Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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2. Alegatos específicos




Hernán Ismael Dipas Vargas y Miguel Angel Dipas Vargas (P-663-98)


  1. La petición, presentada por Dionisio Dipas Peralta a favor de sus hijos Hernán Ismael Dipas Vargas y Miguel Angel Dipas Vargas, fue recibida por la CIDH el 11 de noviembre de 1998, y se transmitió al Estado el 15 de septiembre y 11 de diciembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión. El peticionario afirma que Hernán Ismael Dipas Vargas habría sido detenido por la DINCOTE el 30 de diciembre de 1992, siendo objeto de torturas para que se inculpase del asesinato del líder sindical Pedro Huilca Tecse, ocurrido días antes, asesinato que fue objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de Perú28. Alega que fue entonces derivado al fuero penal militar, acusado del delito de traición a la patria.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, el 8 de febrero de 1993 Hernán Ismael Dipas Vargas fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, sentencia que fue apelada y resuelta el 7 de marzo de 1993, confirmando la condena. Ante ello, la presunta víctima interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 15 de junio de 1993 por el Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar para Asuntos de Traición a la Patria, que declaró no haber nulidad en la sentencia impugnada. Tras la anulación de éstos procesos por efecto de la sentencia dictada el 3 de enero de 2003 por el Tribunal Constitucional, se le abrió un nuevo proceso que culminó con una sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal Nacional el 7 de marzo de 2006. En dicha sentencia, la Sala Penal Nacional ordenó que la misma se elevara a consulta ante la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 21 de marzo de 2007 por la Sala Penal Transitoria, confirmando la decisión de primera instancia. Posteriormente, el 2 de julio de 2007, la Sala Penal Nacional confirmó nuevamente la sentencia absolutoria del 7 de marzo de 2006.




  1. Finalmente, el peticionario dice que sus hijos fueron objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el proceso llevado en su contra ante la Sala Penal Nacional, el peticionario alegó que las pruebas sobre las que se habían basado sus condenas habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.




  1. Por otra parte, el peticionario alega que Miguel Angel Dipas Vargas, habría sido detenido el 23 de septiembre de 1996 por la DINCOTE siendo objeto de torturas. Afirma que fue entonces derivado al fuero penal militar, donde fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria el 10 de abril de 1997. Afirma el peticionario que la presunta víctima habría apelado y posteriormente interpuesto un recurso de nulidad contra dicha sentencia, pero la misma habría sido confirmada. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la anulación de éstos procesos por efecto de la sentencia dictada el 03 de Enero de 2003 por el Tribunal Constitucional, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. En marzo de 2006 la Sala Penal Nacional absolvió a la presunta víctima y ésta recuperó la libertad, pero dicha sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó se realizara un nuevo juicio. El 31 de enero de 2008 la Sala Penal Nacional decretó la comparecencia restringida de la presunta víctima, a puertas del inicio del juicio oral.




  1. El 28 de enero de 2009 la Sala Penal Nacional condenó a Miguel Angel Dipas Vargas a 15 años de prisión por el delito de terrorismo, ante lo cual éste interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 4 de noviembre de 2009 por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. En dicha sentencia, la Corte dejó en firme la condena, pero anuló el extremo en que se le había absuelto del delito de terrorismo por otras imputaciones que le habían sido formuladas, ordenando que por dichos hechos se volviera a realizar un juicio. La Comisión no cuenta con información sobre el resultado de éste último proceso.




  1. Finalmente, el peticionario aduce que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Edilberto Antonio Macarlupu García (P-685-98)


  1. La petición, presentada por José Florencio Macarlupu Ipanaque y Candelaria Úrsula García Pérez a favor de su hijo Edilberto Antonio Macarlupu, fue recibida por la CIDH el 11 de noviembre de 1998, y tras varias presentaciones de información adicional, se transmitió al Estado el 4 de abril de 2013, concediéndole un plazo de dos meses para enviar sus observaciones, según lo establecido en el Reglamento de la CIDH entonces vigente. El 19 de junio de 2013 el Estado solicitó una prórroga para enviar sus observaciones, la cual fue rechazada de acuerdo con lo determinado en el artículo 30(3) del Reglamento por haber excedido el plazo límite. A la fecha de publicación de este informe, el Estado no ha presentado observaciones relativas al caso.




  1. Los peticionarios aportaron un recuento de los hechos denunciados por la presunta víctima en que ésta afirma haber sido detenida el 14 de agosto de 1992 por la DINCOTE, tras lo cual lo habrían llevado a sus calabozos por 16 días, para ser luego recluido por 17 días en una carceleta del Poder Judicial, sitios donde habría sido torturado. La presunta víctima sostiene que fue derivada a la jurisdicción militar, donde fue condenada a cadena perpetua por un juez militar. Del expediente aportado por los peticionarios se desprende que en efecto, el 22 de septiembre de 1992 la presunta víctima fue condenada a cadena perpetua en la jurisdicción penal militar, ante lo cual interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto por el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército el 10 de octubre de 1992, confirmando la condena.




  1. Los peticionarios reclaman que dicha sentencia fue anulada luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional de 2003, abriéndose nuevamente un proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que la presunta víctima habría sido condenada a 20 años de prisión por la Sala Nacional de Terrorismo. Los peticionarios afirman que dicha sentencia fue recurrida por la presunta víctima mediante un recurso de nulidad, que habría sido resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme la sentencia.




  1. Los peticionarios alegan que insistieron ante la Fiscalía para que recogiera sus denuncias por las supuestas torturas que su hijo habría sufrido hasta que finalmente el 9 de septiembre de 1992 la 17 Fiscalía Provincial Penal de Lima las registró. Sin embargo, afirman los peticionarios que la Fiscalía no habría llevado a cabo investigación alguna. Asimismo, aseveran que la presunta víctima denunció las supuestas torturas en el proceso que se le llevó ante la Sala Nacional de Terrorismo.



Glicerio Aguirre Pacheco (P-691-98)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Glicerio Aguirre Pacheco y su hija, Laura Aguirre Mallqui, fue recibida por la CIDH en noviembre de 1998, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega haber sido detenido el 26 de abril de 1998. Afirma que días después su domicilio fue allanado sin orden judicial, y que la DINCOTE lo habría llevado a sus calabozos por 45 días, tras lo cual habría pasado 40 días en un cuartel militar, sitios donde habría sido torturado. Asevera que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que lo condenó a 30 años de prisión por el delito de traición a la patria.




  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003 y la anulación del proceso ante el fuero penal militar, se le abrió un nuevo proceso en el que la Sala Penal Nacional lo absolvió de la acusación fiscal por el delito de terrorismo, el 30 de marzo de 2006, ordenando su libertad inmediata. Ante ello, la Fiscalía interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 19 de marzo de 2008 por la Sala Penal Permanente, que declaró nula la sentencia en el extremo en que había absuelto al peticionario, ordenando que se llevara a cabo un nuevo juicio. Consta en el expediente que el 1 de junio de 2009 la Sala Penal Nacional absolvió al peticionario, ordenando el archivo definitivo del proceso y la cancelación de los antecedentes judiciales. Al mismo tiempo, la Sala Penal Nacional ordenó que se elevara un recurso de nulidad de oficio “por tratarse de una sentencia desfavorable a los intereses del Estado”. Las partes no aportaron información sobre el resultado de dicho recurso.




  1. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el proceso llevado en su contra ante la Sala Penal Nacional, el peticionario alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Wilbert Baltazar Mamani Cueva (P-935-03)


  1. La petición, presentada por Marisol Nicolasa Mamani Cueva a favor de Wilbert Baltazar Mamani Cueva, fue recibida por la CIDH el 7 de noviembre de 2003, y se transmitió al Estado el 19 de agosto de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que la presunta víctima fue juzgada por el delito de traición a la patria ante la jurisdicción penal militar, y el delito de terrorismo ante la jurisdicción ordinaria, con sentencias que quedaron en firme en los años de 1992 y 1996. El proceso seguido ante las autoridades castrenses fue resuelto en sentencia de 28 de noviembre de 1992, en la que a la presunta víctima se le condenó a cadena perpetua, en tanto, el juicio ventilado ante la jurisdicción ordinaria, fue resuelto por sentencia de apelación dictada el 22 de mayo de 1996 por la Sala Especial de Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia, que impuso la sanción de 20 años de prisión, ‘refundida’ a la pena fijada en el fuero militar. Tras la anulación de éstos procesos por efecto de la sentencia dictada el 03 de enero de 2003 por el Tribunal Constitucional, se le abrió un nuevo proceso que culminó con una sentencia condenatoria por el delito de terrorismo de 13 años y 8 meses que fue expedida el 2 de junio de 2006 por la Sala Penal Nacional. La presunta víctima no impugnó dicha sentencia. Sin embargo, la peticionaria alega que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según se desprende del expediente aportado por las partes, en los procesos penales seguidos en su contra alegó la invalidez de las pruebas con base en las que se le estaba juzgando por haber sido obtenidas mediante tortura.


Augusto Flores Luján (P-777-04)


  1. 22. La petición, presentada a nombre propio por Augusto Flores Luján fue recibida por la CIDH el 30 de agosto de 2004, y se transmitió al Estado el 19 de agosto de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que prestaba su servicio militar obligatorio en el cuartel “Los Cabitos” de Ayacucho, cuando fue detenido el 14 de noviembre de 1994, acusado de perpetrar atentados terroristas, siendo juzgado por la jurisdicción militar, que lo condenó a cadena perpetua. Adicionalmente, el peticionario reclama que las autoridades peruanas allanaron su domicilio, incautándosele libros que por tener “corte marxista”, fueron utilizados como prueba en el proceso penal seguido ante la jurisdicción militar.




  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que dicha condena fue anulada tras la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2003, con lo que se le inició un nuevo juicio ante la jurisdicción ordinaria. El 21 de septiembre de 2005, la I Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica lo condenó por el delito de terrorismo a 20 años de prisión por su participación en atentados, así como la realización de “pintas y volanteos”. El peticionario interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia que fue resuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria el 26 de abril de 2006, dejando en firme la condena. El peticionario afirma que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, por lo que en el proceso llevado a cabo después de 2003, alegó que todas las pruebas obtenidas mediante dichos actos, debían ser descartadas.


Benigno Villanueva Ríos (P-1220-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Benigno Villanueva Ríos fue recibida por la Comisión el 10 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 26 de agosto de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que la presunta víctima fue condenada el 21 de julio de 1997 por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima por actos de colaboración con el terrorismo a 25 años de prisión. Tras la anulación de dicha condena gracias a la sentencia de 2003 del Tribunal Constitucional, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El 27 de septiembre de 2004 fue condenado a 20 años de prisión por la Sala Nacional de Terrorismo. El 14 de marzo de 2005 interpuso un recurso de habeas corpus pidiendo su liberación, mas dicho recurso fue declarado improcedente el 19 de marzo de 2005 por el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima. Tras impugnar dicha sentencia, el 20 de mayo de 2005 la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia la habría confirmado.




  1. Finalmente, el peticionario aduce que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Gloria Beatriz Jorge López (P-1413-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Gloria Beatriz Jorge López fue recibida por la Comisión el 27 de diciembre de 2004, y se transmitió al Estado el 18 de mayo de 2009. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que Gloria Beatriz Jorge López fue condenada el 17 de noviembre de 1993 por un juez de la Fuerza Aérea del Perú que la condenó a 30 años de prisión por el delito de traición a la patria. Dicha sentencia quedó en firme tras la sentencia del 29 de noviembre de 2002, emitida por la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar que rechazó un recurso extraordinario contra la misma. El 5 de diciembre de 2002, el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró nulas las sentencias emitidas contra la peticionaria, y posteriormente decidió derivar su caso al fuero ordinario. El 7 de enero de 2003 un juez penal en Lima ordenó que se abriera instrucción con mandato de detención en su caso, pero luego derivó nuevamente la competencia de su caso a un juzgado especializado transitorio en materia de terrorismo. Finalmente, el 20 de octubre de 2003 la Sala Nacional de Terrorismo la condenó a 19 años de prisión. La peticionaria interpuso un recurso de nulidad, que fue resuelto el 30 de marzo de 2004 por la Sala Penal Permanente, confirmando la sentencia.




  1. La peticionaria reclama que aunque se anuló la sentencia dictada en su contra en el fuero militar, ello no significó la anulación del proceso seguido ante dicha jurisdicción y que las pruebas recabas en la misma fueron utilizadas en el juicio ventilado ante el juez penal de la jurisdicción ordinaria; aduce que se afectó el principio de legalidad dada la similitud de los tipos penales de traición a la patria y terrorismo. Finalmente alega que se vulneraron sus garantías judiciales porque la sentencia dictada en segunda instancia aumentó la pena que se estableció en primera instancia, y arguye también que se violó su derecho a un juez natural, primero al ser condenada por tribunales militares, y luego por juzgada por tribunales especializados y transitorios de terrorismo.




  1. Finalmente, la peticionaria asegura que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el proceso iniciado en la década de los noventa, particularmente mediante su declaración realizada ante el Instructor de la DINCOTE el 22 de abril de 1993, puso en conocimiento de las autoridades dichos hechos.


Waldo Wilmer Quezada Valencia (P-1230-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Waldo Wilmer Quezada Valencia, fue recibida por la Comisión el 12 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 26 de agosto de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario reclama que lo detuvieron el 6 octubre de 1992, cuando se encontraba en su lugar de trabajo, como celador de un inmueble, siendo llevado a las instalaciones de la DINCOTE donde habría sido torturado. Desde el 6 de noviembre de 1992 fue recluido en Castro Castro. El peticionario sostiene haber sido juzgado por el fuero penal militar, siendo condenado el 16 de noviembre de 1992 a cadena perpetua. Del expediente aportado por las partes se desprende que dicha sentencia fue anulada, con lo que se le inició un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que fue condenado a 15 años de prisión, el 4 de enero de 2006 por la I Sala Especializada de Trujillo, sentencia que quedó en firme el 23 de julio de 2007, cuando la Segunda Sala Penal Transitoria declaró que no hubo nulidad en la sentencia condenatoria.




  1. Finalmente, el peticionario afirma que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el proceso iniciado después de 2003, habría cuestionado que todas las pruebas obtenidas mediante dichos actos, debían ser descartadas.


Juan Alonso Aranda Company (P-804-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Juan Alonso Aranda Company, fue recibida por la Comisión el 23 de agosto de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido herido de bala por la DINCOTE el 12 de junio de 1993, siendo posteriormente torturado por espacio de 5 horas, tras lo cual fue finalmente llevado a un hospital, donde permaneció 3 días, siendo llevado nuevamente a los calabozos de la DINCOTE, donde afirma haber sido torturado nuevamente para que se autoinculpara de pertenecer al Sendero Luminoso. El peticionario alega haber sido juzgado por la jurisdicción penal militar, siendo condenado por el delito de traición a la patria a cadena perpetua el 20 de agosto de 1993. Del expediente aportado por las partes se desprende que el peticionario interpuso un recurso de nulidad, que fue resuelto confirmando la sentencia de primera instancia el 7 de diciembre de 1993 por el Tribunal Supremo Militar Especial. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso en el que fue condenado el 9 de diciembre de 2005 por la Sala Penal Nacional a 30 años de prisión. El peticionario interpuso un recurso de nulidad, que fue resuelto el 7 de mayo de 2007 por la Sala Penal Transitoria, confirmando su condena. Afirma haber sido recluido en el Penal de Miguel Castro Castro, y el Penal de Yanamayo.




  1. El peticionario invoca irretroactividad en la aplicación del Decreto Legislativo 985 de 2007 que estableció el pago íntegro de la reparación civil como un requisito para obtener la libertad condicional, y anuló los beneficios de redención de tiempo de detención por trabajo y educación, así como el beneficio de semilibertad para aquellas personas condenadas a más de 30 años por el delito de terrorismo. Asimismo, invoca como violatoria la aplicación en su caso de la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. En criterio del peticionario, dicha ley violó su derecho de igualdad ante la ley. Adicionalmente, el peticionario sostiene que el requerir el pago de la reparación civil como una condición para obtener beneficios penitenciarios, significó una prisión por deudas violatoria del artículo 7 de la Convención.




  1. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, tanto ante la Sala Penal Nacional, como al interponer un recurso de nulidad ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Álvaro Espejo Sebastián (P-806-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Álvaro Espejo Sebastián, fue recibida por la Comisión el 23 de agosto de 2004, y se transmitió al Estado el 29 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega haber sido detenido el 14 de febrero de 1994 cuando estaba en su domicilio, que fue allanado sin orden judicial. Afirma que la DINCOTE lo habría llevado a sus calabozos por 21 días, tras lo cual habría pasado 90 días en una base militar, sitios donde habría sido torturado. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que lo condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003 y la anulación del proceso que lo había condenado a cadena perpetua, el peticionario interpuso un recurso de habeas corpus el 12 de septiembre de 2004, solicitando su excarcelación inmediata. El Décimo Octavo Juzgado Especializado Penal de Lima declaró dicha solicitud improcedente el 13 de septiembre de 2004, tras lo que el peticionario interpuso un agravio constitucional que fue resuelto por el Tribunal Constitucional el 17 de mayo de 2005, confirmando dicha sentencia. En el proceso que se le abrió ante la jurisdicción ordinaria, fue condenado a 30 años de prisión por la Sala Penal Nacional el 13 de marzo de 2006, ante lo cual interpuso un recurso de nulidad, que fue resuelto por la Sala Penal Permanente de Corte Suprema el 25 de febrero de 2008, ratificado su condena.
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