Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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  1. El peticionario también alega que fue recluido en condiciones deplorables de detención en los penales de Piedras Gordas y Challapalca, sin que se le proporcionara acceso adecuado a tratamientos médicos esenciales para distintas enfermedades de las que padecería. Finalmente, el peticionario refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE. No obstante ello, la Comisión señala que el peticionario es a su vez presunta víctima de una petición ya admitida mediante informe 12/04, que versa inter alia sobre presuntos hechos de tortura por parte de agentes del Estado, durante su tiempo de reclusión en distintas cárceles peruanas.


Carlos Enrique Díaz Gonzáles (P-82-05)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Carlos Enrique Díaz González, fue recibida por la CIDH el 8 de enero de 2005, y se transmitió al Estado el 4 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 6 de octubre de 1992 por la policía, que lo habría llevado a sus calabozos por 30 días, donde habría sido objeto de distintas formas de tortura. El peticionario afirma que tiene varias secuelas físicas y psicológicas producto de la supuesta tortura que sufrió. Luego de esto habría sido llevado a una base militar, donde habría permanecido por varios meses. Afirma que posteriormente se le abrió un juicio ante la jurisdicción penal militar, donde fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, condena que impugnó infructuosamente. El peticionario alega también que habría sido encarcelado en el Penal de Yanamayo, donde continuó siendo objeto de torturas.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el peticionario fue condenado a cadena perpetua en la jurisdicción militar el 16 de noviembre de 1992, y dicha sentencia quedó en firme el 15 de abril de 1993, cuando el Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar para Asuntos de Traición a la Patria declaró no haber nulidad en la misma. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que fue condenado por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión el 4 de enero de 2006. La sentencia subió en consulta automática ante la Corte Suprema de Justicia, acompañada de una solicitud de nulidad parcial de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, que fue resuelta el 23 de julio de 2007 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no haber nulidad en la misma. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el juicio seguido en su contra ante la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo dicha coacción.


Marco Antonio Meneses Mendo (P-369-05)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Marco Antonio Meneses Mendo, fue recibida por la CIDH el 18 de febrero de 2005, y se transmitió al Estado el 8 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.



  1. El peticionario dice haber sido detenido por miembros de la DINCOTE el 14 de julio de 1989, debido a que tenía entre sus documentos un documento de identidad falso. Afirma que acto seguido fue llevado a los calabozos de la DINCOTE por 15 días, donde habría sido objeto de varias golpizas. Afirma que posteriormente fue sometido a 4 procesos penales que fueron cerrados y nuevamente abiertos en repetidas ocasiones, incluyendo un juicio ante la Sala Nacional de Terrorismo, donde fue absuelto en diciembre de 1990.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el peticionario fue absuelto el 27 de diciembre de 1990 por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de la Provincia Constitucional del Callao, sentencia que habría sido anulada por la Corte Suprema de Justicia el 26 de mayo de 1992, ordenando que se realizara un nuevo juicio oral. El 2 de junio de 1997, la Sala Penal de Terrorismo emitió también sentencia absolutoria, que fue nuevamente anulada por la Corte Suprema el 7 de mayo de 1998, ordenando nuevamente que se realizara otro juicio oral. El 6 de abril de 2000, se declaró sobreseída la acción penal contra el peticionario. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la Sala Nacional de Terrorismo, que finalmente lo absolvió el 10 de octubre de 2003. Siendo “desfavorable al Estado”, la sentencia se elevó en consulta ante la Corte Suprema de Justicia, que el 1º de diciembre de 2004, declaró que no había nulidad en la sentencia recurrida.




  1. Consta también en el expediente que el peticionario fue detenido el 24 de octubre de 1996, siendo procesado bajo los mismos cargos aunque basados en otros hechos que le fueron imputados, ante la Sala Nacional de Terrorismo, que el 23 de mayo de 1997 lo condenó a 25 años de prisión, sentencia que fue impugnada por el peticionario y confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 13 de mayo de 1998. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se la abrió un nuevo proceso penal en el que fue condenado a 9 años de prisión el 17 de octubre de 2003 por la Sala Nacional de Terrorismo. El Fiscal interpuso recurso de nulidad, que fue resuelto el 22 de junio de 2004 por la Sala Penal Permanente, anulando la condena impuesta para aumentarla a 20 años de prisión.




  1. Asimismo, consta que al peticionario se le abrió un nuevo proceso por terrorismo que culminó con una sentencia emitida el 30 de noviembre de 2006 que declaró fundada la excepción de cosa juzgada. El peticionario interpuso un recurso de nulidad solicitando que en su lugar se declarara su inocencia, pero el 7 de noviembre de 2007, la Primera Sala Penal Transitoria confirmó la declaración de cosa juzgada.




  1. El peticionario afirmó que en 1997, la Sala de Terrorismo lo condenó a 20 años de prisión por supuestos actos terroristas ocurridos entre 1992 a 1996, sentencia que habría sido confirmada por la Corte Suprema. Asegura, que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le habría abierto un nuevo proceso en el que finalmente habría sido absuelto en 2004 por la Sala Nacional de Terrorismo. Según manifestó, dicha sentencia fue recurrida por el Ministerio Público.




  1. El peticionario alega también que le fue aplicada retroactivamente la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. En criterio del peticionario, dicha ley violó su derecho de igualdad ante la ley. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el juicio seguido en su contra ante la Sala Penal Nacional, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo dicha coacción.


Rafaél Jara Macedo (P-657-05)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Rafaél Jara Macedo y por el abogado Pedro A. Jara Aguirre, fue recibida por la CIDH el 8 de junio de 2005, y se transmitió al Estado el 15 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La presunta víctima dice haber sido detenida el 21 de julio de 1994 en la ciudad de Arequipa por miembros de la División contra el Terrorismo de la Policía Nacional de Perú cuando retornaba de la Universidad sin mediar mandato judicial siendo trasladado a los calabozos de la mencionada división donde habría sido torturado física y psicológicamente y se lo habrían mantenido incomunicado y sin alimentos por varios días.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, el 13 de enero de 1994 el peticionario fue condenado por un tribunal sin rostro a 20 años de prisión por el delito de terrorismo, teniendo como base para dicha condena, que el peticionario había escrito letreros en las paredes de su ciudad, apoyando la acción armada de un grupo subversivo. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, dicho proceso fue anulado y el peticionario fue sometido nuevamente a un juicio de responsabilidad penal por el delito de terrorismo. El peticionario interpuso un recurso de prescripción de la acción penal, aduciendo que dado que al momento de la comisión de los hechos que se le imputaban, era menor de edad, según lo establecido en el Código Penal, el término de caducidad de la acción era de 10 años, que según alegó ya se habrían cumplido. Dicho recurso fue rechazado el 26 de noviembre de 2004. El peticionario interpuso entonces un recurso de nulidad, que fue resuelto el 11 de abril de 2005 por la Sala Penal Permanente dejando en firme la decisión de primera instancia. El 26 de agosto de 2005, la Sala Penal Nacional condenó al peticionario a 11 años un mes y 6 días de prisión. Teniendo en cuenta que el peticionario estaba preso desde el 21 de julio de 1994, se tuvo por cumplida la pena, y se ordenó su liberación inmediata. También consta en el expediente un documento mediante el cual la Corte Suprema de Justicia declaró insubsistente una acusación fiscal contra el peticionario, el 27 de septiembre de 2006.




  1. El peticionario también alega que fue trasladado arbitrariamente del Penal de Socabayo al Penal de Yanamayo, lo que afectó seriamente un problema cardiaco del que padecía, y lo alejó de la posibilidad de que su familia lo visitara. Según alega el peticionario, su madre habría interpuesto un recurso de habeas corpus en su favor, alegando que el traslado no respondía a ninguna razón objetiva y afectaba sus derechos fundamentales; sin embargo, dicho recurso habría sido rechazado por el Tribunal Constitucional. Finalmente, el peticionario refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y que puso en conocimiento de las autoridades dichos hechos. Aunque dicha información no puede identificarse en los anexos de los procesos penales aportados por las partes, el Estado no refutó que el peticionario hubiese puesto en conocimiento de las autoridades dichos hechos.

Emilio Gerónimo Capatinta Sullcarani  (P-846-05)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Emilio Gerónimo Capatinta Sullcarani, fue recibida por la CIDH el 26 de julio de 2005, y se transmitió al Estado el 16 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario aduce haber sido detenido por personal de la DINCOTE en su domicilio el 13 de junio de 1993 en la zona de Paucarpata, Arequipa, sin presencia de un Fiscal y sin mediar mandato judicial, siendo posteriormente llevado a sus calabozos donde aduce haber estado aproximadamente 20 días incomunicado, siendo objeto de actos de tortura. Acto seguido, indica que fue presentado ante la prensa vestido con un traje a rayas, siendo posteriormente recluido en el Penal de Yanamayo y luego trasladado al Penal de Socabaya de Arequipa.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, el peticionario fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Supremo de Justicia Militar el 15 de julio de 1993. El peticionario interpuso un habeas corpus alegando la ilegalidad de las pruebas por haber sido obtenidas bajo tortura, así como otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas en el proceso que se le siguió ante el fuero penal militar. El 23 de agosto de 2002 dicho recurso es resuelto en forma favorable, decisión que queda en firme el 10 de septiembre de 2002, cuando el Tribunal de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar confirma la decisión de primera instancia, y anula todo lo actuado ante dicha jurisdicción, ordenando que se procediera a la apertura de un nuevo proceso por delito de terrorismo en agravio del Estado ante la jurisdicción ordinaria. El 31 de mayo de 2004 la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Arequipa lo condenó a 25 años de prisión, ante lo cual el peticionario interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 4 de noviembre de 2004 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Arequipa, que dejó en firme la condena.




  1. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en el juicio seguido en su contra ante la Corte Superior de Arequipa, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo dicha coacción.


Miguel Ángel Talavera Estupiñán (P-897-05)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Miguel Ángel Talavera Estupiñán, fue recibida por la CIDH el 26 de julio de 2005, y se transmitió al Estado el 16 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario dice haber sido detenido el 5 de enero de 1993 por miembros de la policía nacional, encontrándose en su casa que habría sido allanada sin orden judicial. Posteriormente dice haber sido llevado a los calabozos de la DINCOTE donde habría permanecido por 26 días durante los cuales fue sometido a torturas en busca de que se declarara culpable del delito de terrorismo. Alega que se le inició un proceso ante la jurisdicción penal militar donde fue condenado a cadena perpetua, siendo recluido en el Penal Miguel Castro Castro en condiciones inhumanas de detención, sitio carcelario donde continúa recluido en la actualidad. El peticionario sostiene que en los años de encarcelamiento que ha llevado, su salud ha desmejorado al punto de contraer tuberculosis enteropertoneal, habiendo tenido que ser sometido a dos operaciones quirúrgicas.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el peticionario fue absuelto del delito de terrorismo el 9 de noviembre de 1985, sentencia que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia el 8 de septiembre de 1989, ordenando que se realizara un nuevo juicio oral, lo que no ocurrió por haberse declarado al peticionario como reo ausente.




  1. Posteriormente el peticionario fue condenado por el delito de traición a la patria ante la jurisdicción penal militar, ante lo cual interpuso un recurso de habeas corpus contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, solicitando que todo lo actuado ante dicha jurisdicción fuese anulado. El 22 de octubre de 2002 el Tribunal Constitucional declaró fundado dicho recurso, y ordenó que se realizara un nuevo proceso penal ante la jurisdicción ordinaria. A partir de éste momento, reposan en el expediente aportado por las partes, copias de 3 procesos penales llevados ante la jurisdicción ordinaria por el delito de terrorismo. El primer proceso fue extinto el 25 de mayo de 2004, cuando la Sala Nacional de Terrorismo declaró fundada la prescripción de la acción penal interpuesta por el peticionario, pues los hechos que se le imputaban en este proceso habrían ocurrido entre 1984 y 1986, y la Sala determinó que el término de prescripción operante era de 15 años. El peticionario habría sido sometido a un segundo proceso en el que el 12 de mayo de 2005 fue condenado a 25 años de prisión por la Sala Penal Nacional. El 1 de diciembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia confirmó dicha sentencia. Finalmente, reposan copias de un tercer proceso penal en que el peticionario fue condenado el 10 de marzo de 2006 por la Sala Penal Nacional a 15 años de prisión. El 28 de agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia –Segunda Sala Penal Transitoria- resuelve favorablemente un recurso interpuesto por la parte civil pidiendo que se aumentara el monto de la reparación de dicha condena.




  1. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, en los dos procesos seguidos en su contra ante la Sala Penal Nacional que culminaron en sentencia el 12 de mayo de 2005 y el 10 de marzo de 2006, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo dicha coacción.


Miguel Cuno Choquehuanca (P-1108-05)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Miguel Cuno Choquehuanca, fue recibida por la CIDH el 4 de octubre de 2005, y se transmitió al Estado el 30 de abril de 2009. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario refiere haber sido detenido el 7 de marzo de 1995 por miembros de la Policía Nacional de Perú cuando se desplazaba hacia su domicilio, siendo llevado a los calabozos de la DINCOTE donde permaneció 45 días, siendo sometido a actos de tortura. Indicó que posteriormente fue recluido en el penal Miguel Castro Castro y luego trasladado en varias oportunidades a distintos penales hasta llegar al penal de Piedras Gordas de Lima, encontrándose bajo condiciones inhumanas de detención. Aduce que durante su detención fue diagnosticado con adenoma de próstata y que presenta un deterioro de salud agravado por las condiciones de detención. El 11 de febrero de 2005, la Comisión recibió una solicitud de medida cautelar en favor del peticionario, que fue notificada al Estado el 3 de agosto de 2005, solicitándosele información adicional y actualizada sobre la situación del peticionario. Dicha solicitud de medida cautelar se mantiene en observación por parte de la Comisión.




  1. El peticionario afirma que tras su detención se le inició un proceso penal en fuero militar siendo acusado del delito de traición a la patria y condenado a 25 años de pena privativa de libertad. Según consta en el expediente aportado por las partes, el 13 de junio de 1995 el Juez Militar Especial de la Marina condenó al peticionario por el delito de traición a la patria a 25 años de prisión, sentencia que fue elevada al Consejo de Guerra Especial de la Marina, instancia judicial que dejó en firme la sentencia, modificando el tiempo de condena para aumentarlo a 30 años de prisión. Dicha sentencia fue objeto de un recurso de nulidad, que resolvió el Tribunal Supremo Militar el 11 de abril de 1996, nuevamente disminuyendo la condena a 25 años de prisión. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, su proceso y condena ante la jurisdicción penal militar, fueron anuladas, abriéndosele un nuevo proceso por el delito de terrorismo ante la jurisdicción ordinaria. Así, el 10 de agosto de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo condenó al peticionario a 20 años de prisión, ante lo cual éste interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia el 10 de febrero de 2005. Si bien la Corte Suprema dejó en firme la condena, reformó su duración, disminuyéndola a 15 años de prisión.




  1. Finalmente, el peticionario refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE. No obstante ello, la Comisión señala que el peticionario es a su vez presunta víctima de una petición ya admitida mediante informe 12/04, que versa inter alia sobre presuntos hechos de tortura por parte de agentes del Estado, durante su tiempo de reclusión en distintas cárceles peruanas.


Walter Sayas Baca (P-1236-05)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Walter Sayas Baca, fue recibida por la CIDH el 25 de octubre de 2005, y se transmitió al Estado el 15 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario afirma haber sido detenido el 13 de julio de 1992, en medio de una detención masiva supuestamente realizada en las calles de Lima, que habría culminado con la policía disparando. Según denuncia el peticionario, la detención era tan masiva que él habría corrido para alejarse, pero fue alcanzado por un proyectil disparado por la policía. Afirma que pese a estar herido, la policía lo siguió golpeando hasta que se habría desmayado, despertándose en un hospital, acusado de haber participado en actos de terrorismo.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el 13 de enero de 1994 el peticionario fue condenado por el delito de terrorismo, sentencia que quedó en firme mediante ejecutoria suprema de 30 de mayo de 1995 expedida por la Corte Suprema del Callao. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la Sala Penal Nacional que culminó el 4 de enero de 2005 con una condena de 25 años de prisión. Ante ello, el peticionario interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto por la Sala Penal Permanente el 28 de abril de 2005, dejando en firme la sentencia condenatoria.




  1. El peticionario invoca también irretroactividad en la aplicación del Decreto Legislativo 985 de 2007 que estableció el pago íntegro de la reparación civil como un requisito para obtener la libertad condicional. Asimismo, invoca como violatoria la aplicación en su caso de la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. En criterio del peticionario, dicha ley violó su derecho de igualdad ante la ley. Adicionalmente, el peticionario defiende que el requerir el pago de la reparación civil como una condición para obtener beneficios penitenciarios, significó una prisión por deudas violatoria del artículo 7 de la Convención.




  1. Finalmente, el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, tanto en el juicio que culminó con sentencia condenatoria el 13 de enero de 1994, como en una de las audiencias llevadas a cabo ante la Sala Penal Nacional en diciembre de 2004, alegó que las pruebas sobre las que se había basado su condena habían sido obtenidas bajo maltratos físicos y psicológicos.


Mauro David Álvaro Velásquez (P-1278-05)

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