Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El 30 de diciembre de 2004 el señor Quevedo Yauremucha fue condenado a 12 años de prisión por actos de apoyo logístico y propaganda a favor de Sendero Luminoso. El peticionario interpuso recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue decidido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que el 2 de septiembre de 2005 declaró no haber nulidad en la misma. Asimismo, el 3 de junio de 2005, el peticionario fue absuelto de algunos actos de terrorismo que se le imputaban, pero fue condenado a 15 años de prisión por asociación terrorista. El peticionario interpuso un recurso de nulidad, que fue resuelto por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida el 13 de octubre de 2005. Consta en el expediente que a la presunta víctima se le abrieron otros procesos penales, en los cuales operó la excepción de cosa juzgada. En efecto, el 11 de abril de 2005 y el 11 de abril de 2006, la Sala Penal Nacional declaró que ya existía cosa juzgada en dos procesos en los que se le estaba intentando juzgar otra vez por hechos que éste tribunal consideró eran hechos por los que ya había sido juzgado.




  1. El peticionario afirma también que las condiciones de detención a que fue sometido, agravaron un problema de salud pulmonar, que se habría empeorado con la negativa del Estado de darle un tratamiento médico especializado que necesitaba. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el primer juicio seguido en su contra ante la Sala Penal Permanente, alegó que las pruebas aportadas al proceso estaban viciadas de nulidad por haber sido obtenidas bajo coacción.


Roberto Lorenzo Rodríguez Arévalo (P-1195-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Roberto Lorenzo Rodríguez Arévalo, fue recibida por la CIDH el 9 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 22 de marzo de 1995 por la DINCOTE, siendo llevado a sus calabozos por 31 días, donde habría sido víctima de actos de tortura. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que el 11 de mayo de 1995 lo condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Afirma que fue recluido en el penal de Miguel Castro Castro. Del expediente aportado por las partes se desprende que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria, donde fue condenado por el delito de terrorismo a 30 años de prisión por la Sala Penal Nacional, el 16 de mayo de 2006. Ante ello el peticionario interpuso un recurso de nulidad, que fue resuelto el 14 de diciembre de 2006 por la Primera Sala Penal Transitoria.




  1. El peticionario también alega que el Estado ha restringido y finalmente anulado su posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, así como sus posibilidades de estudio y trabajo al interior de la cárcel. Finalmente, el peticionario afirma que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, por lo que afirma que en la audiencia oral del juicio ante la Sala Penal Nacional habría alegado que el juicio estaba viciado.


Fortunato Felix Utrilla Aguirre (P-1204-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Fortunato Felix Utrilla Aguirre, fue recibida por la CIDH el 9 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que fue detenido el 9 de abril de 2000 por la DINCOTE, que lo habría llevado a sus calabozos por 15 días, donde habría sido torturado. Afirma que luego de esto fue trasladado a la División de Fuerzas Especiales del Ejército, donde permaneció recluido por 6 meses, durante los que se le habría abierto un juicio ante la jurisdicción penal militar, que no había culminado con sentencia alguna cuando fue anulado tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003. A raíz de ello, afirma que se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. Así, el 21 de mayo de 2004, la Sala Nacional de Terrorismo condenó al peticionario a 15 años de prisión por el delito de terrorismo. El peticionario interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia que fue resuelto el 17 de noviembre de 2004 por la Segunda Sala Penal Transitoria, que declaró no haber nulidad en la misma, dejándola en firme.




  1. El peticionario también alega que el Estado ha restringido y finalmente anulado su posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, así como sus posibilidades de estudio y trabajo al interior de la cárcel. Finalmente, el peticionario asevera que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


David Alcides Gutierrez Cueva (P-1280-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por David Alcides Gutierrez Cueva, fue recibida por la CIDH el 30 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 20 de marzo de 2013. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que fue detenido el 23 de diciembre de 1993 por la DINCOTE, que lo habría llevado a sus calabozos por 32 días, donde habría sido fuertemente golpeado. Luego de esto habría sido llevado a un cuartel militar, donde permaneció por 35 días. Afirma que posteriormente se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, donde fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El 17 de febrero de 2005, el Tribunal Constitucional declaró infundada en última instancia una acción de habeas corpus interpuesta por el peticionario en que pedía su excarcelación por considerar que se había producido un exceso en el tiempo que había permanecido bajo detención preventiva. El Tribunal Constitucional negó el recurso basándose en que el DL 922 establece que el plazo máximo de detención en casos como el suyo se cuenta a partir del “auto de apertura de instrucción del nuevo proceso”, que en su caso fue expedido el 9 de mayo de 2003, por lo que el término de 36 meses establecido en la ley no se habría cumplido en ese momento. El 10 de octubre de 2005, el peticionario fue condenado por la Sala Penal Nacional a 22 años de cárcel por el delito de terrorismo, ante lo cual tanto el peticionario como la Fiscalía interpusieron un recurso de nulidad, que fue resuelto por la Sala Penal Transitoria el 11 de mayo de 2007, ratificando la condena, pero estableciendo que su término debía ser de 25 años.




  1. El peticionario también afirma que el Estado ha restringido y finalmente anulado su posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, así como sus posibilidades de estudio y trabajo al interior de la cárcel. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en los juicios llevados ante la Sala Penal Nacional así como la Sala Penal Transitoria, alegó que habían sido víctima de torturas.


Felipe Tenorio Barbarán (1244-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Felipe Tenorio Barbarán, fue recibida por la CIDH el 16 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega haber sido detenido el 17 de mayo de 1994 cuando estaba en el domicilio de un amigo, que habría sido allanado sin orden judicial. El peticionario aduce que para capturarlo, la DINCOTE habría torturado tanto a sus suegros, como a su compañera, quien habría sido llevada a los calabozos de la DINCOTE por dos meses, mientras seguía siendo torturada para que revelara el paradero del peticionario. Afirma que una vez lo capturaron, la DINCOTE lo habría llevado a sus calabozos por 35 días, tras lo cual habría pasado 20 días en una base militar, sitios donde habría sido torturado. Afirma también el peticionario que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que lo condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, siendo recluido en el Penal de Yanamayo.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria, siendo condenado a 35 años de prisión por la Sala Penal Nacional el 5 de diciembre de 2005. Tanto el peticionario como la Fiscalía interpusieron recursos de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 26 de septiembre de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no haber nulidad en la misma.




  1. El peticionario alega que se produjo una aplicación retroactiva de la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. En criterio del peticionario, dicha ley violó su derecho de igualdad ante la ley. Finalmente, el peticionario aduce que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el juicio seguido en su contra ante la Sala Penal Nacional, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Aydé Sebastiana Chumpitaz Luyo (P-1305-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Aydé Sebastiana Chumpitaz Luyo, fue recibida por la CIDH el 2 de diciembre de 2004, y se transmitió al Estado el 26 de agosto de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria afirma haber sido detenida el 27 de julio de 1998, cerca de su domicilio, que previamente habría sido allanado sin orden judicial. La peticionaria aduce que habría sido llevada a los calabozos de la DINCOTE por 41 días, durante los cuales habría sido torturada. Afirma que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que la condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Asevera también haber sido recluida en el Penal de Chorrillos donde habría sufrido condiciones inhumanas de detención.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. La peticionaria interpuso un habeas corpus alegando que su detención era ilegal y arbitraria, que fue finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional el 16 de marzo de 2006, declarando que según los parámetros del Decreto Legislativo 922, no correspondía ordenar su excarcelación. La peticionaria fue condenada a 18 años de prisión por la Sala Penal Nacional el 9 de septiembre de 2005. Tanto ella como la Fiscalía interpusieron un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 18 de octubre de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declarando no haber nulidad en la misma.




  1. Reposa también en el expediente aportado por las partes, copias de documentos judiciales que indican que la peticionaria tenía otro proceso en curso por el delito de terrorismo ante la Primera Sala Penal Transitoria, en la que ésta fue absuelta el 12 de diciembre de 2006, sentencia que fue consentida por la Sala Penal Nacional el 11 de noviembre de 2008.




  1. La peticionaria alega que le fueron anulados los beneficios penitenciarios, lo que en su criterio violaría sus derechos humanos. Finalmente, la peticionaria afirma haber sido objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Ciro Teobaldo Canahualpa Valenzuela (P-1314-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Ciro Teobaldo Canahualpa Valenzuela, fue recibida por la CIDH el 2 de diciembre de 2004, y se transmitió al Estado el 10 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario afirma haber sido detenido de 1982 a 1983 mientras se le seguía una investigación criminal, de la cual habría sido finalmente absuelto. Afirma haber sido nuevamente detenido el 27 de julio de 1998, cuando estaba en su domicilio que habría sido allanado sin orden judicial. El peticionario aduce habría sido llevado a los calabozos de la DINCOTE durante 41 días, durante los cuales habría sido torturado. Refiere que luego de esto se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, que lo condenó a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. El peticionario afirma que apeló dicha sentencia e interpuso un recurso de excepción declinatoria de jurisdicción que fue inicialmente acogido, pero posteriormente fue revocado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, que lo condenó a 35 años de prisión. Alega haber sido recluido en el Penal de Yanamayo.




  1. El peticionario alega a manera de contexto, que él y su familia habrían sido objeto de una persecución por parte del Estado. Afirma que dos de sus hermanos habrían sido condenados por terrorismo y al igual que su esposa, la señora Aydé Sebastiana Chumpitáz Luyo (que presentó la petición 1305-04, comprendida en éste informe), habrían sido víctimas de la toma armada del Penal Castro Castro en 1992. Asimismo, asevera que en 1994 su madre habría sido detenida por la DINCOTE, y habría sido objeto de torturas que le causaron desprendimiento de la retina del ojo izquierdo, tras lo cual habría perdido la visión en dicho ojo. Finalmente, el peticionario afirma que otro de sus hermanos, Joel Berchman Canahualpa Valenzuela, fue una de las víctimas de la masacre de El Frontón.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que fue condenado por la Sala Penal Nacional a 18 años de prisión el 9 de septiembre de 2005. Tanto el peticionario como la Fiscalía interpusieron un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 18 de octubre de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no haber nulidad en la misma. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el juicio seguido en su contra ante la Sala Penal Nacional, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo dicha coacción.


Miguel Cornelio Calderón Sánchez (P-1348-04)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Miguel Cornelio Calderón Sánchez, fue recibida por la CIDH el 18 de noviembre de 2004, y se transmitió al Estado el 21 de febrero de 2012, concediéndole un plazo de dos meses para enviar sus observaciones, según lo establecido en el Reglamento de la CIDH entonces vigente. El 26 de abril de 2012 el Estado solicitó una prórroga para enviar sus observaciones, la cual fue rechazada de acuerdo con lo determinado en el artículo 10(3) del Reglamento. A la fecha de publicación de este informe, el Estado no ha presentado observaciones relativas al caso.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 1 de junio de 1995 por la DINCOTE, que lo habría llevado a sus calabozos por 47 días, donde habría sido objeto de distintas formas de tortura. El peticionario afirma que tiene varias secuelas físicas y psicológicas producto de la supuesta tortura que sufrió. Luego de esto habría sido llevado a una base militar, donde habría permanecido por varios meses. Afirma que posteriormente se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, donde fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, sentencia que habría impugnado infructuosamente. El peticionario afirma que habría sido encarcelado en el Penal de Yanamayo, donde continuó siendo objeto de torturas.




  1. El peticionario afirma que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria, en el que fue condenado el 7 de abril de 2006 a 20 años de prisión por la Sala Penal Nacional. Tras ello, habría interpuesto un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 18 de junio de 2008, confirmando la sentencia. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de agentes del Estado, y asevera que habría denunciado dichos hechos en su declaración policial.


Percy Glodoaldo Carhuas Tejada (P-34-05)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Percy Glodoaldo Carhuas Tejada, fue recibida por la CIDH el 7 de julio de 2005, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que fue detenido en su domicilio por la DINCOTE el 20 de diciembre de 1992, siendo objeto de torturas para que se inculpase del asesinato del líder sindical Pedro Huilca Tecse, ocurrido días antes29. Afirma que su domicilio habría sido allanado. Sostiene que fue entonces derivado al fuero penal militar, acusado del delito de traición a la patria, donde fue condenado a cadena perpetua.




  1. Del expediente aportado por las partes se desprende que el peticionario fue condenado a cadena perpetua el 8 de febrero de 1993 en el fuero penal militar, y dicha sentencia fue confirmada en segunda instancia el 7 de marzo de 1993 y finalmente por el Tribunal Supremo Militar el 9 de junio de 1993. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003 y la anulación del proceso que lo había condenado a cadena perpetua, el peticionario interpuso un recurso de habeas corpus el 12 de septiembre de 2004, solicitando su excarcelación inmediata. Dicho recurso fue finalmente decidido por Tribunal Constitucional el 12 de mayo de 2005, negando la solicitud del peticionario con base en el DL 922 y el artículo 137 del Código Procesal Penal, que mandaría en criterio de éste tribunal, que el plazo máximo de detención preventiva de 36 meses para casos de terrorismo, se contase desde el auto de detención emitido con posterioridad a la nulidad de los procesos llevados con anterioridad a 2003, lo que en su caso había ocurrido el 2 de abril de 2003. En el proceso que se le abrió ante la jurisdicción ordinaria fue absuelto de la acusación de participar en el asesinato del líder sindical Pedro Huilca Tecse30, mas fue condenado por el delito de afiliación terrorista a 12 años y 6 meses de prisión por la Sala Penal Nacional el 7 de marzo de 2006, ante lo cual interpuso un recurso de nulidad, que fue resuelto por la Sala Penal Transitoria el 21 de marzo de 2007, ratificado su condena.




  1. El peticionario afirma que pese a que recuperó su libertad tras pagar su condena, el Estado le obliga a cubrir el monto de reparación civil de 20 mil nuevos soles y ciento veinte días de multa, bajo la amenaza de que en caso tal de no cubrir dichos montos, podría ser encarcelado nuevamente, lo que el peticionario considera es violatorio de sus derechos humanos. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el proceso llevado en su contra ante la Sala Penal Nacional, el peticionario alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Miguel Atahualpa Inga (P-38-05)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Miguel Atahualpa Inga, fue recibida por la CIDH el 14 de enero de 2005, y se transmitió al Estado el 4 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión. El 11 de febrero de 2005, la Comisión recibió también una solicitud de medida cautelar en beneficio del peticionario, que fue notificada al Estado el 3 de agosto de 2005, solicitándosele información adicional y actualizada sobre su situación. Dicha solicitud de medida cautelar se mantiene en observación por parte de la Comisión.




  1. El peticionario, médico de profesión, afirma haber sido detenido en la ciudad de Huancayo el 22 de marzo de 1995 por la DINCOTE, siendo posteriormente llevado a su casa y consultorio médico para realizar un allanamiento de ambos sitios. Tras ello, refiere haber sido trasladado a la ciudad de Lima, donde habría sido recluido en los calabozos de la DINCOTE por 30 días. El peticionario dice haber sido derivado al fuero penal militar donde fue condenado el 11 de mayo de 1995 a 30 años de prisión por el delito de traición a la patria, señalado de prestar ayuda médica a miembros de Sendero Luminoso, y haberle dado hospedaje a una mujer señalada de ser miembro de dicho grupo. El peticionario habría interpuesto un recurso de nulidad que habría sido descartado el 7 de agosto de 1995 por el Tribunal Supremo Militar.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Junín a 20 años de prisión el 19 de marzo de 2004. El peticionario interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 23 de junio de 2004 por la Sala Penal de Huancayo, que declaró no haber nulidad en la misma.
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