Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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  1. La petición, presenta a nombre propio por Mauro David Álvaro Velásquez, fue recibida por la CIDH el 8 de noviembre de 2005, y se transmitió al Estado el 15 de septiembre de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario refiere haber sido detenido arbitrariamente el 4 de febrero de 1993, tras lo cual habría sido llevado a la delegación policial “El Porvenir”, donde habría sido sometido a torturas. Afirma que luego habría sido trasladado a los calabozos de la DINCOTE, donde permaneció por 33 días, durante los cuales fue nuevamente sometido a torturas, coaccionando de ésta manera que se declarara culpable de cometer actos terroristas. Según alega el peticionario, luego de esto se le habría abierto un proceso ante la jurisdicción penal militar, donde finalmente fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Asegura haber sido recluido en el Penal Miguel Castro Castro, donde sufrió condiciones inhumanas de detención.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 16 de marzo de 2005 condenó al peticionario a 30 años de prisión. El peticionario interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 22 de julio de 2005 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme su condena.




  1. Finalmente el peticionario alega que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, específicamente en la sentencia condenatoria de 16 de marzo de 2005, el peticionario alegó durante dicho proceso penal que lo declarado ante la policía en febrero de 1993 cuando fue detenido era inválido, pues había sido obtenido a partir de golpes, amenazas y haber sido introducido en un cilindro de agua sucia.


Zulma Peña Melgarejo y Otros (P-242-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Zulma Peña Melgarejo en representación suyo y de sus hijos, César Abel Peña Melgarejo y José Alexander Peña Melgarejo, fue recibida por la CIDH el 14 de marzo de 2006, y se transmitió al Estado el 8 de diciembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria afirma haber sido detenida el 18 de mayo de 1996 por aproximadamente 60 miembros del ejército de Perú, que ingresaron a su domicilio –una casa rural en la provincia de Tocache- en altas horas de la noche. Afirma la peticionaria que una vez el contingente militar ingresó a su casa, fue violada sexualmente por 15 militares, tras lo cual se le amenazó con que de no firmar el acta de incautación y registro domiciliario que dichos agentes habían efectuado, sería violada por todos los otros militares presentes. Luego de esto, alega que fue obligada a pasar la noche amarrada a un árbol fuera de su casa. Posteriormente, la habrían llevado a una base militar junto con su bebé de tres meses, donde habría sido nuevamente torturada, siendo sometida a electrochoques. Ante las torturas y amenazas de muerte de su bebé, la peticionaria afirma que habría firmado una serie de documentos incriminatorios. Tras un mes de supuesta incomunicación, la peticionaria afirma que fue trasladada a Lima, donde fue recluida en calabozos de la DINCOTE, siendo derivada al fuero militar, donde habría sido condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Corte Superior de Justicia de Huanuco-Pasco, que el 31 de mayo de 2004 la condenó a 25 años de prisión por el delito de terrorismo. La peticionaria interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 11 de enero de 2005 por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firma su condena.




  1. Finalmente, respecto de los alegatos de la peticionaria de que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte del ejército y la DINCOTE, según consta en el expediente aportado, tanto durante el proceso que se le siguió ante la Corte Superior de Justicia de Huanuco-Pasco, como en el recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria que interpuso, alegó que lo declarado ante el ejército y la DINCOTE era inválido, pues había sido obtenido a partir de distintas formas de tortura física y psicológica.


Luis Raúl Ruiz Escurra (P-244-06)


  1. La petición, presentada por Maximiliano Ruiz Escurra a favor de Luis Raúl Ruiz Escurra, fue recibida por la CIDH entre el 10 y el 14 de marzo de 2006 (primero en forma electrónica y posteriormente en forma física), y se transmitió al Estado el 8 de diciembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que la presunta víctima fue detenida el 24 de noviembre de 1995 por la DINCOTE, siendo objeto de supuestos actos de tortura para que se declarara culpable de los hechos de terrorismo que se le imputaban. El peticionario asegura que las torturas que sufrió la presunta víctima fueron tantas, que le causaron una lesión cerebrovascular que le habría generado una discapacidad física. La presunta víctima habría permanecido 30 días detenido en los calabozos de la DINCOTE, tras lo cual se le habría abierto un juicio ante la jurisdicción penal militar, en que habría sido condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Sala Penal Nacional. El 22 de noviembre de 2004 dicho tribunal lo condenó a 15 años de prisión por el delito de terrorismo. Ante ello, la presunta víctima interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 11 de julio de 2005 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, dejando en firme la declaración de responsabilidad penal por el delito de terrorismo, aunque disminuyendo la pena de 15 a 9 años, consecuentemente ordenando su inmediata libertad por haber cumplido dicho tiempo de condena.




  1. Finalmente, respecto de los alegatos del peticionario de que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, según consta en el expediente aportado, tanto durante el proceso que se le siguió ante la Sala Penal Nacional, como en el recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria que interpuso, la presunta víctima alegó que lo declarado ante la DINCOTE era inválido, pues había sido obtenido a partir de distintas formas de tortura física y psicológica.


Rufo León Ccala (P-248-06)


  1. La petición, presentada por Roxana Fabiola Dueñas Ramos a favor de Rufo León Ccala, fue recibida por la CIDH el 15 de marzo de 2006, y se transmitió al Estado el 8 de diciembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La petición denuncia que la presunta víctima habría sido detenida arbitrariamente el 18 de mayo de 1992 por agentes de la DINCOTE en la ciudad de Cusco. Acto seguido, habría sido sometido a torturas físicas y psicológicas para que se autoinculpara de tener una vinculación con el grupo Sendero Luminoso, acusaciones por las que se le abrió un proceso penal. Afirma que cuando finalmente pudo designar un abogado, éste fue acusado también de pertenecer a dicha organización, por lo que no pudo continuar ejerciendo su defensa, ocasionando supuestamente que ningún otro abogado particular quisiera defenderlo. Según la petición, la presunta víctima habría sido condenada el 25 de julio de 1996 a 15 años de prisión.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, a la presunta víctima se le abrieron dos nuevos procesos ante la jurisdicción ordinaria que se ventilaron ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cusco. En el primero de ellos, la presunta víctima fue condenada a 10 años de prisión el 28 de diciembre de 2004 por complicidad con actos terroristas, y en el segundo, fue condenada a 17 años de prisión el 30 de diciembre de ese mismo año por el delito de terrorismo. La presunta víctima interpuso un recurso de nulidad contra dichas sentencias que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que las dejó en firme al no encontrar nulidad alguna en las mismas, el 14 de julio de 2005 y el 8 de julio de 2005 respectivamente.




  1. Finalmente, respecto de los alegatos de la peticionaria de que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, ésta no proporcionó a la CIDH con información sobre si habría puesto a las autoridades peruanas en conocimiento de dichos hechos. No obstante, el peticionario aportó un certificado médico legal producido el 8 de agosto de 2001, que da cuenta de varias heridas que denunció, habían sido causadas por agentes de la policía peruana.


Rómulo Lagos Anahue (P-252-06)


  1. La petición, presentada por Roxana Fabiola Dueñas Ramos a favor de R ómulo Lagos Anahue, fue recibida por la CIDH el 16 de marzo de 2006, y se transmitió al Estado el 29 de julio de 2011. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La petición alega que la presunta víctima trabajaba como corresponsal de prensa del Comité de Derechos Humanos de la ciudad de Sucuani, Departamento de Cusco, desde donde denunció violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales y militares, lo que según se señala, habría hecho que lo acusaran de estar vinculado con organizaciones terroristas. En 1988 la presunta víctima se habría mudado a la ciudad de Arequipa, donde habría ejercido el cargo de Presidente de la Asociación de Vivienda “San Juan el Alto” hasta el 23 de septiembre de 1997, cuando miembros de la DINCOTE habrían irrumpido en su lugar de trabajo para detenerlo, y someterlo durante varios días a supuestos actos de tortura. La peticionaria alega que luego de esto la presunta víctima fue condenada por jueces sin rostro, a 20 años de prisión. Asimismo, alega que una de las pruebas utilizadas para condenarlo, fue acta de incautación hecha por la policía, que no tiene su firma y dice haber sido hecha en una residencia ubicada en la Provincia de El Espinar-Cusco, cuando para esa fecha, la presunta víctima residía en Arequipa.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco. En dicho proceso, la presunta víctima fue condenada el 28 de junio de 2004 a 7 años de prisión por colaboración en actos terroristas. Dicha sentencia fue impugnada por el Ministerio Público. El 26 de enero de 2005 la Sala Penal Permanente decidió dicho recurso, y aunque dejó en firme la decisión de condena, aumentó el tiempo de condena de 7 a 20 años. El 10 de noviembre de 2005 la presunta víctima interpuso un recurso de habeas corpus, alegando que el hecho de que la Corte Suprema de Justicia hubiera modificado la pena, así como el grado de participación, cambiando el tipo de complicidad a autoría, violó su derecho de defensa, pues según reclamó, no había sido notificado previamente de dicha acusación. El recurso de habeas corpus fue decidido en última instancia por el Tribunal Constitucional el 12 de abril de 2007, declarándolo infundado.




  1. Finalmente, la peticionaria refiere que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Rosalinda Emma Rojas Miguel (P-263-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Rosalinda Emma Rojas Miguel, fue recibida por la CIDH el 20 de marzo de 2006, y se transmitió al Estado el 8 de diciembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria refiere haber sido detenida arbitrariamente por agentes de la DINCOTE, el 18 de noviembre de 1994 cuando se dirigía al domicilio de su hermano. Dichos agentes la habrían golpeado y mantenido encapuchada por largas horas, amenazándola en varias oportunidades de que sería violada sexualmente. Afirma que luego habría sido trasladada a los calabozos de la DINCOTE, donde permaneció por 40 días incomunicada. Alega que fue presentada a los medios de comunicación como una terrorista, luciendo un traje a rayas, y que su domicilio fue allanado sin orden judicial, produciendo un acta de incautación de bienes que asegura fueron plantados por agentes de la DINCOTE. Según la peticionaria, luego de esto se le habría abierto un proceso ante la jurisdicción penal militar, donde finalmente fue condenada a 25 años de prisión por el delito de traición a la patria, sentencia que habría sido confirmada por el Tribunal Supremo Militar el 17 de julio de 1995. Asegura haber sido recluido en el Penal de Mujeres de Chorrillos, donde sufrió condiciones inhumanas de detención.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El 17 de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional declaró infundada en última instancia una acción de habeas corpus interpuesta por el peticionario en que pedía su excarcelación por considerar que se había producido un exceso en el tiempo que había permanecido bajo detención preventiva. El Tribunal Constitucional negó el recurso basándose en que el DL 922 establece que el plazo máximo de detención en casos como el suyo se cuenta a partir del “auto de apertura de instrucción del nuevo proceso”, que en su caso fue expedido el 23 de mayo de 2003, por lo que el término de 36 meses establecido en la ley no se habría cumplido en ese momento. El nuevo juicio contra la peticionaria se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 28 de febrero de 2005 la condenó a 20 años de pena privativa de libertad por el delito de terrorismo. La peticionaria interpuso un recurso de nulidad contra dicha condena, que fue resuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia el 8 de julio de 2005, dejando en firme la misma.




  1. Finalmente, la peticionaria refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, tanto durante el proceso que se le siguió ante la Sala Penal Nacional como en el recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria que interpuso, la presunta víctima alegó que lo declarado ante la DINCOTE era inválido, pues había sido obtenido a partir de los maltratos a que fue sometida.


Lyly Ruth Conislla Monroy (P-391-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Lyly Ruth Conislla Monroy, fue recibida por la CIDH el 26 de abril de 2006, y se transmitió al Estado el 21 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria refiere haber sido detenido arbitrariamente el 2 de septiembre de 1993 cuando se dirigía al domicilio de su primo, por agentes de la DINCOTE que la habrían golpeado y mantenido encapuchada por largas horas. Afirma que luego habría sido trasladada a los calabozos de la DINCOTE, donde permaneció por 37 días incomunicada, tras lo cual habría sido llevada a una base militar. Alega que fue presentada a los medios de comunicación como una terrorista, luciendo un traje a rayas, y que su domicilio fue allanado sin orden judicial, produciendo un acta de incautación de bienes que alega fueron plantados por agentes de la DINCOTE. Según la peticionaria, luego de esto se le habría abierto un proceso ante la jurisdicción penal militar, donde finalmente fue condenada a 25 años de prisión por el delito de traición a la patria. Asegura haber sido recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos, donde sufrió condiciones inhumanas de detención.



  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 9 de marzo de 2005 la condenó a 16 años de prisión por el delito de terrorismo. La peticionaria interpuso un recurso de nulidad contra dicha condena que fue resuelto el 10 de agosto de 2005 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, dejando en firme la condena.




  1. La peticionaria invoca como violatoria la aplicación en su caso de la Ley 29423 de 2009, que anuló los beneficios penitenciarios de redención de tiempo de condena por tiempo de trabajo o estudio para todas las personas condenadas por terrorismo, exceptuando su aplicación para quienes ya hubiesen sido beneficiados o ya hubieran hecho una solicitud de beneficio de redención. Finalmente, la peticionaria refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la Sala Penal Nacional la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía y el ejército.

Juan Carlos Quispe Gutierrez (P-889-06)




  1. La petición, presenta por correo postal a nombre propio por Juan Carlos Quispe Gutierrez, fue recibida por la CIDH el 21 de agosto de 2006, y se transmitió al Estado el 4 de noviembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. Según afirma el peticionario, fue detenido por agentes de la DINCOTE el 14 de agosto de 1992, siendo supuestamente encapuchado y fuertemente golpeado hasta el desmayo repetidamente. Según el peticionario, exigió ser visto por un médico legista hasta que finalmente lo llevaron a donde un médico miembro de la policía el 15 de agosto de 1992, que habría emitido un examen detallando escoriaciones y equimosis, pero omitiendo por ejemplo, que tenía algunas costillas rotas. Según el peticionario luego de esto siguieron sometiéndolo a torturas en los calabozos de la DINCOTE. El peticionario sostiene que posteriormente fue juzgado y condenado a cadena perpetua por el Consejo de Justicia Militar el 10 de octubre de 1992. El peticionario refiere haber interpuesto un habeas corpus contra dicha condena, que habría sido resuelto el 8 de julio de 2002 por el Tribunal Constitucional, que habría declarado nulo el proceso ante la jurisdicción militar, ordenando que se realizara un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, sostiene el peticionario que en éste fallo, el Tribunal Constitucional habría establecido que el peticionario no sería excarcelado. El peticionario denuncia también que fue recluido en el Penal de Yanamayo, donde padeció condiciones inhumanas de detención.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el peticionario fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar el 22 de septiembre de 1992, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo Militar el 10 de octubre de 1992. Tras la anulación de ésta condena por el Tribunal Constitucional, el peticionario fue sometido a otro juicio por el delito de terrorismo, ante la Sala Penal Nacional, que el 10 de mayo de 2005 lo condenó a 20 años de prisión. El peticionario interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 20 de octubre de 2005 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la condena, pero redujo la sentencia a 13 años y 6 meses de prisión.




  1. Finalmente, el peticionario refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, los días 15 y 26 de agosto de 1992 la Policía Nacional de Perú expidió un certificado médico legal en el que detalló que el peticionario presentaba excoriaciones, hematomas y otras lesiones recientes.


Maruja Arango Chávez (P-1101-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Maruja Arango Chávez, fue recibida por la CIDH el 16 de octubre de 2006, y se transmitió al Estado el 12 de mayo de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria alega que fue detenida arbitrariamente en la ciudad de Trujillo el 23 de agosto de 1995 por agentes de la GEIN (Grupo Especial de Inteligencia Nacional). Según la peticionaria, dichos agentes la vendaron, la ataron de manos, la desnudaron, y la sometieron a golpes y manoseos por largas horas, obligándola a firmar un acta de incautación que ni siquiera habría podido leer. Posteriormente la peticionaria afirma haber sido llevada en avión hasta Lima para ser recluida en instalaciones de la GEIN, donde habría seguido siendo golpeada y objeto de violentas inspecciones vaginales, que habrían ocasionado que sangrara y tuviera una infección. Según la peticionaria, el 26 de agosto la habrían llevado a su casa para realizar un allanamiento. Una vez adentro, habrían tomado a su sobrina de 9 años y se la habrían llevado por dos horas, tras lo cual la niña habría llegado llorando fuertemente traumatizada. Según la peticionaria, la policía se habría llevado detenidos a su hermano y su cuñada. En total, la peticionaria afirma haber permanecido 42 días detenida en instalaciones de la GEIN, tras lo cual habría sido trasladada a una base militar. La peticionaria alega haber sido juzgada por un tribunal militar siendo condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Según la peticionaria, dicha sentencia fue anulada, iniciándosele un nuevo proceso penal que culminó con una condena de cadena perpetua.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 26 de abril de 2005 la condenó a 20 años de pena privativa de la libertad por el delito de terrorismo. La peticionaria interpuso un recurso de nulidad contra dicha condena que fue resuelto el 10 de agosto de 2005 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, dejando en firme la condena, pero agravando su sentencia a cadena perpetua.




  1. Finalmente, la peticionaria refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la Sala Penal Nacional la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía y el ejército para que aceptara los cargos y hechos, y con base en ello, solicitó la tacha del atestado policial como una prueba válida en su contra.

Miriam Beatriz Espino Salas y Familia (P-1141-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Miriam Beatriz Salinas, fue recibida por la CIDH el 23 de octubre de 2006, y se transmitió al Estado el 22 de mayo de 2008. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria alega que su hermana, Aqchi Wiñay Espino Bravo, fue asesinada por miembros de la policía en una vía pública de la ciudad de Lima, cuando sólo tenía 17 años de edad, el 26 de diciembre de 1992. Según la peticionaria, el clamor de ella y su familia por obtener justicia para su hermana, habría ocasionado que agentes del Estado la acusaran de ser terrorista como forma de amedrentamiento para evitar que siguiera buscando s los responsables de dicho crimen. En éste contexto, la peticionaria alega que el 23 de agosto de 1995 fue detenida arbitrariamente por agentes de seguridad, cuando se encontraba a punto de partir de viaje en el aeropuerto de la ciudad de Trujillo. La peticionaria habría entonces sido fuertemente golpeada y “manoseada”, mientras permaneció encerrada en un cuarto oscuro. Luego de ello asegura que fue obligada a firmar un documento de incautación que no pudo leer, y que posteriormente fue trasladada a los calabozos de la DINCOTE, donde siguió siendo objeto de torturas físicas, y amenazas contra la integridad física y sexual de su hija. La peticionaria afirma que fue juzgada por un tribunal militar, que la condenó a 20 años de prisión por el delito de traición a la patria, sentencia que la peticionaria habría impugnado. No obstante, según alega la peticionaria, dicha condena habría sido aumentada a 30 años por el tribunal de apelación.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 26 de abril de 2005 la condenó a 18 años de pena privativa de la libertad por el delito de terrorismo. La peticionaria interpuso un recurso de nulidad contra dicha condena que fue resuelto el 10 de agosto de 2005 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, dejando en firme la condena, pero aumentado su sentencia a 25 años de prisión.




  1. Finalmente, la peticionaria refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la Sala Penal Nacional, la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía y el ejército para que aceptara los cargos y hechos, y con base en ello, solicitó la tacha del atestado policial como una prueba válida en su contra.


Mirtha Ymelda Simón Santiago y Familia (P-1147-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Mirtha Ymelda Simón Santiago, fue recibida por la CIDH el 23 de octubre de 2006, y se transmitió al Estado el 21 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria alega haber sido detenida arbitrariamente en su casa en la madrugada del 24 de abril de 1993 por agentes de la DINCOTE. La peticionaria habría sido entonces trasladada a las instalaciones de la agencia de inteligencia, siendo fuertemente golpeada, desnudada, “manoseada”, y sometida a otros supuestos actos de tortura. Según la peticionaria, en noviembre de 1993, un tribunal sin rostro la habría condenado a 20 años de prisión. Dicho proceso habría sido anulado, siendo procesada nuevamente por la justicia ordinaria, que habría vuelto a condenarla a 20 años de prisión.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, el 3 de noviembre de 1993 la peticionaria fue condenada por un juez sin rostro a 20 años de prisión por el delito de terrorismo agravado. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, dicho proceso fue anulado y a la presunta víctima se le abrió un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 16 de marzo de 2005 condenó a la peticionaria a 16 años de prisión por el delito de terrorismo. La peticionaria impugnó dicha sentencia mediante un recurso de nulidad que resolvió la Sala Penal Permanente el 21 de septiembre de 2005, dejando en firme la condena, pero aumentado su sentencia a 20 años de prisión. La peticionaria interpuso un recurso de habeas corpus, alegando violaciones a su libertad personal. Dicho recurso fue resuelto por el Tribunal Constitucional el 17 de abril de 2006, declarando infundado dicho recurso.




  1. Finalmente, la peticionaria refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la Sala Penal Nacional la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía y el ejército para que aceptara los cargos y hechos, y con base en ello, solicitó la tacha del atestado policial como una prueba válida en su contra.


Aurelio Sernaque Silva (P-1387-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Aurelio Sernaque Silva, fue recibida por la CIDH el 12 de diciembre de 2006, y se transmitió al Estado el 26 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que fue detenido arbitrariamente el 21 de noviembre de 1992 en la ciudad de Piura, siendo llevado a los calabozos de la Policía Antiterrorista donde habría permanecido incomunicado por 15 días, siendo supuestamente víctima de diversas formas de tortura. Asegura que fue objeto de numerosos traslados entre distintos centros penitenciarios, entre ellos el Penal de Piura, el de Chiclayo, el penal de Castro Castro, y el penal de Yanamayo. El peticionario alega haber sido juzgado por el fuero penal militar, donde habría sido condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, ante lo cual habría interpuesto un habeas corpus que culminó anulando el proceso seguido ante la jurisdicción militar, y ordenando que se abriera un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. El peticionario alega que habría sido juzgado y condenado por la Primera Sala Penal de Piura, sentencia que habría confirmado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 20 de abril de 2006, que el peticionario afirma le fue notificada el 10 de julio de ese mismo año.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el peticionario fue condenado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, sentencia que quedó en firme el 14 de julio de 1993 mediante ejecutoria suprema emitida por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Luego de que dicho proceso hubiese sido anulado por haberse ventilado ante la jurisdicción militar, el peticionario volvió a ser juzgado nuevamente, ésta vez ante la jurisdicción ordinaria. En dicho juicio el peticionario fue condenado a 15 años de prisión el 7 de diciembre de 2004, ante lo que interpuso un recurso de nulidad que fue decidido el 20 de abril de 2006, confirmando la condena impuesta. Según el peticionario, él habría sido notificado de dicha sentencia el 10 de julio de 2006. El peticionario fue puesto en libertad condicional el 7 de febrero de 2007.




  1. Finalmente, el peticionario refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la policía, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió tanto ante la jurisdicción militar, como ante la jurisdicción ordinaria, la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía para que aceptara los cargos y hechos, y con base en ello, solicitó la invalidación de las pruebas utilizadas en su contra.


Nancy Benavente Hinostroza y Otros (P-1506-06)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Nancy Benavente Hinostroza, fue recibida por la CIDH el 30 de septiembre de 2006, y se transmitió al Estado el 27 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria refiere haber sido detenido arbitrariamente el 20 de enero de 1993 por agentes de la DINCOTE, que la habrían golpeado, la habrían mantenido encapuchada por largas horas, y la habrían sometido a actos de violencia sexual. Afirma que luego habría sido trasladada a los calabozos de la DINCOTE, donde permaneció 5 días incomunicada, mientras habría seguido siendo objeto de distintas formas de maltratos. Según la peticionaria, los agentes de seguridad la obligaron a firmar un documento que más adelante ella supo era autoinculpatorio, aunque al momento en que la obligaron a firmarlo, ella era analfabeta y no entendió su contenido. Luego de esto se le habría abierto un proceso ante la jurisdicción penal militar, donde finalmente fue condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. Asegura haber sido recluido en el Penal de Mujeres de Chorrillos, donde sufrió condiciones inhumanas de detención. Según la peticionaria, dicho proceso habría sido anulado en 2003, tras lo cual habría sido sometida a un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que se le habría condenado a 16 años de prisión. La peticionaria también alega como una violación de sus derechos humanos, el hecho de que se le hubiera negado acceso al beneficio de semi-libertad, aunque no aporta mayor detalle sobre dicho alegato.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, El 19 de diciembre de 2002 la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres declaró fundado un recurso de habeas corpus interpuesto por la peticionaria contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, declarando la nulidad de su proceso ante dicha jurisdicción. Tras ello se le inició un proceso ante la jurisdicción ordinaria que se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que emitió una sentencia el 17 de diciembre de 2004 en la que condenó a la peticionaria a 16 años de prisión por el delito de asociación a organización terrorista. Dicha sentencia se elevó en consulta ante la Corte Suprema de Justicia, y la peticionaria solicitó libertad por cumplimiento de la mitad de la pena, solicitud que fue declarada improcedente por dicha Corte el 16 de junio de 2005. El 8 de septiembre de 2005 la Sala Penal Nacional dio orden de que se notificara la sentencia y su ejecutoria, y consta en el expediente que dicha sentencia fue notificada el 4 de noviembre de 2005. La peticionaria fue puesta en libertad condicional el 16 de diciembre de 2006.




  1. Finalmente, la peticionaria refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la policía, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la Sala Penal Nacional la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía para que aceptara los cargos y hechos, y con base en ello, solicitó la invalidación de las pruebas utilizadas en su contra. Según consta en el expediente aportado por las partes, en dicho juicio testificaron como peritos los médicos legistas que examinaron a la presunta víctima, afirmando que ésta había sido objeto de violencia física.


Jacinto Antonio Huayanay González (P-71-07)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Jacinto Antonio Huayanay González, fue recibida por la CIDH el 22 de enero de 2007, y se transmitió al Estado el 21 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega haber sido detenido arbitrariamente por agentes de policía, el 28 de enero de 1993, siendo llevado a instalaciones de la JECOTE (Jefatura conta el Terrorismo) de la ciudad de Callao, donde habría permanecido detenido en aislamiento por 105 días, durante los cuales habría sido sometido a distintas formas de tortura con el fin de que se declarara culpable o inculpara a otras personas de haber cometido actos terroristas o colaborado con grupos armados ilegales. Posteriormente, el peticionario afirma que fue llevado a la Base Militar Las Palmas, mientras fue juzgado por el fuero militar por el delito de Traición a la Patria, siendo condenado a cadena perpetua. El peticionario asegura que dicho proceso fue anulado tras la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de enero de 2006, siendo sometido a un nuevo juicio ante la jurisdicción ordinaria que nuevamente lo condenó a 25 años de prisión, sentencia que habría quedado en firme el 10 de mayo de 2006 cuando la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de nulidad interpuesto por el peticionario.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, el peticionario fue condenado por la Sala Penal Nacional por el delito de terrorismo a 25 años de prisión. Ante ello, interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 10 de mayo de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que declaró infundado el recurso de nulidad interpuesto por el peticionario.




  1. Finalmente, el peticionario refiere que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la policía, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la jurisdicción ordinaria, la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía para que aceptara los cargos y hechos, y con base en ello, solicitó la invalidación de prueba utilizadas en su contra.


María Beatriz Azcárate Vidalón (P-112-07)


  1. La petición, presenta a nombre propio por Edgar Vidalon Vidalón en representación de María Beatriz Azcárate Vidalón, fue recibida por la CIDH el 30 de enero de 2007, y se transmitió al Estado el 27 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que la presunta víctima fue detenida arbitrariamente en una calle de Lima, el 30 de junio de 1995 por agentes de la DINCOTE, quienes la habrían golpeado para subirla a un carro, donde la habrían esposado y encapuchado, para luego llevarla a un cuarto, donde habría sido roseada con gasolina, golpeada y amenazada. Tras ello, la habrían llevado a su casa para allanarla, sometiéndola a maltratos frente a sus hijos de 4 y 2 años de edad, obligándola a firmar una serie de documentos que no pudo siquiera leer. El peticionario afirma que la presunta víctima habría permanecido un mes aislada en los calabozos de la DINCOTE, siendo luego llevada a una base militar mientras juzgada por un tribunal sin rostro, que la condenó a 25 años de prisión, sentencia que habría sido aumentada a cadena perpetua en segunda instancia. Según el peticionario, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, dicho proceso habría sido anulado, siendo la presunta víctima juzgada ante la jurisdicción ordinaria, donde la habrían condenado a 20 años de prisión.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, la presunta víctima fue condenada por la Sala Penal Nacional el 17 de junio de 2005 a 20 años de prisión por el delito de terrorismo. Ante ello, interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 14 de junio de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, confirmando la sentencia recurrida.




  1. Finalmente, el peticionario refiere que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la policía, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la jurisdicción ordinaria, la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía para que firmara el acta de incautación del allanamiento de su morada, lo que según ella misma, habría quedado probado en un examen médico legal practicado, donde habrían constado las distintas heridas que le habrían causado. Con base en ello, la presunta víctima solicitó la invalidación de prueba utilizadas en su contra.



Maritza Yolanda Garrido-Lecca Risco (P-351-07)


  1. La petición, presentada a través del correo postal a nombre propio por Maritza Yolanda Garrido-Lecca Risco, fue recibida por la CIDH el 23 de marzo de 2007, y se transmitió al Estado el 7 de septiembre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria alega que fue detenida arbitrariamente el 12 de septiembre de 1992 por agentes de la DINCOTE, mientras estaba en su domicilio. La peticionaria dice haber sido golpeada y “manoseada”, para luego ser trasladada a los calabozos de la DINCOTE, donde habría permanecido aislada y objeto de maltratos durante 15 días. Posteriormente, la peticionaria habría sido llevada a una base militar de la Fuerza Aérea Peruana en Arequipa, donde nuevamente la habrían sometido a diversas formas de maltratos. La peticionaria alega que fue procesada por el fuero penal militar donde fue condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, aunque no le habría sido aportada una copia de la sentencia sino hasta el año 2002. En julio de 2002, la peticionaria habría presentado un habeas corpus que habría sido finalmente resuelto favorablemente por el Tribunal Constitucional, que habría ordenado que se realizara un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. Así, la peticionaria refiere haber sido condenada a 20 años de prisión el 4 de octubre de 2005, condena que la Corte Suprema de Justicia habría aumentado a 25 años. La peticionaria afirma que dicha sentencia le habría sido notificada el 4 de octubre de 2006.

  2. Del expediente aportado por las partes, se desprende que el 30 de junio de 2010 la peticionaria, junto a otras 38 presas en el Penal de Mujeres de Chorrillos denunciaron ante el Ministerio Público que el 24 de junio de ese mismo año, unos 200 agentes de la DINCOTE habían ingresado a su pabellón, sometiendo a la peticionaria a repetidas inspecciones vaginales pese a no encontrar nada, e incautando sus libros y pertenencias íntimas. Asimismo, consta que el 12 de octubre de 2009 la peticionaria solicitó se le concediera el beneficio de libertad condicional, el cual fue denegado por el Instituto Nacional Penitenciario el día 7 de marzo de 2011. La peticionaria interpuso un recurso de apelación contra dicha decisión el 30 de noviembre de 2011 ante la juez del Primer Juzgado Penal Supraprovincial. El 2 de febrero de 2012 el Primer Juzgado Supraprovincial confirmó la improcedencia de la solicitud de libertad condicional hecha por la peticionaria. Ante ello, la peticionaria interpuso un recurso de habeas corpus, que fue finalmente resuelto por la Corte Superior de Justicia de Lima, que el 20 de junio de 2012 declaró fundada la demanda, ordenándole al Consejo Técnico Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario formar un expediente de libertad condicional para que fuese tramitado ante el juzgado correspondiente. Sin embargo, según la petición, a la fecha la peticionaria continúa presa.




  1. Finalmente, respecto de los alegatos de vejámenes y actos de tortura en manos de agentes del Estado hechos por la peticionaria, consta en el expediente aportado que ésta interpuso un recurso de agravio constitucional denunciando dichos hechos.


Jorge Antonio Carrillo Román (P-411-07)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Jorge Antonio Carrillo Román, fue recibida por la CIDH el 3 de abril de 2007, y se transmitió al Estado el 27 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega que fue detenido arbitrariamente el 1 de septiembre de 1992 mientras pasaba enfrente de un puesto policial en el Distrito de Sachaca, en el Departamento de Arequipa. Habría sido inmediatamente llevado a los calabozos de la DINCOTE, donde habría sido fuertemente golpeado, y sometido a otros tipos de maltratos físicos, maltratos que habría puesto en conocimiento de las autoridades al momento en que fue llevado a un hospital y luego a que le practicaran un examen médico-legal. Posteriormente, el peticionario habría sido trasladado al Penal de Socabaya, donde habría sido sometido a otros vejámenes. Según afirma, el 16 de octubre de 1992 el Juzgado de Instrucción Especial Militar lo habría condenado a cadena perpetua por el delito de terrorismo, sentencia que el Tribunal Especial del Consejo Militar habría confirmado el 28 de noviembre de ese mismo año. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2003, dicho proceso habría sido anulado, abriéndosele un nuevo proceso en el que fue finalmente condenado a 25 años de prisión.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2006, el peticionario fue sometido a un proceso penal ante la Sala Penal Nacional, que el junio de 2006 lo condenó a 14 años de prisión por su participación en escuelas de adoctrinamiento subversivo. Dicha sentencia fue impugnada por el Fiscal Supremo en lo Penal mediante un recurso de nulidad, que fue resuelto por la Primera Sala Penal Transitoria el 25 de octubre de 2007, dejando en firme la sentencia y condena impuesta contra el peticionario. Asimismo, consta que el 26 de agosto de 2005 la Sala Penal Nacional condenó al peticionario a 25 años de prisión por el delito de terrorismo agravado. El peticionario interpuso un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue resuelto el 12 de julio de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia dejando en firme tanto la condena como la sentencia.




  1. Finalmente, el peticionario aduce que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Isidro Lucho Dávila Torres Samuel Roberto Dávila Torres y Félix Daniel Dávila Torres (P-498-07)


  1. La petición, presentada por el Equipo de Defensa y Asesoría Campesina –EDAC- a favor de Isidro Lucho Dávila Torres, Samuel Roberto Dávila Torres y Félix Daniel Dávila Torres, fue recibida por la CIDH el 23 de abril de 2007, y se transmitió al Estado el 29 de abril de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. Los peticionarios alegan que las presuntas víctimas fueron condenadas por jueces sin rostro a 20 años de prisión por la Sala Penal Nacional. Ante ello, las presuntas víctimas habrían interpuesto un recurso de nulidad que se habría resuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que no sólo habría mantenido la condena, sino que habría aumentado el tiempo de la pena. Según los peticionarios, las presuntas víctimas habrían interpuesto un habeas corpus contra dicha sentencia, que habría sido declarado improcedente tanto por la Segunda Sala Penal Superior de Reos en Cárcel como por el Tribunal Constitucional.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, Isidro Lucho Dávila Torres, Samuel Roberto Dávila Torres y Félix Daniel Dávila Torres fueron condenados por el delito de terrorismo, sentencia que quedó en firme el 13 de noviembre de 2000 cuando la Sala Penal “C” declaró no haber nulidad en la misma. Dicha sentencia fue según los peticionarios anulada, y consta en el expediente que a las presuntas víctimas se les inició un nuevo proceso que se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 18 de octubre de 2004 condenó a las presuntas víctimas a 20 años de prisión. Contra dicha sentencia, tanto el Fiscal como las presunta víctimas interpusieron un recurso de nulidad que fue resuelto por la Segunda Sala Penal Transitoria, que el 16 de marzo de 2005 dejó en firme la sentencia, pero aumentó el tiempo de condena a 25 años.




  1. Las presuntas víctimas interpusieron un habeas corpus alegando una violación de sus derechos constitucionales por habérseles aumentado la pena. Dicho recurso fue declarado improcedente por el Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima el 15 de marzo de 2006, decisión que fue apelada por las presuntas víctimas. El 16 de junio de 2006, la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la decisión de primera instancia, sentencia que les fue notificada el 7 de julio de 2006. Sin embargo, las presuntas víctimas acudieron al Tribunal Constitucional, que el 19 de febrero de 2007 declaró infundado el recurso. Dicha decisión les fue notificada a las presuntas víctimas el 10 de abril de 2007.




  1. Finalmente, los peticionarios proporcionaron a la CIDH con información que indica que en el juicio ante la Sala Penal Nacional, alegaron haber sido objeto de golpizas por parte de agentes de la DINCOTE.


Luis Guillermo Nevado Rojas y Moisés Chipana Huarcaya (P-558-07)


  1. La petición, presentada por el Equipo de Defensa y Asesoría Campesina –EDAC- a favor de Luis Guillermo Nevado Rojas y Moisés Chipana Huarcaya, fue recibida por la CIDH el 7 de mayo de 2007, y se transmitió al Estado el 12 de octubre de 2010. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. Según los peticionarios, las presuntas víctimas habrían sido detenidas el 4 de junio de 1993 por agentes del Estado, tras lo cual se les habría sometido a un juicio ante la jurisdicción penal militar, siendo condenados en primera y segunda instancia, para luego ser derivados a la jurisdicción ordinaria por el Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar, siendo nuevamente juzgados y condenados por jueces sin rostro, a 20 años de prisión. Según los peticionarios las presuntas víctimas interpusieron un recurso de excepción de cosa juzgada, considerando que estaban siendo juzgados por la jurisdicción ordinaria por delitos por los cuales fueron absueltos por la jurisdicción militar, y más adelante promovieron un recurso de habeas corpus, siendo desestimados y declarados infundados en última instancia por el Tribunal Constitucional. Lo propio habría hecho Luis Guillermo Nevado Rojas, mediante un recurso de nulidad que fue finalmente resuelto por la Sala Penal Suprema, que dejó en firme el proceso. Las dos presuntas víctimas habrían sido condenadas a 17 años de prisión.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el 28 de junio de 2004, la Sala Nacional de Terrorismo declaró fundada la excepción de cosa juzgada interpuesta por Moisés Chipana Huarcaya, ordenando su inmediata libertad. La Fiscalía interpuso un recurso de nulidad contra dicha decisión que fue resuelto por la Corte Superior de Justicia de Lima, que el 25 de noviembre de 2004 anuló la sentencia de primera instancia, declarando infundada la excepción de cosa juzgada. Dicha sentencia subió en revisión ante la Corte Suprema de Justicia, que el 3 de febrero de 2005 declaró infundada la excepción de cosa juzgada. La presunta víctima interpuso un recurso de habeas corpus, que fue decidido en última instancia por el Tribunal Constitucional, que el 24 de noviembre de 2006, declaró infundado el recurso.




  1. El 2 de febrero de 2006, la Sala Penal Nacional condenó al señor Nevado Rojas, y el señor Chipana Huarcaya a 17 años de prisión por el delito de terrorismo, ante lo cual las presuntas víctimas interpusieron un recurso de nulidad, que fue resuelto el 12 de octubre de 2006 por la Corte Suprema de Justicia, dejando en firme dicha condena. El 22 de enero de 2007 la Corte Suprema de Justicia enmendó un error en su sentencia del 12 de octubre de 2006, pues había citado incorrectamente unos artículos del código penal, y el 16 de abril de 2007, las presuntas víctimas fueron notificadas de la ejecutoria suprema del 22 de enero de 2007.




  1. Finalmente, aunque los peticionarios no alegaron que la presuntas víctimas hayan sido objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE, aportaron información indicando que Moisés Chipana Huarcaya declaró en el juicio que se le siguió ante la Sala Penal Nacional, que había sido vendado y objeto de golpizas por parte de agentes de la DINCOTE, cuestionando algunas de las pruebas con que se le estaba juzgando, por haber sido supuestamente obtenidas a partir de dichos maltratos.


Margot Cecilia Domínguez Berrospi (P-47-08)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Margot Cecilia Domínguez Berrospi, fue recibida por la CIDH el 14 de enero de 2008, y se transmitió al Estado el 29 de agosto de 2012. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por la peticionaria, fueron debidamente trasladadas al Estado por la Comisión. No obstante, a la fecha de adopción de éste informe, el Estado no envió observaciones respecto de la misma.




  1. La peticionaria alega haber sido detenida el 2 de marzo de 1993 en una calle de la ciudad de Lima, siendo fuertemente golpeada, desnudada, encapuchada, abusada sexualmente de múltiples formas, y sometida a otras formas de maltratos físicos y psicológicos. Según la peticionaria, ella denunció todos éstos maltratos ante el médico legista que la examinó mientras estaba detenida. La peticionaria alega que posteriormente habría sido juzgada en el fuero penal militar, donde habría sido condenada. Sin embargo, dicha condena habría sido anulada tras la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2003, tras lo cual habría sido sometida a un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria, en el que habría sido condenada a 30 años de prisión. La peticionaria dice haber sido recluida en los Penales de Chorrillos y Cajamarca, donde habría sido sometida a condiciones inhumanas de detención.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, el 7 de marzo de 2006 la peticionaria fue condenada a 30 años de prisión por el delito de terrorismo por la Sala Penal Nacional. Dicha sentencia fue impugnada tanto por la Procuraduría como por la peticionaria mediante un recurso de nulidad que fue resuelto el 21 de marzo de 2007 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declarando que no había nulidad en la condena, pero decretando nulo el auto que declaró que no había mérito para pasar a juicio oral contra la peticionaria por el delito de terrorismo en agravio del Estado.




  1. Finalmente, la peticionaria refiere que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la policía, y según consta en el expediente aportado, durante el proceso que se le siguió ante la jurisdicción ordinaria, la presunta víctima alegó que había sido sometida a golpizas y otras formas de maltrato físico y mental por parte de la policía, lo que según la peticionaria constaría en certificados de medicina legal que aportó al proceso. Con base en ello, la presunta víctima alega haber solicitado la invalidación de las pruebas utilizadas en su contra.

Mario Germán Vasquez Rojas (P-236-08)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Mario Germán Vásquez Rojas, fue recibida por correo postal en la CIDH el 21 de febrero de 2008, y se transmitió al Estado el 7 de agosto de 2012. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. El peticionario alega haber sido detenido el 17 de junio de 1994 por miembros de la policía, siendo llevado a una comisaría y posteriormente a instalaciones de la DINCOTE, donde se habría elaborado un atestado policial en su contra. Tras ello, el peticionario afirma que fue sometido a un proceso ante el fuero penal militar, siendo finalmente condenado el 6 de septiembre de 1994 por el Juzgado Militar Especial de Marina a 30 años de prisión, sentencia que fue confirmada por el Consejo de Guerra Especial de Marina el 13 de diciembre de 1994. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003, habría sido sometido a un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que fue condenado el 19 de mayo de 2006 por la Sala Penal Nacional a 14 años de prisión por el delito de terrorismo. Dicha condena habría sido revisada mediante un recurso de nulidad, por la Corte Suprema de Justicia, que habría dejado en firme la misma, pero habría aumentado el tiempo se sentencia a 20 años. El peticionario afirma que fue notificado de dicha decisión el 16 de agosto de 2007.


Rosa María Contreras Serrano y Familia (P-963-08)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Rosa María Contreras Serrano, fue recibida por correo postal en la CIDH el 21 de febrero de 2008, y se transmitió al Estado el 7 de agosto de 2012. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria alega que fue detenida arbitrariamente el 30 de noviembre de 1993 por agentes de la DINCOTE, quienes la sometieron a maltratos físicos y psicológicos, amenazándola de que ella, que era estudiante de La Cantuta, correría la misma suerte que los estudiantes que habían sido masacrados en 199231. Luego de esto habría sido llevada a la Base Naval del Callao, donde habría permanecido 28 días incomunicada. Alega que luego de esto fue derivada al fuero penal militar, donde habría sido condenada en última instancia el 10 de noviembre de 1994 por el Consejo Supremo de Justicia Militar a 25 años de prisión por el delito de traición a la patria. La peticionaria alega que tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003 fue sometida a un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria, en el que fue condenada en última instancia por la Corte Suprema de Justicia a 19 años de prisión por el delito de terrorismo.




  1. Según consta en el expediente aportado por las partes tras la anulación de su proceso ante la jurisdicción militar, el 13 de septiembre de 2004 la peticionaria interpuso un recurso de habeas corpus solicitando su excarcelación, alegando que al haber permanecido detenida desde 1993, se había violado en exceso el plazo máximo de detención. Dicho habeas corpus fue resuelto en última instancia por el Tribunal Constitucional, que el 3 de junio de 2005 determinó dicho recurso infundado, con base en que el cómputo del plazo máximo se daría desde el momento en que, tras la anulación de los procesos ante la jurisdicción penal, se había vuelto a decretar mandato de detención. Teniendo en cuanta que en procesos de terrorismo, el plazo máximo legal es de 36 meses y el mandato de detención se había expedido el 21 de abril de 2003, el Tribunal determinó que dicho plazo máximo no había vencido en el caso de la peticionaria.




  1. El 2 de febrero de 2006 la Sala Penal Nacional condenó a la peticionaria a 19 años de prisión. El 5 de julio de 2007 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de nulidad interpuesto por la peticionaria confirmando la sentencia condenatoria en su contra. El 18 de enero de 2008 la Sala Penal Nacional ordenó que se notificara a la peticionaria con dos juegos de copias certificadas de la sentencia y su ejecutoria suprema.



  1. Finalmente, la peticionaria aduce que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Nancy Lourdes Mejía Ramos (P-1048-08)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Nancy Lourdes Mejía Ramos, fue recibida por la CIDH el 9 de septiembre de 2008, y se transmitió al Estado el 19 de septiembre de 2012. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión. Junto con la petición, la señora Mejia Ramos solicitó también una medida cautelar. Dicha solicitud de medida cautelar no fue concedida por la Comisión, y el 16 de abril de 2009, la peticionaria fue informada de la decisión de cierre de la misma.




  1. La peticionaria alega que fue detenida arbitrariamente el 30 de noviembre de 1993, tras lo cual fue llevada a instalaciones de la DINCOTE, donde habría permanecido por 30 días, siendo objeto de distintas formas de maltratos físicos, algunos de los cuales habrían quedado consignados en un examen médico legal que se le habría practicado con posterioridad. Alega la peticionaria que luego de esto fue sometida a un proceso penal ante la justicia militar, que la condenó a 30 años de prisión por el delito de traición a la patria. La peticionaria afirma haber interpuesto un recurso de habeas corpus que fue finalmente resuelto por la Primera Sala Penal Corporativa, que el 30 de septiembre de 2002 declaró nulo todo el proceso seguido ante la jurisdicción militar, y ordenó que se le abriera un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria. En dicho proceso, la peticionaria dice haber sido condenada en última instancia por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de prisión.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, la peticionaria fue condenada por el fuero penal militar por el delito de traición a la patria, ante lo cual interpuso un habeas corpus que fue resuelto a su favor, anulando todo lo actuado ante dicha jurisdicción, y ordenando que se realizara un nuevo juzgamiento ante la jurisdicción ordinaria. Este nuevo proceso se ventiló ante la Sala Penal Nacional, que el 2 de febrero de 2006 la condenó a 25 años de prisión. Tanto la peticionaria como la Fiscalía interpusieron un recurso de nulidad contra dicha sentencia, que fue a su vez resuelto el 5 de julio de 2007 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la nulidad y mantuvo la condena, pero aumentó la pena a 30 años de prisión. Dicha sentencia le fue notificada a la peticionaria el 19 de diciembre de 2007.




  1. Finalmente, la peticionaria aduce que fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Clara Inés Montoya Benites (P-1071-08)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Clara Inés Montoya Benites, fue recibida por la CIDH el 9 de septiembre de 2008, y se transmitió al Estado el 11 de julio de 2012. Las observaciones e informaciones adicionales presentadas por las partes, fueron debidamente trasladadas respectivamente por la Comisión.




  1. La peticionaria alega haber sido detenida arbitrariamente el 28 de enero de 1994 por agentes de la DINCOTE, siendo llevada a instalaciones de dicha entidad, donde habría sido golpeada y amenazada de muerte durante varios días, presionándola para que firmara documentos autoinculpatorios, lo que finalmente habría hecho. La peticionaria habría permanecido incomunicada durante 15 días en los calabozos de la DINCOTE, tras lo cual habría sido llevada a una cárcel. La peticionaria asegura que fue juzgada y condenada por jueces sin rostro de la justicia penal militar a 20 años de prisión, sentencia que se anuló gracias a la decisión del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003. La peticionaria habría sido entonces sometida a un nuevo juicio, en el que habría sido condenada a 16 años de prisión.




  1. Según se desprende del expediente aportado por las partes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2003, el proceso penal ante la jurisdicción militar en que la peticionaria fue condenada fue anulado, abriéndosele un nuevo proceso ante la jurisdicción ordinaria en el que se la acusó de realizar “pegatinas”, “pintas” y “volanteos” en favor del grupo subversivo Sendero Luminoso. Dicho proceso fue ventilado ante la Sala Penal Nacional, que el 2 de febrero de 2006 la condenó a 16 años de prisión por del delito de terrorismo. Ante ello, la peticionaria interpuso un recurso de nulidad que fue resuelto el 26 de noviembre de 2007 por la Sala Penal Transitoria, que declaró infundada la nulidad, y por tanto dejó en firme la sentencia condenatoria. La peticionaria alegó que sólo fue notificada de ésta decisión, el 10 de marzo de 2008.




  1. Finalmente, la peticionaria aduce que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.


Cerila Silvia González Olarte (P-771-09)


  1. La petición, presentada a nombre propio por Cerila Silvia González Olarte fue recibida por la CIDH el 19 de junio de 2009, y se transmitió al Estado el 4 de marzo de 2013. El 8 de mayo de 2013, el Estado solicitó una prórroga, la cual fue concedida por la Comisión hasta el 7 de junio de 2013. No obstante, a la fecha de publicación de este informe el Estado no ha presentado observaciones relativas al caso.




  1. La peticionaria alega que fue detenida arbitrariamente el 1 de junio de 1995 por agentes de la DINCOTE en la ciudad de Trujillo, donde habría sido fuertemente golpeada para ser trasladada posteriormente a la ciudad de Lima, donde continuó siendo golpeada y sujeta a otros tipos de maltratos físicos y psicológicos. Alega haber permanecido incomunicada por 47 días en instalaciones de la DINCOTE. El 17 de julio de ese año, la peticionaria habría sido trasladada a la Base Naval del Callao, siendo sometida a un juicio ante la jurisdicción penal militar, donde habría sido condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. La peticionaria alega que ha estado presa en el Penal de Máxima Seguridad de Chorrillos, el Penal de Yanamayo y el Penal de Huacariz en Cajamarca, donde habría sido sometida a condiciones inhumanas de detención. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2003, la peticionaria afirma que el proceso penal ante la jurisdicción militar fue anulado, y se le abrió un nuevo proceso que fue ventilado ante la II Juzgado de Terrorismo de Lima, donde la peticionaria habría sido condenada a 26 años de prisión por el delito de terrorismo. Según la peticionaria, dicha decisión habría quedado en firme el 29 de octubre de 2008, aunque a ella sólo la habrían notificado de esta decisión el 17 de diciembre de ese año.




  1. Finalmente, la peticionaria aduce que la presunta víctima fue objeto de vejámenes y actos de tortura por parte de la DINCOTE.



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