Indice definiciÓn de acto jurídico y elementos de validez formalidad



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INDICE

1. DEFINICiÓN DE ACTO JURíDICO Y ELEMENTOS DE VALIDEZ
2. FORMALIDAD

3. EL SILENCIO COMO MANIFESTACiÓN DE VOLUNTAD

4. PRINCIPIO DE LIBERTAD DE FORMA

5. FORMA AD PROBATIONEM y AD SOLEMNITATEM

6- FACULTAD Y ORIGEN DE LA REPRESENTACiÓN

7. REPRESENTACiÓN ENTRE CÓNYUGES

8. PLURALIDAD DE REPRESENTANTES

9. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS REPRESENTANTES

10. REVOCACiÓN DE PODER

11. PLURALIDAD DE REPRESENTADOS

12. REVOCACiÓN TÁCITA DEL PODER

13. COMUNICACiÓN DE LA REVOCACiÓN

14. PODER IRREVOCABLE

15. RENUNCIA A LA REPRESENTACiÓN

16. PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL

17. PODER PARA ACTOS DE DISPOSICiÓN

18. CARÁCTER PERSONAL DE LA REPRESENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN

19. RESPONSABILIDAD EN LA SUSTITUCiÓN DE LA REPRESENTACiÓN

20. REVOCACiÓN DEL SUBAPODERAMIENTO

21. REPRESENTACiÓN DIRECTA

22. REPRESENTACiÓN DIRECTA SIN PODER

23. RATIFICACiÓN DEL ACTO JURíDICO

24. VICIOS DE LA VOLUNTAD EN LA REPRESENTACiÓN

25. MANIFESTACiÓN DE LA CALIDAD DE REPRESENTANTE

26. PRESUNCiÓN DE REPRESENTACiÓN

27. ACTO JURíCICO CONSIGO MISMO

28. PODER ESPECIAL PARA REPRESENTACiÓN LEGAL

29. INTERPRETACiÓN OBJETIVA

30. INTERPRETACiÓN SISTEMÁTICA

31. INTERPRETACiÓN FINALISTA

32. CONDICIONES IMPROPIAS

33. ACTOS CONSERVATORIOS DURANTE EL PERíODO DE PENDENCIA

34. INDIVISIBILIDAD DE LA CONDICiÓN

35. CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO MALICIOSO DE LA CONDICiÓN

36. IRRETROACTIVIDAD DE LA CONDICiÓN

37. PLAZOS SUSPENSIVO y RESOLUTORIO

38. PAGO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

39. CADUCIDAD DEL PLAZO

40. PLAZO NO ESTABLECIDO

41. CÓMPUTO DEL PLAZO

42. EXIGIBILlDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CARGO

43. PLAZO JUDICIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CARGO

44. INEXIGIBILlDAD DEL CARGO

45. TRANSMISIBILIDAD E INTRANSMISIBILlDAD DEL CARGO

46. CARGO ILíCITO O IMPOSIBLE

47. SIMULACiÓN ABSOLUTA

48. SIMULACiÓN RELATIVA

49. SIMULACiÓN PARCIAL

50. INOPONIBILIDAD DE LA SIMULACiÓN

51. REQUISITOS DE LA ACCiÓN PAULlANA O REVOCATORIA

52. PRESUNCiÓN DE ONEROSIDAD DE LAS GARANTíAS

53. EFECTOS DE LA REVOCACiÓN FRENTE AL SUBADQUIRENTE

54. IMPROCEDENCIA DE LA ACCiÓN REVOCATORIA

55. ACCIONES DEL ACREEDOR FRENTE A TERCEROS ADQUIRENTES

56. PROCEDIMIENTO PARA INEFICACIA DE ACTOS GRATUITOS Y ONEROSOS

57. REQUISITOS DEL ERROR

58. ERROR ESENCIAL

59. ERROR CONOCIBLE

60. ERROR EN EL MOTIVO

61. IMPROCEDENCIA DE ANULABILIDAD POR ERROR RECTIFICADO

62. IMPROCEDENCIA DE INDEMNIZACiÓN

63. ERROR EN LA DECLARACiÓN

64. ERROR INDIFERENTE

65. DOLO CAUSANTE

66. DOLO INCIDENTAL

67. OMISION DOLOSA

68. DOLO RECíPROCO O BILATERAL

69. VIOLENCIA ABSOLUTA

70. ELEMENTOS DE LA INTIMIDACiÓN

71. CALIFICACiÓN DE LA VIOLENCIA O INTIMIDACiÓN

72. SUPUESTOS QUE NO CONSTITUYEN INTIMIDACiÓN

73. NULIDAD DE LA RENUNCIA A LA ACCiÓN POR VICIOS DE LA VOLUNTAD

74. CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA

75. NULIDAD ABSOLUTA

76. CAUSALES DE ANULABILIDAD

77. ANULABILlDAD o NULIDAD RELATIVA

78. NULIDAD EN EL ACTO PLURILATERAL

79. NULIDAD PARCIAL

80. NULIDAD REFLEJA

81. ALEGACiÓN DE INCAPACIDAD EN BENEFICIO PROPIO

82. ANULABILlDAD POR INCAPACIDAD RELATIVA

83. REPETICiÓN DEL PAGO HECHO AL INCAPAZ

84. MALA FE DEL INCAPAZ

85. CONFIRMACiÓN EXPRESA

86. CONFIRMACiÓN TÁCITA

87. FORMALIDAD DE LA CONFIRMACiÓN


DEFINICiÓN DE ACTO JURíDICO Y ELEMENTOS DE VALIDEZ
El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez

se requiere:

1.- Agente capaz

2.- Objeto física y jurídicamente posible

3.- Fin lícito

4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.



CONCORDANCIAS:
C.C. arts. V, 42 Y 55.,219 ¡nc. 1),225, 1358

C.P.C. arto 129

C. de C. arto 2

LEY 26887 arts. 1,5,11,33

Comentario

Fernando Vidal Ramirez

El Libro II del Código Civil ha sido dedicado exclusivamente al desarrollo legislati­vo de la Teoría del Acto Jurídico. De este modo, le ha dado el realce que ese trata­

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miento requiere, por cuanto la Teoría del Acto Jurídico plantea el rol de la voluntad humana en la generación de las relaciones jurídicas, en la autorregulación de los intereses por los propios sujetos que las entablan yen una finalidad práctica, puesto que del acto jurídico, como concepto de gran latitud que abarca a la generalidad de conceptos que pueden ser calificados de actos jurídicos, se derivan reglas de aplica­ción uniforme, coadyuvando así a facilitar el aprendizaje y la aplicación del Derecho.

La Teoría del Acto Jurídico, aun cuando plasmada legislativamente en el Código Civil, se irradia a todo el Derecho Objetivo, trascendiendo al Derecho Civil y al Dere­cho Privado y llegando al Derecho Público. Puede, por eso, sin que sea una afirma­ción hiperbólica, que no hay texto normativo de relaciones jurídicas, aun cuando sean de Derecho Público, que no esté insuflado de la Teoría del Acto Jurídico.

Las disposiciones generales que vamos a comentar abarcan los aspectos con­ceptuales del acto jurídico en su generalidad y en su abstracción. Como se trata del inicio del desarrollo legislativo de su teoría, las normas comprendidas en este epígra­fe tienen una base abstracta y conceptual que no se trasluce de su contenido textual. Son también expresión de las opciones que el codificador se ve en la necesidad de adoptar frente a la gama de posibilidades conceptuales que la doctrina ofrece pero que el codificador tiene que plasmar normativamente.

La nOrma contenida en el artículo 140 tiene una especial relevancia porque viene a ser la norma medular en el desarrollo legislativo de la Teoría del Acto Jurídico, puesto que incorpora una noción de acto jurídico a nuestro Código Civil y enumera los requisitos para su validez. Su comentario hace necesario, entonces, que se con­sidere, en primer lugar, la noción incorporada normativamente y, luego, a los requisi­tos puntualizados para su validez.

La noción incorporada al Código Civil tiene un trasfondo que es imprescindible esclarecer, pues el concepto de acto jurídico deriva del de hecho jurídico, que viene a ser el género respecto del acto jurídico, que viene a ser una especie.

La construcción teórica del acto jurídico realizada por el maestro León Barandia­rán y para los efectos de su determinación conceptual, partió del hecho jurídico, con­siderando como tal a todo hecho susceptible de producir efectos jurídicos. Este he­cho puede ser natural o humano, según se produzca independientemente de la vo­luntad humana o sea ésta la que los produce. Pero el hecho jurídico para llegar a ser acto jurídico requiere de voluntariedad, es decir, ser producido por la voluntad huma­na, sin ninguna calificación, pues esta voluntad puede provenir de un incapaz o de un capaz, de un imputable como de un inimputable. Como el hecho jurídico voluntario va a producir determinados efectos jurídicos, para llegar a ser acto jurídico debe ser un hecho lícito, por lo que la determinación del acto jurídico descarta a todo hecho ilícito. Pero la licitud del hecho jurídico no es suficiente pues, para ser acto jurídico, requiere que la voluntad se ponga de manifiesto ya que la voluntad no manifestada no puede dar lugar a la formación de un acto jurídico. La manifestación de voluntad debe res­ponder a la intención del sujeto en cuanto a lograr los efectos que quiere, siendo imprescindible la correlación entre lo manifestado y lo querido, por lo que la carencia de efectos queridos hace que el hecho siga siendo un hecho jurídico, mas no un acto




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jurídico, el que solo se forma cuando el hecho jurídico es voluntario, lícito, con volun­tad manifestada y correlacionada con los efectos que el sujeto quiere producir.

El acto jurídico así determinado conceptualmente corresponde a la noción incor­porada al artículo 140 y el nomen iuris utilizado está arraigado en nuestro sistema jurídico, dentro del que no se contrapone al concepto de negocio jurídico, con el que guarda una relación de sinonimia conceptual desde que ambos tienen una finalidad común que no es atraque generar relaciones jurídicas y regular, modificar o extinguir a las ya creadas. Sin embargo, es necesario aclarar que el concepto de negocio jurídico en la doctrina que lo postula sí traza diferencias entre el acto y el negocio jurídico, atribuyéndole al acto ser sólo un hecho jurídico voluntario, que puede ser lícito o ilícito. Debemos aclarar, por eso, que para nuestro sistema jurídico los con­ceptos de acto jurídico y de negocio jurídico son coincidentes y guardan una relación de sinonimia y ambos tienen cabida en la noción incorporada al artículo 140.

Ahora bien, la voluntad que genera al acto jurídico es la voluntad privada y ese es el acto que legisla el Código Civil; es el acto que origina las relaciones jurídicas que se instalan en el ámbito del Derecho Privado, porque son también actos jurídicos los que se realizan para la formación, promulgación y vigencia de una ley, como también lo son los que realizan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o los magistrados en las actuaciones procesales. Lo que ocurre es que estos últimos no se generan en la voluntad privada sino en una voluntad pública originada por una investi­dura que legitima a celebrar actos legislativos, administrativos o procesales y que, por tanto, no son los actos jurídicos regulados por el Código Civil sino por la Constitución Política, las normas que regulan las funciones públicas o el Código Procesal Civil.

Los actos jurídicos regulados por el Código Civil y que corresponden a la esfera del Derecho Privado son, pues, expresión de la autonomía de la voluntad, autonomía privada o, como acabamos de indicar, voluntad privada. El postulado de la autonomía de la voluntad tiene especial relevancia, al extremo de que puede servir de lindero entre el Jus Privatumy el Jus Publicum. Y la tiene también porque es la expresión de la libertad individual que conduce al sujeto a la celebración de sus actos jurídicos mediante la manifestación de su voluntad, la que una vez manifestada tiene un efecto vinculante, al extremo de que el que la recepciona como parte en la relación jurídica que el acto jurídico ha generado puede acudir al aparato jurisdiccional del Estado para hacer efectivo el efecto vinculante producido por la manifestación de la volun­tad. Por ello, a la autonomía de la voluntad solo le es oponible el orden público, entendido como las normas básicas del ordenamiento jurídico para promover y man­tener la convivencia social pacífica.

Atendiendo a la noción incorporada al artículo 140, el acto jurídico es una mani­fectación de voluntad, lo que hace de la voluntad la esencia misma del acto pero que requiere de su manifestación, lo que nos lleva a la conclusión que sin una voluntad que sea manifestada no puede existir un acto jurídico. De ahí, entonces, que la mani­festación de voluntad constituya un requisito de validez al que siguen los demás enumerados por el artículo 140, lo que significa que la manifestación de voluntad debe emanar de un sujeto capaz, tener un objeto física y jurídicamente posible, y también determinado o, por lo menos, determinable, tener una finalidad lícita y de la observancia de la forma prescrita por la ley.

De la manifestación de voluntad nos vamos ocupar al hacerla del artículo 141 del Código Civil.

El inc. 1) del artículo 140 requiere, para la validez del acto jurídico, que la manifes­tación de voluntad provenga de un agente capaz, vale decir, de un sujeto, persona natural o jurídica, dotado de la capacidad necesaria.

Tratándose de la persona natural o humana la capacidad de goce le es inherente desde que nace y aun desde antes de nacer, sea un natus o un nasciturus, pero que para la celebración del acto jurídico requiere de la capacidad de ejercicio o sea, ser un alieni iuris. Sin embargo, la falta de la capacidad de ejercicio, por tratarse de menor o de interdicto, puede ser suplida mediante la representación, sea por los padres, el tutor o el curador.

Tratándose de la persona jurídica la capacidad de goce está determinada por la finalidad para la cual ha sido creada o constituida. La cuestión radica en si las perso­nas jurídicas, por ser entes abstractos, tienen o no capacidad de ejercicio. La cues­tión no ha sido resuelta legislativamente y la doctrina está aún dividida, pues la clási­ca le niega a la persona jurídica la capacidad de ejercicio y establece que su carencia se suple mediante la representación, mientras que la moderna doctrina, expresada en la Teoría Orgánica de las Personas Jurídicas, les reconoce estar dotadas de ca­pacidad eJe ejercicio y que ésta opera, precisamente, mediante sus órganos, como vienen a ser la asamblea o la junta directiva, al interior de las cuales se forma la voluntad de la persona jurídica y esa voluntad la manifiesta el órgano encargado de hacerla, como puede ser la gerencia, cuya persona física que la desempeña actúa como órgano y no como representante, lo que no implica la negación de la represen­tación pues la persona jurídica la puede otorgar a quien no sea el medio de expresión de alguno de sus órganos.

En conclusión, el requisito de la capacidad debe quedar cumplido por el sujeto, sea persona natural o jurídica, para que su manifestación de voluntad coadyuve a la validez del acto jurídico.

El inc. 2) del artículo 140 requiere para la validez del acto jurídico de un objeto que sea física y jurídicamente posible, características a las que debe adicionarse la deter­minación o determinabilidad del objeto, pues así resulta de la concordancia con el inc. 3) del artículo 219 del Código Civil

La conceptuación del objeto como requisito de validez es cuestión sumamente compleja y debatible, puesto que todo acto jurídico requiere de objeto. La noción del objeto resulta de la contraposición con el sujeto, pues todo lo que no es sujeto es objeto. Pero la complejidad de la cuestión radica en que se suele confundir el objeto con el elemento material del acto jurídico, como ocurre con los que son de naturaleza patrimonial, por lo que los actos no patrimoniales, sin ese elemento material, carece­rían de objeto, lo que no puede admitirse, puesto que en el concepto lato y abstracto de acto jurídico quedan comprendidos tanto los de contenido patrimonial como los que no tienen ese contenido y en los que por no tener elemento material solo existen sujetos, como ocurre con la relación conyugal que nace del matrimonio. Por ello, si se considera que todo lo que no es objeto es sujeto y que éste no puede ser considerado


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objeto, nuestro planteamiento es que el objeto viene a ser la relación jurídica a la que el acto jurídico da creación, o a la que regula, modifica o extingue, conforme a la misma noción incorporada al artículo 140.

En toda relación jurídica se integran derechos y deberes u obligaciones genera­dos por el acto jurídico que le ha dado creación y que los sujetos que son las partes de la misma, mediante sus respectivas manifestaciones de voluntad, regulan, modi­fican o extinguen.

Ahora bien, la relación jurídica con sus derechos y deberes u obligaciones, debe ser físicamente posible, esto es, tener la posibilidad de existir por no oponérsele las leyes de la naturaleza. Debe ser jurídicamente posible, esto es, no ser contraria al ordenamiento jurídico. Debe ser, por último, determinable, esto es, ser susceptible de identificarse dentro de una categoría o institución jurídica.

El inc. 3) del artículo 140 requiere para la validez del acto jurídico que la finalidad para la que se celebra sea lícita, esto es, que guarde conformidad con el ordena~ miento legal.

Por último, el requisito de validez puntualizado por el ¡nc. 4) del artículo 140 está referido a la observancia de la forma prescrita para la celebración del acto, por lo que reservamos el comentario para cuando nos ocupemos de los artículos 143 y 144 del Código Civil.

DOCTRINA

LEÓN BARANDIARÁN, José. Tratado de Derecho Civil. WG Editor, Lima, 1991; LEÓN BARANDIARÁN, José. Acto jurídico. Gaceta Jurídica, Lima, 1997; VIDAL RAMíREZ, Fer­nando. El acto jurídico, Gaceta Jurídica, Lima, 2002; LOHMANN, Juan Guillermo. El nego­cio jurídico. Grijley, Lima, 1994; TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. La teoría clásica de la cau­sa. Tesis de Bachiller. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1982; STOLFI, Giuseppe. Teoría del negocio jurídico. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1959; ALBALADEJO, Manuel. El negocio jurídico. Bosch, Barcelona, 1958; BETTI, Emilio. Teoría general del ne­gocio jurídico. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943; ENNECCERUS, KIPP y WOLFF. Tratado de Derecho Civil. Bosch, Barcelona, 1981; BREBBIA, Roberto H. Hechos y actos jurídicos. Astrea, Buenos Aires, 1979; FERRERO COSTA, Raúl. El negocio jurídico. Lima, 1974. GALGANO, Francesco. El negocio jurídico. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992; DORAL, José Antonio y DEL ARCO, Miguel Ángel. El negocio jurídico. Trivium, Madrid 1982; TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. La causa fin del acto jurídiqo. UNMSM, Lima, 1992; OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo( Teoría general de los ac­tos jurídicos o negocios jurídicos. Ed. Temis, Bogotá, 1980; PÉREZ VARGAS, Víctor. Los hechos jurídicos. Ed. Juricentro, San José, 1979; LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1956; ABELENDA, César Augusto. Derecho Civil. Parte general. Astrea, Buenos Aires 1980; AGUILAR, Henoch D. Hechos y actos jurídicos. ,. La voluntad jurídica. Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1950; BARBERO, Domenico. Sistema de Derecho Privado. EJEA, Buenos Aires, 1967; BUERES, Alberto J. Objeto del negocio jurídico. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1986; CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. El negocio jurídico, Lima, 1972; CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. La doctrina de la causa, Lima, 1980; CIFUENTES, Santos. Negocio jurídico. Estructura. Vicios. Nulidades. Astrea, Buenos Aires, 1986. DABIN, Jean. La teoría de la causa, Madrid, 1929.

.JURISPRUDENCIA



. "El inciso primero del artículo 140 del Código Civil establece como requisito esen­cial para la validez de un acto jurídico, en primer lugar agente capaz, esto es, que los sujetos que intervienen sean personas que gocen de lucidez mental que les permita discernir sobre los alcances de los actos que realicen"

(Exp. Nº 2352-92-Llma, Gaceta Jurídica N° 35, p. 5-A)

"Para que el acto jurídico tenga existencia jurídica es necesaria la presencia de los elementos esenciales, tales como: manifestación de voluntad, capacidad, ob­jeto, finalidad y forma, que vienen a constituir los requisitos para su validez. La carencia de uno de estos requisitos conduce a la nulidad de dicho acto. Nuestro ordenamiento civil reconoce dos clases de nulidad, la que tiene por principio el interés público (absoluta), y conduce al acto nulo; y la que se concede en favor de determinadas personas por perjudicar su derecho (relativa), provocando la anula­bilidad del acto"

(Exp. Nº 872-93-Cuzco, Normas Legales, tomo 249, p. A-18)

"La observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad es un requisito esencial de validez del acto jurídico. por tanto la hipoteca recién se constituye en la fecha en que se otorga la correspondiente escritura pública"

(Cas. Nº 655-95-Llma, Normas Legales, tomo 251, p. A-6)

"Para la validez del acto jurídico se requiere, entre otros elementos, la interven­ción de agente capaz, es decir que los sujetos que intervienen sean personas que gocen de lucidez mental que les permita discernir sobre los alcances de los actos que realizan".

(Exp. Nº 2352-92. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 38. Enero 2001. Pág. 233)

"La venta del bien ajeno no constituye un objeto física o jurídicamente imposible, ya que se halla regulado por el artículo 1539 del Código Civil, el mismo que prevé

como consecuencia jurídica la rescisión del contrato de compraventa a solicitud del comprador y no la nulidad de dicho acto jurídico".

(Cas. Nº 1135-96. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 38. Enero 2001. Pág. 233)

"Un caso de imposibilidad jurídica del objeto tratándose de un contrato de compra­venta es justamente el de la venta de bien ajeno, puesto que ningún sujeto puede transferir a otro un derecho del que no es titular".

(Cas. Nº 1728-97. Diálogo con la Jurisprudencia Nº 38. Enero 2001. Pág. 233)




La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expre­sa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una acti­tud o de circunstancias de comportamiento que revelan su exis­tencia.

No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario. (*)

CONCORDANCIAS:

C.C. arts. 151,219inc.I),231, 1361, 1991

FORMALIDAD

En los casos en que la ley establezca que la manifestación de vo­luntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o re­quiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo.

Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente de­berá dejar constancia del empleado y conservar una versión ínte­gra para su ulterior consulta. (**)

CONCORDANCIAS:

C.C. arts. 143, 144

Comentario

Fernando Vidal Ramirez.

Como puede apreciarse, el artículo 141 del Código Civil se ocupa de la manera d.

(*) Texto según modificatoria introducida por la Ley Nº 27291 de 24-06-2000. (**) Articulo adicionado por la Ley Nº 27291 de 24-06-2000.




manifestarse la voluntad, la que constituye, como ya lo hemos advertido, la esencia misma del acto jurídico.

La manifestación de voluntad debe ser la exteriorización de la voluntad interna del sujeto. Por ello, la Teoría del Acto Jurídico explica la manifestación de voluntad como la conclusión de un proceso formativo de lo que viene a ser la voluntad propiamente jurídica. Este proceso tiene dos etapas perfectamente diferenciables y diferenciadas: una etapa subjetiva, en la que se forma la voluntad al interior del sujeto, y una etapa objetiva, en la que la voluntad internamente formada se exterioriza. Esta última etapa es la que legisla el artículo 141, no obstante lo cual es imprescindible considerar la formación de la voluntad interna, pues es ésta la que se exterioriza mediante la mani­festación.

La etapa subjetiva del proceso formativo de la voluntad supone que ésta sea re­sultado del discernimiento del sujeto y por eso el inc. 1) del artículo 140 exige la capacidad. Pero este proceso formativo no sólo requiere que el sujeto tenga concien­cia de los efectos que su manifestación va a producir sino también que los acepte a priori, esto es, que intencionalmente se los proponga y que con la misma intenciona­lidad quiera alcanzarlos, para lo cual requiere, además, que se apreste a exteriorizar su interno querer libre y espontáneamente.

La voluntad interna debe formarse sin vicios o elementos distorsionadores, tales como los llamados vicios de la voluntad como el error, el dolo y la intimidación, sobre los que el Código Civil legisla tutelando la pureza de la formación de la voluntad interna para que su exteriorización sea expresión de lo que el sujeto quiere.

La etapa objetiva, como hemos advertido, está determinada por la exteriorización de la voluntad interna, la que debe reflejarse en la manifestación, que es la que gene­ra el efecto vinculante y, por ello, es propiamente la voluntad con eficacia jurídica y de ella se ocupa el artículo 141.

Según el acotado artículo 141, la manifestación de voluntad o es expresa o es tácita, por lo que no admite ninguna otra clase de manifestación y, para ello, traza la distinción.

La manifestación de voluntad es expresa cuando se utiliza cualquier medio direc­tamente dirigido a quien debe receptarla. Este medio directo puede ser utilizado me­diante el lenguaje oral, escrito o mímica, pues de lo que se trata es deaar a conocer la voluntad interna. Pueden también utilizarse medios manuales, mecánicos, elec­trónicos, ópticos o cualquier otro medio análogo, como lo ha precisado la Ley NQ 27291 al introducir un agregado al primer párrafo del artículo 141 que venimos co­mentando y que, a nuestro entender, es superfluo pues la utilización de otros medios directos, sean manuales, mecánicos, electrónicos u ópticos, estaban implícitamente referidos. La manifestación expresa se vincula a la forma o formalidad, por lo que nos ocuparemos nuevamente al hacerla de los artículos 143 y 144 del Código.

La manifestación de voluntad es tácita cuando no se utiliza un medio directo para dar a conocer la voluntad interna a quien debe receptarla. Por eso, para mejor con­ceptuarla, es conveniente detenerse primero en las salvedades que formula el mis­mo artículo 141, cuando precisa que no puede considerarse que existe manifesta­



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