Informe alternativo sobre el protocolo facultativo



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INFORME ALTERNATIVO

SOBRE EL PROTOCOLO FACULTATIVO

DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

RELATIVO A LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

MEXICO

Abril 2010

Organizaciones del Consejo Directivo



La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) es una coalición formada por redes y organizaciones de la sociedad civil que buscan difundir y promover los derechos de la infancia en México.
La misión de la REDIM es promover un movimiento social y cultural para que niños y niñas conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos.

Red por los Derechos de la Infancia en México

Av. México Coyoacán, 350

Col. General Anaya, CP 03340, México DF

México

Tel.: (+52 55) 56 01 62 78

www.derechosinfancia.org.mx




Contenido
Resumen ejecutivo…………………………………………………………………………….................4
I. Medidas generales de implementación y prohibición………………………………..............5-10
A. Estatus legal del Protocolo en México………………………………………………………….....5-6

B. Sanción de las conductas prohibidas en el Protocolo…………………………………………....6-7

C. Conflictos latentes……………………………………………………………………………...........7-9

Recomendaciones........................................................................................................................9-10


II. Prevención…………………………………………………………………………………..........10-15
A. Reclutamiento obligatorio………………………………………………………………………..10

B. Reclutamiento voluntario…………………………………………………………………….........10-11

C. Participación en hostilidades……………………………………………………………………........11

D. Escuelas militares……………………………………………………………………………........12-14

Recomendaciones......................................................................................................................14-15
III. Combate integral a la delincuencia organizada y sus implicaciones para niños y niñas……………………………………………………………………………………………............15-29
A. Contexto…………………………………………………………………………………….............15-18

B. Impacto del combate a la delincuencia organizada en la vida de niños y niñas……………..18-24

Casos paradigmáticos………………………………………………………………………..........23-24

C. Niños y niñas involucrados en la delincuencia organizada………………………………….....24-28

Casos paradigmáticos……………………………………………………………………….........27-28

Recomendaciones………………………………………………………………………………........28-29


Cuadro de recomendaciones………………………………………………………………...........29-30

Resumen ejecutivo

El informe alternativo preparado por la Red por los Derechos de la Infancia en México se propone complementar la información ya proporcionada por el Gobierno Mexicano sobre la aplicación del Protocolo facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados en el país.


El informe se compone de tres capítulos principales y un cuadro de recomendaciones finales. En el primer capítulo, se analizan las medidas generales de implementación y de prohibición, se explica el estatus legal de Protocolo y la jerarquía normativa en México, y se hace énfasis en la falta de sanción de las principales conductas prohibidas en el Protocolo. Asimismo, se hace un recuento histórico del conflicto armado más reciente que tuvo lugar en México en el año 1994, y también se describen los grupos armados más importantes que aún están presentes en el país.
El segundo capítulo se enfoca en la prevención y describe los procesos de reclutamiento voluntario y obligatorio de niños y niñas en las fuerzas armadas del país, subrayando la necesidad de aumentar la edad de alistamiento voluntario a los 18 años y la urgencia de establecer claramente que niños y niñas menores de 18 años no deben participar en las hostilidades. En este capítulo, se describe, también, cómo el sistema mexicano de escuelas militares, con sus instituciones, sus reglas y su opacidad, no permite el fácil acceso a la información.
El tercer capítulo describe una forma peculiar de “conflicto armado” que es la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico lanzada por el Presidente Felipe Calderón al final del año 2006. Ese combate, que ve el empleo de más de 50,000 tropas del Ejército asumiendo tareas de policía, ha causado la muerte de miles de civiles en enfrentamientos entre el Ejército y la delincuencia organizada, así como entre grupos delictivos. Demasiadas víctimas eran niños y niñas. Y exorbitante es el número de niños y niñas que se están involucrando en el narcotráfico, por falta de alternativas de vida.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reconoce que esas situaciones de violencia interna no corresponden exactamente al ámbito de aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados, ya que, según los principios del derecho internacional humanitario, no se trata de un conflicto armado interno o internacional. Sin embargo, dada la gravedad de la situación en la que México se encuentra en este momento, la REDIM ha estimado importante puntualizar esas situaciones de violencia, y someter a consideración del Comité algunos datos y reflexiones que puedan servir para visibilizar los problemas que los niños y las niñas de México están viviendo en este momento.
Para la redacción de ese informe, la REDIM solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina Armada, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República que proporcionaran datos desglosados sobre varios temas de interés del informe. Sin embargo, debido a la opacidad y al secretismo que caracteriza a las instituciones públicas en México, la información que se obtuvo fue parcial e incompleta.


I. Medidas generales de implementación y prohibición
A. Estatus legal del Protocolo en México
La ratificación por parte del Gobierno de México del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados convierte a dicho instrumento internacional en parte del ordenamiento jurídico mexicano.
El artículo 133 de la Constitución establece que:
esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
Como se destaca, este artículo se limita a listar las diferentes categorías de normas que integran el ordenamiento jurídico mexicano sin establecer una clara jerarquía normativa. El dictamen poco claro del artículo 133 genera interpretaciones en el sentido de que no existe ningún orden jerárquico, sino que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales tienen el mismo rango. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intentado aclarar en diversos momentos el sentido del artículo 133, pero su postura al respecto no ha sido constante ni sistemática. La posición de la SCJN se puede dividir en dos fases, la primera abarca hasta finales de los años 90 y la segunda ha tenido lugar hacia y después del año 2000. En una primera etapa, la Corte consideró que las Leyes Federales y los Tratados Internacionales tienen la misma jerarquía normativa y que ambos se encuentran por debajo de la Constitución. En 1999, la Suprema Corte abandonó este principio para favorecer a los tratados internacionales sobre las leyes federales, al afirmar que:
los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades”. 1
En 2007, la Suprema Corte confirmó la tesis de 1999, proporcionando mayores argumentos para sostener la jerarquía de los tratados.
Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al subscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional”.2
La siguiente pirámide ilustra la jerarquía de normas en el ordenamiento mexicano de acuerdo a las opiniones más recientes de la Suprema Corte y coloca los tratados internacionales por debajo de la Constitución y por encima de las leyes generales, federales y locales.

El criterio de superioridad jerárquica de los tratados internacionales respecto a las leyes marca un paso más hacia el reconocimiento de las obligaciones internacionales de México en el orden jurídico interno. Sin embargo, a la luz de las confusiones generadas por la ambigua formulación del artículo 133 de la Constitución, diversas iniciativas de reforma constitucional están proponiendo aclarar de manera definitiva la jerarquía normativa y conferir a los tratados de derechos humanos y de derecho humanitario el rango de ley suprema de la Nación.
B. Sanción de las conductas prohibidas en el Protocolo
Por vía del artículo 133 Constitucional, los tratados de los que México es parte son obligatorios y por vía del artículo 6 del Código Penal Federal, los delitos contenidos en tratados de los que México es parte pueden aplicarse directamente. En este sentido, tanto en el Protocolo Adicional como en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se prohíbe el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 y 15 años, respectivamente. Por ello, esas normas deberían de poderse invocar ante los tribunales mexicanos y ser aplicadas por las autoridades nacionales. Sin embargo, en la práctica, para la aplicabilidad se requiere que la legislación interna establezca expresamente la criminalización de las conductas prohibidas por el Protocolo. Cabe destacar, que armonizar la legislación interna es una obligación del Estado mexicano a la que se ha comprometido por la ratificación del Protocolo y, por tanto,no puede argumentar la falta de legislación nacional para el incumplimiento de deberes internacionales.
México tiene un fuerte rezago en esta materia. La disposiciones del Código de Justicia Militar (muy viejo y anterior a las Convenciones de Ginebra) son muy pobres respecto a los crímenes de guerra y no contemplan el reclutamiento de niños y niñas por parte de las fuerzas armadas ni por parte de grupos armados. Además, ni el Código Penal Federal ni ninguna otra ley sancionan esas conductas.
C. Conflictos latentes

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza patrimonial alcanza a casi el 40 por ciento de los mexicanos y uno de cada diez mexicanos sufre de pobreza alimentaria,3 aunque las brechas entre el 20% de la población más pobre con los rangos nacionales permiten considerar que las condiciones en las zonas rurales son mucho más preocupantes.

Estas condiciones han contribuido, a lo largo de la historia de México, a buscar alternativas para modificarlas. Al no existir opciones, las reivindicaciones sociales, algunas de ellas armadas, han sido una forma de manifestarse. De acuerdo al Centro de Documentación de los Movimientos Armados4, existen 45 grupos armados en el país cuyas dimensiones e impactos han sido diversos. Sin embargo, la actuación del Gobierno ha sido similar en todos los casos: no se le dio importancia a las circunstancias ni a los reclamos sociales vinculados a estos grupos armados, y la respuesta ha sido solamente “el restablecimiento del orden,” buscando aniquilar dichos movimientos.

Las acciones de Gobierno han ido desde acciones encubiertas hasta estrategias más elaboradas y complejas. A una de ellas se le ha denominado “Guerra sucia”,5 que de acuerdo al Informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, se le denomina así por las acciones de contrainsurgencia utilizada por el gobierno para contener a los grupos armados considerados trasgresores de la ley.6

Es así que la protesta social se ha convertido en una de los principales mecanismos de denuncia. La criminalización y represión de esas formas de protesta ha logrado sus objetivos en apariencia. Sin embargo, esos grupos armados se mantienen latentes.

De los grupos antes mencionados, el más importante es seguramente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas. Las reivindicaciones planteadas por el EZLN son consecuencia de “una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años”,7 describiendo que la lucha es por “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.8

El 1 de enero de 1994, el EZLN tomó las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, y al siguiente día comenzaron los combates entre el EZLN y el Ejército Mexicano, mismos que continuaron durante hasta el decreto de cese al fuego por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

El proceso de paz se inició en febrero de 1994, creándose la figura del Comisionado para la Paz. Poco tiempo después, se decreta la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, cuyo objeto es “atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del Estado de Derecho y a través de las vías institucionales”. 9 Es aquí que el Gobierno Mexicano reconoce en su artículo primero la existencia de un conflicto armado.

En febrero de 1995 hay una ofensiva policíaco militar, que aunque no logra detener a los mandos zapatistas, sí crea un cerco militar. Al retomarse las negociaciones, se firman, en febrero de 1996, los Acuerdos de San Andrés, entre el EZLN y representantes del Gobierno. En estos, el Gobierno Federal reconoce el derecho de los indígenas a la libre determinación y la autonomía. A la fecha, se considera que los acuerdos no han sido cumplidos; sin embargo, el EZLN continúa con la suspensión de enfrentamientos armados y el Gobierno sigue haciendo acciones a través de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Paralelo al proceso de paz, desde 1995, se ha registrado la existencia de grupos paramilitares o guardias blancas que mantienen en la zona tensiones y conflictos, ya que intervienen violentamente en los conflictos políticos y sociales de la región, apoyados por el Gobierno.10 Aunque la existencia de estos grupos sea negada por el Gobierno, ésta ha sido documentada por diferentes organizaciones. Sin embargo, se puede observar la impunidad e incluso el respaldo por parte de las autoridades con el que gozan estos grupos armados.11 El saldo de estas actuaciones han sido asesinatos, heridos, desaparecidos y desplazados.

La recomendación 58/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó y comprobó "la presencia de civiles armados identificados con un listón en la manga de la camisa", que actúan de manera conjunta con las fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Chiapas.12 En la revista Proceso, en enero de 1998, se publicó un artículo y se dio a conocer un documento elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional denominado “Plan de Campaña Chiapas 94” que busca crear bandas paramilitares, desplazar a la población y destruir las bases de apoyo del EZLN.13

Una de los hechos más lamentables, ha sido la denominada Masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, dónde un grupo armado en el municipio de Chenalhó, Chiapas, asesinó a 45 personas, de las cuales 14 eran niñas y 4 eran niños, mientras oraban en una ermita. La CNDH estableció la responsabilidad por comisión u omisión de diversos funcionarios públicos del gobierno del Estado.14

Como resultado de las situaciones anteriores, el número de desplazados forzados es considerable. Los cálculos realizados lo estiman entre 12 mil y 50 mil personas, lo que equivaldría a que entre 5 mil y 21 mil quinientos niñas y niños estén viviendo fuera de sus comunidades de origen y además en condiciones precarias.

Actualmente, el Gobierno mexicano considera los conflictos en Chiapas como consecuencia de conflictos intercomunitarios. Aunque el perfil de esos grupos ha disminuido, se denuncia que no han sido desmantelados ni desarmados. Se implementaron proyectos de desarrollo en Chiapas y en otras zonas del país, pero estos no generaron cambios sociales profundos o a largo. No obstante el conflicto abierto se terminó ya desde tiempo, la región sigue siendo fuertemente militarizada. De acuerdo al presupuesto de las regiones militares, la segunda con mayor presupuesto es la Región Militar Número VII que corresponde a Chiapas y Tabasco, la primera siendo la Región Militar Número I que incluye al Estado de México, Morelos y Distrito Federal, donde se concentran las escuelas militares, los campos militares y las guardias presidenciales. En el presupuesto de 2009 se destinaron 151.6 millones de dólares a la región militar de Chiapas y Tabasco, mientras que a la Región Militar Número XI (Coahuila y Chihuahua) se le destinaron 80.4 millones de dólares. 15En la zonas de Chiapas y Tabasco, el CAPISE (Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, A.C.) identificó 91 instalaciones militares, en un estudio que se realizó en febrero 2004. Según una corrección de la misma SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) en 2005, el número actual de instalaciones es 118. Según los propios datos de la SEDENA, la totalidad de las hectáreas adquiridas y expropiadas para uso de su institución es de 4,443. Según el CAPISE, por lo menos 57 de las instalaciones militares se asientan en predios ejidales (tierra comunal de un pueblo campesino o indígena).



Recomendaciones

  • Prohibir explícitamente por ley el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de las fuerzas armadas y el reclutamiento forzado y voluntario de niños y niñas menores de 18 años por parte de los grupos armados.




  • Reformar el artículo 133 de la Constitución en el sentido de conferir a los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario el mismo rango que la Constitución.




  • Establecer la jurisdicción extraterritorial de los autores de los delitos identificados en el Protocolo cuando el autor o la víctima sean ciudadanos del Estado Parte o estén vinculados de otro modo a él.




  • Brindar condiciones de retorno y reubicación de los desplazados forzados. Así como la atención especializada a niños y niñas que sufrieron ante estos acontecimientos.




  • Proceder con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operan en regiones indígenas (y que no estén considerados en una legislación especial, como es el caso de Ley de amnistía).


II. Prevención

A. Reclutamiento obligatorio
De conformidad con los artículos 5 y 11 de la ley del Servicio Militar, todos los mexicanos en el año que cumplan los 18 años de edad tienen la obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o en los consulados en el extranjero, para cumplir con sus obligaciones militares.
El artículo 25 de la misma ley establece la excepción por la que niños de 16 y 17 años pueden solicitar el anticipo de incorporación, cuando de acuerdo a sus necesidades o intereses propios, opten por cumplir con su servicio militar antes de los 18 años. Podrán obtener el anticipo de la incorporación en el activo, únicamente quienes deseen salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde prestar servicios, o quienes por razón de sus estudios les sea menester hacerlo así. En ese caso, el reglamento de la ley establece que se necesita la autorización de los padres o tutores.
El reclutamiento obligatorio está conformado por varias fases. La primera fase es la del alistamiento, donde se hacen los tramites y se obtiene la cartilla de identidad del servicio militar nacional. Después, se realiza un sorteo, por lo cual se determina la forma en que los mexicanos alistados cumplirán con su servicio militar nacional, ya sea encuadrado (bola blanca o azul) o a disponibilidad (bola negra). Sólo el personal que obtuvo bola blanca o azul, cumplirá con sus obligaciones militares encuadrado en una Unidad Militar o Sector Naval. La fase sucesiva es la del adiestramiento y consiste en la participación a clases durante los días sábados del periodo de febrero a diciembre del año en cuestión. Las clases se enfocan en las siguientes materias: legislación militar, derechos humanos y derechos internacional humanitario, ética militar y civismo, conocimiento y medidas de seguridad del armamento, defensa personal, educación física, sanidad militar, instrucción de orden cerrado, marchas y ecología.
En el año 2009, se les ofreció a 314 jóvenes del Servicio Militar Nacional la posibilidad de cumplir con su servicio militar en 3 meses (en lugar de un año) e integrarse a un adiestramiento de erradicación de cultivos de amapola y mariguana, materializando sus actividades del 25 de mayo al 1°. de agosto de 2009, en el estado de Michoacán.16 Es la primera vez que se involucran jóvenes reclutas en tareas de lucha contra el narcotráfico.
Se desconoce el número de niños menores de 18 años que cada año cumplen con su servicio militar anticipado, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional no desglosa sus datos sobre los reclutas por edad.
B. Reclutamiento voluntario
La edad mínima para el reclutamiento voluntario está establecida a los 18 años de edad. Sin embargo, en el activo del Ejército se podrán admitir voluntarios y voluntarias menores de 18 años de edad y mayores de 16 sólo en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deberá exceder de 5 años. En ese caso, es necesaria una solicitud por el interesado, el consentimiento escrito del padre o tutor, y el certificado de nacimiento.
Visitando el sitio Web de la SEDENA, el primer dato que llama la atención es el énfasis puesto sobre los beneficios del reclutamiento voluntario. Desde el primer día de servicio, el personal recibe los beneficios siguientes:

I. Servicio médico integral para el militar y sus derechohabientes;

II. Prestaciones y beneficios económicos al ingreso al Instituto Armado:


  • Haber y sobrehaber mensual.

  • Primas vacacionales.

  • Compensación de fin de año.

  • Fondo de ahorro.

  • Compensación por servicios.

  • Seguro de vida.

  • Seguro colectivo de retiro.

  • Ayuda para gastos de sepelio en caso de defunción de derechohabientes del militar.

  • Pagas de defunción en caso de muerte del militar.

  • Servicio funerario.

  • Centros de bienestar infantil.

  • Farmacias económicas.

  • Tiendas y centros de servicio.

  • Casa habitación en renta.

  • Periodos vacacionales y otorgamiento de licencias ordinarias.

  • Pensión para los derechohabientes en caso de muerte del militar.

  • Servicios turísticos realizados mediante convenios con sociedades civiles y otras Dependencias Federales.

  • Becas ISSFAM (para hijos del personal militar con jerarquía de Soldado a Sargento 1/o.).

  • Convenios con universidades e instituciones educativas para realizar estudios a nivel superior, maestría y doctorado, dependiendo de la escolaridad con que cuente el interesado.

  • Becas y créditos de capacitación científica y tecnológica. dependiendo de la escolaridad con que cuente el interesado.

Seguramente, en un país como México, donde la mayoría de la población no tiene acceso a seguros sociales, médicos o de retiro, esos beneficios representan un incentivo considerable para niños y familias de escasos recursos. De hecho, no es un secreto que casi la totalidad de los jóvenes que se alistan en el ejército como voluntarios pertenecen a familias con limitadas oportunidades de educación, empleo y la gran mayoría proviene de áreas rurales. Sin embargo, se desconoce el número de niños y niñas menores de 18 años que cada año se enganchan en el ejército, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional no desglosa sus datos por edad, y no contestó a las solicitudes de la Red por los Derechos de la Infancia en México al respecto.



C. Participación directa en hostilidades
Los mexicanos que ingresan al activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben tener 18 años de edad, salvo que se integren al sistema de educación militar. Es correcto decir que no existe imperativo legal que obligue a un niño o niña menor de 18 años a incorporarse al servicio activo del instituto armado y, menos aún, existe mandato que imponga su participación en las hostilidades. Sin embargo, tampoco existe una disposición legal que excluya expresamente la posibilidad de que en caso de conflictos armados se puedan utilizar niños y niñas menores de 18 años y mayores de 16 que se engancharon voluntariamente o que están prestando su servicio militar de manera anticipada. El silencio de la ley en ese respecto deja la puerta abierta a que esos niños y esas niñas puedan participar directamente en las hostilidades, si se da el caso.

D. Escuelas militares
En México, existe un sistema de educación militar impartido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Según se ha reportado en los informes de labores de la SEDENA, el sistema de educación militar está constituido por 35 Instituciones Educativas y cinco Jefaturas de Curso, en las que realizan sus estudios un promedio anual de 5,000 estudiantes distribuidos en los siguientes cursos: 67 de Nivel Superior, 21 de Formación de Oficiales, 36 para la Formación de Clases y 173 Cursos de Especialización, Capacitación, Aplicación y Perfeccionamiento. En lo que se refiere a los niños y las niñas menores de 18 años, pueden entrar a las escuelas militares, pero se requiere que hayan terminado ya sea la escuela secundaria o el bachillerato. Con un certificado de estudios de secundaria, a partir de los 15 años, niños y niñas pueden ingresar a uno de los siguientes cursos: Escuela Militar de Materiales de Guerra, Escuela Militar de Transmisiones, Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea, Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, y Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Con un certificado de bachillerato, a partir de los 16 años, niños y niñas pueden ingresar a uno de los siguientes cursos: Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de Aviación, Escuela Médico-Militar, Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Odontología, Escuela Militar de Enfermeras, Escuela Militar de Transmisiones, Escuela Militar de Oficiales De Sanidad.


En respuesta a una solicitud de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó los siguientes datos sobre los niños y las niñas que atienden en las escuelas militares en el país en este momento (abril 2010):


EDAD

SEXO

REGIÓN

15 Años

16 Años

17 Años

M

F

URBANA

RURAL

14

23

29

64

2

54

12
  1   2   3   4   5   6


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