Incidente de inejecución de sentencia 275/2010, derivado del juicio de amparo 1700/2008. Quejoso: Ponente: ministro josé fernando franco gonzález salas secretarios: Israel flores rodríguez david espejel ramírez



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1) La concesión del amparo a la parte quejosa y su obligación de darle cumplimiento a la ejecutoria de garantías;
2) Los actos que debían realizarse para cumplir con la sentencia, y
3) Las consecuencias que tendría el incumplimiento de la sentencia de amparo.
TERCERO. Hechos acreditados ante este Alto Tribunal y fuerza vinculatoria de la respectiva sentencia de amparo. A fin de pronunciarse sobre la determinación que corresponde emitir a este Alto Tribunal en el presente incidente de inejecución de sentencia, atendiendo a lo previsto en la fracción I del Punto Quinto del Acuerdo General Plenario 12/20092, así como a las particularidades que rodean la ejecución de un número considerable de sentencias de amparo cuyo efecto consiste, en esencia, en que el Gobierno del Distrito Federal devuelva a los quejosos los recursos erogados con motivo del pago de tributos a la hacienda de dicha entidad, al haberse considerado inconstitucionales las leyes que los rigen, se estima necesario precisar los hechos que se encuentran acreditados ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
a) En principio, conviene recordar que como quedó precisado en el considerando anterior, el efecto de la sentencia concesoria se traduce en devolver al quejoso la cantidad de $903,954.00 (novecientos tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), que fue la señalada por la Administradora Tributaria en "Perisur" en su oficio 1360 fechado el diecinueve de mayo de dos mil nueve (fojas 467-470), cantidad que debe actualizarse en lo conducente, como deriva de las tesis jurisprudenciales siguientes:
"LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA "SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA "INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE "SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, "CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE "LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE "ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL "DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que "concede el amparo y declara la inconstitucionalidad "de la norma tributaria en que se funda el pago de "una contribución, es la desincorporación de la "esfera jurídica del contribuyente de la respectiva "obligación tributaria, que conlleva a la devolución "del saldo a favor originado con motivo de tal "declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma "declarada inconstitucional no establezca la "actualización del monto a devolver, a fin de cumplir "con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad "fiscal queda obligada a devolver el monto "debidamente actualizado, toda vez que sólo así se "restituye al gobernado en el pleno goce de la "garantía individual violada." (Registro: 170,268. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Febrero de 2008. Tesis: 2a./J. 13/2008. Página: 592).
"LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL "AMPARO CUANDO SE DECLARA LA "INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN "QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA "CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA "DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS "DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO "FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y "MUNICIPIOS). La declaratoria de "inconstitucionalidad de las normas que rigen un "tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como "efecto desincorporar de la esfera jurídica del "contribuyente la respectiva obligación tributaria, y "devolverle el saldo a favor originado con motivo de "tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la "actualización del monto respectivo para este "supuesto no esté expresamente previsto en la "norma, el derecho del contribuyente a recibirla "deviene de la propia naturaleza del sistema que rige "las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del "que deriva que el monto pagado debe efectuarse en "valor presente, pues de otra manera no podría "restituirse al gobernado en el pleno goce de la "garantía violada en términos del artículo 80 de la "Ley de Amparo." (Registro: 170,708. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, Diciembre de 2007. Tesis: 2a./J. 221/2007. Página: 204).
b) Por otro lado, a fojas sesenta y uno del incidente de inejecución de sentencia en el que se actúa, aparece agregada copia certificada del oficio número 04 de catorce de enero de dos mil once y recibido el diecinueve del mismo mes en este Alto Tribunal, documento público que en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la legislación de amparo, genera elementos de convicción respecto de los hechos legalmente afirmados por la autoridad. En dicho oficio el Tesorero del Distrito Federal, manifestó:
"Con fundamento en los artículos 107, fracción "XVI, primer párrafo y 126 de la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VIII, "inciso B); 35, fracciones XIV y XXI del Reglamento "Interior de la Administración Pública del Distrito "Federal; 43 y 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto "Eficiente, en mi carácter de superior jerárquico de la "autoridad involucrada en el cumplimiento de "devoluciones, sujetas al presupuesto, con el debido "respeto, me permito informar que mediante oficio "SFDF/SE/0046/2011 de fecha 7 de enero de 2011, "signado por el Subsecretario de Egresos del "Gobierno del Distrito Federal, se informó a esta "Tesorería que el monto aprobado por la Asamblea "Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio "presupuestal 2011 es de 60 millones de pesos (mdp), "para la partida 9503 de devoluciones.”
c) También aparece agregada a fojas sesenta y siete a sesenta y nueve del expediente relativo a este incidente, copia certificada del oficio número 26 de veintitrés de febrero de dos mil once, recibido en este Alto Tribunal en esa misma fecha, documento público que en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la legislación de amparo, genera elementos de convicción de los hechos legalmente afirmados por la autoridad, por medio del cual el doctor Luis Rosendo Gutiérrez Romano, Tesorero del Distrito Federal, manifestó:
"… en mi carácter de superior jerárquico de las "autoridades responsables obligadas al "cumplimiento de las ejecutorias de amparo dictadas "en los juicios que están siendo substanciados como "incidentes de inejecución de sentencia ante ese "Máximo Tribunal, cumplimiento que consiste en "devolver las contribuciones y aprovechamientos "ordenados mediante resolución jurisdiccional firme, "con la facultad que me confiere el artículo 7, "fracción VIII, inciso B) del Reglamento Interior de la "Administración Pública del Distrito Federal, con el "debido respeto, me permito señalar lo siguiente:

"De conformidad con los artículos 35, fracciones "XIV y XXI del Reglamento Interior de la "Administración Pública del Distrito Federal; 43 y 73 "de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y 107 "fracción XVI, primer párrafo de la Constitución "General de la República, ocurro ante usted a efecto "de acreditar acciones efectuadas por el suscrito "tendientes a acatar las ejecutorias de amparo "materia de los incidentes de Inejecución listados en "el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la "Nación, en los términos en que se exponen a "continuación:

"De acuerdo con nuestro máximo Tribunal, "cuando una autoridad responsable del "cumplimiento de una sentencia protectora de "amparo, manifieste la imposibilidad material o "jurídica de cumplimentar la ejecutoria de amparo, "dicha autoridad tiene derecho a que se le dé "oportunidad de demostrar tal extremo en forma "fehaciente, con el propósito de que no se impongan "las sanciones a que se refiere el artículo 107 "fracción XVI, de la Constitución General de la "República.

"Estableciendo lo anterior, es de suma "trascendencia para el suscrito externar ante usted "que en este momento resulta material y "jurídicamente imposible dar cumplimiento a las "ejecutorias de amparo materia de los incidentes de "inejecución que fueron listados el 22 de febrero de "2011, para sesión del 28 siguiente en el Pleno, "mediante la devolución en numerario a través de "cheque nominativo a favor de los quejosos, según "se explica y acredita a continuación:

"a) Para el ejercicio fiscal 2011, la Asamblea "Legislativa del Distrito Federal autorizó 60 millones "de pesos como partida presupuestal de gasto "número 9912 para el pago de devoluciones en "materia fiscal, de los cuáles a la fecha no se cuenta "con ninguna cantidad disponible, para acatar los "fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"b) En este sentido, al haberse agotado el monto "de la partida presupuestal antes referida, se "sostiene que al momento existe imposibilidad "material para el suscrito para poder dar "cumplimiento a las sentencias de amparo que son "materia de los incidentes que se encuentran "listados para sesión, mediante la devolución en "numerario a través de cheques nominativos a favor "de los quejosos.

"c) Por otra parte, igualmente existe en la "especie imposibilidad jurídica para el suscrito a "efecto de cumplimentar las sentencias de amparo "materia de los incidentes en comento, mediante la "devolución en numerario a través de cheque "nominativo a favor de los quejosos, toda vez que "como lo podrá advertir, el suscrito carece de "facultades para ordenar adecuaciones o "modificaciones al Presupuesto de Egresos que le "permitiesen direccionar recursos a efecto de "solventar la devolución de las cantidades a favor del "quejosos.

"d) A efecto de acreditar que para el suscrito "resultan jurídica y materialmente insuperables los "obstáculos que le impiden en este momento dar "cumplimiento a las ejecutorias de amparo de los "incidentes de inejecución que fueron listados en 22 "de febrero de 2011, mediante la devolución en "numerario a través de cheque nominativo a favor de "los diversos quejosos, es preciso señalar lo "siguiente:

"De conformidad con el artículo 35, fracción XIV "del Reglamento Interior de la Administración "Pública del Distrito Federal, corresponde al Titular "de la Tesorería del Distrito Federal, recibir y resolver "las solicitudes de devolución o compensación, de "créditos fiscales a favor de los contribuyentes, en "los términos y con las modalidades que señalen las "leyes fiscales aplicables, así como los acuerdos del "Ejecutivo Federal.

"De lo anterior, se desprende que las facultades "de pago, de aprobación, asignación y ampliación "presupuestal, recaen en otras áreas, de acuerdo a lo "previsto en los artículos 34, fracciones IV y IX y 92, "fracción XX del Reglamento Interior de la "Administración Pública del Distrito Federal y 73 de "la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito "Federal.

"Ahora bien, considerando que el monto "susceptible a devolver a favor de los contribuyentes "con motivo de las sentencias de amparo de los "asuntos que se encuentran listados para sesión del "28 de febrero ascienden a 325.3 mdp, he solicitado "mediante oficio con número de folio 25, de fecha 23 "de febrero de 2011, ante la Subsecretaría de "Egresos, el ajuste correspondiente a la partida "presupuestal relativa al cumplimiento de sentencias "de amparo fiscal, adjunto para pronta referencia "copia del oficio de mérito (Anexo 1).

"Asimismo, a efecto de acreditar ante ese "Máximo Tribunal que a la fecha no se cuenta con "ninguna cantidad disponible de la autorizada como "presupuesto, para acatar los fallos de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación, se adjunta la relación "de los 50 incidentes en los que se autorizó la "devolución (Anexo 2), de cuyos importes se puede "advertir que, aunado a otras devoluciones de baja "cuantía, los 60 millones de pesos que se autorizaron "como partida presupuestal de gasto número 9912 "(sic) para el pago de devoluciones se encuentra "agotada.

"En estas condiciones, en este momento para el "suscrito resulta material y jurídicamente imposible "dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo de "referencia, mediante la devolución en numerario a "través de cheques nominativos a favor de los "quejosos.

"Robustece lo anterior, el artículo 126 "Constitucional; No podrá hacerse pago alguno que "no esté comprendido en el Presupuesto o "determinado por la ley posterior.

"Cuya interpretación aplica tratándose de las "obligaciones de pago derivadas de sentencias de "amparo a cargos de las autoridades responsables, "para que no se sancione su incumplimiento cuando "el pago no se encontrara previsto en el presupuesto "autorizado, por lo que la responsabilidad queda "limitada a la gestión ante los órganos competentes "para que se autorice el gasto correspondiente.

"No omito comentar, que para el pago de las "devoluciones las autoridades responsables "enfrentan la problemática relacionada con la "ampliación de recursos a la partida presupuestal, "siempre y cuando haya ingresos excedentes que "permitan efectuar dichas ampliaciones."
Como se advierte de la documental pública antes referida, el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal manifiesta que ejerció la totalidad de los recursos con los que contaba la partida presupuestal respectiva —$60'000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)— y, por ende, solicitó al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal la ampliación presupuestal por los recursos que resulten suficientes para que el techo de la misma quede en quinientos millones de pesos y esté en posibilidad de cumplir con su obligación de pago (anexo 1 del oficio transcrito).
d) Por otra parte, para este Alto Tribunal constituye un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, derivado del análisis de las constancias que obran en los incidentes de inejecución de sentencia listados en los lugares primero a doscientos noventa y siete para la sesión del día de hoy, que el Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación constitucional de pagar a los quejosos en los respectivos juicios de amparo, una suma superior a los $313’011,574.66 (TRESCIENTOS TRECE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), incluso sin considerar las actualizaciones o diversos accesorios que conforme a los respectivos fallos protectores pudieran adicionarse.
Son aplicables al caso concreto, las tesis de jurisprudencia y aislada cuyo rubro, texto y datos de localización son:
"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y "JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código "Federal de Procedimientos Civiles los tribunales "pueden invocar hechos notorios aunque no hayan "sido alegados ni probados por las partes. Por "hechos notorios deben entenderse, en general, "aquellos que por el conocimiento humano se "consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que "pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la "naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual "o a circunstancias comúnmente conocidas en un "determinado lugar, de modo que toda persona de "ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde "el punto de vista jurídico, hecho notorio es "cualquier acontecimiento de dominio público "conocido por todos o casi todos los miembros de "un círculo social en el momento en que va a "pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual "no hay duda ni discusión; de manera que al ser "notorio la ley exime de su prueba, por ser del "conocimiento público en el medio social donde "ocurrió o donde se tramita el procedimiento." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Junio de 2006. Tesis: P./J. 74/2006. Página: 963).
"HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN "INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS "EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS "SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE "LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del "Código Federal de Procedimientos Civiles, de "aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo "dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, "resulta válida la invocación de hechos notorios, aun "cuando no hayan sido alegados ni demostrados por "las partes. En ese sentido, es indudable que como "los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la "Nación integran tanto el Pleno como las Salas de "este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada "órgano corresponda, pueden válidamente invocar "oficiosamente, como hechos notorios, los "expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como "medios de prueba aptos para fundar una sentencia, "sin que sea necesaria la certificación de sus datos o "el anexo de tales elementos al sumario, bastando "con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad "emanada de la ley que puede ser ejercida para "resolver la contienda judicial." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Abril de 2004, Tesis: P. IX/2004, Página: 259).
Cabe señalar que la suma antes precisada constituye un hecho notorio para este Tribunal Pleno en virtud de que deriva de lo indicado en las resoluciones jurisdiccionales, sentencias o proveídos, que obran en los expedientes relativos a los incidentes de inejecución de sentencia listados para esta sesión.
Con base en lo anterior se estima que se encuentra acreditada ante esta Suprema Corte de Justicia la insuficiencia de recursos presupuestales para cumplir con las sentencias de amparo materia de los incidentes de inejecución de sentencia listados para la sesión del día de hoy, ante lo cual resulta necesario precisar la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo respectiva y, en considerando posterior, analizar el marco jurídico que rige a las atribuciones de los órganos del Distrito Federal relacionadas con el cumplimiento de la misma.
Al respecto conviene agregar que en el caso de las sentencias de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a favor del quejoso por parte de las autoridades, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a una sentencia de amparo, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República.
Tiene aplicación la tesis del rubro, texto y datos de localización siguientes:
"SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN "DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN "POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO "DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema "Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente "en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial "de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales "sostuvo el criterio predominante de que tratándose "de obligaciones de pago derivadas de sentencias de "amparo a cargo de las autoridades responsables, no "se sancionaría su incumplimiento cuando el pago "no se encontrara previsto en el presupuesto "autorizado, de manera que la responsabilidad de "aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los "órganos competentes para que se autorizara el "gasto correspondiente. En este sentido se orientan "los siguientes criterios históricos, de rubros: ""CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, "LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 "CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; ""SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; ""SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE "EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", "publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, "página 131 y en el Semanario Judicial de la "Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 "y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen "LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, "estos criterios no deben prevalecer en la actualidad "pues, por una parte, obedecen a la interpretación "aislada del artículo 126 de la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos (que "originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la "fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo "cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo "anterior es así, pues si bien es cierto que el "presupuesto de egresos se rige por el principio de "anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de "política tributaria, comprende un periodo de un año, "para el cual se planea precisamente el gasto público "que implica la programación de actividades y "cumplimiento de proyectos al menos durante ese "tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la "Norma Fundamental acepta que el presupuesto no "debe ser estricto, inflexible, ni imposible de "modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda "variarse al establecer que no podrá hacerse pago "alguno que no esté comprendido en el presupuesto "o determinado por ley posterior, de donde se "desprende que en el propio texto de la norma "constitucional referida, subyace el principio de "modificación presupuestaria, al permitir que el "gasto pueda programarse en dos momentos, uno "anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el "presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la "que por su cronología necesariamente sucede a "aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; "de manera que el precepto constitucional en "mención, en lugar de constituir un valladar "insuperable para la autoridad responsable, prevé la "posibilidad de modificación del presupuesto "original para adecuarlo a las necesidades "sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer "un remedio para los casos fortuitos, que le permite "solicitar los ajustes presupuestarios necesarios "para enfrentar las obligaciones pecuniarias del "Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe "autorizarse por tratarse del cumplimiento de un "mandato de amparo cuya ejecución es "impostergable. Además, si la autoridad ya tiene "autorizado un presupuesto que le permite efectuar "un pago, aun cuando no esté previsto "específicamente en él, debe realizarlo si con ello da "cumplimiento a un mandato de amparo, pues "exclusivamente en esta hipótesis no podría "considerarse jurídicamente que vulnerara la "prohibición contenida en el artículo 126 de la "Constitución General de la República, en razón de "que el cumplimiento de las sentencias de amparo "no puede quedar condicionado a la determinación "de si se aprueba o no una partida presupuestal para "hacer frente a la obligación impuesta, dado que la "majestad de la Constitución Federal impone "categóricamente que aquéllas sean cumplidas "inexcusablemente, por lo que únicamente en esta "hipótesis no puede operar el principio de "responsabilidad que deriva del mencionado artículo "126 constitucional, pues técnicamente no se estaría "contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de "excepción en el que no sería punible la conducta de "la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco "contravendría el artículo 134 del Ordenamiento "Fundamental, relativo al manejo de los recursos "económicos con apego al principio de honradez, la "cual se entiende como un actuar probo, recto, sin "desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en "cumplir con un mandato de amparo, por el "contrario, es un principio rector de los actos de la "autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, "por ende, los mandatos de amparo que derivan de "ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden "constitucional." (Registro: 187,083. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Abril de 2002. Tesis: P. XX/2002. Página: 12.)
Lo anterior es así, ya que el artículo 126 constitucional al señalar que "no se podrá hacer ningún pago que no esté "expresamente previsto en el presupuesto de egresos" no puede ser interpretado en el sentido de oponerse a la ejecución de una sentencia de amparo, pues es la propia Constitución la que determina la exigibilidad inmediata de dichas sentencias y establece la sanción correspondiente a quien incumple una sentencia de amparo.
Cabe destacar que en la Carta Magna se prevé el juicio de amparo como el instrumento por excelencia para la defensa de los derechos fundamentales.
En ese sentido, se prevé la necesidad de que en caso de que se conceda la protección solicitada, las sentencias deben ser debidamente cumplidas por la o las autoridades que gocen de atribuciones para ello, señalándose en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que en caso de que ello no suceda y su incumplimiento sea inexcusable, éstas serán inmediatamente separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que corresponda.
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que al ser la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que resalta la importancia del cumplimiento de las sentencias de amparo, luego, el hecho de que no sea prevista una partida presupuestaria no puede ser excusa para que no se cumpla con una sentencia de amparo.
En ese orden de ideas, ante una sentencia de amparo que impone la obligación de restituir al quejoso en el goce de las garantías violadas mediante la devolución o el pago de una suma de dinero, para determinar qué autoridades son las que están vinculadas al acatamiento de aquélla, es necesario analizar cuál de ellas puede disponer de los respectivos recursos presupuestarios, ya que tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en la tesis aislada P. XVIII/2002 del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS "MEDIDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, "DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO SON APLICABLES A "LAS AUTORIDADES JERÁRQUICAMENTE SUBORDINADAS A "LOS JEFES DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE "CARECEN DE FACULTADES DE DISPOSICIÓN DEL "PRESUPUESTO O GASTO PÚBLICO, A FIN DE ASUMIR EL "PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO "SUSTITUTO DE AQUÉLLAS", aplicable por analogía, a las autoridades que carecen de las atribuciones para hacer frente a la respectiva obligación pecuniaria, no les es imputable e inexcusable el incumplimiento "por lo que su omisión de pago no debe "perjudicarlas, por razones de equidad aplicables a los "procedimientos de inejecución de sentencia", sin que ello obste para que este Alto Tribunal determine cuál es la autoridad a la que asiste la atribución para cumplir con el respectivo fallo constitucional y resuelva lo conducente, siendo aplicable al respecto la tesis jurisprudencial siguiente:
"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A "ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS "AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN "INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de "amparo deben ser inmediatamente cumplidas por "toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y "que, por razón de sus funciones, deba intervenir en "su ejecución, pues atenta la parte final del primer "párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los "Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no "solamente la autoridad que haya figurado con el "carácter de responsable en el juicio de garantías "está obligada a cumplir la sentencia de amparo, "sino cualquiera otra autoridad que, por sus "funciones, tenga que intervenir en la ejecución de "este fallo." (Registro: 917,712. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Tesis: 178. Página: 145).
Por ello, tratándose del cumplimiento de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios a los quejosos si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas locales de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que para el cumplimiento de fallos constitucionales de esa naturaleza las autoridades administrativas deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, las que por exigencia de lo previsto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto así como 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo, por el juzgador de garantías.
Por ende, si bien las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, ello no obsta para que válidamente y con el objeto de acatar el mandato constitucional dentro del plazo fijado por la autoridad de amparo, deban necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General, puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo, en la inteligencia de que la excusabilidad de su incumplimiento en el plazo respectivo, en ese supuesto, únicamente podría basarse en el fehaciente acreditamiento ante este Alto Tribunal de la inexistencia de recursos presupuestales disponibles.
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