I. Probidad: Aproximación conceptual



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Probidad en Chile y el marco de Derecho Internacional aplicable

I.Probidad: Aproximación conceptual


El Diccionario de la Real Academia Española define probidad en una sola palabra “honradez”1. En inglés, el concepto probity establece la “cualidad de poseer principios morales sólidos, honestidad y decencia”2. En relación al análisis de la función pública, el término probidad se entiende como contraparte del concepto corrupción3. De allí que el alcance de su significado esté casi siempre asociado al cumplimiento de los principales estándares aplicados al escrutinio de la actividad pública: transparencia, rendición de cuentas (accountability), y responsividad o receptividad política –reacción oportuna a las preferencias de los ciudadanos-4.

II.Principio de probidad en Chile


En Chile, la probidad es un principio incorporado a nuestro ordenamiento constitucional, a través de la reforma implementada en el año 2005. Así, el actual Artículo 8° de la Constitución Política establece que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”5.
Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 de 1986, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en su Artículo 3° que la probidad es uno los principios que ésta debe observar6. Asimismo, la norma en su Artículo 52° inciso 1° determina la obligación de las autoridades de la Administración del Estado y de los funcionarios de la Administración Pública de “dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa”7, definida según el inciso 2° del mismo artículo como “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”8.

III.Marco internacional relativo a la probidad


En el contexto internacional, Chile ha suscrito tres convenciones en materia de corrupción que comprenden diferentes aspectos de la probidad en la función pública.

  1. Probidad en el sistema interamericano


La Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada el 29 de marzo de 1996, ratificada por Chile el 27 de octubre de 1998, e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante Decreto N° 1.879 de 1999, fue el primer instrumento internacional en abordar esta materia. La Convención tiene por objetivo, según su Artículo 2°, prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como promover la cooperación entre los Estados para asegurar la eficacia de estas medidas. El tratado se considera “un instrumento orientado específicamente a la construcción de sistemas de integridad en el servicio público”9. En su Artículo 3° numeral 12 la Convención establece que entre las medidas preventivas consideradas aplicables a la institucionalidad de cada país se encuentra “el estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público”10.
Aunque el texto del tratado no contempló la constitución de un mecanismo de seguimiento para evaluar el grado de compromiso de los gobiernos asumido respecto de la Convención, en la III Cumbre de las Américas, realizada en Quebec en el año 2001, los Estados acordaron establecer un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención11, cuyo funcionamiento fue aprobado mediante el establecimiento del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) el mismo año. Actualmente, el MESICIC está integrado por 31 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Chile incluido.
Por otra parte, la Carta Democrática Interamericana, instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que perfecciona la idea de “defensa de la democracia”12, e interpreta y actualiza la Carta fundacional de la OEA, reconociendo el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla, establece en su Artículo 4° que la probidad es uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, junto a la transparencia de las actividades gubernamentales, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa13.
En adición, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece respecto de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, (Artículo 7° literal c), que la probidad es una de las condiciones a tener en cuenta para velar por el derecho del trabajador a ser promovido o ascendido dentro de su trabajo, entre otros requisitos14. Chile suscribió este acuerdo en el año 2001, sin embargo, a la fecha aún no ha sido ratificado, situación que también ocurre en los casos de Haití, República Dominicana y Venezuela.

    1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción


La Convención contra la Corrupción (CAC, por su sigla en inglés) adoptada en 2003 y vigente desde el año 2005, fue ratificada por Chile el 13 de septiembre de 2006, e incorporada a nuestra legislación mediante Decreto N° 375 de 2007. La CAC constituye a la fecha el instrumento internacional de mayor alcance en el sistema internacional, debido a que está abierta a la firma de Estados y organizaciones regionales de integración económica (Artículo 67°).
La CAC incluye medidas preventivas y tipificación de formas de corrupción para el sector público y privado, inclusive la obligación de los Estados Parte de devolver los beneficios procedentes de actos corruptos (Artículo 31°)15. Además, establece la Conferencia de los Estados Parte (Artículo 63°), órgano con la facultad de examinar periódicamente la aplicación del texto y formular recomendaciones al respecto. Dicho órgano estableció en 2009 el Mecanismo para Revisar la Implementación de la CAC (Resolución 3/1 CAC/COSP)16. El Mecanismo está constituido por un Grupo Intergubernamental de revisores que se reúne desde el año 2010, dos veces al año. Durante el período 2010-2015, Chile fue país bajo proceso de revisión y presentó el Informe de su Examen en 2013, correspondiente a la aplicación de la Convención al momento de la visita de los examinadores en marzo de 201117.

    1. Cohecho a funcionarios públicos extranjeros en OCDE


La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), adoptó en 1997 la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, ratificada por Chile el 18 de abril de 2001 e incorporada a nuestro ordenamiento interno mediante Decreto N° 496 de 2002. La Convención ha sido suscrita por los 34 Estados Miembros de la Organización (incluidos Chile y México) más otros siete Estados que no son parte de OCDE: Argentina, Brasil, Colombia, Bulgaria, Latvia, Rusia y Sudáfrica18.
La Convención tiene entre sus principales objetivos adoptar medidas para tipificar el cohecho, sancionar el lavado de dinero, y establecer la responsabilidad de las personas jurídicas al respecto19. Además incorpora un Programa de Seguimiento Sistemático para el Monitoreo y Seguimiento de la Convención (Artículo 12°), labor realizada en el marco del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE20. En marzo de 2014, Chile presentó el Informe de Tercera Fase del Programa de Seguimiento (Phase 3), enfocado en la implementación de la Convención y sus Recomendaciones.

1 D.R.A.E. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/ (Julio, 2015).

2 Oxford Dictionary. Disponible en: http://bcn.cl/1rt3x (Julio, 2015).

3 Véase: “Strengthening probity and public ethics in the OAS framework: Implementation of the Inter-American Program of Cooperation to Fight Corruption”. En: American University International Law Review. 2000. Disponible en: http://bcn.cl/1rt3z (Julio, 2015).

4 CHANDRA, Shailaja: Bringing probity into public life. Disponible en: http://bcn.cl/1rt42 (Julio, 2015).

5 Constitución Política de 1980. Disponible en: http://bcn.cl/12jb9 (Julio, 2015).

6 DFL N° 1/19.653. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, 17-11-2001. Disponible en: http://bcn.cl/1m0oi (Julio, 2015).

7 Ibíd.

8 Ibíd.

9 HERRERA, Moisés: “El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC)”. Disponible en: http://bcn.cl/1rt43 (Julio, 2015).

10 Convención Interamericana contra la Corrupción. Disponible en: http://bcn.cl/1rt44 (Julio, 2015).

11 OEA: Declaración de Quebec (extracto). 2001. Disponible en: http://bcn.cl/1rt46 (Julio, 2015).

12 OEA: Carta Democrática Interamericana. Presentación de César Gaviria. Disponible en: http://bcn.cl/1rt48 (Julio, 2015).

13 OEA: Carta Democrática Interamericana. Disponible en: http://bcn.cl/1rt49 (Julio, 2015).

14 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1988. Disponible en: http://bcn.cl/1rt4a (Julio, 2015).

15 Convención contra la Corrupción. Disponible en: http://bcn.cl/1m7th (Julio, 2015).

16 UNODC: Resolution 3/1 - Review mechanism. Disponible en: http://bcn.cl/1rt4b (Julio, 2015).

17 UNODC: Informe sobre el Examen de Chile. Disponible en: http://bcn.cl/1rt4c (Julio, 2015).

18 OCDE: Ratification Status. Disponible en: http://bcn.cl/1rt4e (Julio, 2015).

19 DIRECON: Convención OCDE. Disponible en: http://bcn.cl/1rt4h (Julio, 2015).

20 OCDE: Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Disponible en: http://bcn.cl/1rt4j (Julio, 2015).

Biblioteca del Congreso Nacional. Andrea Vargas Cárdenas. avargas@bcn.cl. Anexo Santiago 1871, Valparaíso 3174. Asesoría Técnica Parlamentaria. Área Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales. 29/07/2015.



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