Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones



Descargar 3.04 Mb.
Página61/63
Fecha de conversión06.10.2017
Tamaño3.04 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63

Tortura y otros malos tratos

Continuaron llegando informes sobre tortura y otros malos tratos a manos de la policía y los servicios de seguridad del Estado, en algunos casos en presuntos centros de detención secretos. Según el décimo informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, seguían infligiéndose torturas a las personas recluidas en centros de detención hasta el punto de causarles lesiones graves. No hubo ningún proceso judicial contra presuntos autores de tortura y otros malos tratos y el Estado seguía sin pagar un número significativo de indemnizaciones concedidas por la Comisión a las víctimas de tortura.



Violencia contra mujeres y niñas

Los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, como violación, violencia conyugal, violencia en el ámbito familiar y matrimonios forzados y contraídos a edad temprana, seguían siendo generalizados en la mayor parte del país. La violencia contra las mujeres y las niñas casi nunca se trataba como un delito. Seguían pendientes varias leyes propuestas para abordar algunas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Entre ellas, proyectos de ley sobre violencia en el ámbito familiar, relaciones intrafamiliares, violencia sexual y trata de personas.



Discriminación: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron los ataques contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, así como contra defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en favor de los derechos de este colectivo.

En octubre, un ministro del gobierno afirmó públicamente que la homosexualidad y el lesbianismo eran una enfermedad y que Uganda intentaría ampliar el alcance de la legislación que penalizaba la homosexualidad. En el mes siguiente a la declaración, varios activistas en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y miembros de este colectivo fueron detenidos. Durante su detención se enfrentaron a tortura, agresiones sexuales y otros malos tratos a manos de la policía y el personal de seguridad.

En junio, un defensor y dos defensoras de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero fueron arrestados y detenidos arbitrariamente por la policía después de distribuir un comunicado de prensa a las personas que asistían en Kampala a una conferencia sobre la implementación de la política relativa al VIH/sida. Los acusaron de entrada sin autorización en propiedad ajena en grado de ilícito penal. En el comunicado de prensa se exponían los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, así como medidas de prevención del VIH/sida.



Pena de muerte

Los tribunales civiles siguieron dictando condenas de muerte, pero no hubo ejecuciones. Los tribunales militares siguieron imponiendo la pena capital y ordenando ejecuciones de soldados de las fuerzas armadas de Uganda; no se sabía con exactitud si había habido alguna ejecución.

En diciembre, Uganda votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron el oeste de Uganda en abril y noviembre y el norte de Uganda y Kampala en mayo y agosto.

Uganda: Agreement and Annex on Accountability and Reconciliation fall short of a comprehensive plan to end impunity (AFR 59/001/2008)

Uganda: Amnistía Internacional condena los ataques contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (AFR 59/004/2008)

Uganda: Amnesty International Concerns on the Regulation of Interception of Communications Bill, 2007 (AFR 59/005/2008)

Uganda: El proyecto de Ley de Interceptación de las Comunicaciones debe ser modificado drásticamente o retirado (AFR 59/006/2008)

Uganda: Left to their own devices: The continued suffering of victims of the conflict in northern Uganda and the need for reparations (AFR 59/009/2008)

Uganda: Government cannot negotiate away International Criminal Court arrest warrants for LRA (20 de febrero de 2008)

Uganda: Government miserably failing in care of victims of conflict (17 de noviembre de 2008)

Uruguay

República Oriental del Uruguay

Jefe del Estado y del gobierno: Tabaré Vázquez Rosas

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 3,4 millones

Esperanza de vida: 75,9 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 17/14 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 96,8 por ciento
Se registraron algunos avances a la hora de llevar ante la justicia a autores de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, y prosiguieron los esfuerzos encaminados a anular la Ley de Caducidad. Se acusó a varios periodistas de difamación por informar sobre la impunidad de la que gozaban algunos autores de violaciones de derechos humanos.

Información general

Siguió en vigor la Ley de Caducidad de 1986. Esta ley impedía la apertura de procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por delitos cometidos durante el gobierno militar (1973-1985). Sin embargo, el ejecutivo excluyó algunos casos contemplados anteriormente en la ley, lo que permitió el avance de las investigaciones.

En septiembre, Uruguay ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Sistema de justicia: impunidad por violaciones cometidas en el pasado

Se citó a decenas de ex oficiales de las fuerzas armadas para que testificaran en la causa seguida contra el general Gregorio Álvarez, jefe del gobierno militar entre 1981 y 1985, y Juan Larcebeau, oficial de la Armada retirado. Ambos estaban acusados de haber sido coautores de las desapariciones forzadas de más de 30 personas. En octubre, el Tribunal de Apelaciones cambió el cargo de desaparición forzada por el de «reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados».

Prosiguió la investigación sobre el secuestro y la desaparición forzada –en 1976– de 22 personas devueltas a Uruguay desde Argentina en un avión de las fuerzas aéreas uruguayas.

En agosto se reabrió la investigación sobre la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, cerrada en un principio en virtud de la Ley de Caducidad. La medida se adoptó como consecuencia de una petición que la hija de María Claudia, María Macarena, presentó basándose en nuevas pruebas según las cuales su madre se encontraba en el citado avión de las fuerzas aéreas uruguayas. María Macarena nació cuando su madre estaba detenida y se crió con otra familia sin conocer su verdadera identidad.

En Italia continuaron las iniciativas para procesar a oficiales uruguayos acusados de secuestrar y torturar a ciudadanos italouruguayos en el contexto de la Operación Cóndor, plan conjunto adoptado por los gobiernos militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a quienes se les oponían. Uno de estos oficiales, Antranig Ohannessian, fue detenido en Argentina en marzo, poco antes de que otro, Jorge Tróccoli, quedara en libertad en Uruguay por no haberse solicitado a tiempo su extradición.

Libertad de expresión: periodistas

Se absolvió a varios periodistas de los cargos de difamación presentados por ex oficiales del ejército cuyos nombres habían aparecido citados en sus informaciones. En febrero, un mayor retirado presentó una demanda contra Roger Rodríguez, del periódico La República, por difamación e injurias. La demanda estaba relacionada con unos artículos en los que se vinculaba al mayor retirado con la muerte a tiros del estudiante Santiago Rodríguez Muela, ocurrida en 1972 durante el asalto a una reunión de estudiantes, docentes y padres en el Liceo n.º 8 de la capital, Montevideo. En abril, el tribunal archivó la causa, pero al finalizar el año estaba pendiente de resolución un recurso de apelación.



Derechos de las mujeres

En noviembre, el presidente Tabaré Vázquez vetó un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos aprobado previamente por el Parlamento. El proyecto de ley permitía el aborto en las 12 primeras semanas del embarazo, así como en casos de violación y cuando corriera peligro la vida de la madre. Menos de un mes antes, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer había expresado su preocupación por el alto índice de casos de mortalidad derivada de la maternidad, cuya causa principal era la práctica del aborto inseguro.

El Comité criticó también a Uruguay por la ausencia de una definición clara y rotunda de la discriminación contra las mujeres en la legislación, y por las disposiciones discriminatorias del Código Penal. En 2005 se había presentado en el Senado una propuesta para reformar dicho código.

Uzbekistán

República de Uzbekistán

Jefe del Estado: Islam Karimov

Jefe del gobierno: Shavkat Mirzioiev

Pena de muerte: abolicionista

Población: 27,8 millones

Esperanza de vida: 66,8 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 71/60 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 99,4 por ciento


La puesta en libertad condicional de algunos defensores y defensoras de los derechos humanos, varias reformas legislativas y judiciales y un mayor diálogo sobre los derechos humanos entre el gobierno y la comunidad internacional no llegaron a constituir una reforma sistémica, genuina y de largo alcance. Las autoridades siguieron negándose a permitir una investigación internacional independiente sobre la matanza cometida en Andiyán en 2005.

Hubo escasos progresos en materia de libertad de expresión y reunión. Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes siguieron sufriendo persecución por su trabajo. Continuaron los informes sobre la práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos contra personas detenidas y presas, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno. Las autoridades no investigaron efectivamente esas denuncias.

Varios miles de personas condenadas por implicación con organizaciones islamistas prohibidas seguían cumpliendo largas penas de prisión en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante. Las autoridades seguían persiguiendo activamente la extradición de miembros o presuntos miembros de partidos islamistas y movimientos islámicos prohibidos.

Se abolió la pena de muerte.

Información general

En diversos puntos del territorio de Uzbekistán se celebraron manifestaciones públicas, algo fuera de lo común en el país, en protesta por los cortes del suministro de gas y electricidad para los hogares durante el invierno más duro ocurrido en Asia Central en varios decenios.

Una coalición de ONG y activistas internacionales y uzbekos eligió a importantes empresas internacionales de venta de ropa como objetivo de su campaña continuada contra el uso de mano de obra infantil en campos de algodón. Varias empresas prohibieron la venta de telas confeccionadas con algodón uzbeko o la utilización de algodón uzbeko en sus prendas. En septiembre, el primer ministro promulgó un Plan de Acción Nacional para abordar los motivos de preocupación sobre el uso de mano de obra infantil, después de que el gobierno ratificase el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo y su Convenio sobre la edad mínima, en junio y abril, respectivamente. Uzbekistán era uno de los mayores exportadores de algodón crudo del mundo y los ingresos procedentes de las exportaciones de algodón representaban alrededor del 60 por ciento de los ingresos en divisas convertibles del Estado. Tradicionalmente los agricultores utilizaban a niños y niñas en edad escolar para cumplir las rigurosas cuotas de recolección durante la estación de la cosecha. Los niños faltaban a la escuela, trabajaban en condiciones muy duras y recibían una remuneración muy baja.

Escrutinio internacional

Tres años después de la matanza de cientos de personas en Andiyán, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en su mayoría pacíficos, las autoridades seguían negándose a autorizar una investigación internacional independiente sobre los hechos. El gobierno sostenía que las dos rondas de conversaciones de expertos con representantes de la Unión Europea (UE) llevadas a cabo en diciembre de 2006 y abril de 2007 habían abordado todos los aspectos pertinentes. Sin embargo, preocupaba el hecho de que estas conversaciones no hubieran cumplido las normas internacionales sobre investigaciones efectivas, independientes e imparciales y no pudieran considerarse una alternativa válida a éstas, por lo cual se consideraba que la UE no debía aceptarlas como tales.

La negativa de las autoridades uzbekas a permitir una investigación internacional independiente sobre la matanza de Andiyán había motivado originalmente la imposición de sanciones por parte de la UE en 2005: la prohibición de visado a 12 funcionarios, un embargo de armas y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación y Cooperación. Tras la reunión deliberativa del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) celebrada en abril, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE decidieron prorrogar otros seis meses la suspensión de la prohibición de visado impuesta en noviembre de 2007 y revisar la situación de los derechos humanos al cabo de tres meses. Aunque las Conclusiones finales del CAGRE incluían ciertos aspectos que podían servir como estándares de comparación, no se mencionaba la matanza de Andiyán ni la demanda de una investigación internacional independiente.

En octubre, el CAGRE decidió levantar completamente la prohibición de visado, citando algunos progresos que habían influido en su decisión, entre ellos la buena disposición de Uzbekistán para acoger un seminario UE-Uzbekistán sobre libertad de los medios de comunicación en Tashkent. Sin embargo, no se autorizó la asistencia al seminario de ningún medio de comunicación independiente de Uzbekistán ni de periodistas extranjeros. Varias ONG internacionales que participaron en el seminario, en calidad de invitadas de la UE, emitieron un comunicado conjunto calificando el evento de «engaño destinado a obtener concesiones sin coste alguno para las autoridades», que «no debía ser considerado como un indicio de mejora en la política de supresión de la libertad de expresión que viene aplicándose en el país desde hace 17 años».

En marzo, un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que se había llegado a un acuerdo con el gobierno para que este organismo reanudase las visitas a establecimientos penitenciarios con arreglo a su mandato, durante un periodo de prueba de seis meses.

En diciembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinó la situación de derechos humanos en Uzbekistán en el marco del procedimiento de examen periódico universal.



Defensores y defensoras de los derechos humanos

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los periodistas independientes siguió deteriorándose a pesar de que las autoridades aseguraban que no había restricciones a la libertad de expresión y asociación y que los activistas de la sociedad civil y las ONG independientes podían llevar a cabo sus actividades libremente.

Algunos defensores de derechos humanos encarcelados quedaron en libertad en virtud de dos amnistías distintas; a todos se les concedió la libertad condicional. Entre los liberados en octubre se encontraba el preso de conciencia Dilmurod Mukhiddinov. Sin embargo, al menos 10 defensores de los derechos humanos continuaban en prisión, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, después de haber sido condenados a largas penas de prisión en juicios injustos. Tenían un acceso limitado a sus familiares y representantes letrados y, según los informes, habían sido sometidos a tortura u otros malos tratos. Al parecer, algunos se encontraban gravemente enfermos. Al menos dos activistas de derechos humanos fueron condenados a largas penas de prisión en octubre por cargos que, según ellos, habían sido inventados para castigarlos por sus actividades de derechos humanos. Uno de ellos, Akzam Turgunov, miembro de Erk, un partido laico de oposición prohibido, afirmó que había sido torturado cuando se encontraba recluido en espera de juicio.

Otros activistas de derechos humanos y periodistas seguían siendo vigilados constantemente por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, uniformados o vestidos de civil, recibiendo citaciones de la policía para interrogarlos o sufriendo arresto domiciliario. Varios denunciaron palizas y detenciones por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley o agresiones de personas que presuntamente trabajaban para los servicios de seguridad. Familiares de las víctimas dijeron haber sido amenazados y hostigados por las fuerzas de seguridad.

 En junio, la defensora de los derechos humanos Mutabar Tadzhibaeva fue excarcelada inesperadamente por motivos de salud. Sin embargo, su libertad era condicional: la pena de ocho años de prisión que había recibido en marzo de 2006 fue conmutada por una condena condicional de tres años. En mayo, Mutabar Tadzhibaeva recibió el Premio Martin Ennals 2008 para Defensores de los Derechos Humanos. En septiembre fue autorizada a viajar al extranjero y en noviembre pudo asistir a la ceremonia en la que le entregaron el galardón.

 En febrero, el preso de conciencia Saidzhajon Zainabitdinov fue liberado inesperadamente en virtud de la amnistía presidencial decretada en diciembre de 2007. Según algunos medios informativos, había dicho que no esperaba que lo liberaran y que lo habían tratado bien en prisión. Posteriormente explicó que no quería hablar del tiempo que había pasado en prisión para no hacer peligrar la posible liberación de otros defensores de derechos humanos en virtud de la amnistía. Saidzhajon Zainabitdinov había sido condenado en enero de 2006 a siete años de prisión por su presunta participación en los incidentes de Andiyán.

 Salidzhon Abdurakhmanov, activista de derechos humanos, periodista y colaborador del sito web independiente con base en Alemania uznews.net, fue detenido en junio acusado de poseer sustancias estupefacientes ilegales. Los agentes de la policía de tráfico que interceptaron su automóvil, presuntamente para una inspección rutinaria, afirmaron haber encontrado opio y marihuana escondidos en el maletero del vehículo. Salidzhon Abdurakhmanov negó rotundamente haber estado jamás en posesión de sustancias estupefacientes o haber consumido sustancias ilegales. Su hermano, que también era su representante letrado, y varias personas que lo apoyaban afirmaron que los cargos habían sido inventados para castigar a Salidzhon Abdurakhmanov por sus actividades de derechos humanos y periodísticas. La policía llevó a cabo un registro en su casa y en su oficina y confiscó su ordenador y equipo técnico, así como libros, documentos y material escrito. Los análisis médicos ordenados por la policía que investigaba su detención confirmaron que Salidzhon Abdurakhmanov no era un consumidor habitual de estupefacientes. El examen del ordenador del periodista y de las copias impresas de sus archivos no arrojó ningún indicio de actividades ilegales o vínculos delictivos. Pese a ello, Salidzhon Abdurakhmanov fue condenado en septiembre a 10 años de cárcel por posesión de estupefacientes con intención de venderlos. En noviembre, un tribunal de apelación confirmó su condena. Al concluir el año estaba pendiente un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de Uzbekistán.

Libertad de expresión

Continuó la presión sobre los medios de comunicación y las ONG internacionales, aunque las autoridades se negaban a admitirlo. En mayo, las autoridades se negaron a registrar el permiso de trabajo del director local de Human Rights Watch. En junio, una emisión de televisión calificó a los periodistas uzbekos de la organización internacional de comunicación Radio Liberty/Radio Free Europe de traidores a su país. En el programa también se hicieron públicos datos personales, incluidos nombres y direcciones de corresponsales locales.



Libertad de religión

Grupos protestantes y Testigos de Jehová también fueron atacados en programas de televisión similares y artículos de periódicos en los que se los calificaba de «sectas destructivas».

Las organizaciones internacionales expresaron su preocupación por las violaciones del derecho a la libertad religiosa, no sólo de grupos cristianos evangélicos, sino también de musulmanes que se reunían a rezar en mezquitas fuera del control del Estado.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias persistentes sobre la práctica generalizada de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas y presas. Tales informes no sólo provenían de hombres y mujeres sospechosos de pertenecer a grupos islámicos prohibidos o de haber cometido delitos relacionados con el terrorismo, sino de otros sectores, incluidos activistas de derechos humanos y periodistas, así como ex miembros del gobierno y de las fuerzas de seguridad que, en muchos casos, habían adquirido cierta notoriedad. La ausencia de investigaciones adecuadas sobre tales denuncias por parte de las autoridades pertinentes seguía siendo motivo de gran preocupación. En enero se introdujo el control judicial de la detención, de modo que el poder para autorizar una detención pasó de la fiscalía a los tribunales. Estos procedimientos judiciales no se ajustaban a las normas internacionales sobre justicia procesal y no garantizaban a las personas detenidas el derecho a impugnar su detención o a denunciar torturas o malos tratos.

 En agosto, la hija de Yusuf Dzhuma, poeta y crítico con el régimen, denunció que su padre era sometido habitualmente a tortura y malos tratos en el campo penitenciario de Yaslik. Yusuf Dzhuma afirmó que el personal penitenciario lo elegía a él para someterlo a palizas y malos tratos porque lo consideraba un enemigo del presidente, y que lo habían encerrado en celdas de cuarentena con presos infectados de tuberculosis.

Seguridad y medidas antiterroristas

En nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, las autoridades uzbekas continuaron persiguiendo activamente la extradición de miembros o presuntos miembros de movimientos islámicos o partidos islamistas prohibidos, como Hizb ut Tahrir y Akramia, desde países vecinos y desde la Federación Rusa. La mayoría de los hombres devueltos a Uzbekistán eran recluidos en régimen de incomunicación, lo que aumentaba el peligro de que sufrieran tortura u otros malos tratos.

 Las autoridades de la Federación Rusa continuaron haciendo caso omiso de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que éste pedía que suspendieran las expulsiones de solicitantes de asilo uzbekos hasta que el Tribunal hubiera examinado sus solicitudes. En uno de esos casos, Abdugani Kamaliev fue expulsado a Uzbekistán en noviembre de 2007, sólo días después de que lo detuvieran en la Federación Rusa. En febrero, familiares de Abdugani Kamaliev afirmaron que a su regreso a Uzbekistán había sido sometido a tortura u otros malos tratos en el centro regional de detención preventiva de Namangan. En marzo, ya había sido condenado a 11 años de prisión.

 En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la extradición de 12 refugiados de Rusia a Uzbekistán «daría lugar a una violación del artículo 3 [prohibición de la tortura], ya que en este país correrían un grave riesgo de sufrir tortura y tratos inhumanos o degradantes». El Tribunal también afirmó que no le convencía el argumento del gobierno de que en virtud del derecho internacional estaba obligado a cooperar en la lucha contra el terrorismo y a extraditar a los solicitantes que habían sido acusados de actividades terroristas, independientemente de la amenaza de malos tratos en el país receptor. El Tribunal tampoco estaba «convencido de la fiabilidad de las garantías ofrecidas por las autoridades uzbekas contra el riesgo de malos tratos» en este caso. Los 12 uzbekos eran buscados por su presunta participación en los sucesos de Andiyán.


1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal