Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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INFORME No. 8/15

PETICIÓN 1413-04 y otras

INFORME DE ADMISIBILIDAD

GLORIA BEATRIZ JORGE LOPEZ Y OTROS

PERU


OEA/Ser.L/V/II

Doc. 9


29 enero 2015

Original: español





Aprobado por la Comisión el 29 de enero de 2015.




Citar como: CIDH, Informe No. 8/15, Petición 1413-04 y otras. Admisibilidad. Gloria Beatriz Jorge López y otros. Perú. 29 de enero de 2015.



www.cidh.org



INFORME No. 8/15

PETICIÓN 1413-04 y otras

INFORME DE ADMISIBILIDAD

GLORIA BEATRIZ JORGE LOPEZ Y OTROS

PERU


29 DE ENERO DE 2015


I. RESUMEN





  1. El presente informe se refiere a 59 peticiones interpuestas en representación de 63 personas procesadas en el Perú por los delitos de traición a la patria, terrorismo y colaboración con terrorismo [en adelante también “las presuntas víctimas”], previstos en la legislación anti-terrorista peruana, en las cuales se alega la violación por parte de la República del Perú (en adelante también “Perú”, “el Estado” o “el Estado peruano”) de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”). En las peticiones se indica que las presuntas víctimas fueron detenidas, procesadas y condenadas por los delitos de traición a la patria, terrorismo y colaboración con terrorismo entre 1992 y 1994, en aplicación de decretos leyes adoptados a partir de mayo de 1992. Se afirma que esos decretos, así como los procesos penales de ellos derivados, son contrarios a una serie de disposiciones de la Convención Americana. Se alega asimismo que las presuntas víctimas fueron objeto de tortura, que una vez fueron detenidas fueron aisladas por largos períodos y fueron sometidas a otras condiciones inhumanas de detención. Los peticionarios señalan que tras ser procesados en la justicia militar, las presuntas víctimas fueron sometidas a nuevos juicios en el fuero ordinario. Afirman que esos juicios fueron instruidos de conformidad con un marco legislativo en materia de terrorismo adoptado a partir de enero de 2003, el cual alegaron ser también incompatible con la Convención Americana.



  1. El Estado sostiene que los procesos seguidos a las presuntas víctimas fueron tramitados de conformidad con las normas preestablecidas en la legislación interna y que aquellas fueron condenadas por tribunales imparciales y competentes, con estricto apego a las garantías de un debido proceso. Manifiesta que a comienzos del 2003 fue adoptado un nuevo marco legislativo en materia de terrorismo que se ajusta a la Convención Americana y a la Constitución Política del Perú. El Estado sostiene que la Comisión debe inadmitir las peticiones, puesto que los hechos narrados en las denuncias no tienden a caracterizar violaciones a disposiciones de la Convención y solicita que la CIDH las declare inadmisibles en virtud del artículo 47.b) del referido instrumento.




  1. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión concluyó que es competente para conocer las 59 peticiones y que las mismas son admisibles con el fin de revisar en la etapa de fondo la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento; y en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, la CIDH decidió acumular las 59 peticiones y tramitarlas de forma conjunta en la etapa de fondo bajo el número de caso 12.988. La Comisión decidió notificar el presente Informe de Admisibilidad a las partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual.



II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN





  1. La Comisión recibió las peticiones iniciales entre noviembre de 1998 y junio de 2009. Cada una de dichas peticiones fue debidamente trasladada al Estado, así como lo fueron sucesivamente las comunicaciones enviadas por ambas partes, concediéndoseles los plazos reglamentarios para que se presentaran observaciones adicionales. Los detalles de los trámites principales se encuentran contemplados en la sección de alegatos específicos, que resume las posiciones de las partes.



III. CUESTIÓN PREVIA



Contexto y Marco Legislativo


  1. En las denuncias consideradas en el presente informe el Estado y los peticionarios y peticionarias describieron un primer conjunto de procesos penales seguidos a lo largo de la década de los noventa, y un segundo conjunto realizado a partir del 2003. Los primeros procesos se basaron en decretos leyes en materia de terrorismo, promulgados durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori. En enero de 2003 el Estado peruano adoptó un nuevo marco legislativo que implicó la nulidad de una serie de procesos por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Antes de narrar la posición de las partes, y como lo ha hecho en otros asuntos relacionados al mismo contexto1, la CIDH estima necesario referirse a los dos marcos normativos en los que se inscriben los hechos por estas planteados, y que fueron aplicados a todos los casos examinados en éste informe.


Legislación antiterrorista en vigor entre mayo de 1992 y enero de 2003


  1. En mayo de 1992 fue promulgado el Decreto Ley No. 25475, el cual tipifica el delito de terrorismo en diferentes modalidades. En agosto del mismo año fue promulgado el Decreto Ley No. 25659, el cual tipifica el delito de traición a la patria y establece la competencia de la justicia militar para conocer las acusaciones por este delito. Esos decretos, así como los de número 25708, 25744, 25880 y otras normas complementarias introdujeron al ordenamiento jurídico peruano procedimientos diferenciados y excepcionales de investigación, instrucción y juzgamiento de personas acusadas de terrorismo o traición a la patria.



  1. Los decretos que conformaban la denominada “legislación antiterrorista” tenían un difundido propósito de contener la escalada de asesinatos selectivos contra operadores de justicia, ocupantes de cargos electivos y agentes de seguridad, desapariciones, atentados con explosivos, secuestros y otras formas indiscriminadas de violencia contra la población civil en diferentes regiones del Perú, atribuida a grupos insurgentes al margen de la ley.




  1. Entre otros aspectos, esos decretos establecían la incomunicación absoluta de los investigados por un lapso de tiempo determinado2, la realización de audiencias privadas; el aislamiento celular durante el primer año de cumplimiento de condena3, y plazos sumarios para la presentación de denuncia y dictamen de sentencia, respecto del delito de traición a la patria4. Asimismo, esos decretos prohibían la asistencia de un abogado antes de la primera declaración del investigado ante un representante del Ministerio Público5, y restringían su actuación en otras etapas del proceso penal; impedían la recusación de magistrados u otros auxiliares de justicia6, y consagraban la figura de jueces y fiscales con identidad secreta (”sin rostro“)7, e impedían el ofrecimiento como testigos de agentes que participaron de la elaboración del atestado policial de detención8.




  1. Con relación a las normas de derecho material, los referidos decretos contemplaban la posibilidad de aplicar más de un tipo penal para conductas de similar o idéntica naturaleza, no diferenciaban el elemento subjetivo culposo del doloso,9 y establecían solamente penas mínimas de privación de libertad, sin fijar penas máximas10.




  1. El 12 de mayo de 1992 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Ley No. 25499, también denominado Ley de Arrepentimiento, el cual reguló la reducción, exención, remisión o atenuación de la pena a personas procesadas o condenadas por el delito de terrorismo que proporcionasen información dirigida a capturar jefes, cabecillas, dirigentes o principales integrantes de organizaciones terroristas11. Mediante el Decreto Supremo Nº 015-93-JUS del 8 de mayo de 1993, el Poder Ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley de Arrepentimiento, el cual estableció, entre otras medidas, el secreto o cambio de identidad del declarante arrepentido12. El 31 de octubre de 1994 la Ley de Arrepentimiento perdió su vigencia13.


Legislación antiterrorista en vigor a partir de enero de 2003


  1. El 3 de enero de 2003 el Tribunal Constitucional del Perú declaró inconstitucionales una serie de disposiciones de los decretos leyes en materia de terrorismo, promulgados durante el gobierno de Alberto Fujimori14. Esa decisión estableció la inconstitucionalidad del Decreto Ley No. 25659 y ordenó la adecuación de las acusaciones por el delito de traición a la patria, allí tipificado, a acusaciones por terrorismo, regulado por el Decreto Ley No. 25475. Asimismo, suprimió las disposiciones que impedían la recusación de magistrados y el ofrecimiento como testigos de agentes que participaron del atestado policial de detención, y que permitían el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares. Por otro lado, fueron declarados inconstitucionales la incomunicación absoluta y el aislamiento celular durante el primer año de cumplimiento de condena.



  1. En cuanto a la tipificación del delito de terrorismo, el Tribunal Constitucional mantuvo la vigencia del artículo 2 del Decreto Ley No. 25475, pero condicionó su aplicación a la modalidad dolosa, y estableció parámetros de interpretación para la subsunción de una conducta sindicada en los supuestos del tipo penal.




  1. Con relación a las declaraciones, atestados de detención, informes técnicos y periciales realizados ante operadores de justicia sin rostro, el Tribunal Constitucional declaró que aquellos no resultaban automáticamente viciados, correspondiendo a cada juez y jueza del fuero ordinario que conociere de las nuevas acusaciones, verificar su valor probatorio en conjunto con otros elementos de convicción y criterios de conciencia establecidos en la legislación procesal penal ordinaria15.




  1. Entre enero y febrero de 2003 el Poder Ejecutivo peruano16 expidió los Decretos Legislativos No. 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 92717, con el propósito de ajustar la legislación interna a la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de enero de 2003. De forma general, esos decretos establecen la nulidad de todas las sentencias y procesos seguidos en la jurisdicción militar o conocidos por operadores de justicia con identidad secreta, y la remisión de los actuados respectivos a la Sala Nacional de Terrorismo, posteriormente denominada Sala Penal Nacional, creada en el seno de la Corte Suprema de Justicia para distribuir los nuevos procesos a los Juzgados Penales Especializados. La nueva legislación antiterrorista contempló asimismo la publicidad restringida de las audiencias orales18 y la imposibilidad de aplicación de pena más severa a la dictada en los juicios declarados nulos19.




  1. En relación a las diligencias realizadas en la etapa de investigación e instrucción penal ante operadores de justicia militares o civiles sin rostro, el artículo 8 del Decreto Legislativo No. 922 mantuvo la validez de los autos de apertura de instrucción, atestados policiales realizados en la presencia de un representante del Ministerio Público, informes técnicos, registros de incautación, manifestaciones rendidas ante la Policía Nacional y declaraciones de arrepentidos. Finalmente, el artículo 3 del mismo decreto legislativo estableció que la nulidad de los procesos seguidos en la justicia militar no tendría como efecto la excarcelación, la cual se produciría solamente si el Ministerio Público no formulaba denuncia o si el Poder Judicial denegaba la apertura de instrucción.


Declaración de Constitucionalidad del Marco Normativo Vigente sobre Terrorismo


  1. El Movimiento Popular de Control Constitucional de Perú, en representación de 5.186 ciudadanos, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 927. Entre las cuestiones demandadas, se alegó que dichas normas eran inconstitucionales al establecer que la declaración de nulidad de condenas y procesos llevados con anterioridad a la sentencia de constitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional el 3 de enero de 2003, no implicaba la libertad del imputado, contando el tiempo máximo legal de detención preventiva a partir del auto de apertura de instrucción del nuevo proceso. Asimismo, se demandó como inconstitucional que se le diera validez en los nuevos juicios a los atestados policiales y las pruebas obtenidas por la jurisdicción militar. El 9 de agosto de 2006, el Tribunal constitucional emitió una sentencia en la que declaró infundada dicha demanda.




  1. Respecto de los alegatos relacionados con la privación de la libertad y el plazo de detención preventiva, el Tribunal consideró que el propósito de las normas era “garantizar bienes y principios constitucionales que pudieran resultar afectados por el rebrote de prácticas subversivas, y/o que se frustre el ejercicio legítimo del ius puniendi estatal sobre personas que han sido encontradas responsables del delito de terrorismo, aunque su juzgamiento haya sido realizado ante juez incompetente y sin las garantías que informan el derecho al debido proceso”. Respecto del plazo razonable de detención preventiva, el Tribunal estableció que en la aplicación de las normas que regulaban los plazos, los jueces y tribunales debían analizar todos los elementos relevantes a fin de determinar si existe una necesidad genuina de mantener la prisión preventiva, y manifestarlo claramente en sus decisiones referentes a la excarcelación del procesado.




  1. Respecto a la constitucionalidad de utilización de las pruebas en que se basaron las condenas y procesos anteriores a 2003, el Tribunal Constitucional determinó que no era posible establecer mediante una acción de inconstitucionalidad que todos los atestados policiales hubiesen sido obtenidos bajo tortura, pero que en todo caso ni el atestado ni las declaraciones prestadas ante la Policía Nacional del Perú, podían constituir prueba plena. Respecto de las pruebas obtenidas bajo la jurisdicción militar, el Tribunal Constitucional consideró que éstas debían considerarse con arreglo al criterio de conciencia, pero que no eran en sí mismas inválidas.


Condiciones Carcelarias


  1. El régimen penitenciario impuesto por la política criminal de emergencia creada en 1992 para combatir a los grupos insurgentes, estuvo caracterizado fundamentalmente por el aislamiento del recluso20. Así, el artículo 20 del Decreto Ley No. 25475, cuyo texto fue reproducido por el artículo 3(b) del Decreto Ley No. 25.744 de 1992, estableció que las condenas por delitos de terrorismo y traición a la patria se debían cumplir obligatoriamente en un centro de reclusión de máxima seguridad, con aislamiento celular continuo durante el primer año de detención y con trabajo obligatorio por el tiempo que durase la reclusión. Asimismo, se estableció que las visitas serían restringidas a los familiares directos. Además, por medio del Decreto Ley No. 25421 de 1992 se encargó al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, el control de la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas, así como la administración de los mismos21. El personal del Instituto Nacional Penitenciario (en adelante “INPE”) se limitó a las áreas administrativas y a los órganos de tratamiento de los penales22. En 1997, el gobierno expidió el Decreto Supremo 005 mediante el que estableció que los procesados y condenados por el delito de terrorismo en régimen de máxima seguridad, tendrían una sola hora de patio al día, y la misma se realizaría mediante el sistema de locutorios, sin derecho a visita íntima.




  1. En el año 2001, el Estado peruano introdujo, por medio del Decreto Supremo No. 003-2001-JUS23 algunas reformas orientadas a flexibilizar el régimen penitenciario de máxima de seguridad aplicado a los reclusos por terrorismo y traición a la patria. Estas reformas se referían a aspectos como las visitas de familiares y amistades; visitas y comunicación con los abogados; y la cantidad de tiempo que los internos podían pasar fuera de las celdas. Conjuntamente con esta norma, y con el objetivo de asegurar el principio de autoridad en los centros penitenciarios –“en especial en los penales de máxima seguridad”– se emitió el Decreto Supremo No. 006-2001-JUS, por medio del cual se facultó al Presidente del INPE y los Consejos Técnicos Penitenciarios de los penales a imponer restricciones a los privados de libertad de hasta 120 días con relación al ingreso de visitas directas de familiares y amigos, el horario de ingreso del abogado defensor, y el horario de permanencia del interno en los pasadizos y patios24.


Beneficios Penitenciarios


  1. En 2003 el Poder Ejecutivo peruano expidió el Decreto Ley No. 927 estableciendo que las personas condenadas por terrorismo podían ser beneficiarias de redención de la pena por tiempo cumplido de trabajo y educación, así como de libertad condicional. En el 2007, se expide el Decreto Legislativo 895, que excluye del beneficio penitenciario de libertad condicional a aquellas personas condenadas a cadena perpetua, y añade como requisito para obtener beneficios penitenciarios a toda otra persona condenada por terrorismo, el haber efectuado el pago íntegro de la suma fijada como reparación civil y multa. De otro lado, dicho decreto establece como improcedente la redención de la pena por tiempo de trabajo o estudio para aquella persona condenada a 30 años o más de prisión. Dos años después, el Poder Legislativo expide la Ley No. 29423 que deroga el Decreto Ley 927 y establece la improcedencia de los beneficios penitenciarios de semi-libertad, libertad condicional y redención de pena por tiempo de trabajo y/o estudio para todas las personas condenadas por delitos de terrorismo o traición a la patria.


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