Impugnación No. 62. 541 República de Colombia Corte Suprema de Justicia



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Impugnación No. 62.541

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

Aprobado acta número 342


Bogotá, D.C., once de septiembre de dos mil doce

Resuelve la Sala la impugnación presentada por el apoderado de JAIRO VARGAS VARGAS, en contra del fallo de tutela del 18 de julio de 2012, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), por medio del cual negó la demanda de amparo, promovida contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá), por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.


ANTECEDENTES


Y

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

A través de apoderado, JAIRO VARGAS VARGAS, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “El Barne” de Tunja (Boyacá), promovió acción de tutela en contra del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá). Con fundamento en que al emitir sentencia condenatoria en su contra por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con los ilícitos de secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión agravada, hurto calificado y concierto para delinquir vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto se abstuvo de resolver la solicitud de nulidad invocada por falta de defensa técnica y atender el requerimiento del juez (es) ejecutor (es) para que manifieste si existió error aritmético al momento de tasar la pena que le fuera impuesta.


EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá), mediante fallo de tutela del 18 de julio de 2012, resolvió negar las pretensiones de la demanda de tutela, por cuanto las peticiones que elevó el apoderado del accionante ya fueron resueltas por el Juzgado demandado.

LA IMPUGNACIÓN


El accionante, a través de apoderado, presentó impugnación y como argumentos de sustentación señaló que los derechos aducidos en menoscabo no corresponden al de petición, sino al debido proceso y acceso a la administración de justicia.


Adicionalmente, dice, el auto proferido por el Juzgado demandado no le fue notificado a su representado, quien se encuentra privado de la libertad. En ese orden de ideas, solicitó que se ordene a tal despacho certificar el error aritmético reclamado y precisar la autoridad competente para su corrección.

CONSIDERACIONES DE LA SALA


El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o cuando, existiendo, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.


Y, por disposición del artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia.
En diferentes oportunidades, esta Sala ha precisado que el mecanismo mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar a la autoridad competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el actor cuenta con otro mecanismo judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que considera, le han sido vulnerados. De tal forma, la competencia del juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el cual se presume violados o amenazados los derechos fundamentales.
Es por ello, que se han fijado limitaciones generales sobre la procedencia formal del amparo, estatuidas en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, entre ellas, el numeral primero señala la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.

Tal exigencia, sólo admite excepción cuando se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando así un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.



Análisis del caso en concreto
1. Según la demanda, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, no ha resuelto la solicitud de nulidad elevada por el actor y tampoco se ha prenunciado respecto del eventual error aritmético al momento de tasar la pena que le fue impuesta a VARGAS VARGAS.
2. Según lo que revela la actuación, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, mediante auto del 10 de julio de 2012, resolvió la petición de nulidad elevada por el actor y se pronunció respecto del requerimiento efectuado por los Juzgados Segundo y Primero de Descongestión de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (Boyacá), en cuanto solicitaron que manifestara si existió error aritmético en la dosificación de la pena, esto último reclamado por el demandante, para lo cual señaló:


  1. En cuanto a la solicitud de nulidad, estimó que: no es procedente por cuanto existe manifiesta carencia técnica en la proposición del incidente de nulidad; el peticionario no demostró la irregularidad sustancial en cuanto a la defensa técnica; y, el condenado VARGAS VARGAS siempre estuvo representado por un defensor de la Defensoría Pública, además, ejerció de manera activa su defensa material; interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida en su contra, no obstante, éste mecanismo se declaró desierto. De este modo, la petición no resulta admisible, pues, luego de 10 años pretenda beneficiarse de su negligencia por haber sustentado indebidamente la apelación interpuesta.



  1. Sobre la existencia del error aritmético, promovió colisión de competencia negativa por considerar que ante la firmeza de la sentencia que profirió en contra de JAIRO VARGAS VARGAS, la competencia para resolver lo concerniente al eventual defecto en la tasación de la pena es del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad1.

De este modo, la acción se torna improcedente por carencia actual de objeto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. Ello en consonancia con la sentencia T-357 de 2007 consideró:


“El fenómeno de la carencia actual de objeto se presenta, en la medida en que el objeto de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude al amparo constitucional y este se extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa, por cualquier causa. Es decir, es en principio, una finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto ‘no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos fundamentales del accionante pues en el evento de adoptarse esta, caería en el vacío por sustracción de materia’.” Resaltado fuera de texto-. -T-357 de 2007-.
Por lo expuesto, concluye la Sala que ciertamente las pretensiones de la demanda perdieron toda razón de ser como mecanismo de protección judicial. Pues, lo que el accionante consideró como hecho supuestamente vulnerador, se superó con la respuesta de la autoridad accionada.
3. Ahora, el apoderado en el libelo de impugnación indica que no se ha configurado una carencia de objeto habida cuenta que la decisión emitida por el despacho demandado no se ha notificado al accionante, quien se encuentra privado de la libertad y, en dicha providencia no se determinó cuál es la autoridad competente para ocuparse de la corrección del error aritmético del que adolece la sentencia.
Sin embargo, tales alegaciones carecen de solidez, pues el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, en la parte resolutiva del auto atrás citado dispuso: 1) notificar la decisión a los sujetos procesales, advirtiéndoles que proceden los recursos de reposición y apelación y, 2) comisionar al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario “El Barne” de Tunja con el objeto de que notifique dicha providencia a JAIRO VARGAS VARGAS. Igualmente, se advierte que el apoderado del actor conoce del pronunciamiento efectuado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, en cuanto se refirió sobre sus apartes en el libelo de impugnación. De modo que, si advierte omisiones en las notificaciones, así debe exponerlo al interior del trámite que como consecuencia de sus peticiones se originó.
Igualmente, se precisa si lo que pretende el actor es cuestionar la decisión adoptada por el Juzgado accionado en cuanto se abstuvo de pronunciarse sobre el eventual error aritmético en la dosificación de la pena y promovió conflicto de competencia, ha de señalar la Sala que su petición se resolverá una vez las autoridades de la jurisdicción ordinaria penal definan el despacho competente de ocuparse al respecto, pues precisamente existe un trámite en curso, sin que le sea dable a la Sala imponer su criterio u oponer su propia valoración fáctica o interpretación jurídica, máxime cuando no se evidencian actos arbitrarios o clara violación de derechos fundamentales.
3. Por los argumentos expuestos, el fallo impugnado será confirmado.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE




Primero. CONFIRMAR el fallo objeto de impugnación.
Segundo. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. REMITIR el expediente con destino a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ



JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



Secretaria

1 Folios 11 – 16 del C O del Tribunal



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