Informe alternativo sobre el protocolo facultativo



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Utilizar las fuerzas armadas para tareas de orden público y seguridad es una facultad reconocida por en el ordenamiento jurídico mexicano. La actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone de un sustento legal que se basa en:



  • El artículo 89 constitucional fracción VI.

  • La ley de Seguridad Nacional artículos 1o., 2o., 5o. fracciones I y V, y 16.

  • La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, artículos 1o., 2o., 3o., 11 y 17.

  • El Plan Nacional de Desarrollo, eje rector número 1.

  • El Programa Sectorial de Defensa Nacional, objetivo 4.

  • La Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012.

  • Las tesis de jurisprudencia 35/2000, 36/2000, 37/2000 y 38/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que justifican como constitucionalmente es posible que el Ejército y Fuerza Aérea y Armada, pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública. Según la Suprema Corte, las Fuerzas Armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del Presidente de la República, cuando existe una situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Sin embargo, su legalidad en el papel, no se concretiza siempre en la legalidad de sus acciones en el terreno. Desde 2006, el ataque frontal contra el narcotráfico ha acaparado las portadas de los periódicos mexicanos casi todos los días por su vigor, su extensión territorial, y sus violaciones de los derechos humanos de miles de mexicanos de toda edad. El Presidente Calderón ha utilizado varias veces la expresión de “batalla contra el crimen organizado” o “lucha frontal” para indicar los operativos conjuntos de las autoridades civiles y los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Mexicanos mientras que el Secretario de la Defensa Nacional ha hablado de “daños colaterales” para identificar a los civiles, víctimas de ese combate.


Si bien es cierto que el gobierno focaliza casi toda su atención en la lucha contra el narcotráfico, es muy importante no perder de vista que el narcotráfico es sólo uno de los numerosos negocios a los que los cárteles de la droga se dedican y es reduccionista presentar o calificar la delincuencia organizada exclusivamente como un problema de droga. Según los expedientes de la Procuraduría General de la República, el narcotráfico constituye entre el 45 y el 48% de los ingresos anuales de los cárteles, el resto de los ingresos proviene de la comisión de otros delitos. Dependiendo de los cárteles, el porcentaje de ingresos generados por la droga puede ni siquiera llegar al 30%, como en el caso de la Familia Michoacana y Zetas. En este momento, los cárteles están trabajando en 22 tipos de delitos (contrabando, piratería, extorsiones, secuestros, trata de personas, tráfico de personas, explotación, corrupción, lavado de dinero, por mencionar algunos).
Además, casi todos los grupos criminales se benefician inmensamente con la corrupción de funcionarios del Estado de bajo y alto escalafón, y la impunidad que prevalece en el país. Es fundamental que se trate la corrupción que ocurre en este tipo de áreas del aparato estatal, para disminuir el dominio de los grupos dentro de los territorios y acabar con la impunidad de sus miembros. También, es importante poner un freno a los oficiales de la policía corruptos, que son la fuente de armas de fuego ilícitas y de drogas decomisadas, y fincarles las responsabilidades que les corresponden. La corrupción está estrictamente relacionada con la impunidad que prevalece en el país. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Inseguridad (ENSI), en el año 2008, sólo en el 22% de las víctimas de delitos acudieron a denunciar y sólo en el 15% de los casos se inició una averiguación previa por parte del ministerio público.
Por último cabe destacar que dada la falta de transparencia de las autoridades públicas y la falta de datos confiables y accesibles sobre ese tema, se asiste en el país a un verdadero “baile de los números”, con los periódicos más importantes del país que tienen la cuenta de los muertos en la lucha contra la delincuencia organizada, y las autoridades relativamente ausentes que publican sólo esporádicamente los datos de los que disponen.


B. Impacto del combate a la delincuencia organizada en la vida de niños y niñas
Si la estrategia planteada para luchar contra el crimen organizado y la inseguridad fuera exitosa y el empleo de miles de tropas fuera suficiente para tal fin, los niveles de violencia y asesinatos deberían haber disminuido sistemáticamente y la población debería sentirse más segura. Al contrario, la violencia no disminuyó, la disputa de los territorios siguió ocurriendo, continuaron los homicidios y las ejecuciones y se dio un escalamiento de confrontaciones con las fuerzas federales, incluido el Ejército.
Los números oficiales prueban el fracaso de esa estrategia.
Un reporte confidencial entregado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, al cual el periódico Reforma tuvo acceso, informa que, desde final de 2006, el número de víctimas ha incrementado significativamente llegando a más de 22 mil muertos, de los cuales el 92 por ciento fueron ejecutados. El año más violento ha sido 2009, con 8 mil 928 muertos. En el conteo de los tres primeros meses de 2010, la cifra alcanza ya los 2,904 muertos.21 En lo que se refiere a la infancia, desde diciembre de 2006 hasta el diciembre de 2009, 823 niños y niñas han perdido la vida en la lucha contra la delincuencia organizada, y en los cuatros primeros meses de 2010, la cifra ya alcanza más de 90. Para subrayar la importancia de la cifra, es suficiente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los casi 900 muertos en los últimos tres años y medio.



Defunciones en la lucha contra la delincuencia organizada22

Diciembre 2006 – Marzo 2010

Enero – Marzo 2010

Total

22’000

2’904

Niños y niñas

900

90

En lo que se refiere a la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el país, desde 1997 hasta 2007 la tasa había venido bajando sistemáticamente pasando de 17 en 1997 a 10 en 2007. En 2008, un año después del inicio de la lucha frontal contra el narcotráfico, el número de homicidios volvió a subir hasta casi 12 (11.8). Eso coloca México nuevamente sobre el umbral de 10 homicidios/100 mil habitantes, que la Organización Mundial de la Salud considera “epidémico”.


Además, algunas entidades federativas padecen tasas muy elevadas, como es el caso de Sinaloa (43.7), Chihuahua (42.1), Guerrero (30.2), Durango (27.8) y diez estados tienen tasas más altas que la media nacional, hasta cuatro veces más alta. En Ciudad Juárez, se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando el triste récord de la ciudad como la más violenta del mundo.



En lo que se refiere a niños de cero hasta 17 años, las tasas de defunciones por homicidios son por supuesto más bajas que la media nacional (que toma en cuenta toda la población). Sin embargo, en algunos de los Estados donde la tasa de homicidios dolosos total aumentó, también aumentó la tasa de homicidios de niños, especialmente en Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa.


Defunciones por presunto homicidio en edades de 0 a 17 años23


Tasa 




2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Aguascalientes

1




2

3

1

3

3

5

7

0.69

1.15

1.62

Baja California

17

17

19

14

27

12

15

21

56

1.49

2.05

5.4

Baja California Sur

1

1

1

1

1

1

2

4

1

1.11

2.21

0.55

Campeche

7




1

5

1

1




2

6

-

0.71

2.14

Coahuila

15

20

21

7

10

11

8

12

13

0.86

1.3

1.42

Colima

7

6

3

2

4

6

3

2

6

1.5

1.01

3.04

Chiapas

39

14

44

43

24

29

61

8

20

3.24

0.43

1.08

Chihuahua

53

70

60

41

56

55

53

33

120

4.49

2.81

10.29

Distrito Federal

76

89

92

87

77

67

59

59

85

2.34

2.39

3.51

Durango

7

9

9

14

13

8

5

9

22

0.84

1.53

3.8

Guanajuato

32

34

23

21

15

18

18

25

23

0.91

1.28

1.2

Guerrero

33

35

30

29

26

33

58

54

41

4.34

4.13

3.21

Hidalgo

6

9

3

6

7

2

6

3

4

0.66

0.33

0.45

Jalisco

31

42

40

31

29

22

34

38

41

1.35

1.53

1.67

México

256

273

250

228

211

255

207

136

136

4.08

2.69

2.7

Michoacán

45

56

33

39

34

49

67

42

25

4.31

2.77

1.69

Morelos

19

19

10

8

9

6

7

7

14

1.21

1.22

2.48

Nayarit

7

5

9

3

8

6

8

1

6

2.26

0.29

1.76

Nuevo León

8

7

10

11

12

13

9

19

16

0.62

1.32

1.11

Oaxaca

50

49

51

45

47

42

35

36

37

2.44

2.57

2.71

Puebla

35

46

29

30

35

29

31

23

23

1.43

1.07

1.08

Querétaro

9

13

4

8

4

11

9

7

6

1.45

1.13

0.97

Quintana Roo

6

14

7

17

7

10

4

4

11

0.9

0.88

2.39

San Luis Potosí

42

28

23

20

16

10

15

18

24

1.55

1.89

2.56

Sinaloa

30

22

16

13

20

18

12

17

30

1.26

1.82

3.28

Sonora

11

15

17

11

11

16

10

10

16

1.15

1.15

1.86

Tabasco

8

6

4

8

5

3

9

9

10

1.17

1.19

1.34

Tamaulipas

19

13

7

10

17

15

32

10

12

2.99

0.94

1.13

Tlaxcala

6

4

3

6

8

6

10

4

4

2.38

0.96

0.96

Veracruz

39

28

26

25

16

27

17

14

27

0.64

0.54

1.05

Yucatán

3

2

1

6

2

2

1

2

4

0.15

0.31

0.62

Zacatecas

2

9

11

9

7

6

6

5

6

1.11

0.95

1.16

Nacional

924

958

863

802

760

792

814

639

852

2.11

1.68

2.26
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