Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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A.Posición del Estado




  1. Alegatos comunes





  1. El Estado alegó que los procesos seguidos a las presuntas víctimas fueron conducidos de conformidad con las normas preestablecidas en la legislación peruana, que fueron asistidas por abogados de libre elección o nombrados de oficio y que pudieron interponer los recursos previstos en la legislación peruana sin limitación alguna. Manifestó que los procesos penales fueron decididos por magistrados independientes e imparciales, quienes fundamentaron sus decisiones en las pruebas producidas en las distintas etapas del proceso penal. Afirmó que no corresponde a la CIDH reemplazar los órganos de la jurisdicción interna en la valoración de las pruebas producidas en juicio y en la determinación de la responsabilidad penal de las presuntas víctimas, máxime cuando esos órganos actuaron con arreglo a las garantías de un debido proceso.




  1. De otro lado, el Estado alegó que las peticiones no cumplieron con el requisito de agotamiento de los recursos internos, puesto que aún después de la ejecutoria suprema emitida por el Poder Judicial tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, la persona condenada puede interponer un recurso de habeas corpus si considera que sus derechos fundamentales han sido lesionados. Para el Estado, pese a que la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero de 2003 estableció que la misma no generaba excarcelación, ello no impedía a las y los peticionarios de interponer dichos recursos y así permitir que el Tribunal Constitucional analizara en su casa si el mismo procedía o no. Adicionalmente, el Estado alegó que las y los peticionarios podían haber interpuesto un recurso de revisión. En éste marco, dado que las y los peticionarios no habrían interpuesto éstos recursos tras la sentencia ejecutoria de la Corte Suprema, las peticiones comprendidas en éste informe deben ser rechazadas por no satisfacer el requisito establecido en el artículo 46.2 de la Convención Americana.




  1. El Estado refirió que entre enero y febrero de 2003 se realizaron reformas legislativas en materia de investigación, procesamiento y ejecución penal por el delito de terrorismo, las cuales implicaron la nulidad de juicios realizados en la década de los noventa conocidos por jueces militares o civiles con identidad secreta. Sostuvo que este nuevo marco legislativo se adecua a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y a la Constitución Política del Perú. Respecto de la utilización de las pruebas en que se habían basado las condenas impuestas con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003 en el proceso ordinario iniciado posteriormente, el Estado señaló que los Estados pueden excluir pruebas contaminadas o valorar su contenido con independencia de la sanción que le pueda corresponder al infractor. Para el Estado, sólo las evidencias obtenidas directamente como producto de violaciones de derechos humanos debían ser excluidas, mas ello no significaba que la nulidad de un proceso automáticamente invalidara las pruebas que fueron reunidas para iniciarlo. En su criterio el Tribunal Constitucional dejó en firme los atestados policiales bajo el entendido de que los mismos no constituyen prueba plena, sosteniendo que dado que los peticionarios habrían tenido la oportunidad de presentar sin restricción los medios probatorios que consideraron oportunos, no podrían invalidarse los procesos abiertos con posterioridad al cambio legislativo producido por la sentencia del Tribunal Constitucional en 2003.




  1. Respecto de la continuación de la detención preventiva de los y las procesadas por terrorismo tras la declaración de nulidad de los procesos llevados en su contra antes de 2003, el Estado alegó que dicha restricción no violó el derecho a la libertad personal por cuanto ello se estipuló en la ley (D.L. 922) específicamente para personas procesadas por terrorismo, lo que en criterio del Estado cumple con el requisito de que nadie sea detenido excepto “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano en la ley”. Finalmente, el Estado señaló que el Tribunal Constitucional de Perú ya se había pronunciado acerca de la constitucionalidad de dichas normas32. En particular, el Estado citó un aparte de la decisión del Tribunal Constitucional en que se establece que el objetivo de mantener la detención preventiva en estos casos fue el de evitar “el rebrote de prácticas subversivas y/o que se frustre el ius puniendi estatal sobre personas que han sido encontradas responsables del delito de terrorismo, aunque su juzgamiento haya sido realizado ante juez incompetente y sin las garantías que informan el derecho al debido proceso”.




  1. Respecto de la vulneración de la garantía de juez natural por el juzgamiento de tribunales especializados en el delito de terrorismo, el Estado alegó dicha garantía se limita a la definición de una potestad jurisdiccional y una definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso, sin que ello impida que el Poder Judicial no pueda establecer sub-especializaciones dentro de cada asignación jurisdiccional, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite crear y suprimir Salas y Juzgados “para la más rápida y eficaz administración de justicia”.




  1. Respecto de alegatos en relación con la prohibición del non bis in ídem, el Estado alegó que dado que los procesos realizados con jueces con identidad secreta fueron invalidados, no se configura una violación del derecho a no ser enjuiciado dos veces por un mismo hecho, pues no basta con la existencia fáctica de dos juicios, sino que se requiere que ambos sean válidos. Asimismo, el Estado arguyó que todas las presuntas víctimas contaron con defensa técnica particular, y en aquellos casos en que ésta no fue contratada, el Estado les brindó acceso pleno a un defensor de oficio. Añadió además, que en las peticiones se alega sin fundamento que el rechazo de recursos constitucionales violó el derecho a la protección judicial de las presuntas víctimas. Frente a éste punto el Estado citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su jurisprudencia ha establecido que el hecho de que un recurso obtenga un resultado desfavorable a nivel nacional, no implica la vulneración de derechos reconocidos en la Convención Americana.




  1. El Estado no presentó información sobre investigaciones eventualmente abiertas respecto de las alegadas torturas y condiciones inhumanas de detención en perjuicio de las presuntas víctimas. Afirmó que los hechos alegados en las denuncias no tienden a caracterizar la violación a derechos protegidos en la Convención Americana y solicitó que la CIDH las declare inadmisibles en virtud de los artículos 47.b) del mismo tratado. Finalmente, el Estado adjuntó la copia de las resoluciones judiciales dictadas en los procesos seguidos contra las presuntas víctimas.




  1. Finalmente, el Estado alegó respecto de todas las peticiones analizadas en éste informe, que en los procesos iniciados luego de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2003, se subsanaron todas las violaciones procesales que podrían haber ocurrido en los procesos llevados con anterioridad contra las presuntas víctimas, y que el Tribunal Constitucional de Perú estableció la constitucionalidad y compatibilidad de los decretos legislativos 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 927, con el respeto y protección de los derechos humanos33.



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