Informe alternativo sobre el protocolo facultativo



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Recomendaciones


  • Atender integralmente a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal en materia de seguridad, ejército, combate al crimen organizado y fuero militar, y en particular:

1) investigar sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, someter a la justicia a sus autores, indemnizar a las víctimas35 y adoptar todas las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 36

2) reexaminar el Código de Justicia Militar con miras a extender la jurisdicción de las cortes civiles a casos de violación de los derechos humanos cometidas por militares, a fin de cumplir en mayor medida las obligaciones internacionales de derechos humanos;37




  • Procurar que se esclarezcan plenamente los asesinatos de niños y niñas, que se sometan a la justicia a sus autores y cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no hubieran realizado las investigaciones debidas;




  • Crear un gabinete de prevención social, formado por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, federal para la parte estratégica, y estatal para la parte operativa, involucrando a nivel estatal y municipal las organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan el tema de la prevención de la violencia juvenil;




  • Tomar medidas para la investigación y la condena de las empresas involucradas en el lavado el dinero proveniente de las organizaciones criminales;




  • Crear una Defensoría de los Derechos de la Infancia a nivel federal, para investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones de derechos humanos, tomando en cuenta la Observación General No. 2 del Comité (2002) sobre “El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”;




  • Buscar asistencia técnica de la ONU y otras organizaciones internacionales que le puedan brindar asesoría y apoyo técnico para el diseño y la implementación de los programas de prevención;




  • Elaborar un sistema que facilite la reunión general de datos sobre niños y niñas menores de 18 años, víctimas o autores de delitos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico, desglosados por sexo, edad, Estado, municipio;




  • Velar por que las dependencias gubernamentales otorguen información clara y oportuna en materia de lucha contra la delincuencia organizada a todos los ciudadanos interesados, y que estos documentos se presenten en su nivel máximo de desagregación.



Cuadro de recomendaciones

  • Prohibir explícitamente por ley el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de las fuerzas armadas y el reclutamiento forzado y voluntario de niños y niñas menores de 18 años por parte de los grupos armados;

  • Reformar el artículo 133 de la Constitución en el sentido de conferir a los tratados de derechos humanos y derechos internacional humanitario el mismo rango que la Constitución;

  • Establecer la jurisdicción extraterritorial de los autores de los delitos identificados en el Protocolo cuando el autor o la víctima sea ciudadano del Estado Parte o esté vinculado de otro modo a él;

  • Aumentar la edad de reclutamiento voluntario en el ejército hasta los 18 años de edad, sin permitir excepción alguna;

  • Prohibir expresamente y tipificar como delito, mediante una reforma del Código Penal Federal, las violaciones de las disposiciones del Protocolo Facultativo relativas al reclutamiento de niños y niñas y su participación en las hostilidades;

  • Disponer explícitamente que el personal militar no debe participar en ninguna acción que viole los derechos enunciados en el Protocolo Facultativo, independientemente de cualquier orden militar que se dicte en ese sentido;

  • Velar por que los niños y las niñas que estudien en escuelas militares reciban una enseñanza acorde con los artículos 28, 29 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta su Observación general Nº 1 (2001), sobre los propósitos de la educación. En particular, debe impartirse formación sobre los derechos humanos, y deben enseñarse las disposiciones del Protocolo;

  • Establecer que los alumnos que estudian en las escuelas militares y que tienen menos de 18 años tengan estatus civil y no militar, hasta el cumplimiento de su décimo octavo año de edad;

  • Garantizar que los alumnos que estudian en las escuelas militares y que tienen menos de 18 años, en caso de violación de ley, sean juzgados en el fuero civil y no en el fuero de guerra, y que se les apliquen las disposiciones y las garantías del sistema de justicia para adolescentes. Además, velar que los alumnos en conflicto con la ley sean tratados con arreglo a las normas consagradas en la Convención (artículos 37 y 40) e ilustradas en la Observación general Nº 10 del Comité sobre "Los derechos del niño en la justicia de menores";

  • Prohibir oficialmente el castigo corporal, teniendo en cuenta la Observación general Nº 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes;

  • Poner al alcance de niños y niñas que asisten a las escuelas militares un mecanismo independiente de denuncia e investigación;

  • Mejorar la transparencia del sistema de recolección y análisis de datos sobre reclutamiento voluntario, obligatorio y escuelas militares y garantizar el acceso a esos datos por parte de todos los ciudadanos interesados;

  • Atender integralmente a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal en materia de seguridad, ejército, combate al crimen organizado y fuero militar, y en particular:

Investigar sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, someter a la justicia a sus autores, indemnizar a las víctimas y adoptar todas las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

Reexaminar el Código de Justicia Militar con miras a extender la jurisdicción de las cortes civiles a casos de violación de los derechos humanos cometidas por militares, a fin de cumplir en mayor medida las obligaciones internacionales de derechos humanos;



  • Procurar que se esclarezcan plenamente los asesinatos de niños y niñas, que se sometan a la justicia a sus autores y cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no hubieran realizado las investigaciones debidas;

  • Crear un gabinete de prevención social, formado por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, federal para la parte estratégica, y estatal para la parte operativa, involucrando a nivel estatal y municipal las organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan el tema de la prevención de la violencia juvenil;

  • Tomar medidas para la investigación y la condena de las empresas involucradas en el lavado el dinero proveniente de las organizaciones criminales;

  • Crear una Defensoría de los Derechos de la Infancia a nivel federal, para investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones de derechos humanos, tomando en cuenta la Observación General No. 2 del Comité (2002) sobre “El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”;

  • Buscar asistencia técnica de la ONU y otras organizaciones internacionales que le puedan brindar asesoría y apoyo técnico para el diseño y la implementación de los programas de prevención;

  • Elaborar un sistema que facilite la reunión general de datos sobre niños y niñas menores de 18 años, víctimas o autores de delitos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico, desglosados por sexo, edad, Estado, municipio;

  • Velar por que las dependencias gubernamentales otorguen información clara y oportuna en materia de lucha contra la delincuencia organizada a todos los ciudadanos interesados, y que estos documentos se presenten en su nivel máximo de desagregación;

  • Brindar condiciones de retorno y reubicación de los desplazados forzosos. Así como la atención especializada a niños y niñas que sufrieron ante estos acontecimientos;

  • Proceder con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operan en regiones indígenas (y que no estén considerados en una legislación especial, como es el caso de Ley de amnistía).






1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, P. LXXVII/99, Año 1999. Época: 9, Titulo: Tratados Internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respeto de la Constitución Federal Tienen la Misma Jerarquía Normativa. Localización: Instancia: Pleno, Tesis Aislada.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, P. IX/2007, Año 2007. Época: 9, Titulo: Tratados Internacionales son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. Localización: Instancia: Pleno, Tesis Aislada.

3 CONEVAL, Evolución de la pobreza en México, México, 2009.

4 CEDAMA, información disponible en su página de Internet www.cedema.org, con acceso el 28 de abril de 2010.

5 Véase Corte IDH, Caso Radilla Pacheco Vs. México, Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. Disponible en Internet en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=330, con acceso el 28 de abril de 2010.

6 Cfr. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Procuraduría General de la República, 2006 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, página 279

7 Declaración de la Selva Lacandona, disponible en Internet y con acceso el 26 de abril de 2010 en: http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm.

8 Ídem

9 Ídem, Artículo 2, § II.

10 J. Arana, Zedillo propuso el dialogo en 1995, pero lanzó al Ejército contra el EZLN, La Jornada, Ciudad de México, 2 de febrero de 2005. [disponible en versión electrónica en: http://www.jornada.unam.mx/2005/02/09/005n1pol.php, con acceso el 27 de abril de 2010.

11 Una de las organizaciones que más ha documentado la situación de Chiapas es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En particular véase los informes sobre ataque armado, militarización y paramilitares [www.frayba.org.mx]. También véase el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2003, pp. 156 y 157. También disponible en: http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/images/docs/Diagnostico.pdf con acceso el 27 de abril de 2010.

12 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 58/95 del 8 de mayo de 1995, dirigida al gobernador del Estado de Chiapas. Disponible en Internet en: http://www.cndh.org.mx/recomen/1995/058.htm con acceso el 27 de abril de 2010.

13 C. Marín, Plan del Ejército en Chiapas, desde 1994: crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN... en Revista Proceso N° 1105, 4 de enero de 1998. Y el Plan de Campaña Chiapas 94 disponible en Internet en: http://www.frayba.org.mx/archivo/articulos/941001_plan%20de_campana_chiapas94_sedena.pdf con acceso el 27 de abril de 2010.

14 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 1/98, dirigida al Procurador General de la república y al Gobernador del Estado de Chiapas. Disponible en Internet en: http://www.cndh.org.mx/recomen/1998/001.htm con acceso el 27 de abril de 2010.

15R. Benítez Manaut et al.(eds.), Atlas de Seguridad y la Defensa de México 2009, México, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, 2009.


16 Secretaría de la Defensa Nacional: Tercer Informe de Labores, 2009, p. 106.

17 Secretaría de la Defensa Nacional: Primer Informe de Labores, 2007, pp. 23-24; Segundo Informe de Labores, 2008, p. 29; Tercero Informe de Labores, 2009, pp. 29-30.

18 Secretaría de la Defensa Nacional: Tercer Informe de Labores, 2009, p. 28.

19 Existen siete principales cárteles de la droga que operan en todo el territorio nacional: Sinaloa, Del Golfo, Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Amezcua Contreras, Díaz Parada y Familia Michoacana. Recientemente, la DEA (Drug Enforcement Administration) ha otorgado el nombre de “cártel” al grupo de Los Zetas, que antes trabajaban con el cártel Del Golfo.


20 S. Meiners/F. Burton: The Role of the Mexican Military in the Cartel War, Stratford, 29 de Julio, 2009.


21 C. Guerrero/L. Brito: Van 22 mil muertos por narcoviolencia, Reforma, 13 de abril, 2010.

22 Elaboración propia a partir de datos publicados en los periódicos Reforma y la Jornada.

23 Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, Dirección General de Información en Salud: Base de datos de defunciones 1979-2008.

24 Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, Dirección General de Información en Salud: Base de datos de defunciones 1979-2008.

25 R. Aguilar/J. Castañeda: El narco: la guerra fallida, Punto de Lectura, México 2009, p. 41.

26 Idem, p. 44.

27 M.G. Manwaring, Street Gangs: The New Urban Insurgency, Strategic Studies Institute, US Army War College, 2005.

28 Prof. E. Buscaglia, entrevista con la autora, Ciudad de México, 25 de marzo, 2010.

29M. Poretti: Preventing Children from Joining Armed Groups, Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, Issue 4, pp. 123-141, 2008.

30 Prof. J.M. Valenzuela, entrevista con la autora, 5 de abril, 2010.

31 IMJ-CIEJ: Encuesta Nacional de Juventud 2005.

32 INEGI/STPS: Resultados del módulo de trabajo infantil 2007, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007.

33 Prof. E. Buscaglia, entrevista con la autora, Ciudad de México, 25 de marzo, 2010.

34 C. Cruz Santiago, entrevista con la autora, Ciudad de México, 21 de marzo, 2010.

35 Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, México A/HRC/11/27, párrafo 93 n.35.

36 Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, México A/HRC/11/27, párrafo 93 n.35-43.

37 Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, México A/HRC/11/27, párrafo 54.


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