Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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C.Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional





  1. El artículo 46.1.c) de la Convención dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito respecto a que la materia “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional” y en el artículo 47.d) de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional. En las peticiones consideradas en el presente informe, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias, ni ellas se deducen del expediente.



D.Caracterización de los hechos alegados





  1. A los fines de admisibilidad, la Comisión debe decidir si en las peticiones se exponen hechos que podrían caracterizar una violación, como estipula el artículo 47.b) de la Convención Americana, si la petición es “manifiestamente infundada” o si es “evidente su total improcedencia”, según el inciso c) del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo.




  1. Asimismo, ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes.




  1. La CIDH toma nota del contexto en que ocurrieron las presuntas violaciones, incluyendo el marco jurídico penitenciario establecido para procesados y condenados por delitos de terrorismo y traición a la patria, y en vista de ello, así como de los elementos presentados por las partes, considera que las circunstancias en las que se alega se habría dado la detención de las presuntas víctimas, y los presuntos hechos de tortura y condiciones de detención en instalaciones de la DINCOTE y en establecimientos penitenciarios, podrían caracterizar la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como de los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las presuntas víctimas. En el mismo sentido, considera que los alegatos de abuso sexual hechos por algunas de las peticionarias, podrían caracterizar una violación de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, así como de los derechos consagrados en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, la CIDH considera que los efectos de los hechos referidos en este párrafo, así como la alegada incomunicación de las presuntas víctimas por largos períodos y restricciones al derecho de recibir visitas, podrían caracterizar la violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas.




  1. Con relación a las alegaciones en torno a los procesos penales seguidos en los fueros militar y ordinario, así como la invocada incompatibilidad del marco normativo en el cual se inscriben los hechos con la Convención Americana, así como la validación de pruebas obtenidas alegadamente de formas incompatibles con el respeto de los derechos humanos, la CIDH considera que podría caracterizarse la violación a los derechos consagrados en los artículos 9, 8 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, todo ello en perjuicio de las presuntas víctimas. En la etapa de fondo la Comisión analizará los alegatos del Estado peruano de que la legislación en materia de terrorismo adoptada a partir de enero de 2003 y los procesos penales de ella derivados han subsanado las presuntas vulneraciones a los dispositivos convencionales anteriormente mencionados.



  1. Con base en la información disponible, la Comisión considera que la aplicación del Decreto Legislativo 895, así como la Ley 29423, podría caracterizar la violación del principio de no retroactividad de la norma menos favorable consagrado en el artículo 9 de la Convención. Además, dado que dichas leyes establecieron marcos penales y penitenciarios más estrictos para aquellas personas procesadas y condenadas por delitos de terrorismo, la Comisión analizará en la etapa de fondo, si éste marco normativo violó el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención.




  1. En cuanto a los alegatos específicos sobre el supuesto allanamiento sin orden judicial de las residencias de algunas de las presuntas víctimas, así como su exhibición en medios de comunicación bajo el rótulo de terroristas por parte de las autoridades, corresponde evaluar en la etapa de fondo si tales supuestos hechos implican una violación al derecho previsto en el artículo 11 de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión considera que prima facie la detención, juicio y condena de las presuntas víctimas por el delito de terrorismo, con base en las opiniones expresadas en documentos que escribieron y publicaron, así como con base en la diseminación de ideas supuestamente políticas y/o subversivas mediante grafitis y panfletos, podría constituir una violación del artículo 13 de la Convención Americana.



  1. Finalmente, por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de las peticiones consideradas en el presente informe no resultan evidentes, la Comisión concluye que aquellas satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 47.b) y c) de la Convención Americana.



VI. CONCLUSIONES





  1. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, la Comisión Interamericana concluye que las 59 peticiones tratadas en el presente informe satisfacen los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en consecuencia


LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:


  1. Con excepción de las peticiones 1506-0638 y 1048-0839, declarar admisibles las 57 peticiones restantes comprendidas en éste informe, con relación a los artículos 7, 8, 9, 11, 13, 24 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Respecto de las peticiones 935-03 y 657-05, dicha admisibilidad se declara en los términos establecidos en el párrafo 307 de éste informe.




  1. Declarar admisibles las 59 peticiones comprendidas en éste informe, con relación a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en los términos establecidos en el párrafo 300 de éste informe, así como el artículos 5 de la Convención Americana, en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.




  1. Declarar admisibles las peticiones 242-06, 1413-04, 263-06, 1101-06, 1141-06, 1147-06, 1506-06, 112-07, 351-07, 1048-08 y 47-08, con relación al artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos establecidos en el párrafo 201 de éste informe.




  1. Notificar esta decisión al Estado y a los peticionarios.




  1. Acumular las 59 peticiones declaradas admisibles en el presente Informe de Admisibilidad bajo el registro de caso 12.988 e iniciar el trámite sobre el fondo de la cuestión.




  1. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 29 días del mes de enero de 2015. (Firmado): Tracy Robinson, Presidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Rosa María Ortiz, Paulo Vannuchi y James L. Cavallaro, Miembros de la Comisión.




1 Véase, inter alia Informe No. 111/11. Peticiones 240-00 Y 4582-02. ADMISIBILIDAD. José Félix Arce Apaza y Luis Enrique Quispe Vega. PERÚ. 22 de julio de 2011.

2 Decreto Ley No. 25475, art. 12.d.

3 Decreto Ley No. 25475, art. 20.

4 La investigación, juzgamiento y ejecución penal respecto del delito de traición a la patria fueron regulados por los Decretos Ley No. 25708 y 25744.

5 El derecho a ser asesorado por un abogado defensor de libre elección desde las primeras etapas del procedimiento penal fue posteriormente incorporado por el artículo 2 de la Ley 26447.

6 Decreto Ley No. 25475, art. 13.h.

7 Mediante la promulgación de la Ley 26671, el 12 de octubre de 1996, desapareció la figura de los jueces y fiscales sin rostro.

8 Decreto Ley No. 25744, art. 2.

9 Decreto Ley No. 25475, art. 2.

10 Decreto Ley No. 25475, art. 3.

11 Decreto Ley No. 25499, arts. 1.II.a y 1.III.

12 Decreto Supremo Nº 015-93-JUS, artículos 8.a y 36.

13 El vencimiento de la vigencia de la Ley de Arrepentimiento fue determinado por la Ley 26345 del 30 de agosto de 1994.

14 Resolución del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003, Expediente Nro. 010-2002-AI/TC, acción de inconstitucionalidad interpuesta por Marcelino Tineo Silva y otros ciudadanos.

15 Resolución del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003, Expediente Nro. 010-2002-AI/TC, acción de inconstitucionalidad interpuesta por Marcelino Tineo Silva y otros ciudadanos, fundamento 159.

16 El 8 de enero de 2003 el Congreso de la República del Perú promulgó la Ley 27913, por medio de la cual delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de terrorismo.

17 El Decreto Legislativo 927 regulaba la ejecución penal en materia de terrorismo. Dicho decreto fue derogado el 14 de octubre de 2009, con la promulgación de la Ley 29423, la cual suprimió la posibilidad de que personas condenadas por terrorismo soliciten los beneficios penitenciarios de redención de la pena, semi-libertad o libertad condicional.

18 Decreto Legislativo 922, art. 12.8.

19 Decreto Legislativo 922, disposición complementaria quinta.

20 Informe Final de la CVR, 2003, Tomo V, 2.22. Las cárceles.

21 Decreto Ley No. 25421 del 6 de abril de 1992, Declaran en estado de reorganización el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, artículo 2, disponible en: http://docs.peru.justia.com/federales/decretos-leyes/25421-apr-6-1992.pdf.

22 Informe Final de la CVR, 2003, Tomo V, 2.22. Las cárceles.

23 Decreto Supremo No. 003-2001-JUS, Establecen disposiciones sobre el derecho de defensa y el régimen carcelario de los internos en establecimientos penitenciarios, Diario Oficial El Peruano, edición de 19 de enero de 2001, disponible en: http://www.elperuano.pe/PublicacionNLB/normaslegales/wfrmNormasLista.aspx

24 Decreto Supremo No. 006-2001-JUS, Facultan al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario establecer, en uno o más establecimientos penitenciarios, restricciones al régimen carcelario de los internos, Diario Oficial El Peruano, edición de 23 de marzo de 2001, disponible en http://www.elperuano.pe/PublicacionNLB/normaslegales/wfrmNormasLista.aspx

25 Con la excepción de Augusto Luján Flores (P-770-04) quien alega haber sido detenido por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, cuando se encontraba prestando su servicio militar.

26 Con la excepción de la petición P-1413-04 (Gloria Beatriz Jorge López), quien sostiene que la causa seguida ante el fuero militar habría sido anulada por sentencia de 05 de Diciembre de 2002, emitida por la Sala de Revisión Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar, en la tramitación del recurso extraordinario de Revisión de Sentencia Ejecutoriada interpuesto por la presunta víctima en el expediente N°032-TP-93 ZJFAP

27 Con excepción de Wilbert Baltazar Mamani Cueva (P-935-03) y Benigno Villanueva Ríos (P-1220-04) quienes habrían sido condenados por el delito de Terrorismo previsto en el DL 25475, mediante un juicio seguido ante operadores de justicia sin rostro en la jurisdicción penal ordinaria.

28 Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas).

29 Dicho asesinato generó la responsabilidad internacional del Estado de Perú por violaciones a los derechos humanos, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas).

30 Dicho asesinato generó la responsabilidad internacional del Estado de Perú por violaciones a los derechos humanos, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas).

31 La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado de Perú por dicha masacre. Ver Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. (Fondo, Reparaciones y Costas).

32 Sentencia de 17 de mayo de 2005 (Exp. No. 2053-2005-PHC/TC.

33 Sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de agosto de 2006.

34 La Corte IDH ha dispuesto que un recurso adecuado es aquél idóneo para proteger la situación jurídica infringida, de forma que los recursos que no tengan dicho efecto o sean manifiestamente absurdos o irrazonables no hay que agotarlos. Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 64.

35 CIDH, Informe No. 108/10, Petición 744-98 y otras, Orestes Auberto Urriola Gonzáles y otros (Perú), 26 de agosto de 2010, párr. 54, Informe No. 2/08, Petición 506-05, José Rodríguez Dañín (Bolivia), 6 de marzo de 2008, párr. 56 e Informe No. 20/05, Petición 714-00, Rafael Correa Díaz (Perú), 25 de febrero de 2005, párr. 32.

36 Véase CIDH, Informe de Admisibilidad No. 69/08, Petición 681-00, Guillermo Patricio Lynn (Argentina), 16 de octubre de 2008, párrs. 44-46 (En el presente caso, la petición era de fecha de 12 de diciembre de 2000, fue enviada por correo postal y fue recibida en la Comisión el 29 de diciembre de 2000. La Comisión, presumiendo los días en que la petición estuvo en el correo postal, consideró que la petición había sido presentada de forma oportuna).

37 Véase CIDH, Informe de Admisibilidad No. 69/08, Petición 681-00, Guillermo Patricio Lynn (Argentina), 16 de octubre de 2008, párrs. 44-46 (En el presente caso, la petición era de fecha de 12 de diciembre de 2000, fue enviada por correo postal y fue recibida en la Comisión el 29 de diciembre de 2000. La Comisión, presumiendo los días en que la petición estuvo en el correo postal, consideró que la petición había sido presentada de forma oportuna).

38 Cfr. Párrafo 322 de éste informe.

39 Cfr. Párrafos 331 a 333 de éste informe.
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