Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones



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representada por Quentin Bryce

(sustituyó a Michael Jeffery en septiembre)

Jefe del gobierno: Kevin Rudd

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 21 millones

Esperanza de vida: 80,9 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/5 por cada 1.000


El gobierno pidió disculpas a las «generaciones robadas» de personas indígenas que habían sido separadas de sus familias en virtud de la política gubernamental vigente desde 1910 hasta 1970. En el Territorio del Norte continuó suspendida la aplicación de la Ley Federal sobre la Discriminación Racial. Se creó un Consejo Nacional encargado de reducir la violencia contra las mujeres y los menores. Se eliminaron los visados de protección temporal y la detención obligatoria, pero, en la práctica, se continuó recluyendo a personas solicitantes de asilo.

Derechos de los pueblos indígenas

En febrero, en una decisión histórica, el gobierno australiano pidió disculpas a las «generaciones robadas» (personas aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres que habían sido separadas por la fuerza de sus familias cuando eran menores de edad), pero se negó a ofrecer indemnizaciones. También se comprometió a «cerrar la brecha» existente entre los pueblos indígenas y el resto de la población australiana, aunque se opuso a firmar la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En octubre, una Junta de Revisión designada por el gobierno recomendó que se modificara la respuesta gubernamental de emergencia que existía anteriormente para proteger a la población infantil del Territorio del Norte y ofrecer seguridad a sus comunidades aborígenes. Las recomendaciones proponían aumentar el compromiso con las comunidades aborígenes, reinstaurar la Ley sobre Discriminación Racial y tomar medidas urgentes para hacer frente a las numerosas carencias y al elevado índice de marginación de los pueblos indígenas. El gobierno aceptó reinstaurar la Ley sobre Discriminación Racial, pero sólo una vez transcurridos 12 meses.

Violencia contra mujeres y niñas

En mayo, el gobierno australiano creó el Consejo Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos.

En agosto, el Tribunal Superior de Australia confirmó la condena impuesta a la propietaria de un burdel de Melbourne, que se convirtió en la primera persona condenada en virtud de la legislación contra la esclavitud promulgada en 1999.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En agosto, el gobierno anunció la eliminación de los visados de protección temporal para las personas solicitantes de asilo.

En enero, el gobierno cerró el centro de detención que mantenía en la nación insular de Nauru. En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación ante el hecho de que continuara utilizándose el centro de detención de la Isla de Navidad. Pese a todo, en diciembre Australia empezó a utilizar un nuevo centro de detención de alta seguridad en la isla.

En julio, el gobierno anunció que las personas solicitantes de asilo permanecerían detenidas temporalmente para comprobar su identidad, estado de salud y situación con respecto a la seguridad, pero que sólo continuarían recluidas las que representasen un peligro para la sociedad. Al finalizar el año no se había cumplido este compromiso.



Seguridad y medidas antiterroristas

Continuó vigente la ley que permitía la detención sin cargos de personas sospechosas de actos de terrorismo. Esta ley era incompatible con el derecho internacional. En diciembre, el gobierno acordó reformarla y estableció un mecanismo de observación de la legislación sobre seguridad nacional que revisara su aplicación.

 En octubre, Joseph «Jack» Thomas, la primera persona sujeta a una orden de control que restringía su libertad de circulación, asociación y comunicación, fue absuelto de delitos relacionados con el terrorismo tras volver a ser juzgado.

 En diciembre expiró la orden de control impuesta a David Hicks, ex detenido de Guantánamo.



Tortura y otros malos tratos

El gobierno anunció su intención de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y de promulgar legislación que prohibiera expresamente la tortura.



Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En julio, Australia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En noviembre, el gobierno reformó la legislación a fin de eliminar la discriminación ejercida contra parejas formadas por personas del mismo sexo y sus hijos; sin embargo, no incluyó el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo.



Informes y visitas de Amnistía Internacional

Setting the standard: International good practice to inform an Australian national plan of action to eliminate violence against women (Amnistía Internacional Australia, 2008)


Austria

República de Austria

Jefe del Estado: Heinz Fischer

Jefe del gobierno: Werner Faymann

(sustituyó a Alfred Gusenbauer en diciembre)

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 8,4 millones

Esperanza de vida: 79,4 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 6/5 por cada 1.000
No se registraron avances en la aplicación de salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos con arreglo a lo establecido por los órganos de derechos humanos regionales e internacionales. Las autoridades no protegían los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Tortura y otros malos tratos

 Al finalizar el año no se había indemnizado ni rehabilitado todavía a Bakary J., víctima de torturas. Tras un intento de expulsión el 7 de abril de 2006, Bakary J. había sido golpeado y sometido a un simulacro de ejecución. En septiembre de 2007, la autoridad disciplinaria encargada de examinar el correspondiente recurso de apelación redujo la cuantía de las multas impuestas originalmente a los cuatro agentes de policía juzgados por este delito, y éstos no fueron apartados de sus puestos. El 18 de septiembre de 2008, un tribunal administrativo decidió que la resolución adoptada por dicha autoridad disciplinaria era ilegal, pues no había tenido en cuenta debidamente la naturaleza «deliberada» y «brutal» del comportamiento de los agentes implicados en el caso.



Policía y fuerzas de seguridad

En febrero, como consecuencia de la preocupación suscitada al respecto, el Ministerio de Justicia suspendió el uso de dispositivos de energía conducida en las cárceles, pero ese mismo mes el Ministerio del Interior anunció que, tras un periodo de pruebas, la policía los utilizaría de forma habitual. En el decreto del Ministerio del Interior sobre el uso de estos dispositivos se los calificaba de inofensivos y no mortíferos y no se abordaban los peligros de su empleo abusivo.

 El 8 de julio se detuvo en la comisaría de Böheimkirchen al solicitante de asilo checheno Ruslan A. con el propósito de expulsarlo a Polonia junto con su esposa y su hija por haber solicitado asilo en este país antes de su llegada a Austria. Ruslan A. temía que, si lo expulsaban a Polonia, podía correr peligro a manos de agentes de los servicios de información rusos activos en ese país. Sufría un profundo trauma y amenazaba con suicidarse si no le dejaban ver a su psicoterapeuta. Poco después, unos agentes de la policía especial con la cara tapada le dispararon con un dispositivo de energía conducida desde el exterior de su celda, y tuvo que ser trasladado a un hospital. El 28 de julio, el Tribunal de Asilo revocó la decisión de expulsarlo a Polonia junto con su familia y resolvió que Austria tenía que estudiar su solicitud de asilo.

Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades siguieron aprovechando algunas lagunas de la legislación y expulsaron a migrantes y solicitantes de asilo sin tener en cuenta debidamente sus vínculos familiares y sus vidas privadas.

En octubre, el Ministerio del Interior redujo de forma notable los fondos destinados al asesoramiento jurídico de los solicitantes de asilo, servicio que proporcionaban sólo algunas ONG.

Sistema de justicia

 Los abogados de 10 activistas de los derechos de los animales indicaron que no se les había permitido consultar el sumario que necesitaban para impugnar de manera efectiva la orden de aplazamiento del juicio, aún pendiente, contra sus clientes. Los 10 activistas habían sido detenidos y recluidos el 21 de mayo, y acusados formalmente de pertenecer a una organización delictiva que tenía como objetivo atentar contra la propiedad. Los 10 continuaron recluidos hasta el 2 de septiembre, fecha en la que quedaron en libertad a la espera de ser juzgados.



Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Delegados de Amnistía Internacional visitaron Austria en marzo, abrily mayo.



Autoridad Palestina

Autoridad Palestina

Jefe del Estado: Mahmud Abás

Jefe del gobierno: Salam Fayad

Pena de muerte: retencionista

Población: 4,1 millones

Esperanza de vida: 72,9 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 22/17 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 92,4 por ciento


Siguió siendo muy alta la tensión entre eI gobierno provisional del primer ministro de la Autoridad Palestina en Cisjordania, Salam Fayad, designado por el presidente Mahmud Abás, del partido Fatah, por un lado, y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza, por el otro. Tanto las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania como las fuerzas de seguridad y las milicias de Hamás en Gaza detuvieron arbitrariamente, recluyeron sin cargos ni juicio y, en muchos casos, torturaron a centenares de miembros o simpatizantes de facciones rivales. Unas y otras hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. En Gaza, las fuerzas de seguridad de Hamás mataron a 24 miembros de clanes armados. Durante la ofensiva militar lanzada por el ejército israelí el 27 de diciembre, las fuerzas y milicias de Hamás secuestraron a opositores políticos y a ex detenidos acusados de haber «colaborado» con los servicios de inteligencia israelíes. Algunos fueron ejecutados sumariamente, otros recibieron palizas o disparos en las piernas. La Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamás en Gaza continuaron reprimiendo la libertad de expresión. Se condenó a muerte en tribunales militares de Cisjordania y Gaza a 9 personas; no se llevó a cabo ninguna ejecución. Grupos armados palestinos de Gaza lanzaron ataques indiscriminados contra ciudades y pueblos del sur de Israel, que mataron a siete civiles israelíes y a dos civiles palestinos. Grupos armados e individuos de la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, mataron a 16 civiles israelíes.

Información general

Siguió sin llegarse a un acuerdo en las negociaciones entabladas para la reconciliación entre el gobierno provisional de la Autoridad Palestina y la administración de facto de Hamás en Gaza, que, con la mediación de Egipto, tenían por objeto formar un gobierno de unidad. La mayoría de los países donantes se negaron a prestar ayuda a la administración de facto de Hamás, pero facilitaron más de 1.300 millones de dólares al gobierno de la Autoridad Palestina, siendo muy limitada la ayuda asignada a proyectos de emergencia en Gaza. La administración de facto de Hamás e Israel acordaron el 19 de junio un alto el fuego de seis meses, que se rompió el 4 de noviembre, al matar las fuerzas israelíes a seis combatientes palestinos.

El gobierno israelí mantuvo su estricto bloqueo de la Franja de Gaza, forma de castigo colectivo impuesto a su millón y medio de habitantes, por el hecho de seguir recluido allí el soldado israelí Gilad Shalit. La población de Gaza dependía cada vez más de los alimentos, el combustible y otros productos introducidos clandestinamente en el territorio por peligrosos túneles que comunicaban con Egipto. Al menos 50 palestinos murieron en derrumbamientos de túneles. En octubre, la administración de facto de Hamás tomó medidas para regular el uso de los túneles. Las condiciones empeoraron todavía más cuando las fuerzas israelíes iniciaron la ofensiva militar el 27 de diciembre en respuesta a los continuos ataques indiscriminados con cohetes lanzados contra poblaciones del sur de Israel por Hamás y otros grupos armados palestinos de Gaza.

Ya antes incluso de la ofensiva de diciembre, más de un millón de palestinos se enfrentaban a una creciente pobreza, inseguridad alimentaria y falta de acceso a servicios médicos adecuados debido al bloqueo israelí de Gaza y a las barreras y controles militares de seguridad israelíes de Cisjordania, incluida una valla/muro de 700 km de largo (véase el apartado sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados).



Detención y reclusión arbitrarias

En Cisjordania, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina detuvieron a centenares de personas, en su mayoría partidarias de Hamás, y en muchos casos las tuvieron recluidas sin acceso al debido proceso legal. Se detuvo a más de 100 tras detener Hamás a partidarios de Fatah en Gaza en julio, pero las oleadas de detenciones de partidarios de Hamás continuaron durante todo 2008. También se sometió a reclusión prolongada sin cargos ni juicio a miembros de grupos armados de Fatah a instancias del ejército israelí.

En Gaza, las fuerzas de seguridad de la administración de facto de Hamás detuvieron a centenares de presuntos partidarios de Fatah; a más de 200 tras unos atentados con explosivos perpetrados en julio contra miembros de Hamás. En ocasiones, las fuerzas de seguridad contaron con el apoyo de la milicia armada de Hamás, las Brigadas de Izz al Din al Qassam, que no tenía autoridad legal para practicar detenciones ni mantener a nadie bajo custodia, y entregaba a las fuerzas de seguridad a las personas detenidas por ella o las recluía en lugares secretos.

Ni las fuerzas de la Autoridad Palestina ni las de Hamás solían cumplir la legislación palestina sobre detenciones, en virtud de la cual éstas debían ser revisadas por un fiscal y por un juez en el plazo de 24 y 72 horas, respectivamente. Se hacía habitualmente caso omiso del derecho de los detenidos a tener acceso sin demora a un abogado. La mayoría de las personas detenidas por motivos políticos quedaban en libertad al cabo de unos días, pero algunas continuaban bajo custodia durante semanas, o incluso meses.

Tanto en Cisjordania como en Gaza se permitía a los detenidos el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Comisión Palestina Independiente de Derechos Humanos, pero a menudo sólo 10 días o más después de su detención. En diciembre, las fuerzas israelíes bombardearon y destruyeron todas las prisiones y centros de detención de Gaza, y casi todas las comisarías de policía. Algunos detenidos murieron o resultaron heridos en los bombardeos, pero la mayoría consiguieron huir ilesos.

Sistema de justicia

Los sistemas judiciales de Cisjordania y Gaza continuaron teniendo un funcionamiento muy deficiente. La Autoridad Palestina siguió prohibiendo que ex miembros de la judicatura o de las fuerzas de seguridad trabajaran para la administración de facto de Hamás en Gaza, y pagándoles por no trabajar. Hamás continuó valiéndose de otros medios para conseguir fiscales y jueces, muchos de los cuales carecían de titulación y formación. Con frecuencia no se ejecutaban las sentencias del Tribunal Superior de Justicia palestino.



Tortura y otros malos tratos

En Cisjordania hubo denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a detenidos por los Servicios Generales de Información y los Servicios de Seguridad Preventiva de la Autoridad Palestina, aparentemente para obligarlos a confesar su vinculación con el brazo armado de Hamás. Las víctimas denunciaban métodos como someterlas a palizas, colgarlas u obligarlas a permanecer de pie o sentadas durante largos periodos en posturas dolorosas (shabeh).

 Majd al Barghouthi, imán de una mezquita de Kobar, cerca de Ramallah, fue detenido por los Servicios Generales de Información el 14 de febrero y murió ocho días más tarde. La Autoridad Palestina manifestó que había sufrido un ataque cardiaco, pero otros detenidos dijeron que habían visto cómo lo golpeaban y lo colgaban del techo de la celda con una cadena. Una comisión de investigación creada por el Consejo Legislativo palestino determinó que Majd al Barghouthi había sido torturado, conclusión que corroboraban unas fotografías del cadáver.

En Gaza, las denuncias de fuertes palizas y otras formas de tortura infligidas por las fuerzas y milicias de Hamás a detenidos eran generalizadas. Tras el comienzo de la ofensiva militar israelí en diciembre, las fuerzas y milicias de Hamás aumentaron notablemente los ataques contra opositores políticos, ex miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno de la Autoridad Palestina y ex detenidos acusados de haber «colaborado» con los servicios de inteligencia israelíes. Algunos fueron ejecutados sumariamente, otros recibieron brutales palizas o disparos en las piernas.

 Taleb Mohammed Abu Sitta, de 72 años, fue detenido en Al Zawaida el 26 de junio, tras la detención de su hijo por un presunto delito de drogas. Según informes, lo golpearon brutalmente y, a la mañana siguiente, lo llevaron a un hospital de Deir al Balah, donde fue declarado muerto a su llegada. El Ministerio del Interior anunció una investigación, y según informes, se retiró del servicio a varios agentes de policía, pero no se tuvo noticia de que alguno de ellos hubiera sido juzgado.

Ni la Autoridad Palestina en Cisjordania ni Hamás en Gaza tomaron medidas creíbles para poner fin a la impunidad de la tortura y otros malos tratos a detenidos o del uso excesivo e injustificado de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.



Libertad de expresión

Tanto la Autoridad Palestina en Cisjordania como Hamás en Gaza reprimieron la libertad de expresión, con medidas como cerrar medios de comunicación afiliados al partido rival o acusados de apoyarlo. Se detuvo con frecuencia a periodistas, a menudo varias veces y durante largos periodos. La Autoridad Palestina detuvo al menos a 15 trabajadores de medios de comunicación y cerró algunos de éstos, como la cadena de televisión favorable a Hamás Al Aqsa. Hamás suspendió la distribución de periódicos como Al Ayyam y Al Hayat al Yadida, cuyos directores fueron detenidos y sometidos a juicio en Gaza.

 Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina detuvieron a Mustafa Sabri, periodista independiente y miembro del concejo municipal de Kalkilia, afiliado a Hamás, al menos tres veces durante el año.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina hicieron en Cisjordania uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Por ejemplo, el 1 de junio dispararon con munición real contra unos manifestantes que arrojaban piedras en el pueblo de Beit Furia, cerca de Nablús, causando heridas de bala a siete hombres, entre ellos dos niños.

En Gaza, las fuerzas de seguridad de Hamás hicieron a menudo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y presuntos partidarios de la oposición que asistían a reuniones públicas.

 Agentes de policía palestinos y activistas de Hamás vestidos de civil recurrieron a la fuerza para disolver una manifestación pacífica organizada en Rafah para conmemorar la muerte de un activista de Fatah en combates entre facciones el año anterior.

Una comisión establecida por el Ministerio del Interior de la administración de facto de Hamás en Gaza para investigar el homicidio de seis manifestantes en noviembre de 2007 publicó su informe en abril, pero éste contenía graves deficiencias. La comisión, que no era independiente, determinó que los partidarios de Fatah habían efectuado la mayor parte de los disparos a pesar de que testigos presenciales habían declarado lo contrario y de que las víctimas eran partidarios de Fatah.

En agosto y septiembre, las fuerzas de seguridad de Hamás mataron en Gaza a 24 miembros de clanes armados vinculados a Fatah y a Jaysh al Islam (Ejército del Islam), entre ellos tres niños, cuando un intento de detener a miembros de los clanes degeneró en enfrentamientos armados. Los miembros de los clanes armados mataron a varios agentes de las fuerzas de seguridad de Hamás.



Pena de muerte

En Cisjordania, tribunales militares de la Autoridad Palestina condenaron a muerte a cuatro personas, todas ellas civiles, tras declararlas culpables en juicios sumarios de colaborar con los servicios de inteligencia israelíes. Otras dos personas –ambas agentes de seguridad– fueron condenadas a muerte por asesinato. En Gaza, un tribunal militar de Hamás condenó a muerte a una persona por asesinato y a otras dos por colaborar con los servicios de inteligencia israelíes, tras juicios injustos. No se llevó a cabo ninguna ejecución.



Derecho a la salud

La difícil situación causada por el bloqueo israelí, que impedía a centenares de enfermos en estado crítico salir de Gaza para recibir tratamiento médico no disponible en los hospitales locales (véase Israel y los Territorios Palestinos Ocupados), se vio agravada por una huelga que secundaron alrededor del 30 por ciento de los trabajadores de la salud de los hospitales y clínicas. La huelga, que se prolongó a lo largo de los últimos cuatro meses del año, había sido convocada por el Sindicato Palestino de Profesionales de la Salud en protesta por diversos despidos y traslados de gerentes y directores de centros de salud llevados a cabo por la administración de facto de Hamás en Gaza. Hamás afirmó que la huelga se había convocado por motivos políticos y a instancias del gobierno provisional de la Autoridad Palestina en Cisjordania. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en Cisjordania apoyó la huelga.



Abusos cometidos por grupos armados

Grupos armados palestinos de Gaza lanzaron con frecuencia ataques indiscriminados con cohetes contra zonas civiles del sur de Israel. Desde el comienzo del año hasta el alto el fuego de junio, estos grupos, afiliados tanto a Hamás como a Fatah, dispararon más de 2.000 cohetes y proyectiles de mortero contra pueblos y ciudades israelíes cercanos a Gaza. Estos ataques indiscriminados mataron a siete civiles israelíes y a dos civiles palestinos, e hirieron a varios civiles israelíes más. Al romperse el alto el fuego en noviembre, los ataques con cohetes se reanudaron, pero no causaron más víctimas civiles israelíes hasta después de iniciada la ofensiva israelí el 27 de diciembre.

 El 27 de febrero, Roni Yihya murió en el Sapir College, centro de enseñanza próximo a Sderot, Israel, y 10 personas más resultaron heridas al disparar grupos armados palestinos más de 50 cohetes Qassam y decenas de proyectiles de mortero contra las ciudades de Sderot y Asquelón.

 Malak Yunes al Kafarneh, niña palestina de tres años, murió el 1 de marzo al ser alcanzada su casa en Beit Hanun, Gaza, por un cohete Qassam que un grupo armado había disparado contra Israel, pero que cayó antes de llegar allí.

Grupos armados e individuos palestinos de la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, mataron a 16 civiles israelíes.

 El 6 de marzo, un palestino armado mató a ocho estudiantes, entre ellos cuatro niños, en la biblioteca de una escuela religiosa (yeshiva) de Jerusalén. No se tenía noticia de que estuviera afiliado a ningún grupo armado, aunque varias grupos, incluido uno desconocido hasta entonces, Ahrar al Jalil (Liberar al Pueblo de Galilea), se atribuyeron la responsabilidad.

Gilad Shalit, soldado israelí capturado por grupos armados palestinos en junio de 2006, continuó recluido en un lugar desconocido de Gaza, sin acceso al CICR. Su familia recibió dos cartas suyas, y, según informes, él recibió una de ella.

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