Informe alternativo sobre el protocolo facultativo



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En lo que se refiere a la inseguridad – real o percibida – por parte de la población, la presencia del Ejército en las calles debería de haber disminuido, sobre todo en los Estados donde la delincuencia organizada está más radicada y los niveles de violencia más elevados.


Los números demuestran una vez más el contrario.
La Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) señala que entre 2008 y 2009, el porcentaje de personas que se sentían inseguras en el país subió desde un 59% hasta un 65%. En Chihuahua, ese porcentaje subió desde 42% hasta 82% en un solo año. Además, la misma encuesta reporta que en 2009, el 56% de los encuestados a nivel nacional dejó de permitir que sus hijos menores de 18 años de edad salieran por el temor a ser víctima de algún delito. Estos porcentajes suben hasta el 64,9% en ciudades como Culiacán (Sinaloa), y hasta un 79% en Ciudad Juárez (Chihuahua).
Además, emplear miles de tropas en tareas propias de la policía, causó un incremento que derivó en un aumento dramático en las denuncias por presuntos abusos militares. Desde 2006 hasta el final de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 3570 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares (182 quejas en 2006, 367 en 2007, 1230 en 2008 y 1791 en 2009).
Si el sustento de la guerra contra el narco consistía en abatir la inseguridad y la violencia, (…) los resultados a casi tres años de distancia son simplemente indefendibles. No existe ningún elemento que permita argumentar que el número y la notoriedad de los secuestros, de los asaltos, o de las riñas entre narcos haya disminuido”.25 El despliegue del Ejército y la Marina por todo el país, y la duplicación de los efectivos operacionales de la Policía Federal, “pueden o no haber mermado la fuerza y organización del narcotráfico. Pero de ninguna manera han reducido la violencia o la inseguridad de la gente”.26
Casos paradigmáticos




Muere niña lesionada en balacera de Acapulco

El pasado 14 de abril durante una la balacera ocurrida en la zona turística del puerto de Acapulco, Guerrero; fallecieron los hermanos Carlos de 12 años y Mireya Montserrat Miranda de 8 años de edad, a consecuencia de los balazos recibidos durante el enfrentamiento entre sicarios y policías federales en pleno malecón del sitio turístico.


En la subdelegación de la PGR detuvieron a Ernesto Antonio Rocha Reyes, presunto participante en la balacera ocurrida en la avenida costera Miguel Alemán y fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República por la Policía Federal, donde se abrió la averiguación previa PGR/GRO/ACA/M-I/144/2010 por el delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La niña Mireya Montserrat Miranda Delgado, de ocho años de edad, fue declarada legalmente muerta en el hospital privado Magallanes como consecuencia de la herida que le ocasionaron tres impactos de bala de rifle AK-17 en el cuello, pecho y oreja.
También falleció en el mismo hecho su madre Laura Montserrat Delgado Tullorol. Ambos eran hijos del empresario y ex regidor municipal Celso Sánchez Castillo quien ante lo ocurrido aseguró que la ola de violencia ha alcanzado a familias inocentes en Acapulco.




Los hermanos Almanza Salazar de 5 y 9 años de edad fueron asesinados cuando viajaban con sus padres
Dos pequeños, uno de 5 y otro de 9 años, murieron en manos de soldados quienes dispararon a una familia que viajaba a Matamoros tras un retén por la Carretera Ribereña.
Martín y Bryan Almanza Salazar de 9 y 5 años fallecieron la tarde del sábado 3 de abril, quienes acompañados de sus padres Martín Almanza Rodríguez de 30 quien resultó herido y Cynthia Salazar Castillo de 28, además de sus hermanitos Lucero Michel de 10, Jennifer de 8 y Yesenia de 3 años iban de día de campo rumbo a la playa de Matamoros.

Acompañándolos a ellos también viajaba el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel de 22 años quien resultó herido y su esposa Vanessa Viridiana Velázquez Carmona y un bebé de tres meses Jesús Alfredo Rangel Velázquez.


Todo inicio según los afectados cuando pasaron un retén militar, ellos viajaban en una camioneta tipo Tahoe con toda la familia, al ver a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera, el conductor Carlos Alfredo le bajo la velocidad y tras pasar el retén sin motivo alguno les empezaron a disparar.
El gobierno federal argumentó que estas muertes habían ocurrido en un enfrentamiento con delincuentes.

Sí bien el Gobierno actual presenta la “política de seguridad” como prioritaria, no ha siempre demostrado su eficacia. El número creciente de víctimas de la violencia, generada por criminales e incluso en ocasiones por la respuesta a veces incontrolada de la policía o de las fuerzas armadas, motivan profundamente a revisar la viabilidad de esta política.






C. Niños y niñas involucrados en la delincuencia organizada
Como hemos visto, el narcotráfico en México es la forma más evidente, rentable y violenta de la delincuencia organizada. Sin embargo, los grupos delincuentes han diversificado mucho sus actividades y se han ido involucrando en la comisión de diferentes tipos de delitos. El control territorial ejercido por esos grupos criminales y las consecuencias dramáticas de sus acciones han orillado a varios académicos a hablar de “nueva guerra” o de "nueva insurgencia urbana". 27 No existen estadísticas oficiales sobre el número y el tipo de delitos cometidos por los niños y las niñas involucrados en el crimen organizado. Tampoco existen cifras oficiales sobre el número de niños implicados de varias formas con la delincuencia organizada. Cifras de la academia hablan de unos 30’000 niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos (desde tráfico de droga, hasta secuestro de personas, desde trata de seres humanos hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.).
Homicidios y lesiones relacionadas con la violencia son infligidos sobre la infancia y por la infancia todos los días y ocurren en todos los estados del país. Sin embargo, se presentan con mucha más frecuencia en las áreas más pobres, donde hay menores posibilidades de empleo, educación y las condiciones de vida son más difíciles. Según expertos, existen en el país 17 Estados que están viviendo un proceso de “somalización”, donde hay porciones territoriales de ingobernabilidad, donde la autoridad está relativamente ausente. Se calculan 780 focos de ingobernabilidad en el país.28
Cuando la falta de opciones de vida se combina con el fácil acceso a las drogas y las armas, y la violencia impregna el vecindario, unirse a la delincuencia organizada es una opción tentadora. De manera significativa, muchos niños y niñas describen esa opción como la única, en un momento dado. El crimen ofrece a estos niños y niñas las recompensas, el reconocimiento y el dinero que no encuentran en la sociedad de manera legal. De hecho, entre las principales razones enumeradas por los y las involucrados en el narcotráfico están la pobreza y la exclusión social, los malos tratos, la ambición de poseer bienes de consumo, dinero fácil y acceder a un estatus social elevado, la búsqueda de identidad y reconocimiento, la necesidad de protección y el deseo de venganza. 29 Además, el narcotráfico está teniendo un impacto cultural sobre niños y niñas, ya que la identidad cultural de muchos de ellos se está transformando, en querer ser el líder de grupo criminal, en exaltar los actos de los narcotraficantes, y en querer emularlos. "Las figuras que representan la dimensión ética de la sociedad se encuentran deterioradas y no hay una correspondencia entre los valores éticos y el reconocimiento social, en los ojos de muchos niños y niñas no hay diferencia cualitativa entre el policía y el narcotraficante." 30
Esta falta de opciones, sobre todo en términos de educación y empleo, se encuentra reflejada y confirmada en dos encuestas a nivel nacional, la Encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) 31 y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social32 sobre los niños, niñas y jóvenes que ni estudian ni trabajan en el país. Esas encuestas señalan que son alrededor de un millón y medio (1’561’641) los niños desde los 5 hasta los 17 años que no estudian ni trabajan y 7’796’ 630 los jóvenes desde los 12 hasta lo 29 años en edad que no estudian ni trabajan. Esa población es presa fácil del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Entrevistas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, así como especialistas de la academia mexicana, describen un panorama inquietante del involucramiento de niños y niñas al crimen organizado. Cuando se habla de delincuencia organizada en México, es muy importante distinguir entre pandillas locales y pandillas transnacionales, que son mucho más organizadas y trabajan en conjunto con los principales cárteles del narcotráfico. Muchas veces, las bandas y pandillas locales no están involucradas en el crimen organizado trasnacional, y sólo quieren controlar su territorio. La pandilla local es normalmente la manera más sencilla para niños y niñas de entrar en interacción sistemática con el crimen organizado. En ese caso, el rol principal de los niños se limita al narco-menudeo, a la protección de las actividades que realizan las organizaciones criminales, y no se puede realmente hablar de membresía. Se habla de membresía en un grupo criminal, cuando esos niños y niñas se incorporan a la base operativa de pandillas trasnacionales, que trabajan con y por los cárteles del narcotráfico. Por ejemplo, es conocido que la Mara Salvatrucha está operando con Los Zetas y unos 35’000 niños, niñas y jóvenes están involucrados, mientras que la M18 está operando con el cartel de Sinaloa y enrola alrededor de 8’000 niños, niñas y jóvenes. 33 No existen datos duros sobre los números ni tipos de delitos cometidos por las pandillas, sea local que transnacionales.
Generalmente, en lo que se refiere al delito de trata de personas, ya a partir de los 9-10 años, los niños y las niñas se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas. Los niños más pequeños son utilizados como vigías o informadores, o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape. Lo más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, los asesinatos, y todos portan armas.

En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Lo más pequeños trabajan como vigilantes, lo más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga.


Como se nota en los ejemplos antes mencionados, hay un verdadero proceso de crecimiento criminal. Los niños empiezan en trabajos con bajo nivel de responsabilidad, y terminan sus carreras criminales en tareas de mayor importancia y violencia. Sin embargo, últimamente, se está observando que ese proceso no siempre se lleva a cabo de manera lineal, siguiendo una progresión donde la edad es directamente proporcional a la gravedad de los delitos cometidos. Actualmente, las tareas se atribuyen dependiendo de las habilidades y capacidades delictivas concretas de cada niño y niña en cuestión, independientemente de su edad y su desarrollo delincuencial. Por consecuencia, se puede encontrar a un niño de 12 años que demuestra capacidades violentas y que se convierte en sicario a los 12 años.34
La respuesta del Estado frente a esa situación ha sido, lamentablemente, sólo focalizada en la criminalización y la militarización. Falta cruelmente toda estrategia de prevención. No obstante, varios programas se lanzaron por parte del Estado, toda intervención se enfoca exclusivamente en protección policial, por ejemplo de las escuelas, y se descuida la neutralización de los factores de riesgo. Lamentablemente, el gobierno mexicano considera la delincuencia organizada sólo como un problema de seguridad pública y un desafío criminal y no como un problema social y por consecuente, se responde con medidas policíacas en vez de medidas preventivas. Hasta ahora, no se conoce ningún programa por parte del Estado que se centre en bloquear los flujos de niños y niñas que cada año se unen a los grupos criminales.
Las políticas de militarización no solucionan el problema porque no enfrentan las causas profundas de la violencia, sino sus efectos. Esas políticas tienen además como consecuencia centrar la atención de la población y los medios sobre las medidas represivas, la lucha contra la delincuencia y alejarla de los verdaderos problemas (corrupción, pobreza, desempleo, falta de alternativas de vida). Esto no hizo sino incrementar las condiciones que negaban el acceso de los niños y niñas a sus derechos fundamentales y crearon las condiciones para que los y las que ya estaban enrolados en la violencia respondieran con más organización y virulencia.
Las estrategias de prevención se deben de focalizar en los diferentes factores de riesgo y tratar de neutralizarlos. Hay una gama amplia de estrategias viables para prevenir que los niños y las niñas se unan a la delincuencia organizada, algunas de las cuales se ha comprobado que son particularmente eficaces. Sin embargo, es probable que ninguna estrategia por sí sola sea suficiente para reducir los niveles de violencia y en cambio, se requerirán numerosos métodos concurrentes, que deberán ser apropiados para el lugar particular donde se aplican.
Lo anterior no quiere decir que la aplicación de la ley, la disuasión y la represión de la delincuencia organizada no sean importantes. Lo son, pero no es posible enfrentar el problema del involucramiento de niños y niñas sin atender la diversidad de factores que se encuentran detrás de ellas. Las medidas represivas tienen que insertarse en un contexto en el cual sean partes de una política integral, de múltiples etapas y regidas por el respeto de los derechos fundamentales de niños y niñas. Por ello, las políticas públicas tendrían que basarse en diagnósticos locales que identifiquen los factores de riesgo que son causales y/o que contribuyen para que se establezca la dominancia y la dominación permanente de grupos criminales en las diferentes áreas; identifiquen los grupos de población particularmente en riesgo; diseñen e implementen, a nivel municipal/estatal, una política estratégica e integrada, para tratar conjuntamente los factores de riesgo estructurales y locales.

Casos paradigmáticos




Cinco adolescentes fueron torturados por la policía local del Estado de Nayarit
Cinco adolescentes y el propietario de la casa en la que habían ingresado para robar fueron entregados por agentes estatales a sus verdugos, luego de haber sido trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
El miércoles 14 de octubre, esos cinco niños, fueron sometidos a un interrogatorio en el que se les aplicaron golpes y torturas, incluyendo vejaciones sexuales, lo que motivó a defensores de los derechos humanos a exigir una investigación y el castigo para los responsables.
El Estado mexicano, tiene la responsabilidad de vigilar, garantizar y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales ha suscrito y sobre los cuales debe basar sus acciones en materia de justicia juvenil, de entre los que podemos destacar la Convención sobre los derechos del Niño, artículos 37 y 40, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura.





Tres estudiantes del Colegio de Bachilleres fueron asesinados a las puertas del plantel
El 6 de Enero de 2010 fueron asesinados los estudiantes del Colegio de Bachilleres del plantel la mesa Tijuana, Jonathan Manuel de 17 años; Tamara y Osvaldo de 16 años.
En diferentes medios de comunicación sin presentar prueba alguna se planteo la vinculación del asesinato con el crimen organizado tanto de pandillas como narcomenudistas.
Esto obligó a una rueda de prensa por parte de las autoridades educativas las que declararon llevar a cabo acciones preventivas con el fin de detectar riesgos, siendo estas el operativo mochila y exámenes antidoping.
Consideramos que la aplicación de programas antidoping no previene ni protege a los niños de la drogadicción; tampoco el operativo mochila previene el tráfico de armas, ya que ambas acciones están dirigidas a las consecuencias y no a las causas. Focalizar el programa sólo en las escuelas, omite invertir en programas de prevención y atención eficientes.
Este trágico caso incrementa los casos de niños y niñas heridos o asesinados en el país por falta de seguridad. Todo tipo de violencia contra niños, niña, directa o indirecta, es inaceptable y tiene que ser perseguida hasta sus últimas consecuencias y dar castigo a los culpables.

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