Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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IV. POSICIÓN DE LAS PARTES


  1. Posición de los peticionarios




1. Alegatos comunes





  1. En las peticiones consideradas en el presente informe se alegó que las presuntas víctimas fueron procesadas y condenadas por el delito de terrorismo, siendo la instrucción, juicio y ejecución penal regulados por la “legislación antiterrorista” adoptada a partir de mayo de 1992. Los peticionarios señalaron que los decretos que conformaban esa legislación son incompatibles con las Constituciones Políticas del 1979 y 1993, así como con tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú. Afirmaron que las presuntas víctimas fueron detenidas entre 1992 y 1994 por miembros de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (en adelante “DINCOTE”)25, sin que existiera una situación de flagrante delito y sin mediar orden judicial. Con relación al derecho a la libertad personal, en las peticiones se indica que las presuntas víctimas fueron detenidas sin que les informaran sobre la existencia de cargos penales en su contra, y además, en la mayoría de ellas se reclama que las presuntas víctimas no fueron presentadas ante una autoridad competente con la finalidad de ejercer el control judicial de su arresto.




  1. Se indica que sus causas fueron derivadas a la jurisdicción militar para ser procesados por el delito de traición a la patria, siendo la instrucción, juicio y ejecución penal regulados por la “legislación antiterrorista” adoptada a partir de mayo de 1992. Un grupo de peticionarios aduce que sus procesos los llevaron a ser condenados en el fuero militar.




  1. En las peticiones se afirma que las presuntas víctimas fueron juzgadas, tanto en el fuero militar como en el fuero ordinario, por operadores de justicia con identidad secreta. Según lo alegado, fueron obligadas a firmar manifestaciones autoinculpatorias tras ser sometidas a tortura por integrantes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), no pudieron controvertir una serie de pruebas en su contra, o reunirse en privado con sus abogados. Se aduce asimismo que los cargos formulados por fiscales se fundamentaron en evidencias fabricadas (siembra de pruebas), pruebas obtenidas mediante allanamientos ilegales a sus domicilios, manifestaciones de terceros realizadas bajo coacción, declaraciones de los propios miembros del ejército y sindicaciones de arrepentidos, sin la posibilidad de interrogar a las personas que proporcionaron tal información.




  1. Con relación a las condiciones de detención, las presuntas víctimas indican que fueron recluidas en los establecimientos penales de “El Milagro”, “Miguel Castro Castro”, “Cristo Rey”, “Socabaya-Arequipa”, el “Penal de Yanamayo”, “Piedras Gordas”, y el “Penal de Alta Seguridad para Mujeres de Chorrillos”, donde sostienen haber sufrido aislamientos por períodos superiores a 23 horas diarias, y haber sido sometidos a una serie de restricciones al derecho de recibir visitas, así como del derecho a acceder a materiales de lectura, o trabajo. Asimismo, se alega que durante su detención (en los penales, así como en instalaciones de la policía y el ejército), fueron objeto de vejaciones físicas y maltratos psicológicos, y que las condiciones de alimentación y cobijo en dichos centros penitenciarios, eran insuficientes y los hacían proclives a contraer enfermedades.




  1. Adicionalmente, en las peticiones se alega que los procesos seguidos durante la vigencia de la “legislación antiterrorista” de 1992, fueron anulados por la Sala Nacional de Terrorismo a partir de febrero de 2003, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de enero del mismo año, así como por los Decretos Legislativos 921 al 92726. Se indica que tras ello las presuntas víctimas fueron sometidas casi de inmediato a nuevos procesos, siendo condenadas en el fuero ordinario por el delito de terrorismo previsto en el Decreto Ley No. 25475, confirmándose la sanción aplicada en todas las instancias judiciales.




  1. De forma general, los peticionarios afirmaron que la nueva legislación antiterrorista fue adoptada en 2003, con posterioridad a los hechos imputados a las presuntas víctimas y señalaron que la aplicación de la misma en su caso viola el principio de no retroactividad de la ley penal. Asimismo, indicaron que una serie de elementos probatorios producidos ante operadores de justicia del fuero militar y con identidad secreta, así como pruebas obtenidas mediante coacción y allanamientos ilegales, fueron convalidados en los nuevos juicios ante la jurisdicción ordinaria. Se aduce que la creación de la Sala Nacional de Terrorismo, posteriormente denominada Sala Penal Nacional, y su actuación en los presentes casos con posterioridad a los hechos sindicados contravendrían la garantía del juez natural. Se alega asimismo que la apertura de un segundo proceso por los mismos hechos ya decididos a lo largo de la década del noventa vulneraría el principio non bis in ídem.




  1. Los peticionarios afirmaron que tras la anulación de los procesos conocidos durante la vigencia de la legislación antiterrorista de 1992, las presuntas víctimas fueron privadas de su libertad por varios días o semanas, sin que existiera condena firme en su contra o razones procesales que justificasen una detención preventiva. Sostuvieron que lo anterior vulnera el derecho de presunción de inocencia y a la libertad personal. Alegaron que si bien el tipo penal de traición a la patria, por el cual fueron condenadas inicialmente la mayoría de las presuntas víctimas27 fue eliminado del ordenamiento jurídico peruano, el tipo de terrorismo previsto en el artículo 2 del Decreto Ley No. 25475, así como los de colaboración y afiliación a organización terrorista, previstos en los artículos 4 y 5 del mismo decreto, continuarían siendo ambiguos e imprecisos, pese a los parámetros de interpretación señalados por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 3 de enero de 2003.




  1. De las 64 presuntas víctimas que contempla el presente informe, 16 son mujeres y 48 son hombres. La Comisión observa que de las 16 peticiones en representación de mujeres procesadas por terrorismo o traición a la patria, 11 contienen alegatos de diversas formas de abuso sexual en manos de agentes del Estado.



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