Incidente de inejecución de sentencia 275/2010, derivado del juicio de amparo 1700/2008. Quejoso: Ponente: ministro josé fernando franco gonzález salas secretarios: Israel flores rodríguez david espejel ramírez



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CUARTO. Marco jurídico del Distrito Federal relativo a la disposición de recursos financieros, excusabilidad del desacato de las autoridades vinculadas actualmente al cumplimiento del fallo protector y autoridades que gozan de las atribuciones necesarias para tal fin. Una vez precisada la fuerza vinculatoria de una sentencia de amparo cuyo efecto es la devolución de numerario, atendiendo a las particularidades que rodean la ejecución de la sentencia protectora respectiva, se impone precisar el marco jurídico que rige las atribuciones de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal competentes tanto para efectuar las devoluciones de recursos a los quejosos como para realizar las adecuaciones presupuestales que permitan a aquéllas contar con la suficiencia presupuestal necesaria máxime que, como se precisó, el veintitrés de febrero de dos mil once se recibió en este Alto Tribunal el oficio suscrito por el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, en el que respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo de que se trata manifestó su imposibilidad material y jurídica para acatarla mediante la devolución de la cantidad correspondiente, aun cuando en realidad pretende acreditar su excusabilidad en el incumplimiento de dicho fallo.
En ese orden de ideas, para verificar que resulta excusable el incumplimiento de la sentencia de amparo materia de este incidente de inejecución respecto del Tesorero del Gobierno del Distrito Federal y sus inferiores jerárquicos vinculados al cumplimiento respectivo, debe tomarse en cuenta que conforme a lo previsto en los artículos 3°, fracción I, 7°, 30, 35, 37, 73, 75 y 80 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal a dichos servidores públicos no les asiste la atribución para realizar adecuaciones presupuestales.
De la lectura de los mencionados numerales se desprende que el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal y sus inferiores jerárquicos vinculados al cumplimiento del respectivo fallo protector, en esencia, gozan de las siguientes atribuciones:
a) Elaborar las bases de política fiscal de la Hacienda Pública del Distrito Federal.
b) Elaborar el presupuesto de ingresos y del anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal.
c) Interpretar y aplicar las disposiciones fiscales.
d) Autorizar los precios y tarifas de los bienes y servicios del Distrito Federal.
e) Registrar y llevar el control de los padrones de contribuyentes.
f) Administrar, recaudar, comprobar, determinar, notificar y cobrar las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios y demás productos señalados en la Ley de Ingresos del Distrito Federal y las contribuciones federales a que se refieren los acuerdos del Ejecutivo Federal.
g) Llevar a cabo el procedimiento administrativo económico coactivo de ejecución de créditos fiscales.
h) Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de devolución o compensación y de pago a plazos de los créditos fiscales, así como de su cancelación y la condonación de las multas respectivas.
i) Aceptar, autorizar su sustitución, cancelar, hacerlas efectivas, ordenar su ampliación o resolver sobre su dispensa, de las garantías que se otorguen para asegurar el interés de los créditos fiscales.
j) Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de reconocimiento de enteros.
Por ende, conforme al marco jurídico aplicable en el Distrito Federal las autoridades Administrador Tributario en "Perisur", Director de Servicios al Contribuyente, Subtesorero del Servicio de Administración Tributaria y Tesorero, carecen de atribuciones para realizar adecuaciones presupuestales que les permitan disponer de recursos con el objeto de cumplir una sentencia de amparo cuando se han agotado los previstos originalmente en la partida del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal autorizada por la Asamblea Legislativa en términos de lo previsto en el artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
En cambio, del análisis de lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en su Reglamento y en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal se advierte cuáles son las autoridades que tienen atribuciones para realizar las adecuaciones presupuestarias que permitan hacer frente a las obligaciones de pago correspondientes.
Cabe señalar que las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con el artículo 2º de la propia Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, son las modificaciones que se realizan durante el ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por la Asamblea o a los calendarios presupuestales autorizados y se encuentran reguladas en los artículos 76 a 80 de la citada Ley, 9, 10 y 86 al 95 de su Reglamento y en los diversos numerales 34, fracción IX y 68, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
Del análisis de los mencionados preceptos se desprende, en lo substancial que:
a) Las adecuaciones presupuestarias comprenden, entre otras, las relativas a la estructura presupuestal aprobada por la Asamblea Legislativa y los calendarios presupuestales autorizados.
b) Se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las sub-funciones a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, y deberá tomarse en cuenta el resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y metas mensuales, así como las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el desarrollo de las sub-funciones.
c) Deben tramitarse a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría de Finanzas o presentarse en forma impresa en los casos que ésta determine y cumplir los requisitos que establezca el Reglamento.
d) El Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas, puede modificar el contenido orgánico y financiero de las Sub-funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos y si como consecuencia de esa modificación se les instruye a tramitar adecuaciones presupuestarias y no lo hicieren, la Secretaría de Finanzas las aplicará.
e) Entre los trámites contables, presupuestarios y financieros que deben realizarse a través del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales, se encuentra el pago de las cuentas por liquidar certificadas, así como la elaboración, autorización y registro de las adecuaciones presupuestarias, y será competencia de la Subsecretaría de Egresos y de la Dirección General de Administración Financiera, la emisión en el ámbito de su competencia, de los registros y autorizaciones base del mencionado sistema.
f) Las unidades responsables del gasto deben sujetarse a los montos autorizados en el Decreto para sus respectivas subfunciones, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias.
g) El trámite de solicitud, registro y autorización de las adecuaciones presupuestarias, debe realizarse a través del sistema.
h) Para la realización de adecuaciones, deberán seleccionarse y afectar las claves presupuestarias de conformidad con los tipos de operación señalados en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
i) Los recursos asignados por la Asamblea a las subfunciones prioritarias no podrán disminuirse, salvo los casos a los que se alude en el artículo 88 del mencionado Reglamento.
j) Las adecuaciones presupuestarias pueden ser compensadas o líquidas y tener las modalidades siguientes: que afecten simultáneamente el presupuesto y resultados autorizados, que modifiquen el presupuesto o los resultados.
k) Deberán justificarse las adecuaciones con la información que se indica en el artículo 92 del Reglamento en consulta.
l) Corresponderá al titular de la unidad responsable del gasto o a los servidores públicos facultados, solicitar el registro presupuestal de las adecuaciones presupuestarias mediante el uso de la firma electrónica o autógrafa.
m) La Secretaría de Finanzas, por conducto de la Subsecretaría de Egresos, determinará los demás requisitos que deberán observar las unidades responsables del gasto para el trámite de las adecuaciones presupuestarias.
n) Compete al titular de la Subsecretaría de Egresos, autorizar las solicitudes de adecuaciones programático-presupuestales.
o) Corresponde a la Dirección General de Política Presupuestal analizar y en su caso, autorizar y registrar las adecuaciones programático presupuestales líquidas.
En ese tenor, de la interpretación sistemática de las mencionadas disposiciones, se advierte que legalmente corresponde a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizar las adecuaciones presupuestarias, atribución que en términos del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se ejerce por la Dirección General de Política Presupuestal adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la propia dependencia, tal como deriva de lo previsto incluso en el Apartado A de la fracción VIII del artículo 7º del citado Reglamento Interior, el cual dispone:
"ARTÍCULO 7º. Para el despacho de los asuntos "que competan a las Dependencias de la "Administración Pública, se les adscriben las "Unidades Administrativas, las Unidades "Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los "Órganos Político-Administrativos y los Órganos "Desconcentrados siguientes:

"[…]

"VIII. A la Secretaría de Finanzas:

"A) Subsecretaría de Egresos, a la que quedan "adscritas:

"1. Dirección General de Política Presupuestal;

"[…]".
Por tanto, si a la Tesorería del Distrito Federal le corresponde resolver sobre las solicitudes de devolución de créditos fiscales a favor de los contribuyentes, debe estimarse que una vez que ésta ha solicitado la respectiva ampliación presupuestal a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la propia entidad política3, corresponde al Director General de Política Presupuestal, en principio, autorizar las adecuaciones presupuestarias que permitan contar con recursos en la partida destinada al cumplimiento de sentencias.
Lo anterior, sin menoscabo de reiterar que para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios a los quejosos, las autoridades administrativas deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional respectiva, las que por exigencia de lo previsto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto, así como 107, fracción XVI, constitucional, deben ejecutarse de manera pronta y completa, en los plazos y términos fijados al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo, por el juzgador de garantías, por lo que en el caso de la legislación aplicable en el Distrito Federal, las autoridades competentes deben acudir, en principio, a los mecanismos ordinarios de adecuaciones presupuestales antes referidos, o al diverso previsto en el artículo 19, párrafo primero, de la mencionada Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, al tenor del cual el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados en la Ley de ingresos o bien, ante la expectativa de captación de mayores ingresos.
En este contexto constitucional y normativo, tomando en cuenta que el oficio número 26 presentado por el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal el pasado veintitrés de febrero de dos mil once ante este Alto Tribunal, cuya copia certificada obra en las fojas de la sesenta y siete a sesenta y nueve del expediente en que se actúa, y en el cual se aduce la imposibilidad para realizar adecuaciones presupuestales, se fundamenta incluso en lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el cual de ninguna manera puede constituir un obstáculo para el cumplimiento del presente fallo protector, con el objeto de generar certeza a las autoridades que deben ejercer sus atribuciones para ello y coadyuvar a la tutela del derecho a la justicia pronta y completa, garantizado en el artículo 17 constitucional se impone precisar el alcance de dicho numeral ordinario, el cual dispone:
"ARTÍCULO 73. Para cada ejercicio fiscal, la "Asamblea deberá aprobar en el Decreto una partida "presupuestal específica que será destinada a "cumplimentar las resoluciones definitivas "pronunciadas por los órganos jurisdiccionales "competentes.

"En caso de que la partida presupuestal referida, "autorizada por la Asamblea para cada ejercicio "fiscal, fuere insuficiente para darles cumplimiento a "las resoluciones definitivas, el Jefe de Gobierno, "por conducto de la Secretaría, podrá solicitar a la "Asamblea una ampliación a la partida "correspondiente para cumplimentar dichas "resoluciones. La Asamblea, para autorizar la "ampliación deberá tomar en cuenta que no se "afecten las Subfunciones del Presupuesto de "Egresos y lo permitan las condiciones económicas "de la hacienda pública."
Del precepto antes transcrito se advierte que para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación.
Ahora bien, en relación con el alcance del citado artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, importa señalar que en la exposición de motivos mediante la cual se modificó dicho artículo, publicada en el Diario de Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de tres de diciembre de dos mil nueve, se indicó lo siguiente:
"…

"9. Recursos para garantizar el Estado de "Derecho.

"Una de las prioridades del Gobierno del Distrito "Federal es dar cumplimiento a las resoluciones "jurídicas que ordenan los diferentes órganos "jurisdiccionales competentes, por lo tanto, una de "las premisas es ser respetuosos con los "pronunciamientos definitivos; no obstante lo "anterior, es evidente que el cumplimiento de "aquellas generan un impacto directo en la ejecución "integral del Presupuesto de Egresos.

"Para garantizar el Estado de Derecho, debe "contemplarse en el Presupuesto de Egresos una "partida específica para hacer frente al cumplimiento "de las resoluciones a que se ha hecho referencia; "aunado a ello, se propone que el Jefe de Gobierno, "a través de la Secretaría de Finanzas, pueda "solicitar a la Asamblea Legislativa, todas del Distrito "Federal, una ampliación a la partida "correspondiente para hacer frente a dichos "pronunciamientos."
De lo anterior se desprende que al fijar el alcance del citado artículo 73, la intención del legislador consistió, en todo momento, en garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica correspondiente, por lo cual su interpretación conforme4 permite concluir que la previsión legal en comento, por una parte, vincula a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el sentido de que para cumplir con lo previsto en los párrafos segundo y sexto del artículo 17 constitucional y, en el caso de las sentencias concesorias de amparo, en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Norma Fundamental, la partida respectiva debe autorizarse, cuando menos, por el monto debidamente acreditado por las autoridades encargadas de formular el proyecto del respectivo presupuesto de egresos, de las condenas impuestas en una sentencia al Gobierno del Distrito Federal, por lo que para cumplir con ese mandato legal y acatar fielmente lo establecido en los referidos numerales constitucionales no basta con que la Asamblea Legislativa autorice la partida en comento sino que lo haga en los términos precisados.
En abono a lo anterior, importa señalar que conforme al artículo 46, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, expedido por el Congreso de la Unión, constituye una atribución exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal5 presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa que contenga el proyecto anual de presupuesto del egresos, y de ello le resulta la obligación correlativa de solicitar una partida especial ─separada de los demás adeudos derivados de laudos o sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales locales─ para hacer frente a los pasivos generados por el cumplimiento de las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo, cuando vinculen a la administración pública del Distrito Federal al pago de cantidades ciertas y determinadas, partida en la cual deberá explicar en forma detallada la fecha en la que causaron estado los fallos, el monto aproximado de las devoluciones, y en su caso, los accesorios que se podrían generar por su falta de liquidación oportuna dentro del ejercicio fiscal respectivo, de manera que al momento de aprobar la erogación de los recursos anuales respectivos para esos fines, dicha Asamblea pueda contar con elementos suficientes para proveer de la disponibilidad de las sumas necesarias a las autoridades cuyos actos fueron declarados inconstitucionales, ya sea por vicios propios o por haberse apoyado en leyes contrarias a la Constitución Federal.
Lo anterior encuentra explicación lógica en que la restitución de dichas cantidades se considera presupuesto devengado, en términos del párrafo cuadragésimo segundo del artículo 2° de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal6, cuyo pago por tanto es ineludible y carece de sentido no programarlo, presupuestarlo y aprobarlo desde que inicia el año, sobre todo cuando exista un importante número de juicios y un considerable monto acumulado, cuya cuantificación las dependencias bien pueden estimarla desde que se prepara el anteproyecto que sirve de base para presentar el proyecto de presupuesto de egresos respectivo, todo ello con el propósito de que las autoridades que conforman la administración pública del Distrito Federal, a cargo del Jefe de Gobierno por disposición del párrafo cuarto del artículo 122 de la Constitución Federal7, no resten en forma generalizada y continua la eficacia de dichas sentencias, pues el artículo 66, fracción II, del propio Estatuto8, atribuye a dicha conducta incluso consecuencias políticas al señalar que son causas graves para la remoción de este servidor público "Abstenerse de ejecutar en "forma reiterada y sistemática, o incurrir en contravención de "actos legislativos, jurisdiccionales y administrativos que "dicten los Poderes de la Unión"; lo cual significa que existe un mandato específico de colaboración para que, en materia presupuestal, el órgano ejecutivo de carácter local9 programe el pago de las cantidades destinadas al cumplimiento de las sentencias protectoras de garantías, y el órgano legislativo de esta entidad federativa10 apruebe la partida específica que abastezca de fondos bastantes para sufragarlas, sin perjuicio de que el primero, por conducto de las autoridades competentes, realice las adecuaciones necesarias para acatar, en su caso, las nuevas resoluciones que causen ejecutoria en el ejercicio, conforme la interpretación que a continuación se precisa del párrafo segundo del artículo 73 de la ley citada, con el objeto de no postergar hasta el siguiente periodo presupuestal su cumplimiento, aunque es obvio que para mantener el equilibrio financiero en forma responsable lo aconsejable es programar medidas estratégicas y evitar las coyunturales, más aún cuando el párrafo tercero del artículo 1° del mismo ordenamiento señala que los sujetos obligados a cumplirla observarán que la administración de los recursos públicos se realice con un enfoque de respeto a los derechos humanos, entre otros principios11.
Por otro lado, dado que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias antes referido, establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, debe estimarse que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado al no ser disponibles, es decir, cuando la totalidad de los recursos destinados originalmente a éstas constituyan gastos etiquetados en el respectivo presupuesto de egresos o bien se trate de gasto comprometido, esto es, el que se constituye para atender compromisos derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico que signifique una obligación de realizar una erogación12, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
Así, por ejemplo, constituyen presupuesto comprometido todos los recursos contemplados en el referido presupuesto que sean necesarios para cubrir las prestaciones de todos y cada uno de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal o bien los necesarios para cubrir los compromisos adquiridos por el referido gobierno, mediante la celebración de cualquier instrumento jurídico.
Sostener que lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuirle a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional,13 pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, ya que el marco jurídico aplicable implicaría un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el Gobierno del Distrito Federal.
En ese orden de ideas, atendiendo a lo señalado en los artículos 76 al 80 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 9, 10 y del 86 al 95 de su Reglamento, y los diversos numerales 34, fracción IX, 35, fracción XV y 68, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, debe estimarse que el Director General de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, es la autoridad que cuenta con las atribuciones para dar cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo materia de este incidente de inejecución, ya que es la autoridad que goza de las necesarias para aprobar las respectivas adecuaciones presupuestarias que permitirán a la Tesorería del Distrito Federal contar con los recursos presupuestales necesarios para continuar con el procedimiento para realizar el pago correspondiente.
Por tanto, al oficio número SAT/25/2011 de veintitrés de febrero de dos mil once, por medio del cual el Tesorero del Distrito Federal solicitó al Subsecretario de Egresos la ampliación de la partida presupuestal correspondiente, deberá dársele el tratamiento de una solicitud de adecuación presupuestaria, por lo que el Director General de Política Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal deberá proceder a realizar las adecuaciones necesarias, es decir, las modificaciones a las estructuras presupuestales aprobadas o a los calendarios presupuestales autorizados, para dotar de recursos a la partida correspondiente y con ello dar lugar a que las restantes autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, a saber titulares de la Administración Tributaria en "Perisur", de la Dirección de Servicios al Contribuyente, de la Subtesorería del Servicio de Administración Tributaria y de la Tesorería, todas del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, estén en posibilidad legal y material de concluir con el procedimiento encaminado al acatamiento de la referida sentencia protectora.
Ante tal situación, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que no se está en el caso de aplicar a las mencionadas autoridades lo previsto en la fracción XVI del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que, dentro de la esfera de sus atribuciones, por el momento han realizado los actos necesarios para acatar el fallo protector y, ante la insuficiencia de fondos de la partida presupuestal respectiva y correspondiéndole a una autoridad diversa la realización de las adecuaciones presupuestarias, así como, en su caso, la ampliación de la citada partida, se actualiza una causa de excusabilidad del incumplimiento advertido.
Incluso, conviene agregar que si bien se ha advertido que tratándose del Secretario de Finanzas -en atención a las atribuciones que asisten a la Subsecretaría de Egresos y a la Dirección General de Política Presupuestal que le están adscritas-, sí cuenta con las atribuciones para dar cumplimiento al fallo protector y, por ende, no ha enfrentado la causa de excusabilidad que se estima actualizada respecto de la Tesorería, la Dirección de Servicios al Contribuyente y la Administración Tributaria en "Perisur", todas del Gobierno del Distrito Federal, lo cierto es que lo excusable de su incumplimiento tiene su origen en la interpretación incorrecta del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

En ese sentido, una vez que se ha fijado el alcance de lo previsto en el referido contexto constitucional y en ese numeral ordinario, la referida justificación del incumplimiento advertido no puede servir de base para la conducta contumaz en la que pudiera incurrir el titular de la Secretaría de Finanzas, así como sus demás subordinados, en el futuro, tanto en este asunto como en los diversos incidentes de inejecución que se integran en este Alto Tribunal con posterioridad al dictado de este fallo.

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