Incidente de inejecución de sentencia 275/2010, derivado del juicio de amparo 1700/2008. Quejoso: Ponente: ministro josé fernando franco gonzález salas secretarios: Israel flores rodríguez david espejel ramírez



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INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 275/2010, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 1700/2008.

QUEJOSO: **********.


PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

SECRETARIOS: Israel flores rodríguez

DAVID ESPEJEL RAMÍREZ
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de marzo de dos mil once.

cotejado:
V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil ocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades siguientes:
1. De la Asamblea Legislativa, Jefe de Gobierno, Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas y Director General Jurídico y de Estudios Legislativos del Distrito Federal, reclamó la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto del veintisiete de diciembre de dos mil siete, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, específicamente los artículos 203, fracción I, apartado 3; 206, inciso B), fracción II, subincisos a) y h); 319, fracción III, inciso b), y 319-A.
SEGUNDO. El quejoso señaló como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien la admitió a trámite; celebró la audiencia constitucional el dieciséis de diciembre de dos mil ocho y dictó sentencia en la que sobreseyó respecto de ciertos actos y concedió el amparo contra los artículos reclamados, para los efectos siguientes:
"Al haberse declarado inconstitucional los "artículos 203, fracción apartado 3, 206, inciso B, "fracción II, inciso a) y b), y 319, fracción III, inciso b) y "319-A del Código Financiero del Distrito Federal "vigente en el año de dos mil ocho, y a efecto de "restituir a la impetrante de garantías en el goce de sus "derechos afectados, de conformidad con el artículo "80 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria "esta sentencia, ninguna autoridad puede volverle a "aplicar válidamente las normas jurídicas que ya se "juzgaron, dado que la situación jurídica de la quejosa "se rige por la sentencia protectora, hasta en tanto la "misma no sea reformada.

"Asimismo, le deberá ser devuelta a la parte "quejosa las cantidades que fueron pagadas por los "conceptos previstos en las disposiciones declaradas "inconstitucionales, conforme a las constancias de "pago que obran a fojas de la treinta y dos a la treinta y "cinco de autos, a través de la unidad administrativa "que corresponda" (foja 210 frente y vuelta).
CUARTO. Inconforme con la sentencia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de autoridad responsable, interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que resolvió confirmar la sentencia recurrida en sesión del veintiséis de febrero de dos mil nueve.
QUINTO. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil nueve (fojas 539-540), al no haber logrado el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en particular, la devolución de las contribuciones pagadas por el quejoso, el Juez de Distrito ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia, así como la remisión de los autos del juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia.
SEXTO. En sesión del veinticinco de septiembre de dos mil nueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el incidente de inejecución de sentencia abierto con motivo de este asunto, determinando reponer el procedimiento por estimar que debió requerirse a la Dirección General de Administración Financiera de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por estar directamente vinculada a cumplir con la ejecutoria.
SÉPTIMO. En cumplimiento a la resolución señalada en el párrafo anterior, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal requirió al Director General de Administración Financiera de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el que, mediante oficio presentado el trece de octubre de dos mil nueve, manifestó que el pago correspondiente debía ser autorizado, en primer término, por la Dirección de Servicios al Contribuyente de la Subsecretaría de Administración Tributaria.
OCTAVO. El Juez de Distrito agotó el procedimiento establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo respecto del Administrador Tributario en "Perisur" y sus superiores jerárquicos, y el veintiuno de enero de dos mil diez (fojas 648-649), al no haber logrado el cumplimiento de la ejecutoria de amparo respecto de la devolución de las contribuciones pagadas por el quejoso, ordenó nuevamente la apertura del incidente de inejecución de sentencia, así como la remisión de los autos del juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia.
NOVENO. Por proveído del tres de febrero de dos mil diez, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia IIS-16/2010-189 y requirió al Administrador Tributario en "Perisur", al Director de Servicios al Contribuyente y a sus superiores jerárquicos, para que dentro del plazo de tres días hábiles acreditaran el cumplimiento de la sentencia de amparo, o bien, expusieran el impedimento que tuviesen para ello.
El veinticinco de febrero de dos mil diez, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que era fundado el incidente de inejecución de sentencia, por lo que remitió el expediente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos precisados en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.
DÉCIMO. El Presidente de este Alto Tribunal por acuerdo del diez de marzo de dos mil diez, ordenó formar y registrar el incidente de inejecución de sentencia con el número 275/2010; asimismo, se ordenó turnar al Ministro José Fernando Franco González Salas para que formulara el proyecto y diera cuenta con él para su resolución en la Sala de su adscripción o, en su caso, dictaminara sobre el trámite que procediera.
El dieciséis de marzo de dos mil diez, el Presidente de la Segunda Sala determinó que ésta se avocaría al conocimiento del citado incidente de inejecución de sentencia y ordenó la devolución de los autos al Ministro José Fernando Franco González Salas.
Previo dictamen del Ministro Ponente, el asunto se radicó en el Tribunal Pleno; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver este incidente de inejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley de Amparo; 10, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales Plenarios 5/2001 y 12/2009, de veintiuno de junio de dos mil uno y veintitrés de noviembre de dos mil nueve, respectivamente; pues se trata del incumplimiento de una sentencia pronunciada por un Juez Federal en un juicio de amparo y en la especie se valorará la excusabilidad del incumplimiento aducido respecto de las autoridades vinculadas y se precisará cuáles son las que gozan de atribuciones para dar cumplimiento a dicho fallo, señalando los plazos para tal fin.
SEGUNDO. Etapas del procedimiento de cumplimiento y antecedentes del asunto. En principio resulta conveniente precisar que conforme a lo establecido tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo y en los Acuerdos Generales 5/2001 y 12/2009, emitidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha distinguido entre lo que debe entenderse por procedimiento para la ejecución de una sentencia y el momento en que, agotada esa etapa, los autos son remitidos a este Alto Tribunal dando lugar a la apertura del incidente de inejecución para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, lo que da lugar a dos diversas etapas del procedimiento para lograr el cumplimiento de una sentencia de amparo.
La primera etapa está formada por todos los requerimientos realizados a las autoridades responsables y por todas las gestiones emprendidas por el juzgador de amparo, a fin de lograr el acatamiento del fallo protector. La segunda etapa está a cargo de la Suprema Corte, en términos del artículo constitucional antes referido.
Cabe destacar que en los casos de los juicios de amparo indirecto la segunda etapa se substancia en dos fases de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Plenario 12/2009; la primera por un Tribunal Colegiado de Circuito en competencia delegada y la segunda por este Alto Tribunal.
De lo anterior se desprende que el incidente de inejecución de sentencia se inicia cuando el órgano jurisdiccional competente remite los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en competencia delegada a un Tribunal Colegiado de Circuito, apoyado en la evidencia de que las autoridades responsables han tenido una actitud de rebeldía al no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, absteniéndose de obrar en el sentido ordenado en la sentencia o bien limitándose a desarrollar actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes, para crear una apariencia de cumplimiento.
Tomando en cuenta la referida distinción, destaca que el procedimiento para el cumplimiento de las sentencias de amparo, en términos generales, es el siguiente:
Una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, el juzgador de amparo correspondiente debe requerir a las autoridades responsables o a las diversas que gocen de atribuciones para acatar el fallo protector, para que realicen los actos tendientes al cumplimiento de éste, lo que deberán informar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la sentencia ejecutoria (artículo 105 de la Ley de Amparo).
Cabe destacar que en aquellos casos en los que dentro de los efectos de la concesión del amparo se encuentre la devolución de una cantidad líquida a la parte quejosa, el Juez de Distrito debe allegarse de los elementos necesarios para individualizarla en acatamiento a lo establecido en los puntos segundo y tercero, fracción II, inciso 1.4 del Acuerdo General Plenario 12/2009.
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación:
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI EL "CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONCESORIA "DE AMPARO REQUIERE LA DETERMINACIÓN DE "UNA CANTIDAD LÍQUIDA NO PRECISADA POR EL "JUEZ DE DISTRITO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL "EXPEDIENTE A FIN DE QUE SE ALLEGUE DE "TODOS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE "PERMITAN SU CUANTIFICACIÓN Y, POR ENDE, "DICHO CUMPLIMIENTO. Si entre los efectos de la "concesión del amparo se encuentra la devolución "de una cantidad líquida a la parte quejosa, el Juez "de Distrito debe allegarse de los elementos "necesarios para individualizarla, lo cual es una "condición previa para iniciar el procedimiento de "ejecución de la sentencia, pues de ello dependerá "que las autoridades responsables puedan acatar la "ejecutoria de amparo. En consecuencia, si el monto "de la cantidad que debe entregar la autoridad "responsable no está determinada por el Juez de "Distrito, lo procedente es devolverle los autos a "efecto de que provea lo necesario para dar "cumplimiento a dicha ejecutoria, mediante la "determinación precisa de la cantidad que debe "devolverse a la quejosa." (No. Registro: 172,752, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, Tesis: 1a./J. 44/2007, Página: 136).
En caso de que las autoridades que se hayan estimado vinculadas directamente al cumplimiento del fallo protector sean omisas en cuanto a llevar a cabo los actos necesarios para el debido acatamiento de la sentencia de amparo, el juzgador de amparo deberá requerir, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia concesoria, para que obligue a dichas autoridades a cumplir sin demora el fallo.
En el supuesto de que el superior inmediato de dichas autoridades no atendiere el requerimiento y, en ejercicio de sus atribuciones propias de la jerarquía que ostenta, no lograra el cumplimiento de la sentencia respectiva, si dicho superior inmediato tuviera a su vez un diverso superior jerárquico, se le requerirá a éste para que realice los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector.
De continuar la omisión, cuando el juzgador de amparo haya desarrollado el procedimiento de ejecución de una sentencia en debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo y en las tesis jurisprudenciales de este Alto Tribunal, una vez que haya requerido a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo y, en su caso, a sus dos superiores jerárquicos inmediatos, deberá remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito en turno (punto Segundo del Acuerdo General 12/2009).
Cabe destacar que atendiendo a lo previsto en el párrafo primero del artículo 105 de la Ley de Amparo únicamente se deberá requerir a los dos superiores jerárquicos de las autoridades vinculadas al cumplimiento de una sentencia concesoria antes de remitir al respectivo Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, dada la contumacia de todas ellas, para la apertura del respectivo incidente de inejecución, sin que en ese momento procesal se deba requerir a diverso superior jerárquico.
Lo anterior, sin menoscabo de que, en el supuesto de que el respectivo incidente de inejecución de sentencia resultara fundado respecto de las autoridades responsables, incluidos sus dos superiores jerárquicos, atendiendo a lo señalado en la fracción XVI del artículo 107 constitucional1 y al ineludible cumplimiento de una sentencia de amparo, si el segundo de los referidos superiores jerárquicos contara a su vez con un diverso superior, además de requerir a los servidores públicos que sustituyan a los destituidos, se deberá vincular a este último para que ejerza sus atribuciones para lograr el cumplimiento del fallo respectivo, en aras de tutelar conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cabal acatamiento de la ejecutoria de amparo, máxime que, de lo contrario, se podría entorpecer el cumplimiento de la sentencia concesoria en tanto no se designe a los sustitutos de los destituidos.
Lo anteriormente expuesto no limita la atribución del juzgador de garantías para determinar qué autoridades, ajenas a las llamadas como responsables al respectivo juicio de amparo, se encuentran vinculadas al cumplimiento de la sentencia concesoria al contar con facultades para realizar los actos necesarios para ese fin, tal como deriva de la tesis jurisprudencial número 178 del Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que lleva por rubro y texto:
"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A "ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS "AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN "INTERVENIDO EN EL AMPARO Las ejecutorias de "amparo deben ser inmediatamente cumplidas por "toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y "que, por razón de sus funciones, deba intervenir en "su ejecución, pues atenta la parte final del primer "párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los "Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no "solamente la autoridad que haya figurado con el "carácter de responsable en el juicio de garantías "está obligada a cumplir la sentencia de amparo, "sino cualquiera otra autoridad que, por sus "funciones, tenga que intervenir en la ejecución de "este fallo."
Por su parte, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá requerir nuevamente a las autoridades responsables respecto de las cuales se hubiera concedido el amparo, así como a las diversas que se estimen vinculadas a su cumplimiento y a sus dos superiores jerárquicos inmediatos para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento, demuestren ante el juzgado de Distrito y ante el propio tribunal el acatamiento de la ejecutoria o expongan las razones que tengan en relación con el incumplimiento de la sentencia (punto Tercero, fracción I, del Acuerdo General 12/2009).
Una vez realizado lo anterior, los autos se remitirán al Magistrado correspondiente, el cual contará con quince días hábiles para presentar proyecto de dictamen que, en el caso que declare el incumplimiento a la sentencia de amparo, deberá remitir el asunto, con la ejecutoria pronunciada por el propio tribunal colegiado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, con motivo de la contumacia de las autoridades responsables (punto Tercero, fracción II, apartado 4, del Acuerdo General 12/2009).
Posteriormente, una vez recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del incidente de inejecución formado al efecto deberá resolver si el incumplimiento por parte de la autoridad es excusable o inexcusable y si se está en el caso de aplicar la sanción correspondiente.
En esas condiciones y para que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación válidamente pueda pronunciarse sobre el presente incidente de inejecución de sentencia, en los términos que establece el artículo constitucional antes citado, es necesario precisar si el Juez de Distrito agotó todos los medios legales que la ley le concede para hacer cumplir sus determinaciones; y hecho lo anterior, si concluyó que la autoridad responsable incurrió en una actitud contumaz de abstención de dar cumplimiento a la sentencia de amparo.
Por lo anterior, es importante resaltar que el quejoso señaló como actos reclamados, la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto del veintisiete de diciembre de dos mil siete, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, específicamente los artículos 203, fracción I, apartado 3; 206, inciso B), fracción II, subincisos a) y h); 319, fracción III, inciso b), y 319-A.
Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil ocho, determinó conceder el amparo solicitado, como se advierte de la siguiente trascripción:
"Al haberse declarado inconstitucional los "artículos 203, fracción [I] apartado 3, 206, inciso B, "fracción II, inciso a) y b), y 319, fracción III, inciso b) "y 319-A del Código Financiero del Distrito Federal "vigente en el año de dos mil ocho, y a efecto de "restituir a la impetrante de garantías en el goce de "sus derechos afectados, de conformidad con el "artículo 80 de la Ley de Amparo, una vez que cause "ejecutoria esta sentencia, ninguna autoridad puede "volverle a aplicar válidamente las normas jurídicas "que ya se juzgaron, dado que la situación jurídica "de la quejosa se rige por la sentencia protectora, "hasta en tanto la misma no sea reformada.

"Asimismo, le deberá ser devuelta a la parte "quejosa las cantidades que fueron pagadas por los "conceptos previstos en las disposiciones declaradas "inconstitucionales, conforme a las constancias de "pago que obran a fojas de la treinta y dos a la treinta "y cinco de autos, a través de la unidad administrativa "que corresponda."
Inconforme con la sentencia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de autoridad responsable, interpuso recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el que, en sesión del veintiséis de febrero de dos mil nueve, resolvió confirmar la sentencia recurrida.
Mediante oficios del dieciocho de marzo y diecisiete de abril de dos mil nueve (fojas 440-441 y 449-459), el Juez de Distrito requirió a la Administradora Tributaria en "Perisur" para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del auto, acreditara fehacientemente la devolución al quejoso de las cantidades que enteró con motivo en aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, que ascienden a $326,595.00 (trescientos veintiséis mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100, moneda nacional), $158,380.00 (ciento cincuenta y ocho mil trescientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), $152,368.00 (ciento cincuenta y dos mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y $191,744.00 (ciento noventa y un mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), sumas que amparan los comprobantes de pago exhibidos por el quejoso, mismos a los que se alude en la sentencia y que aparecen agregados a fojas treinta y dos a treinta y cinco de los autos.
Por oficio 1360 fechado el diecinueve de mayo de dos mil nueve (fojas 467-470), la Administradora Tributaria en "Perisur" remitió al Juez de Distrito copia certificada del dictamen 17/AURAD/118/09, por el cual determinó que la cantidad a devolver al quejoso era de $903,954.00 (novecientos tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional).
Posteriormente, mediante oficios del veintiuno y veintisiete de mayo, dos y quince y veintiséis de junio, nueve y veintiuno de julio, todos de dos mil diez, la Juez de Distrito requirió sucesivamente a la Administradora Tributaria en "Perisur", Directora de Servicios al Contribuyente, Subtesorero de Administración Tributaria, Tesorero, Secretario de Finanzas y Jefe de Gobierno, todos del Distrito Federal, para que dieran cumplimiento a la ejecutoria. Al no hacerlo, el diecisiete de agosto de dos mil nueve ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia.
En sesión del veinticinco de septiembre de dos mil nueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictó sentencia en el incidente de inejecución de sentencia abierto con motivo de este asunto, determinando reponer el procedimiento, al estimar que debió requerirse a la Dirección General de Administración Financiera de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por estar directamente vinculada a cumplir con la ejecutoria.
En cumplimiento a la resolución señalada en el párrafo anterior, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal requirió al Director General de Administración Financiera de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el que con fecha trece de octubre de dos mil nueve manifestó que, para poder realizar el pago correspondiente, éste primero debía ser autorizado por la Dirección de Servicios al Contribuyente de la Subsecretaría de Administración Tributaria.
En el mismo sentido, en diversos proveídos de seis y veintiséis de octubre, diez y diecinueve de noviembre, dieciséis y veinticuatro de diciembre, todos de dos mil nueve, seis y trece de enero, ambos de dos mil diez, el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables Administrador Tributario en "Perisur" y Director de Servicios al Contribuyente, así como al Subtesorero de Administración Tributaria, Tesorero, Secretario, todos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en su carácter de superiores jerárquicos de aquéllos, los conminaran a dar cumplimiento a la sentencia de amparo.
En este contexto, seguido el procedimiento previsto en el artículo 105, párrafo primero, de la Ley de Amparo y ante el desacato de las autoridades responsables a cumplir lo ordenado en el fallo protector, mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diez (fojas 648-649), el Juez de Distrito remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, con el objeto de que fuera resuelto el incidente de inejecución de sentencia planteado.
Del incidente correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se registró con el número IIS-16/2010-189, se requirió a las autoridades ya citadas para que acreditaran el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, ante su omisión, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil diez, dictaminó el incumplimiento a la ejecutoria y ordenó la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos establecidos en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
De lo anteriormente reseñado se evidencia que el procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, fue realizado correcta y oportunamente por el Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado, toda vez que mediante diversos proveídos requirieron al Administrador Tributario en "Perisur", al Director de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Distrito Federal, como autoridad vinculada al acatamiento del fallo protector, así como al Subtesorero de Administración Tributaria y al Tesorero, todos del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de superiores jerárquicos, para que conminaran a aquéllas al cumplimiento del fallo protector, sin que a la fecha ello se haya logrado.
En consecuencia, se concluye que el procedimiento para el cumplimiento de la sentencia de amparo se agotó adecuadamente, en virtud de que el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables para que cumplieran la ejecutoria de amparo y a sus superiores jerárquicos, de tal forma que esas autoridades se enteraron debidamente sobre:
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