Hamid Karzai Pena de muerte: retencionista Población: 28,2 millones



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Pena de muerte

El 1 de enero entró en vigor una ley que sustituía la pena de muerte por cadena perpetua, lo que supuso la abolición oficial de la pena de muerte. El 23 de diciembre Uzbekistán se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Sin embargo, al concluir el año las autoridades aún no habían publicado datos estadísticos sobre la pena de muerte relativos a años anteriores, incluido el número de condenas, ejecuciones y conmutaciones. No se publicó ninguna lista con la cifra total de hombres condenados a muerte a quienes se habían conmutado automáticamente las condenas por cadena perpetua. Seguía sin permitirse a los familiares el acceso a información sobre el lugar donde estaban enterrados los presos ejecutados. Además, nada indicaba que fuesen a investigarse casos anteriores en los que la persona acusada o sus familiares hubieran denunciado el uso de tortura para extraer una confesión, ni se mencionó una posible indemnización. El Tribunal Supremo comenzó a revisar las condenas a muerte pendientes en el momento de la abolición, y a mediados de abril había conmutado al menos 17 condenas a muerte por largas penas de prisión, de 20 o 25 años.



Informes y visitas de Amnistía Internacional

Central Asia: Summary of Human Rights Concerns, March 2007-March 2008 (EUR 04/001/2008)

Uzbekistan: Submission to the UN Universal Periodic Review (EUR 62/004/2008)

Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

Jefe del Estado y del gobierno: Hugo Chávez Frías

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos

Población: 28,1 millones

Esperanza de vida: 73,2 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 24/19 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 93 por ciento
Las agresiones a periodistas fueron generalizadas. Se siguió hostigando a defensores y defensoras de los derechos humanos. En cárceles de todo el país se registraron huelgas de hambre en protesta por las condiciones de reclusión. Se adoptaron algunas medidas importantes para aplicar la ley promulgada en 2007 con el fin de combatir la violencia contra las mujeres, pero muchas de las autoridades responsables no mostraron la voluntad política necesaria para aplicarla. La falta de disposiciones sobre control de armas agravó los altos índices de violencia e inseguridad pública.

Información general

El 31 de julio quedó sin efecto la ley habilitante que autorizaba al presidente Hugo Chávez Frías a dictar decretos con fuerza de ley sobre un amplio abanico de cuestiones, incluidas la seguridad pública y la reforma institucional. En consecuencia, el poder legislativo fue devuelto integralmente a la Asamblea Nacional. Durante los 18 meses que la ley estuvo en vigor, el presidente Chávez dictó un total de 66 decretos sobre un amplio abanico de asuntos.

La ley sobre el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia, aprobada en mayo en virtud de un decreto presidencial, fue derogada al mes siguiente de su promulgación tras las protestas suscitadas por varios aspectos de la ley, como una disposición que obligaba a una persona a informar sobre sus conciudadanos si no quería ser objeto de acciones judiciales.

Se recibieron informes sobre agresiones a periodistas por parte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. La inseguridad pública siguió siendo un problema, debido en parte al elevado número de armas pequeñas en circulación, incluso dentro de los centros penitenciarios.

En noviembre se celebraron elecciones locales para la renovación de alcaldes y gobernadores. La aplicación de las órdenes de inhabilitación dictadas contra varios funcionarios públicos les impidió de hecho concurrir a las elecciones. En agosto, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la constitucionalidad de estas órdenes.

En diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia declaró «inejecutable» una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se ordenaba restituir en sus cargos a tres jueces que habían sido destituidos en 2003 e indemnizarlos por dicha destitución. Preocupaba que la decisión del Tribunal Supremo socavara disposiciones de la Constitución venezolana sobre la obligatoriedad de cumplir las sentencias de tribunales internacionales.



Violencia contra mujeres y niñas

A lo largo del año, según los informes, se registraron algunos avances, como la prestación de formación a los fiscales y la creación de tribunales especializados. Sin embargo, algunas instituciones y autoridades con deberes y responsabilidades en virtud de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior y Justicia y determinadas autoridades regionales, no cumplieron sus obligaciones. Al finalizar el año, la mayor parte del país seguía careciendo de refugios, y era insuficiente la formación impartida a los agentes de policía para aplicar la ley de manera efectiva. Además, los implicados en casos acaecidos antes de la promulgación de la ley continuaron gozando de impunidad.

 En mayo de 2004, unos hombres secuestraron a Alexandra Hidalgo y, durante siete horas, la sometieron a un suplicio de violación y torturas. Al finalizar 2008, sólo dos de los agresores habían comparecido ante la justicia. No se facilitó a la víctima la protección adecuada, a pesar de que había recibido amenazas anónimas y temía las represalias de su ex esposo, a quien acusó de ser uno de los agresores. Al concluir el año, el ex esposo seguía en libertad a pesar de haberse dictado una orden de detención contra él.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades gubernamentales intentaron socavar la legitimidad del trabajo de derechos humanos formulando acusaciones infundadas contra organizaciones que defendían estos derechos.

En agosto se produjo el hostigamiento y la detención de activistas de derechos humanos que apoyaban a la comunidad indígena yukpa, envuelta a la sazón en una disputa con terratenientes locales sobre el derecho a la tierra en Machiques, localidad del estado de Zulia. Tras la muerte en julio del padre de Sabino Romero Izarra, uno de los dirigentes de la comunidad, se inició una investigación oficial; el anciano murió al parecer como consecuencia de los golpes que le propinaron unos hombres armados.

En septiembre expulsaron del país a dos altos cargos de la ONG internacional Human Rights Watch tras la publicación de un informe en el que se criticaba el historial del gobierno en materia de derechos humanos.

 El defensor de los derechos humanos José Luis Urbano fue amenazado en repetidas ocasiones por su trabajo como presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación. En mayo, el director de una escuela en la que había denunciado irregularidades lo amenazó y pidió que se le diera una lección. Ese mismo mes, José Luis Urbano recibió también amenazas de muerte anónimas por teléfono. En septiembre, agentes de la policía del Estado trataron de entrar en el domicilio de su hermana, profiriendo amenazas contra él. El intento se produjo al parecer en represalia por haber denunciado José Luis Urbano el acoso de un miembro de este cuerpo de policía. Aunque las amenazas se denunciaron a las autoridades, al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera iniciado una investigación.

Condiciones de reclusión

En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades que adoptaran medidas para proteger a los presos de la cárcel de Rodeo, en el estado de Miranda. Durante 2008, como consecuencia de las condiciones de reclusión, se iniciaron una serie de huelgas de hambre y otras manifestaciones de protesta en cárceles de todo el país.



Policía y fuerzas de seguridad

En abril, el presidente Chávez aprobó la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, redactada por la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Entre las cuestiones puestas de relieve por la Comisión figuraba la necesidad de controlar el uso de armas de fuego por la policía y de elaborar y aplicar un código de conducta policial.

La Fiscalía General del Estado anunció que en 2009 se crearía un equipo de investigación para examinar los más de 6.000 casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales en los que, entre 2000 y 2007, murieron personas en enfrentamientos con la policía.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

 Una delegación de Amnistía Internacional visitó Venezuela en julio para presentar un informe sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

«Existe la ley, toca aplicarla». Erradicar la violencia doméstica en Venezuela (AMR 53/001/2008)

Vietnam

República Socialista de Vietnam

Jefe del Estado: Nguyen Minh Triet

Jefe del gobierno: Nguyen Tan Dung

Pena de muerte: retencionista

Población: 88,5 millones

Esperanza de vida: 73,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 26/29 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 90,3 por ciento


Continuó la represión de la disidencia, con severas restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación. Se detuvo y recluyó a activistas políticos o se los mantuvo encarcelados tras ser condenados en aplicación de la legislación sobre seguridad nacional. Se discriminó a grupos religiosos, como en el caso de los ataques contra personas de religión católica que protestaban pacíficamente por un conflicto con el Estado relacionado con unos terrenos. Más de 200 miembros de las minorías étnicas conocidas como montagnards huyeron a la vecina Camboya para solicitar asilo debido a la persecución de que eran objeto. La Asamblea Nacional rechazó las propuestas del gobierno para limitar el ámbito de aplicación de la pena de muerte.

Libertad de expresión

Al menos 11 activistas pacíficos fueron condenados a prisión, lo que elevó a 30 el número de disidentes encarcelados desde la represión iniciada en noviembre de 2006. En su mayor parte se trataba de simpatizantes de Bloc 8406, movimiento pro democracia que difundía sus ideas a través de Internet, o de otros grupos no autorizados que pedían democracia y respeto de los derechos humanos. La mayoría fueron acusados de delitos tipificados en el apartado del Código Penal de 1999 relativo a la seguridad nacional, que conllevaban largas penas de prisión, así como condenas adicionales de hasta cinco años de arresto domiciliario tras la excarcelación. Un número indeterminado de disidentes continuó detenido en espera de juicio.

 En enero, Truong Quoc Huy fue condenado a seis años de cárcel y tres años de arresto domiciliario tras quedar en libertad, en aplicación del artículo 88 del Código Penal, por «difundir propaganda contra la República Socialista de Vietnam». Había sido detenido por primera vez en octubre de 2005 y permaneció recluido sin cargos ni juicio hasta que quedó en libertad en agosto de 2006; seis semanas después fue detenido de nuevo por manifestar públicamente su apoyo a Bloc 8406. Antes de las detenciones participaba activamente en una sala de chat en la que se analizaba la situación política de Vietnam.

 En mayo fueron detenidos los periodistas Nguyen Viet Chien y Nguyen Van Hai. En octubre fueron declarados culpables de «abusar de las libertades democráticas para perjudicar los intereses del Estado […]», porque llevaban desde 2005 informando sobre un importante escándalo de corrupción en el que estaban implicadas autoridades del Ministerio de Transporte. Nguyen Viet Chien fue condenado a dos años de cárcel. A Nguyen Van Hai, que se declaró culpable, se le impuso una pena no privativa de libertad consistente en dos años de reeducación.



Libertad de reunión

En Hanoi, un número sin precedentes de miembros de la Iglesia católica llevaba desde diciembre de 2007 realizando manifestaciones de protesta para apoyar la reivindicación de la Iglesia sobre dos terrenos que consideraba suyos y que el gobierno afirmaba que eran de propiedad estatal. En septiembre, la policía disolvió violentamente las protestas pacíficas masivas. Varias personas resultaron heridas al ser golpeadas con porras, y 20 fueron hospitalizadas tras la utilización de gas lacrimógeno. Después de los incidentes aumentó la intimidación y el hostigamiento de personas de religión católica por parte de las fuerzas de seguridad y de bandas auspiciadas por el Estado. Al menos ocho manifestantes detenidos a finales de agosto fueron juzgados el 8 de diciembre por «perturbación del orden público» y «daños a la propiedad» y recibieron penas no privativas de libertad.

En abril, la policía detuvo a no menos de 14 personas que se manifestaban pacíficamente mientras la antorcha olímpica atravesaba Ciudad Ho Chi Minh; algunas quedaron en libertad unos días después. Entre las personas detenidas estaba Nguyen Hoang Hai, autor de un blog y conocido como Dieu Cay, que había escrito artículos en los que criticaba la política exterior china y abogaba por el respeto de los derechos humanos en Vietnam. En septiembre fue condenado a dos años y medio de cárcel por evasión de impuestos, acusación que se consideró motivada por razones políticas. Al menos nueve disidentes fueron detenidos tras el juicio de Dieu Cay, como el escritor Nguyen Xuan Nghia, que también se encontraba entre las personas detenidas en abril. Según informes, permanecían detenidos en espera de juicio tras ser imputados en aplicación del artículo 88 del Código Penal.

Discriminación de grupos étnicos y religiosos

Continuaron las amenazas contra miembros de confesiones no autorizadas por el Estado, que, además de verse obligados a abjurar de su fe, seguían siendo víctimas de hostigamiento, detenciones arbitrarias y encarcelamiento.

 Thich Huyen Quang, patriarca supremo de la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, falleció en julio a los 87 años. Vivía sometido a las restricciones impuestas por las autoridades, era preso de conciencia y había pasado más de 30 años en prisión o en arresto domiciliario. Su adjunto, Thich Quang Do, que se encontraba bajo arresto domiciliario de facto, se convirtió en el nuevo patriarca.

Continuaron recibiéndose informes de hostigamiento y malos tratos a las minorías étnicas conocidas como montagnards, de las tierras altas centrales. Más de 200 personas de estas minorías pidieron asilo en la vecina Camboya. Un número indeterminado de montagnards continuaban cumpliendo largas penas de prisión en relación con las protestas de 2001 y 2004.



Pena de muerte

En noviembre, el Ministerio de Justicia propuso una serie de modificaciones del Código Penal para reducir de 29 a 12 el número de delitos punibles con la muerte. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó la propuesta e insistió en que la pena de muerte era necesaria para combatir los elevados índices de delincuencia grave.

Según los medios de comunicación, se llevaron a cabo al menos 19 ejecuciones y 59 personas fueron condenadas a muerte. Se creía que el número real de personas ejecutadas y condenadas a muerte era mucho mayor.

 Nguyen Minh Hung quedó en libertad en junio, tras pasar más de cinco años en prisión condenado a muerte por tráfico de drogas. El Tribunal Popular de la provincia de Tay Ninh lo había condenado a muerte en junio de 2004, pero el Tribunal Supremo Popular anuló la condena y ordenó que se llevasen a cabo nuevas investigaciones. Fue juzgado de nuevo por el tribunal de Tay Ninh y condenado a muerte por segunda vez. En abril de 2007, el Tribunal Supremo Popular volvió a pedir que se realizase una nueva investigación. Finalmente, la causa fue desestimada por falta de pruebas. Una testigo del caso afirmó que había mentido al identificar a Nguyen Minh Hung como cómplice debido a la intensa presión ejercida por la policía.

En diciembre, Vietnam se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Vietnam: Llegó el momento de cumplir los compromisos de derechos humanos (ASA 41/001/2008)

Vietnam: El patriarca supremo Thich Huyen Quang, una vida al servicio de los derechos humanos (ASA 41/002/2008)

Connecting human rights in Viet Nam (ASA 41/003/2008)

Viet Nam: After the crackdown: attacks and intimidation (ASA 41/004/2008)

Vietnam: Petición de libertad para periodista condenado (ASA 41/006/2008)

Viet Nam: Submission to the UN Universal Periodic Review (ASA 41/007/2008)

Yemen

República de Yemen

Jefe del Estado: Alí Abdulá Salé

Jefe del gobierno: Alí Mohamed Megauar

Pena de muerte: retencionista

Población: 23,1 millones

Esperanza de vida: 61,5 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 83/72 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 54,1 por ciento


Quedaron en libertad centenares de personas detenidas por motivos políticos, incluidos presos de conciencia. Algunas fueron liberadas tras una orden presidencial que anunció el fin de los enfrentamientos armados en la región de Sada; otras habían sido detenidas en relación con protestas ocurridas en el sur del país. Se practicaron centenares de nuevas detenciones, y continuaron recluidas muchas personas detenidas en años anteriores. Decenas de personas fueron condenadas a prisión en juicios injustos ante el Tribunal Penal Especial. Las autoridades no investigaron posibles ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. Hubo denuncias generalizadas de brutalidad, tortura y otros malos tratos a manos de la policía. Se impusieron y ejecutaron condenas de flagelación. Fueron ejecutadas al menos 13 personas, y había centenares más condenadas a muerte, algunas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Información general

Hubo varios ataques atribuidos a Al Qaeda y sus partidarios, entre ellos un atentado con explosivos perpetrado en septiembre en Saná, cerca de la embajada estadounidense, y que mató a 16 personas, entre las que había civiles. En diciembre mataron en la gobernación de Amran a una persona perteneciente a la minoría judía y varias más recibieron amenazas anónimas instándolas a convertirse al islam o a abandonar Yemen. También hubo ataques contra turistas: en enero mataron a dos turistas belgas y a sus dos acompañantes yemeníes, y dos turistas japonesas y una pareja alemana y su hija estuvieron retenidos brevemente por miembros de tribus que los secuestraron para protestar por la detención de unos familiares suyos por orden de las autoridades.

En agosto, el gobierno anunció el fin de los enfrentamientos armados que las fuerzas de seguridad y los seguidores del difunto Hussain Badr al Din al Huthi, destacado clérigo chií de la minoría zaidí venían librando intermitentemente en la gobernación de Sada desde 2004. Los partidarios del clérigo también anunciaron el fin de las hostilidades. A raíz de ello, ambos bandos dejaron en libertad a centenares de personas, entre las que figuraban personas que habían sido recluidas con y sin juicio por las autoridades y las fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno a los que los seguidores de Hussain Badr al Din al Huthi habían hecho prisioneros. No se sabía muy bien cuántas personas más quedaban por liberar. El presidente ordenó también la liberación de personas recluidas en relación con protestas pacíficas ocurridas particularmente en el sur y entre las que había presos de conciencia.

El gobierno propuso cambios negativos del Código Penal, relativos a los castigos corporales, la discriminación de las mujeres y la criminalización de las críticas a la religión. Propuso también una Ley Antiterrorista y una Ley sobre el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo en las que se definía éste de manera poco precisa y que menoscababan la protección de los detenidos y no contenían salvaguardias del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el sexto informe periódico de Yemen sobre su cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Mujer. El Comité concluyó que la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas seguían estando muy arraigadas en las leyes y tradiciones de la sociedad e instó al gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para avanzar en la eliminación de tal discriminación antes de la presentación del examen de su próximo informe periódico, previsto para 2013.

Libertad de expresión

A pesar de las liberaciones de presos de conciencia, en 2008 se detuvo a centenares de personas por protestar pacíficamente, acusándolas de ser seguidores de Hussain Badr al Din al Huthi, partidarios o miembros de Al Qaeda, apóstatas o espías. Algunas de estas personas eran presos de conciencia.

 Mohamed al Saqaf, abogado y profesor universitario, fue detenido por agentes de los servicios de Seguridad Nacional el 11 de agosto en Saná cuando se disponía a salir del país con su familia para disfrutar de unas vacaciones. Pasó varios días recluido en las celdas del Departamento de Investigación Criminal antes de quedar en libertad bajo fianza en espera de juicio. Fue acusado de «menoscabar la unidad nacional» por haber criticado al gobierno por reprimir protestas pacíficas de militares retirados en el sur del país. Era también el abogado defensor de Hassan Baoom, activista del Partido Socialista detenido reiteradamente y recluido durante breves periodos sin cargos ni juicio.

 Según informes, Haitham bin Saad fue detenido en julio en la región de Hadramout junto con cuatro personas más en relación con unos ataques ocurridos en el sureste de Yemen. Los cinco eran sospechosos de apoyar a Al Qaeda.



Liberaciones

Entre las personas detenidas por motivos políticos que fueron puestas en libertad durante el año hubo presos de conciencia.

 Fahd al Qirni, artista condenado a 18 meses de prisión y al pago de una multa tras haber sido declarado culpable de insultar al presidente por haberlo satirizado y por haber criticado la represión gubernamental de las protestas pacíficas del sur, quedó en libertad en septiembre.

Juicios injustos

Decenas de presuntos espías y presuntos partidarios de Hussain Badr al Din al Huthi o de Al Qaeda fueron sometidos a juicios injustos ante el Tribunal Penal Especial o llevaron sus casos ante el Tribunal Especial de Apelación, que confirmó sus condenas. Los abogados defensores denunciaban que no se les permitía el acceso pleno a los expedientes de sus clientes, y los acusados afirmaban que sus «confesiones» habían sido obtenidas con tortura u otros malos tratos durante su larga reclusión preventiva en régimen de incomunicación.

 En la causa conocida como caso de la Célula 2 de Saná, 14 presuntos partidarios de Hussain Badr al Din al Huthi fueron declarados culpables de actos violentos y otros delitos en relación con los disturbios civiles ocurridos en Sada en 2007. Algunos fueron condenados a prisión, y uno, a muerte. Entre ellos figuraba el periodista Abdul Karim al Khaiwani, preso de conciencia condenado a seis años de cárcel, que quedó en libertad en septiembre en virtud de un indulto presidencial.

 En febrero fueron condenados a muerte por espionaje Hamad Ali al Dahouk y Abdul Aziz al Hatbani. Ambos habían sido declarados culpables de haber informado a las autoridades egipcias de que los gobiernos de Arabia Saudí y Kuwait estaban financiando, con el conocimiento de las autoridades yemeníes, a grupos armados en Yemen para que perpetraran atentados contra turistas extranjeros en Egipto. En octubre, el Tribunal Especial de Apelación confirmó la condena de muerte impuesta a Hamad Ali al Dahouk, pero absolvió a Abdul Aziz al Hatbani. La causa tenía que verse ante el Tribunal Supremo.

 En octubre comparecieron ante el Tribunal Penal Especial tres personas acusadas de espiar para Irán. Según informes, llevaban dos meses detenidas en régimen de incomunicación y habían sido golpeadas. Estaban vinculadas a una asociación chií legal de Adén que llevaba años funcionando abiertamente. El juicio continuaba al final del año.

 Al menos 37 presuntos miembros o partidarios de Al Qaeda fueron juzgados ante el Tribunal Penal Especial o llevaron su caso ante el Tribunal Especial de Apelación. En febrero, Bashir Rawah Nnuman fue condenado a cinco años de prisión por estar en posesión de documentos falsos de los que pensaba servirse para viajar a Irak a fin de participar en el conflicto iraquí. En octubre, el Tribunal Especial de Apelación confirmó las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Penal Especial contra 36 personas en noviembre de 2007; 33 de éstas habían sido condenadas a penas de entre 3 y 15 años de prisión, mientras que a las otras 3 les había sido impuesta la pena de muerte in absentia. Todas habían sido declaradas culpables de pertenecer a un grupo armado y de atacar instalaciones petroleras.


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