicios en la capital, Luanda, pero finalmente aceptó los resultados, según los cuales el partido gobernante, Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ganó las elecciones con más del 80 por ciento de los votos.

Angola presentó en noviembre sus informes inicial, segundo y tercero combinados al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Durante este periodo de sesiones, el viceministro de Relaciones Exteriores reconoció la importancia de la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en Angola.



Derecho a la vivienda

El gobierno inició la construcción de viviendas en aplicación del programa Angola Joven, que aspiraba a construir un millón de unidades de vivienda social hasta el año 2012. Después de las elecciones de septiembre, el Ministerio de Urbanismo y Medio Ambiente pasó a denominarse Ministerio de Urbanismo y Vivienda. En octubre tuvieron lugar en Luanda celebraciones con motivo del Día Mundial del Hábitat. Durante estas celebraciones el gobierno se comprometió a destinar más del 10 por ciento de los ingresos derivados del petróleo a viviendas sociales.

Se recibieron menos informes de desalojos forzosos que en años anteriores. Según los informes, algunas de las personas afectadas por desalojos forzosos fueron realojadas. También se recibieron informes de que el gobierno planeaba realojar a las familias afectadas por desalojos forzosos de sus hogares en años anteriores en las barriadas de Cambamba I, Cambamba II y Cidadania, pero al terminar 2008 esto no había sucedido.

 En octubre, al menos 17 familias fueron desalojadas por la fuerza y la empresa constructora Jardim do Éden demolió sus viviendas en la barriada luandesa de Iraque. Las familias afirmaron que disponían de títulos de propiedad de los terrenos del municipio de Kilamba Kiaxi desde 1989. Según informes, algunos residentes recibieron como compensación una cantidad de entre 500 y 2.500 dólares estadounidenses. No se ofreció alojamiento alternativo a las familias que no podían costeárselo por sí mismas.



Policía

Se registraron mejoras en la política policial, lo que incluyó la aprobación de un modelo de actuación policial que regulaba el uso de la fuerza. La policía no pareció comportarse de manera partidista y hubo pocos informes de violencia y violaciones de derechos humanos durante las elecciones. No obstante, se produjeron algunos casos de homicidio ilegítimo a manos de la policía.

En julio, un grupo de unos siete agentes de policía se presentó en la zona de Largo da Frescura en un vehículo blanco sin marcas distintivas y abrió fuego contra ocho jóvenes, a los que dio muerte. Los agentes sostuvieron que habían respondido a denuncias de que un grupo de jóvenes sospechosos de robo a mano armada estaba en la zona, y que los jóvenes habían disparado contra ellos. Afirmaron que repelieron los disparos en defensa propia. Ningún agente de policía resultó herido. Testigos presenciales declararon que los agentes ordenaron a los jóvenes que se tumbaran boca abajo, dispararon contra ellos mientras estaban tumbados en el suelo y se marcharon del lugar de los hechos. Siete agentes de policía fueron detenidos, pero al término de 2008 no había tenido lugar juicio alguno.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El ambiente para los defensores y defensoras de los derechos humanos siguió siendo tenso. En mayo se cerró a petición del gobierno la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Angola. Las autoridades afirmaron que la Oficina carecía de mandato legal ya que era un residuo de la Misión de Observadores de la ONU en Angola (MONUA), al que se había permitido permanecer en el país al término de la misión de mantenimiento de la paz en 2002.

En septiembre, el fiscal general inició una acción judicial en el Tribunal Constitucional para cerrar la Asociación Justicia, Paz y Democracia, alegando que los documentos fundacionales de la asociación incluían disposiciones contrarias a la legislación angoleña. Al terminar el año no se había dictado sentencia.

Libertad de expresión: periodistas

Continuaron las restricciones de la libertad de expresión de los periodistas. Algunos periodistas fueron hostigados mediante acciones judiciales por difamación.

En julio, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones y el Ministerio de Comunicación Social ordenaron conjuntamente a Rádio Despertar, emisora de radio privada, que suspendiera sus emisiones durante 180 días, aduciendo que éstas cubrían una zona superior a la autorizada en su licencia.

Detención y reclusión arbitrarias

Algunas personas fueron detenidas por ejercer su derecho a la libertad de asociación y reunión.

En marzo, la policía y miembros de la policía de investigación criminal interrumpieron la celebración de la peregrinación anual en Cabinda e impidieron a más de 3.000 miembros de la Iglesia católica continuar con la peregrinación. Los obligaron a quedarse sentados al sol sin agua ni alimentos. Xavier Soca Tati y otra persona fueron llevados a la comisaría de policía, donde los interrogaron durante varias horas. Los dos afirmaron que habían seguido los procedimientos necesarios antes de la peregrinación pero la policía lo negó. No se presentaron cargos contra ninguno de los miembros de la Iglesia católica.

 En octubre, la policía detuvo y recluyó en Caxito, provincia de Bengo, a miembros del Sindicato de Profesores de Angola que se habían declarado en huelga para protestar por los bajos salarios y las deficientes condiciones de trabajo. Manuel Bento Azevedo, Gonçalves Ismael Lopes, Moniz Mujinga, César Gomes António y Almério Augusto Cristóvão fueron detenidos en la escuela misionera 307 bajo la acusación de coaccionar a otros profesores para que secundaran la huelga. Otros cinco profesores fueron detenidos esa semana en diferentes escuelas de la provincia de Bengo. En una ocasión la policía no disponía de órdenes de detención, pero afirmó que cumplía órdenes. Los 10 profesores quedaron en libertad sin juicio dos días después de la detención inicial, pero unos cinco días más tarde Manuel Bento Azevedo y otros dos miembros del sindicato fueron detenidos de nuevo. A finales de octubre los tres fueron absueltos por el Tribunal Provincial de Bengo.



Presos de conciencia

En septiembre, José Fernando Lelo, ex corresponsal de Voice of America en Cabinda, fue declarado culpable por un tribunal militar, en un juicio que careció de las debidas garantías, y condenado a 12 meses de prisión por delitos contra la seguridad del Estado y por incitar a la rebelión armada en Cabinda. Lo habían detenido en noviembre de 2007 y estuvo recluido sin cargos hasta marzo de 2008. Cinco soldados juzgados al mismo tiempo fueron declarados culpables de intento de rebelión armada y otros delitos militares y condenados a 13 años de prisión. Un sexto soldado fue absuelto.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal