Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



Descargar 499.8 Kb.
Página4/12
Fecha de conversión06.11.2017
Tamaño499.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




  1. El peticionario alega también la irretroactividad, ilegalidad y violaciones en su derecho de igualdad ante la ley en las normas que restringieron o anularon sus beneficios penitenciarios. Finalmente, el peticionario asegura que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente, tanto ante la Sala Penal Nacional, como al interponer un recurso de nulidad ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Juan Cancio García Robles (P-808-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Juan Cancio García Robles, fue recibida por la Comisión el 2 de septiembre de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. Afirma el peticionario que fue juzgado por la justicia penal militar por el delito de traición a la patria, condenándosele a cadena perpetua. Del expediente aportado por las partes se desprende que el peticionario interpuso un recurso de habeas corpus que fue decidido a su favor el 15 de octubre de 2002 por el Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, declarando nulo el proceso y ordenando a la justicia militar a remitir su causa al fuero común. Se le inició entonces un nuevo proceso ante la Sala Nacional de Terrorismo. El 20 de septiembre de 2004 el Vigésimo Quinto Juzgado Penal declaró improcedente un habeas corpus interpuesto por el peticionario contra la Sala Nacional de Terrorismo arguyendo que su detención era ilegal y arbitraria. El 14 de diciembre de 2004 la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó dicha decisión, tras ser recurrida por el peticionario. Tras ello, éste interpuso un agravio constitucional que fue resuelto por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2005, alegando que si bien se había producido un mandato de detención en su contra, al llevar 133 meses detenido sin sentencia, se había violado el plazo máximo de detención preventiva establecido en el Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, el Tribunal Constitucional negó el recurso basándose en que el DL 922 establece que el plazo máximo de detención en casos como el suyo se cuenta a partir del “auto de apertura de instrucción del nuevo proceso”, que en su caso fue expedido el 23 de mayo de 2003. Finalmente, el 8 de septiembre de 2005 el peticionario fue condenado a 25 años de prisión por el delito de terrorismo, ante lo cual interpuso un recurso de nulidad que fue decidido el 10 de mayo de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, confirmando su condena.




  1. El peticionario alega irretroactividad en la aplicación del Decreto Legislativo 985 de 2007 que estableció el pago íntegro de la reparación civil como un requisito para obtener la libertad condicional, y anuló los beneficios de redención de tiempo de detención por trabajo y educación, así como el beneficio de semilibertad para aquellas personas condenadas a más de 30 años por el delito de terrorismo. Asimismo, invoca como violatoria la aplicación en su caso de la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. En criterio del peticionario, dicha ley violó su derecho de igualdad ante la ley. Adicionalmente, el peticionario alega que el requerir el pago de la reparación civil como una condición para obtener beneficios penitenciarios, significó una prisión por deudas violatoria del artículo 7 de la Convención.




  1. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, al interponer un recurso de nulidad ante la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Wilfredo Patricio Guzmán Moya (P-778-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Wilfredo Patricio Guzmán Moya, fue recibida por la CIDH el 20 de agosto de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 18 de febrero de 1994 por la DINCOTE. Afirma que tras ser aislado y torturado por 30 días, se le abrió un proceso ante la jurisdicción penal militar, que lo condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Fue recluido en el penal de Miguel Castro Castro. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El 13 de marzo de 2006, la Sala Penal Nacional lo condenó a 30 años de prisión. El peticionario interpuso entonces un recurso de nulidad, que fue decidido por la Sala Penal Permanente, que el 25 de febrero de 2008 declaró no haber nulidad en la sentencia que lo condenó a 30 años de prisión.




  1. El peticionario alega irretroactividad en la aplicación del Decreto Legislativo 985 de 2007 que estableció el pago íntegro de la reparación civil como un requisito para obtener la libertad condicional, y anuló los beneficios de redención de tiempo de detención por trabajo y educación, así como el beneficio de semilibertad para aquellas personas condenadas a más de 30 años por el delito de terrorismo. Asimismo, invoca como violatoria la aplicación en su caso de la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. En criterio del peticionario, dicha ley violó su derecho de igualdad ante la ley. Adicionalmente, el peticionario añade que el requerir el pago de la reparación civil como una condición para obtener beneficios penitenciarios, significó una prisión por deudas violatoria del artículo 7 de la Convención.




  1. El peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en los procesos de primera y segunda instancia ante la jurisdicción ordinaria que le fueron abiertos con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Isaac Quispe Gonzáles (P-905-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Isaac Quispe Gonzáles, fue recibida por la CIDH el 17 de septiembre de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que fue detenido el 31 de julio de 1993 por la DINCOTE cuando estaba en su domicilio, que fue allanado. Afirma que la DINCOTE lo habría llevado a sus calabozos por 25 días, tras lo cual habría pasado 18 días en una base militar, sitios donde habría sido torturado. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que lo condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria el 5 de agosto de 1993, sentencia que habría sido confirmada el 30 de septiembre de 1993. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. En dicho proceso fue condenado a 27 años de prisión el 8 de septiembre de 2005 por el delito de terrorismo. El peticionario interpuso un recurso de nulidad que fue decidido el 10 de mayo de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, confirmando su condena.




  1. Finalmente, el peticionario dice haber sido objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, tanto ante la Sala Penal Nacional, como al interponer un recurso de nulidad ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, habría alegado que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


José Manuel Mattos Palacios (P-949-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por José Manuel Mattos Palacios, fue recibida por la CIDH el 27 de septiembre de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 2 de diciembre de 1992 por la DINCOTE, siendo llevado a sus calabozos por 30 días, donde habría sido víctima de actos de tortura. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que lo condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria, donde fue condenado por el delito de terrorismo a 25 años de prisión por la Sala Penal Nacional, el 20 de marzo de 2006. Ante ello el peticionario y el Fiscal interpusieron un recurso de nulidad, que fue resuelto el 2 de mayo de 2007 por la Sala Penal Permanente, dejando en firme la sentencia condenatoria, pero ampliando el tiempo de condena a 30 años.




  1. El peticionario alega también la irretroactividad, ilegalidad y violaciones en su derecho de igualdad ante la ley en las normas que restringieron o anularon sus beneficios penitenciarios, y aduce que la obligación de pagar íntegramente el monto de la reparación civil para acceder a otros beneficios penitenciarios, constituye una prisión por deudas. Asimismo, el peticionario dice haber sido objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y que debido a los golpes que le propinaron, se le causaron numerosas heridas, entre ellas la desviación de su tabique nasal, que hasta la fecha le impide respirar correctamente. Según consta en el expediente aportado, el peticionario, al interponer un recurso de nulidad ante la Sala Penal Permanente, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Rodolfo Palmi García (P-983-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Rodolfo Palmi García, fue recibida por la CIDH el 7 de abril de 2006, y se transmitió al Estado el 20 de agosto de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que fue detenido el 12 de junio de 1993 por la DINCOTE, que lo habría llevado a sus calabozos por 31 días, donde habría permanecido vendado y “enmarrocado”. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que habría culminado el 24 de julio de 1993 cuando fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Dicha sentencia habría sido confirmada el 20 de agosto de 1993, y finalmente el Tribunal Especial de la Marina habría establecido el 7 de diciembre de 1993 que no había nulidad en las sentencias recurridas por el peticionario. Afirma haber sido recluido en el Penal de Yanamayo.




  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El peticionario interpuso un habeas corpus alegando que su detención era ilegal y arbitraria. Dicho recurso fue finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional el 3 de marzo de 2003 declarando nulo el proceso que lo condenó a cadena perpetua en la jurisdicción militar, pero aclarando que según los parámetros del Decreto Legislativo 922, no correspondía ordenar su excarcelación. Posteriormente, el peticionario interpuso otro habeas corpus arguyendo violación de sus derechos constitucionales en el proceso ante la jurisdicción ordinaria, que fue decidido el 10 de enero de 2005 por el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima declarándolo infundado. Respecto de la solicitud de excarcelación del peticionario, el juzgado estableció que el Decreto Legislativo 922 estipula que el plazo máximo de detención en casos como el suyo se cuenta a partir del “auto de apertura de instrucción del nuevo proceso” (término que según el Código de Procedimiento Penal sería de hasta 36 meses respecto de personas acusadas de terrorismo), que en su caso se habrían empezado a contar desde que fue expedido el 2 de mayo de 2003. Dicha sentencia fue ratificada el 28 de febrero de 2005 por la Corte Superior de Justicia de Lima, y el 8 de agosto de 2005 por el Tribunal Constitucional.

  2. Del expediente aportado por las partes se desprende también que el peticionario fue condenado a 25 años de prisión el 9 de noviembre de 2005 por la Sala Penal Nacional. El 7 de mayo de 2007, la Sala Penal Transitoria de Lima dejó en firme dicha sentencia, tras resolver un recurso de nulidad contra la misma.




  1. El peticionario alega que se produjo una aplicación retroactiva de la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. En criterio del peticionario, dicha ley violó su derecho de igualdad ante la ley. Adicionalmente, el peticionario añade que el requerir el pago de la reparación civil como una condición para obtener beneficios penitenciarios, significó una prisión por deudas violatoria del artículo 7 de la Convención.




  1. Finalmente, el peticionario afirma haber sido objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el juicio seguido en su contra ante la Sala Penal Nacional, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Alex Manuel Puente Cárdenas (P-1012-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Alex Manuel Puente Cárdenas, fue recibida por la CIDH el 4 de octubre de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 2 de septiembre de 1993 por la DINCOTE, que lo habría llevado a sus calabozos por 30 días, donde habría sido torturado. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que habría culminado el 24 de julio de 1993 cuando fue condenado a 25 años de prisión por el delito de traición a la patria. Alega haber sido recluido en el Penal de Yanamayo. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El peticionario interpuso un habeas corpus arguyendo que su detención era ilegal y arbitraria. Dicho recurso fue finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional el 8 de agosto de 2005, declarando nulo parcialmente el proceso hasta tanto no se realizaran las pruebas y declaraciones solicitadas por el peticionario, pues a la fecha se habían omitido, pero aclarando que según los parámetros del Decreto Legislativo 922, no correspondía ordenar su excarcelación. El 11 de abril de 2006 la Sala Penal Nacional lo condenó a 18 años de prisión, ante lo cual el peticionario interpuso un recurso de nulidad que fue decidido el 19 de octubre de 2007 por la Sala Penal Permanente, dejando en firme la condena. Finalmente, consta también en el expediente que el peticionario interpuso un habeas corpus alegando que en su caso, ya se había producido la caducidad de la acción penal, pues en el momento de los hechos por los que se le había procesado, estaba en vigencia una norma que establecía que en ningún caso la acción penal podía ejercerse para las personas menores de 21 años, más de 10 años después de haberse producido los hechos que le daban lugar, con lo que la acción penal en su contra habría prescrito en 2002. Dicho recurso fue finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional el 9 de agosto de 2008, declarando el recurso fundado en cuanto a la falta de motivación, e infundado en cuanto a la solicitud de excarcelación. Con base en dicha decisión, el Tribunal Constitucional ordenó a la Sala Penal Nacional que expidiera una nueva resolución en torno a la solicitud de prescripción de la acción penal. La Comisión no cuenta con información sobre el resultado de ésta nueva resolución.




  1. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, tanto en el juicio seguido en su contra ante la Sala Penal Nacional, como aquel ante la Sala Penal Permanente, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.

Eloy Nelson Ramírez Falero (P-1016-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Eloy Nelson Ramírez Falero, fue recibida por la CIDH el 13 de septiembre de 2004, y se transmitió al Estado el 26 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 20 de diciembre de 1998 por la DINCOTE, que lo habría llevado a sus calabozos por 30 días, donde habría sido torturado. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, donde fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Afirma haber sido recluido en el Penal de Yanamayo. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El 3 de abril de 2006, la Sala Penal Nacional condenó al peticionario a 24 años de prisión por el delito de terrorismo. El peticionario alega que interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia.




  1. Del expediente aportado por las partes también se desprende que el peticionario interpuso recursos invocando que la acción penal en su contra había prescrito. Así, el 7 de septiembre de 2004 el peticionario interpuso un recurso de habeas corpus contra la Sala Nacional de Terrorismo, arguyendo que su detención era ilegal y arbitraria. Dicho recurso fue declarado improcedente en primera instancia, pero posteriormente fue revertido en segunda instancia. Finalmente, el 27 de marzo de 2007, el Tribunal Constitucional decidió declarar nula la concesión del recurso de agravio constitucional, y ordenó devolver lo actuado a la Primera Sala Especializada en lo Penal para procesos con Reos en Cárcel. El 24 de noviembre de 2009, María Luz Miranda Yupanqui interpone otro recurso de habeas corpus en beneficio del peticionario, alegando que en su caso había operado la caducidad de la acción penal, puesto que se le había procesado y condenado por hechos ocurridos en 1992, cuando tenía menos de 20 años, con lo que tanto el plazo de caducidad de la acción penal de 10 años establecido en ese momento en el Código Penal para menores de 21 años, como el plazo ordinario de 20 años ya habrían operado. Dicho recurso fue resuelto finalmente por el Tribunal Constitucional el 18 de enero de 2010, declarando la improcedencia del recurso. Consta en el expediente que María Luz Miranda Yupanqui interpuso otro recurso de habeas corpus haciendo el mismo alegato, y éste fue resuelto el 24 de noviembre de 2009 por el Primer Juzgado Penal de Ica, declarándolo improcedente. Finalmente, el 6 de enero de 2011, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda, al determinar que si bien el peticionario no podía ser procesado por aquellos hechos cometidos antes de 1991, sí podía serlo por aquellos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de las reformas que ampliaron el plazo de caducidad de la acción penal, como en efecto lo había hecho la Sala Penal Nacional.




  1. El peticionario afirma que las reformas al Código Penal que expandieron los plazos de caducidad de la acción penal con posterioridad a los hechos por los cuales se le procesó, le fueron aplicadas retroactivamente. El peticionario alega también la irretroactividad, ilegalidad y violaciones en su derecho de igualdad ante la ley en las normas que restringieron o anularon sus beneficios penitenciarios. Finalmente, el peticionario dice haber sido objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, tanto en el juicio seguido en su contra ante la Sala Penal Nacional, como aquel ante la Sala Penal Permanente, habría argüido que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Javier Luis Quevedo Yauremucha y Lourdes Zamora Hurtado (P-1188-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Javier Luis Quevedo Yauremucha y Lourdes Zamora Hurtado, cónyuge del señor Quevedo Yauremucha, fue recibida por la CIDH el 10 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 5 de junio de 2009. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión. El 5 de noviembre de 2004, la Comisión recibió también una solicitud de medida cautelar en beneficio del peticionario, que fue notificada al Estado el 16 de noviembre de 2004, solicitándosele información adicional y actualizada sobre la situación del peticionario. Dicha solicitud de medida cautelar fue rechazada por la Comisión, y el 8 de febrero de 2012, ambas partes fueron informadas de la decisión de cierre de la misma.

  2. El peticionario dice haber sido detenido el 26 de junio de 1996 por la DINCOTE, cuando estaba en su domicilio, que fue allanado. El peticionario alega haber sido acusado de haber liderado un grupo estudiantes de derecho de afiliación ideológica con el Sendero Luminoso, y haber dirigido una marcha estudiantil donde fueron asesinados 8 estudiantes supuestamente en manos de agentes del Estado. Sostiene que habría sido primero llevado a los calabozos de la DINCOTE por 40 días, donde habría sido torturado, para luego ser trasladado a la Base Naval del Callao, donde habría permanecido por 60 días, aislado e incomunicado. Afirma que sin embargo, el 17 de septiembre de 1993, la Sala Especial para delitos de terrorismo habría declarado que no había mérito para abrir juicio contra el peticionario. Sin embargo, alega el peticionario que en 1997 se le habría abierto un proceso por los mismos hechos en el cual fue absuelto, pero afirma que la Corte Suprema de Justicia habría anulado dicha absolución, ordenando nuevo juicio oral, que finalmente se habría declarado sobreseído el 22 de septiembre de 2000. La CIDH toma nota de la copia de una decisión adoptada por la Sala Nacional de Terrorismo el 30 de mayo de 2003, aportada por el Estado, en que dicho tribunal establece que el sobreseimiento es improcedente, declarando nulo todo lo actuado.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal